La CCSS gastó ¢500 millones al adquirir el edificio para la gerencia de pensiones, que con las remodelaciones se elevó a ¢1.000 millones. La propiedad pertenecía a la Ex Primera Dama de la República, Gloria Bejarano de Calderón.
Asesorías dudosas, contrataciones viciadas de política y mal manejo de los recursos de la institución son algunos de los resultados que revela el informe sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), presentado por la Comisión de Notables, ante el presidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella.

Luego de cuatro meses de investigación «ad honorem», Dunia Chacón y Álvaro Fernández presentaron su informe de mayoría el pasado 1 de octubre cuando Chacón aprovechó la oportunidad para reafirmarle al presidente que aprovecharse de los recursos de una institución pública para su propio beneficio es corrupción y que sobre ese tema trataba el trabajo.

Este estudio detalla nombres, puestos y situaciones de lo que podrían formularse como casos de corrupción y tráfico de influencias ante la Fiscalía General de la República.

Entre ellos destacan el manejo de los recursos de los préstamos con España, Finlandia el Banco Internacional de Reconstrucción y fomento. Pero a lo interno de la Caja se revelaron manejos irregulares de dineros en viajes de médicos al extranjero, contrataciones onerosas de consultorías, nombramientos de amistades en direcciones o jefaturas así como entidades creadas por la simple razón de premiar con puestos y grandes salarios, como el caso de la gerencia de modernización.



LOS PRÉSTAMOS



El primero de los grandes préstamos internacionales de los que habla este estudio es caso del crédito del Reino de España y el Banco Bilbao Viscaya por un monto de $40 millones, promulgado por la Ley Nº 7683 del 31 de julio de 1997.

En este préstamo destaca la compra de equipo de mala calidad que no coincidía con las necesidades de los hospitales y que fue comprado con sobreprecio. Los investigadores explicaron que hubo «gran tráfico de influencias de corte político» que no detallan por ser parte del estudio del otro investigador, Fernándo Carrillo, quien presentó su informe con anterioridad, y por estar en manos del Ministerio Público.

Denunciaron el tráfico de influencias de un diputado (no aparece el nombre) que realizó una labor similar a la de Eliseo Vargas para impulsar el préstamo finlandés. En cuanto a este punto se sospecha de la relación de Karen Olsen, quien fuera diputada en ese momento y que realizó viajes a España e incluso estuvo presente en la firma del convenio en Madrid.

Además se especifica la necesidad de investigar a Alvaro Muñoz Fonseca y Mario Saavedra, director y subdirector de la Unidad Ejecutora del Préstamo Español (UEPE) quienes debieron preparar los sitios donde se instalarían los equipos. UEPE no realizó esa labor y los equipos vagaron por pasillos de los hospitales durante meses deteriorándose hasta perder su garantía.

Con respecto al crédito firmado con Finlandia, el crédito denominado «blando» se pactó sin intereses y con tres años de gracia, con la condición de que la mitad de los equipos fueran de origen finlandés. Diferente al español en el cual más del 90% por ciento tenían que comprarse en ese país.

El informe explica que ese tipo de préstamos sirvieron para encubrir inconvenientes como los que han salido a la luz pública como el caso de los negocios entre la Corporación Fischel y Eliseo Vargas, presidente ejecutivo de la Caja en la primera mitad de la administración Pacheco de la Espriella.

Al igual que en el caso del crédito español en éste se compraron unidades de alto costo, que no eran las prioritarias en la lista elaborada por los hospitales.

El caso del préstamo finlandés lleva consigo la firma de un «adendum» o un aumento en el empréstito por la suma de $7,5 millones, lo que genera dudas sobre la gran cantidad de asesores contratados, algunos de ellos «íntimamente ligados con partidos políticos».

De esta manera el informe denuncia a Juan Carlos Sánchez Arguedas, conocido por sus intervenciones ante la junta directiva de la Caja en relación con este préstamo, y el trámite ejecutado en la Asamblea Legislativa para la aprobación del préstamo por el entonces diputado Eliseo Vargas quien, además, quien promovió la relación con las sociedades de la Corporación Fischel.

