Mediante el aprovechamiento del bagazo de la caña, obtenido en las zafras, se genera energía eléctrica como la que le vende el Ingenio Taboga al ICE.
La Comisión Nacional de Enlace (CNE), que agrupa a 200 organizaciones sociales, solicitó a la Contraloría General de la República investigar el contrato que el Ingenio Taboga S.A. -perteneciente al exmandatario Óscar Arias y al exministro Rodrigo Arias-  suscribió para vender energía al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En una carta enviada el 11 de octubre al Contralor General Alex Solís, se especifica que la investigación debe efectuarse tomando en cuenta que se autorizó el 27 de abril de 2004 «una ampliación (en 2.000 kilovatios) de la compra-venta de electricidad con el ICE, para un total de 7.000 kilovatios, con lo cual se soslaya de nuevo el Reglamento de Procedimientos de Selección de Proyectos de dicha entidad.

Ante la petitoria, Solís aseguró a UNIVERSIDAD: «es un tema muy importante, de gran trascendencia para la Contraloría, como muchos otros, y voy a estudiar seriamente la solicitud».

Sobre el particular, Rodrigo Arias manifestó que las afirmaciones incluidas en la misiva dirigida al Contralor «están totalmente fuera de lugar y lo que tienen es un claro intento de mala fe para afectar a una empresa tan seria como es el Ingenio Taboga».



EN ESTUDIO



La CNE autorizó al gerente del sector eléctrico del ICE a negociar la suscripción de un contrato de compra-venta de electricidad (5000 kilovatios) con el Ingenio Taboga S.A., dice el documento enviado al contralor.

La eventual formalización del contrato se dio haciendo excepción «en este caso a la administración respecto de las disposiciones del Reglamento al Procedimiento de Selección de Proyectos al contratar al amparo del primer capítulo de la Ley 7200», asegura la comisión.

El documento asegura que el contrato fue firmado el 2 de mayo de 2003 cuando el Frente Interno de Trabajadores (FIT) se preparaba para una huelga nacional por la defensa del presupuesto del ICE «y era de sobra conocido el impacto de la generación eléctrica privada en la estructura financiera del sector eléctrico de la institución».

La carta cuestiona, adicionalmente, que el otro asunto es político-ideológico y también moral. «¿Cómo Rodrigo Arias, hermano del expresidente Óscar Arias, firmó un contrato bajo el marco de la ley 7200 haciendo a un lado el Reglamento de Procedimientos de Selección de Proyectos siendo él también asesor del presidente Abel Pacheco y, por lo tanto, tenía ventaja política, lo cual deja mucho que desear desde el punto de vista moral».

«Además, como refuerzo a nuestros argumentos, el expresidente Óscar Arias ha sido uno de los principales ideólogos de la privatización del ICE y, por tanto, consideramos que moral y políticamente él y su hermano, dueños del Ingenio Taboga S.A. no pueden hacer negocios con el ICE por las premisas privatizadoras que defienden, especialmente Óscar Arias».

Sobre esta afirmación, Rodrigo Arias aseguró que el contrato con el ICE «fue redactado por el departamento legal de la institución, y firmado por Carlos Obregón, gerente del sector eléctrico».

«Es un convenio beneficioso para el ICE por el cual se le vende energía a un precio de 3 centavos por kilovatio, en comparación con el funcionamiento de plantas térmicas en la época de verano, las cuales tienen un costo de 16 ó 17 centavos por kilovatio».

Por lo tanto, según Arias, es una relación comercial apegada «a derecho y es posiblemente la energía más barata que compra el ICE en toda Costa Rica».



CRITERIO DISCORDANTE



Sin embargo, sobre este caso de cogeneración eléctrica, el vicepresidente del Sindicato de Ingenieros del ICE (SIICE), Ricardo Segura, consideró que fue en la administración de José María Figueres cuando más se impulsó la privatización de empresas públicas y, en ese momento, «dos figuras políticas le acompañaban muy de cerca en su propuesta: el expresidente Óscar Arias y el exjerarca del Banco Central, Eduardo Lizano».

