Asesorías legales por cientos de miles de dólares. Adquisición de contactos y «know-how» (saber hacer) en el sector público, que luego es muy bien pagado, en el ámbito privado, por las empresas extranjeras ya instaladas en el país. Para quienes obtienen beneficios de ello, estas son buenas razones para tomar partido por una política comercial de amplia apertura, como la que algunos funcionarios, a su vez -o alternativamente- socios de bufetes, han promovido en los últimos 25 años.
De hecho, cuando se sometió a ratificación el Tratado de Libre Comercio con Chile, bajo la administración Rodríguez, el tema de la posible existencia de conflictos de intereses, motivó la protesta de gremios de productores. Como consecuencia, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de Ley de Negociaciones Comerciales, que buscaba establecer los parámetros éticos por los cuales debían regirse quienes se encontraran al frente de la política comercial del país.
Básicamente, se quiso que estos funcionarios, negociadores de la apertura comercial mediante Tratados de Libre Comercio, no pudieran representar a empresas extranjeras interesadas en invertir en Costa Rica hasta cuatro años después de haber dejado los cargos públicos, para evitar que en las decisiones de comercio exterior que se tomaran, pudiera mediar un conflicto de intereses. Sin embargo, la objeción del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), llevó a que en el texto aprobado prevaleciera la posición oficial de que este período de «abstinencia» fuera de solo un año.
«Nos parecía que lo lógico y prudente era un período de cuatro años. Sin embargo, solo se logró que fuera de un año», dijo a UNIVERSIDAD el entonces diputado liberacionista Carlos Villalobos, autor del proyecto.
Además, si bien la ley se aprobó, el COMEX hasta ahora no ha emitido el reglamento correspondiente, con lo cual el espacio para la ambigüedad continúa.
Aprobar este reglamento debería ser el aporte más importante del nuevo ministro de Comercio Exterior, Manuel González Sanz, en la medida que podría ayudar a separar con claridad el interés privado del interés nacional, en el marco de la política comercial.
El diagrama adjunto intenta recapitular, al menos en sus protagonistas más relevantes, cómo se manifestó esa confluencia de intereses, la cual, en algunos casos, incluso hoy vemos entrecruzada con casos que son investigados por el Ministerio Público, en relación con el financiamiento privado de las campañas políticas y presunta corrupción.