Otro de los grandes préstamos que analiza el informe es el que dio el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF-7068) que a la vez es parte de un convenio con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

El informe denuncia que Patricia Cárdenas sería la coordinadora del proyecto, quién a la vez es la esposa de Carlos Vargas Pagán ex diputado del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC). Eliseo Vargas figuraba como legislador en el momento en que el trámite del proyecto llegó a la Asamblea.

Aparentemente los honorarios de Cárdenas los paga la gerencia de Modernización de la Caja, y los notables que elaboraron el informe recomendaron investigar si se desvió dinero del crédito finlandés para pagar dichos honorarios.

Según los documentos que el informe adjunta, de $23 millones que recibiría la Caja con el préstamo, $3 millones pasan al IMAS para «Consolidar el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO)» encargado de estudiar la asignación de recursos para las clases pobres.



CRECIMIENTO BUROCRÁTICO



El estudio se refiere a la creación de entidades de dudosa necesidad, incluyendo tres gerencias además de las que ya estaban. Se trata de las gerencias de Operaciones, Pensiones y Modernización.

Las tres, según los notables, obedecen a influencias de tipo político partidista y generan una «caza de puestos en la institución».

Según comprobaron, la Caja tiene seis gerentes y ocho subgerentes con salarios mayores al millón de colones y autos de uso discrecional, privilegio con el que no cuentan ni siquiera los diputados.

Se documentó un aumento en los gastos institucionales debido a la gran cantidad de consultorías, asistentes y personal secretarial que necesitaron las nuevas dependencias y, como explican los notables, eso justificó una gran cantidad de viajes al exterior por parte de los altos personeros de la Caja.



EL CASO CENDEISSS



El informe analiza las quejas acerca del papel del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), especialmente sobre su incapacidad para planificar y regular la formación de especialistas.

El informe explica que no se tiene claro cual debe ser el rol que debe desempeñar este centro y eso perjudica directamente el adecuado cumplimiento de un programa denominado Plan Integral de Salud.

La denuncia planteada es que se trata de un organismo sin dirección, pues el director de éste es nombrado por «contenido político, tráfico de influencias o hasta amiguismo». Boza Abarca declara en informe ser el «mejor amigo» de Eliseo Vargas.

La Auditoria Interna de la CCSS había recomendado mediante el dictamen (AHC-247-R-2001) que se formara una Comisión Técnica de Alto Nivel y de carácter multidisciplinario que pudiera elaborar un plan de acción para encaminar al CENDEISSS hacia el cumplimiento de las funciones para las que fue creado. También el dictamen propuso revisar la forma en que el director del centro era nombrado.

Los notables destacaron que se invierte gran cantidad del dinero en pagar salarios, becas y no para cumplir los verdaderos propósitos de la entidad.

También se conoció del aparente robo de tres computadoras portátiles, 121 formulas limpias para la confección de cheques del Fondo de Beneficiarios para Estudio y una caja de seguridad con cheques que dieron lugar a un fraude por ¢12.530.000 el 15 de junio del presente año.

Los investigadores llaman la atención sobre otro informe elaborado en el 2001 por los entonces diputados Walter Muñoz Céspedez, Juven Cambronero Castro y Manuel Larios Ugalde, sobre una investigación realizada en 1976 que utilizó 50 mil personas para probar medicamentos experimentales propiedad de compañías farmacéuticas transnacionales.

El estudio de los diputados determinó que en el trámite de la investigación participó gente ligada a las empresas farmacéuticas, lo que produjo conflicto de intereses y la posible violación de los derechos humanos de los pacientes.

Luego, en 1999, la Asamblea Legislativa denunció irregularidades por conflictos de intereses en investigaciones clínicas que utilizaban a los pacientes de la Caja. Entre esas anomalías la Auditoria Interna de la Institución indicó que estaban involucradas la Junta Directiva, la presidencia ejecutiva, la gerencia médica y el director del CENDEISSS, en ese momento Mario Pacheco Mena.

