Los involucrados en este escándalo financiero han sido los principales impulsores para que se privaticen las más importantes entidades del Estado.

Emilio Bruce.

Son los mismos y ahora están juntos en las mayores desgracias legales y económicas de las que haya tenido noticia reciente el país. Los principales involucrados en el escándalo financiero del préstamo finlandés concedido a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los nexos con los «premios» dados por la firma telefónica Alcatel pertenecen al sector que siempre impulsó en el país la apertura y la privatización de las entidades y servicios estatales.

La mayoría de ellos siempre se manifestaron abiertamente para que se aprobara el denominado «Combo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)» que pretendía hacer cambios en esta entidad mediante una apertura en el mercado de la energía y las telecomunicaciones. Esta controversia derivó en una revuelta popular durante marzo de 2000 la cual detuvo la mencionada iniciativa parlamentaria.

Entre los principales impulsores de un Estado cada vez más pequeño con una gigantesca participación del sector privado en las instituciones sociales y estatales ha estado Emilio Bruce, quien es presidente de la junta directiva Corporación Fischel y expresidente de la Unión Costarricense de Cámaras.

Además, uno de sus más cercanos amigos y socios comerciales, Wálter Reiche se encuentra en la cárcel bajo prisión preventiva por haber destruido papeles relacionados con el caso. Él, cuando era presidente ejecutivo de la Fischel

habría recibido cerca de $8,8 millones al participar en la venta de equipo médico a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Un préstamo finlandés suscrito con esta entidad fue el que pagó ese y otros montos.

Como parte de este grupo ideológico-político que ejercía un impulso privatizador está el expresidente de la República y hasta hace poco máximo jerarca de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Ángel Rodríguez, un neoliberal quien siempre ha creído en un estado cada vez más pequeño con una amplia participación del sector privado en la mayoría de las actividades productivas nacionales.

Dentro de este sector también se encuentra el expresidente Rafael Ángel Calderón y uno de sus más allegados colaboradores, el exdiputado José Antonio Lobo, quien también se encuentra involucrado por el aparente delito de enriquecimiento ilícito.

Tanto Calderón como Lobo están involucrados en millonarias regalías que supuestamente les concedió la firma Alcatel por haber contribuído a obtener importantes licitaciones de telefonía celular manejadas por el Instituto Costarrricense de Electricidad (ICE).

EN PRIMERA FILA

Aunque siempre han sido restringidas a papeles de menor importancia dentro de la función pública, algunas mujeres vinculadas al poder político en este caso jugaron un papel de primera categoría en la aparente recepción de comisiones y participación en el tráfico de influencias.

Gloria Bejarano, esposa del expresidente Calderón recibió un cheque del primo de este, Alfonso Guardia quien había cambiado $80 mil en certificados al portador que salieron como parte del préstamo finlandés.

Por su parte, la hermana del exmandatario, María del Rosario, era la presidenta de una subsidiaria denominada Sultana Panamá, cuando recibió $440 mil de ese mismo empréstito.

También quedaron ligadas a este remolino de comisiones la exprimera Dama de la República, Lorena Clare;  y Jean Philp Gallup, cónyuge del exlegislador José Antonio Lobo por el escándalo con los premios otorgados por la transnacional Alcatel.

POR LA BOCA MUERE EL PEZ

El expresidente de la Unión Costarricense de Cámaras, Emilio Bruce – quien además preside la directiva de la Corporación Fischel- constituyó desde principios de los años 90 uno de los más destacados voceros de la privatización en el país.

Bruce se mostró como uno de los defensores de los valores tradicionales y contra la corrupción según se infería de sus artículos publicados en el diario La República, de los cuales el último apareció el 1 de octubre.

Discursos igualmente moralizantes, combinados con el quehacer empresarial, rindió Bruce en las dos ocasiones cuando fue presidente de la Cámara de Comercio.

Incluso, todavía el pasado 10 de setiembre -cuando ya se había revelado el escándalo Caja-Fischel- en su columna destacó que sabía «de sobra que corren vientos huracanados por asuntos de descomposición social». Esto le ganó una crítica del diputado Federico Malavassi, quien lo calificó de pandillero.

Bruce había negado que la Corporación Fischel o alguna de sus subsidiarias financiaran la compra por $735.000 de una vivienda donde residía el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Eliseo Vargas.