En ese contexto, según explicó Segura, se giraron instrucciones a finales de 1994 por parte del Consejo Directivo del ICE, además de la Subgerencia de Energía y del Servicio Nacional de Electricidad, para modificar los contratos y las tarifas a un grupo de generadores privados amparados a la Ley 7200, «lo cual resultó muy lesivo para la institución según un estudio de agosto del 2000 emitido por la Contraloría General de la República». (Ver cuadro aparte: «Historia de un polémico contrato»).

En todo caso, el presidente ejecutivo del ICE, Pablo Cob,  aseguró que se hará un concienzudo estudio de los contratos suscritos entre el 2000 y el 2004.

Aseguró a UNIVERSIDAD que, desde el punto de vista técnico, el contrato suscrito con Taboga está en regla y es muy conveniente para el país porque los precios que cobra Taboga están por debajo de los que produce el mismo ICE.

«En la época de verano se produce la zafra azucarera y se aprovecha el bagazo de la caña para producir energía eléctrica sin contaminar el ambiente. Eso coincide con la disminución de la generación usual del ICE, por lo que desearíamos que otras opciones alternativas existan», puntualizó.

Pese a los criterios técnicos, el excandidato liberacionista a la silla presidencial, Rolando Araya, consultado sobre este tema, insistió en que el negocio del ICE con el Ingenio debe ser investigado con profundidad especialmente porque pudo haber habido un favorecimiento en la suscripción del contrato. Lo anterior tomando en cuenta que esto se dio cuando Rodrigo Arias fue asesor del expresidente Miguel Ángel Rodríguez.

Además, insistió en que Óscar Arias debe ser indagado por el Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional (PLN), por haber recibido dinero para su campaña electoral por parte del exmandatario panameño Manuel Antonio Noriega. Araya asegura haberlo leído recientemente en un libro de memorias bajo el título «Prisionero de América».

Al cuestionarle por qué solicitar esa investigación en estos momentos dijo que «no estaba completamente enterado de los alcances de cómo se había financiado la campaña electoral de Arias hasta que comenzó a ver ciertos campos pagados» y lo que decía dicho libro.

También se le preguntó el hecho de que haga un cuestionamiento de tipo moral a Óscar Arias mientras el mismo tribunal de ética investigará a Araya por haber presuntamente recibido $100.000 de la firma Alcatel para que financiara su campaña electoral.

«Niego rotundamente esa contribución. Si quieren saber de las actuaciones de integrantes del Liberación entonces lo vamos a ver todo. Yo nunca tuve conocimiento de que dineros provenientes de esa compañía hubieran llegado a mi campaña».

Agregó que no quiere ser el chivo expiatorio de la situación y que sería una hipocresía «señalar a uno y no al otro».

Con todo y su denuncia, Araya se considera fuera de la política local y asegura mantenerse muy ocupado como presidente del Comité Internacional Socialista de América Latina, aparte de impartir asesorías sobre el campo energético.

Respecto del contrato de Taboga y el ICE se quiso saber también el criterio del aspirante presidencial Antonio Álvarez, pero a pesar de que se le trató de localizar durante cuatro días, no fue posible.



Historia de un polémico contrato
* El negocio suscrito entre el Ingenio Taboga -perteneciente a los hermanos Arias Sánchez- y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se firmó por primera vez en mayo de 2003.

* Era un contrato de servicio de transporte de energía entre las partes mencionadas que evolucionó hasta convertirse en un convenio de compra de dicha energía por parte del ICE al Ingenio que la institución exportaba al mercado regional centroamericano.

* Ese convenio es de diciembre de 2002 y por el ICE firmó el Subgerente del Sector Eléctrico, Carlos Obregón, y por el Ingenio, Rodrigo Arias.

* Cabe destacar que el 13 de noviembre de 2002, el Ingenio solicitó fijar una tarifa de venta de energía eléctrica al ICE por parte de su representada.

* El 16 de enero de 2003 se cerraron las oposiciones y en febrero de 2003 se presentó el informe técnico favorable al Taboga S.A.

* Hasta abril de 2003 el ICE pagó $443.651, según el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE (SIICE).

* El contrato suscrito es por cinco años para un monto de $2,1 millones en la venta de 7 MW (megavatios) de energía producida con bagazo de caña.