El caso empieza en 1992 cuando el presidente ejecutivo de la Caja, Elías Jiménez, firma un convenio con Guillermo Rodríguez Gómez para realizar investigaciones con personas durante 10 años. En ese momento participó también el mencionado director del CENDEISS que a su vez era presidente de la Fundación FUCODOCSA y jefe de Rodríguez. Según este informe de los diputados esta unión generó ganancias de más de ¢1000 millones al Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas (ICIC S.A.) y un 15% de éstas las recibió FUCODOCSA. En enero de 1993 Jiménez firmó otro convenio con FUCODOCSA para realizar una investigación con 12 mil mujeres en Guanacaste, la cual nunca fue supervisada por la Caja, según el informe.

Con respecto a los viajes y becas del CENDEISSS los notables consideran que es muy alta la cantidad de dinero gastada en este rubro y que los resultados no se han visto, en el cumplimiento de los objetivos del órgano. Calcularon un total de más de ¢85 millones en 143 viajes desde el 2000 a lo que va del 2004.



MÉDICOS, JERARCAS Y VIAJES



Uno de los puntos de denuncia que plantea el informe se refiere a viajes al exterior financiados por las casas distribuidoras de productos médicos y según la investigación realizada por lo notables se determinó que algunos médicos tienen «estrecha relación» con las casas de estos productos.

Recomendaron realizar una auditoría para eliminar una práctica que no es beneficiosa para la Caja, pues algunos médicos son los que sugieren los productos a comprar y otros realizan los carteles de licitación, siempre relacionados con las empresas y beneficiados con viajes.

Por ejemplo, mencionan específicamente el aumento de compras de equipo de servicio de hemodimia a tres casas fabricantes en particular, en este caso nombran al médico Alfredo Brilla Salazar como partícipe.

Los altos jerarcas de la institución también se ven involucrados en viajes, por ejemplo se llama la atención sobre las múltiples salidas del país de Juan Carlos Sánchez Arguedas y Sonia Cruz Vega, además del ex presidente ejecutivo de la Caja Rodolfo Piza Rocafort.



MEDICAMENTOS



El informe sacó a la luz la existencia de tres órganos diferentes con funciones relativas a los medicamentos, primero la Comisión de Medicamentos a cargo de Juan Luis Delgado, luego el Departamento de Farmacoterapia dirigido por Albin Chavez y Zaira Tinoco y la Dirección Técnica de Servicios de Salud coordinado por Sonia Cruz Vega.

Entre los organismos mencionados se produce una gran rivalidad lo que causa que las funciones sean mal realizadas. Es por ello que los autores del informe concluyen que la compra de medicamentos «puede constituir una importante veta de corrupción como ya es sabido por los costarricenses en el caso de la Fischel».

Explican que por un Convenio de Cooperación Caja – Ministerio de Salud, la institución está autorizada a comprar los medicamentos y venderlos a las farmacias privadas pero que en la actualidad está sucediendo lo contrario con las empresas farmacéuticas EOS y Fischel.

Los notables enfatizaron en el informe que el mal manejo de los procesos de compras de medicamentos puede dar como resultado el desabastecimiento, compra de medicamentos de mala calidad o actos de corrupción por  quienes dirigen el proceso. Según el estudio, se manejan ¢60 mil millones por año para la compra de los productos.



DIRECCIÓN JURÍDICA



El informe explica que las mayores quejas que se presentan en la Dirección Jurídica de la Caja se refieren a que hay serias deficiencias en atender las necesidades legales de la Institución.

Pero también menciona que el director, Rodrigo Cordero recibe privilegios en cuanto al cobro de honorarios por arreglos conciliatorios de patronos morosos con la CCSS, pero aclara que no se logró el acceso a los documentos para probarlo, los autores del informe proponen realizar una auditoría interna para diagnosticar la existencia de tales irregularidades. Cabe recordar que la Fiscalía General de la República detuvo a Cordero cuando pretendía salir con su auto del parqueo del edificio central de la CCSS con un legajo de documentos relacionados con este tipo de acuerdos sobre el pago de cuotas obrero-patronales.