Dicha corporación nació de la fusión entre las farmacias más antiguas del país: Botica Mariano Jiménez y Farmacia Fischel.
Gran perdedor
Una de las voces que con más ahínco ha hablado a favor de privatizar los bienes públicos y liberalizar completamente la economía, es el exmandatario Miguel Ángel  Rodríguez.

De cuña ideológica liberal como lo demuestra su proveniencia de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), Rodríguez renunció el pasado 8 de octubre a la presidencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante los cargos de corrupción que enfrenta desde la semana pasada.

Aún con orden de captura internacional el expresidente está involucrado en un escándalo nacional por haber supuestamente pedido el 60% de una comisión de $2,4 millones que pagó la empresa francesa Alcatel luego de ganar una licitación pública de telefonía celular.

Así lo confesó el exdirectivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), José Antonio Lobo, quien fue interrogado por la Fiscalía de Asuntos Económicos y guarda arresto domiciliario al haber presuntamente participado de estos hechos.

El «premio Alcatel» se habría dado en 2001, ya que la licitación obtenida correspondió a 400 mil líneas celulares que equivalían a un negocio de $149 millones.

Este personaje de la política nacional –quien fue uno de los impulsores de la Ley del Combo del ICE– recibió además ¢100 millones de la deuda política del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Luego declaró que era para pagarse una deuda que esta agrupación política había adquirido con él años atrás, lo cual fue también sostenido por Samuel Guzowski, principal recolector de dinero para la campaña política que lo llevó a la presidencia.

La tenencia de ese dinero con títulos de deuda se dio mientras Rodríguez era Presidente de la República, aseguró Guzowski ante una comisión especial que a principios de año investigó las anomalías con el financiamiento de los partidos políticos durante la campaña electoral.

Rodríguez también recibió $100.000 provenientes de la empresa española Inabensa (Instalaciones Abengoa) que efectúa trabajos de electrificación subterránea en San José con un costo de $55,1 millones. Luego de ser elegido como secretario general de la OEA, devolvió el dinero.

Paradójicamente, después de haber expresado su «dolor y pena» por los supuestos vínculos del exmandatario Rafael Ángel Calderón con el caso de corrupción efectuado mediante el empréstito finlandés y la CCSS, Rodríguez se vio envuelto en el escándalo por los «premios» de la firma Alcatel.

También resulta curioso destacar que cuando Rodríguez asumió la presidencia en 1998 anunció un plan especial contra la corrupción para lo que proponía crear una fiscalía especial en la materia, una jurisdicción penal de Hacienda en el Poder Judicial y promulgar un código de ética en la función pública, así como alejar de este sector a los corruptos.

La candidatura de Rodríguez a la secretaría de la OEA le costó al actual gobierno unos ¢61 millones.

También su esposa Lorena Clare figura en este caso, ya que
la esposa de José Antonio Lobo le traspasó $58.000, mediante cheques.

Lobo detalló que Rodríguez le pidió que se le girara a Clare dos cheques por ese monto.
Aperturista en aprietos
Conocido por su frase de que el país no podía quedarse atrás en el «carro de la historia» al defender la necesidad de firmar acuerdos de libre comercio, el expresidente Rafael Ángel Calderón pasó de ser un destacado líder político continental a un cuestionado exfuncionario, quien habría recibido $440.500 provenientes de un préstamo finlandés para que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adquiriera equipo médico.

El escándalo estalló a principios de setiembre. Así, Calderón se constituyó en el primer expresidente que es abiertamente cuestionado por un caso de corrupción. Desde entonces, se le ordenó impedimento de salida del país.

Este ideólogo de la apertura comercial con México y promotor del controversial desarrollo turístico en el Golfo de Papagayo, al parecer recibió la citada suma que provenía del «Préstamo Finlandia» adquirido por la CCSS en 2001 y que ascendía a $39,5 millones.

El crédito fue aprobado por la Asamblea Legislativa en sólo tres días y tramitado por la Corporación Fischel, representante local de la compañía finlandesa Datex-Ohmeda.

El nombre de su esposa y exprimera Dama también salió mencionado en este asunto, ya que Gloria Bejarano

habría recibido cheques del primo del exmandatario (Alfonso Guardia) quien cambió certificados por $80.000 otorgados por Alcatel. Los cheques fueron hechos a solicitud del mismo Calderón.

