Los abonados de la Caja son los grandes perjudicados de la crisis.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe hacer cambios profundos en su funcionamiento para adaptarse a la ejecución del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC) y superar la crisis política divulgada recientemente.

Esta fue la conclusión de los tres analistas que el pasado 29 de setiembre,  debatieron sobre el tema en una mesa redonda organizada por la Universidad Nacional.

Vladimir De la Cruz, historiador y excandidato presidencial hizo referencia a cómo la aprobación del TLC podría afectar al sistema de seguridad social. Agustín Páez Montalbán, jefe del servicio de hematología del Hospital San Juan de Dios, explicó cómo algunas políticas repercutieron en la prestación de servicios por parte de la Caja. También Longino Soto Pacheco, pionero de la cirugía cardiaca en el país, analizó los problemas que se derivarían con la apertura del Instituto Nacional de Seguros y el impacto que sufriría el mercado de los medicamentos genéricos.

TLC Y SEGURIDAD SOCIAL



Según explicó De la Cruz, la seguridad social no está explícitamente mencionada en el TLC, sino que se extrae de los términos generales cuando se plantea el tema de hospitales, pues alega la existencia de un concepto de comercialización de la medicina nacional.

Añadió que el TLC está pensado desde afuera y no desde las necesidades centroamericanas, y es parte de una visión estratégica de Estados Unidos con la cual se disminuyen las condiciones sociales de Costa Rica para adaptarlo al promedio centroamericano.

El aumento de jornadas diarias o semanales o la inclusión de jornadas laborales en el sistema 4-3 podría incrementar la explotación laboral y eso provocará un aumento en las contrataciones profesionales con pérdida de los beneficios sociales, agregó De La Cruz. Esta intensificación de ritmos de trabajo podría elevar el «estrés laboral».

De esta forma el tratado deteriorará las condiciones de trabajo para las mujeres, especialmente a las embarazadas.

«No se asegura un acceso a la salud ni a los medicamentos, al contrario, con las políticas de propiedad intelectual y de genéricos, habrá un encarecimiento de la medicina», agregó.

«En Costa Rica la salud se considera un derecho humano y no una mercancía o un bien vendible, pero el TLC tiende a romper estos principios», concluyó De La Cruz.



POLÍTICAS DAÑINAS



Para el médico Agustín Páez desde los años 80, en el marco de los Programas de Ajuste Estructural, se dio una reducción del tamaño del Estado y se impulsó el principio de la privatización. Los cambios al principio fueron beneficiosos y comedidos, pero luego tecnológicamente el sector público se quedó atrás en la compra de equipos médicos adecuados.

Páez describió dos fenómenos en la época de los años 90. Primero el de «la muerte lenta», que consistía en la dificultad de los actores económicos en cambiar el modelo de Estado debido al costo social que representaba, eso imposibilitaba dar gran cantidad de servicios y terminaba con la confianza de la población. De esta manera se vio más provechoso acudir al sector privado, e igual pasó con el sector salud.

Otro fenómeno que explicó el médico fue el de los «préstamos ley»: el 7374 (Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por $42 millones para el Programa Servicios Salud y Construcción Hospital Alajuela, que rige a partir de 1994); y el 7441 (Préstamo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, de $22 millones para una reforma al sector salud a partir de 1994), establecidos para reformar la estructura de la seguridad social y de la salud.

En su criterio, el primero fue desaprovechado por el Ministerio de Salud. Y el 7334, que buscaba un cambio en el modelo de atención de pacientes, creó una serie de entes con personalidad jurídica instrumental o entes públicos no estatales que desvían los recursos con que trabaja la institución.

Lo que esto logró, según el especialista, es mayor facilidad para la realización de contrataciones, que algunas veces pueden ser más flexibles y eficientes, pero en otras están exentas de controles.

El médico puso como ejemplo de los entes públicos no estatales el proyecto de creación del Hospital del Cáncer, donde se funciona con el régimen privado pero con recursos públicos, lo cual propició la ineficiencia de la entidad.

Los órganos adscritos son adosados a alguna entidad pública, y cuando fueron dotados de personalidad jurídica instrumental se perdieron los controles.

En este ambiente nacieron las Unidades Ejecutoras de la Caja. A éstas Páez las clasifica como entes donde fluye el dinero sin ningún control, con mecanismos para poder contratar a personas con salarios muy elevados fuera de la normativa.

En su criterio, si no se hacen modificaciones para regular estas estructuras la situación se complicará. Reconoció que la directiva actual de la CCSS está trabajando para enderezar el rumbo de la Caja.



INS Y GENÉRICOS



El cirujano Longino Soto, explicó que el TLC repercute en la Caja en dos puntos específicos: los seguros y los medicamentos genéricos.

Con respecto a los primeros dijo que es necesario corregir la problemática interna entre el INS y la CCSS antes de la apertura total de los seguros con el TLC, pues el impacto de la atención de los accidentes absorbe los recursos de la Caja.

En promedio, el 50% de la ocupación de los servicios de los hospitales se dan a los accidentes cuando deberían ser específicamente utilizados con los asegurados, especificó.

Según Soto el INS tampoco ha pagado las deudas con respecto a las atenciones que la CCSS ha dado, lo que la pone en una posición de déficit muy desfavorable.

Soto denunció que si los seguros se abren y el sistema sigue como está, las empresas de seguros extranjeras llegarán y la Caja tendrá que atender a los asegurados sin recibir nada a cambio, como sucede ahora con el INS.

Por otro lado, explicó que el medicamento genérico es una medicina hecha a similitud de uno original, pero en Costa Rica lo que sucede es que no cumple con las características de biodisponibilidad y bioequivalencia; en otras palabras, los genéricos que se consumen en el país, no funcionan de la misma manera que el original.

Según los datos presentados, solo el 7% de los medicamentos son originales. Soto advirtió que habría peligro para los pacientes pues tienen poca efectividad y eso aumentaría los costos de los internamientos.

Ante ello propone crear un Laboratorio Nacional de Control de Calidad por parte de las universidades estatales y la Caja.

Esto por cuanto el TLC exigiría por ley el control de la efectividad de los medicamentos de la industria nacional e internacional y las empresas costarricenses no tienen control en la actualidad.

Consultado aparte por UNIVERSIDAD, Soto dijo que el préstamo español es uno de los fraudes más grandes, y así lo denunció desde el 2001. Aclaró que este caso es la causa de que los hospitales estén sin equipos y con grandes listas de espera.

«La CCSS sobrevivirá, porque ya hay muestras de resurrección, la tenemos en cuidado intensivo», concluyó el galeno.