PENSIONES



El informe califica a la Gerencia de Pensiones de la Caja como la dependencia con mayor grado de corrupción, por ejemplo, citaron que las pensiones del régimen no contributivo se entregan por recomendación política y las de invalidez «se compran en los consultorios de algunos médicos que laboran para dicha dependencia y quienes tienen a cargo la evaluación de personas con algún grado de invalidez».

Solicitan que el Ministerio Público intervenga lo más pronto posible esta dependencia para aclarar casos como la remodelación de la «Casona de la avenida 10», que ha costado tanto como la compra total del inmueble sin que se vea un pronto fin a las obras.

El documento recomienda que se separe del cargo, mientras dura la investigación, a Juan Luis Delgado Monge, gerente de pensiones, Fernando Arias Sanabria, Hernán Goyenaga y Adrián Fernández, otros altos funcionarios de esta gerencia. Recientemente Delgado Monge fue suspendido por la junta directiva de la Caja debido a que sirvió de enlace en una conversación que solicitó Eliseo Vargas con el exgerente de modernización Juan Carlos Sánchez Arguedas. Este encuentro derivó en la orden de prisión preventiva contra Vargas por presionar a Sánchez a no declarar sobre el dinero que recibió por su labor en la aprobación del crédito finlandés.

Además, piden que se investigue la compra del edificio Jorge Debravo, donde se alberga la Gerencia de Pensiones, y que era propiedad de la Ex Primera Dama Gloria Bejarano, esposa de Rafael Ángel Calderón, quien figura como testigo sospechoso en el caso Fischel-CCSS.

Según se explica, el edificio costó ¢500 millones y con las remodelaciones el costo aumentó al doble (¢1.000 millones), mientras que existía otra oferta de venta del edificio Equs, en San Pedro, por ¢350 millones. Roger Aguilar era el gerente de pensiones hace 6 años cuando se recomendó la compra del edificio y ahora él es actuario de la Caja.

También solicitan la investigación para determinar como se seleccionan los abogados externos que protocolizan las escrituras por concepto de préstamos para vivienda. Según los investigadores, una denuncia presentada dice que los notarios favorecidos tienen nexos con el Bufete Calderón Fournier. En total se menciona el nombre de 83 notarios.

Los notables concluyeron que la Caja es el «botín de guerra de los políticos de turno» que su presidencia ejecutiva se gana en la «arena política» y que eso produce una gran inseguridad laboral y la apertura a «procedimientos sospechosos».

Viajes de médicos

El informe de notables pide investigar si todas las salidas del país de los siguientes médicos fueron otorgadas con goce de salario y la razón de que así fuera, pues seminarios, simposios y otras actividades de capacitación serían motivos válidos para sus viajes.

Hospital San Juan de Dios

Médico

Salidas

Carlos Calderón

73

Alfredo Brilla

26

Jorge Arauz

23

Margarita García

18

Salomón Frischwasser

16

Victor Fallas

13

Jorge Brenes

8

Hospital México

Herbert Burgos

29

Geiner Díaz

15

Edgar Izquierdo

43

«Frases para no olvidar»

-Según el acta de sesión de la Junta Directiva de la CCSS Nº 7611 del 20 de diciembre de 2001, antes de que se firmara el crédito de Finlandia el presidente ejecutivo de la Caja, Eliseo Vargas, solicitó la formación de una Unidad Ejecutora del proyecto al igual que en el caso del crédito español:  «casualmente se da la circunstancia de que la unidad del proyecto de España ya está finiquitando su compromiso, con mucho éxito por cierto, razón por la cual presenta formal solicitud para que la Junta Directiva adscriba a la Gerencia esta unidad ejecutora para que cumpla iguales funciones en el proyecto Finlandia.»

-Ya firmado y aprobado por la Asamblea Legislativa el préstamo con Finlandia en el acta de la Sesión Nº 7674 de la Junta Directiva de la CCSS del 1 de agosto de 2002 el directivo Gerardo Bolaños Alpizar manifiesta su beneplácito con el préstamo pues «Finlandia es el país número uno en anticorrupción, lo que produce tranquilidad en el sentido de que los procesos son cristalinos».