Por otro lado, también se incluyó el nombre de su hermana Rosario Calderón, quien presidía la sociedad Sultana Panamá cuando se recibieron transacciones por $440.000.
Caída libre
De ser considerado uno de los posibles candidatos a la Presidencia de la República por sus mismos compañeros del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pasó a ser un reo más en una cárcel cartaginesa, donde muy posiblemente reflexiona sobre la defensa que lo saque de este entredicho.

Se trata de Eliseo Vargas, expresidente de la CCSS, quien siempre se mantuvo muy obediente a las directrices de esa agrupación política, si bien no era abiertamente beligerante sobre los temas de apertura y privatización.

A Vargas se le investiga desde el 21 de abril pasado, cuando se reveló que vivía en una lujosa residencia que alquilaba a Olman Valverde, exgerente financiero de la Corporación Fischel.

Una sociedad panameña presidida por Walter Reiche Fischel, presidente ejecutivo de la Corporación Fischel, giró el dinero con el que se compró la casa que habitaba Vargas.

La firma Marchwood Holdings Inc., domiciliada en Panamá, emitió dos cheques desde su cuenta en el BAC Panamá que sirvieron para comprar dos cheques de gerencia, en el Banco de San José, con los que se adquirió la vivienda.

Además de Reiche Fischel, también figura como secretario de la sociedad panameña Mario Granados, directivo de la Corporación Fischel.

El exgerente financiero de Fischel, Olman Valverde, figuró como comprador de la casa 59 de Valle del Sol en Santa Ana, donde vivía el expresidente ejecutivo de la CCSS.

Luego de pagar $735.000 al constructor de la casa, Valverde suscribió a su favor la cesión de acciones de la compañía Alfa PVS Cincuenta y Nueve S. A., dueña de la vivienda.
Empresario con nexus
Su porte serio y sus ambiciosas ideas empresariales entre las que figuraba la expansión de las comercializadoras privadas de medicamentos, quedaron sepultadas en el caso legal que hoy enfrenta Wálter Reiche Fischel.

Una sociedad panameña dirigida por él como presidente ejecutivo de la Corporación Fischel, giró el dinero con el que se compró la casa que habitaba Eliseo Vargas García.

La firma Marchwood Holdings Inc., domiciliada en Panamá, emitió cheques desde su cuenta en el BAC Panamá que sirvieron para comprar dos cheques de gerencia, en el Banco de San José, con los que se adquirió la vivienda.





EL HOMBRE DE CONFIANZA



El exdirectivo del ICE, José Antonio Lobo compartía con su amigo cercano, Miguel Ángel Rodríguez, los mismos ideales privatizadores y aperturistas, así como las coimas por lograr que Alcatel obtuviera licitaciones públicas de ese instituto.

Lobo «amarró» $2,4 millones como «comisión» que Alcatel pagó al obtener un cartel de 400 mil líneas celulares.

Él fue quien reveló que el exmandatario Miguel Ángel Rodríguez pidió quedarse con el 60% de este dinero y el restante sería para él, como confesó a cuatro fiscales de delitos económicos que, debido a su «colaboración», pidieron darle casa por cárcel.

En este caso, su esposa Jean Philp Gallup recibió $2,4 millones provenientes de Alcatel, en una cuenta a su nombre.
Los giros se dieron cuando Lobo fungía como directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
De la cima cayó
No tuvo que recibir segunda orden para que renunciara a su cargo como presidenta del Partido Liberación Nacional (PLN).

Ante lo que algunos consideraron una decisión precipitada, luego los hechos revelaron la razón. Carmen Valverde recibió $10.000 de la firma Servicios Notariales Q.C. que distribuyó dineros en el caso Alcatel-PUSC.

Un hermano de ella, Édgar, es el gerente general de la firma Alcatel en el país.

De esta misma empresa obtuvo $46.000 su hijo Rónald González Valverde.

Servicios Notariales Q. C. es el bufete de Luis Adrián Quirós Carmona, ubicado en San Ramón de Alajuela, el cual

administró en las Islas Bahamas dinero proveniente de Alcatel.

Carmen Valverde descartó haber recibido ese dinero de Servicios Notariales Q. C. a título personal, e indicó que en ambos casos se trató de negocios familiares.

Los $10.000 que salieron a su nombre, explicó la exsecretaria general del PLN, correspondieron a un aporte realizado por su hermano Édgar Valverde para la compra de una finca familiar en Pital de San Carlos.

Dijo que recibió el dinero en un cheque, pero que no se preocupó de ver de qué cuenta provenía porque sabía que era de su hermano.