Más de $1440 millones es la inversión que se necesita para la protección del recurso hídrico nacional, según expusieron los autores del nuevo estudio denominado Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica, presentado el pasado miércoles 13 de octubre.

El estudio expone los principales problemas, soluciones y la inversión económica aproximada que debe hacer el país si quiere proteger las cuencas hidrográficas y los mantos acuíferos subterráneos.

La investigación se llevó a cabo gracias a los esfuerzos de tres organizaciones: el Foro Ambiental, el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional (CINPE) y la Fundación para la CooperaciónCR-USA.



AGUA EN DATOS



Aunque el 70% del planeta está cubierto de agua solo un 1% es consumible por el ser humano, pero la contaminación de esa pequeña parte es la causante de enfermedades y muertes en los países subdesarrollados.

Según los datos del informe, en Costa Rica, más del 70% de las aguas negras que no son tratadas llegan a los ríos. En el 2002, se produjeron 138.410 casos de diarrea, producto de esa contaminación.

Aunque el 97,5% de la población costarricense tiene acceso a agua para consumo, el 40% de ellos no recibe agua potable, ese porcentaje es suministrado por las Asociaciones Administradoras del Sistema de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) y algunos acueductos municipales. Por el contrario, casi la totalidad de los usuarios de AyA y el 100% de los de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, reciben agua potable y clorada con regularidad.

Según el informe de la agenda del agua, la población costarricense con acceso a un sistema de saneamiento ambiental por medio de un alcantarillado en funcionamiento es de un 5%.

El estudio indica que la crisis de gobernabilidad del agua, por la ausencia de un ente rector que aplique las leyes, produce conflictos sociales para acceder al recurso del agua. Así ha pasado en Guanacaste, Santa Bárbara de Heredia y Desamparados, donde se han tenido que detener procesos urbanísticos que se construían sobre zonas de recarga de los mantos acuíferos.

A nivel general, del total de agua disponible en el país, el  69% se utiliza para la generación de energía hidroeléctrica, 28,3% para el sector agrícola, 1,8% para el sector industrial y apenas un 1% para el consumo humano.

Una de las cuencas que más explotación de agua subterránea tiene es la del río Tárcoles en la región del Valle Central. La investigación estima que en los principales acuíferos de esta cuenca, el 80% es para abastecimiento público, 5% para riego y 15% para la industria.



CULTURA, EDUCACIÓN Y LEYES



El documento revela que el costarricense adolece de una cultura que valore adecuadamente el recurso hídrico, su necesidad para la sobrevivencia y su escasez.

Durante muchos años en las escuelas se ha enseñado a los niños que el agua es un recurso inagotable, eso ha generado una cultura de subvaloración del líquido.

El libro asegura que la sociedad costarricense no tiene capacidad de valorar el agua ni de exigir a las correspondientes autoridades la aplicación de instrumentos que permitan gran calidad y continuidad de aguas de consumo humano.

El estudio se apoyó en foros de discusión realizados en varias zonas del país y con ello determinaron que una de las grandes prioridades es que la educación formal pueda incluir temas de educación ambiental y sanitaria para crear responsabilidad social.

Sin embargo, enfatiza en que no hay sistemas de información adecuados y completos sobre todas las cuencas hidrográficas del país, datos que serían claves para la planificación del uso del recurso.

Dos de los entes encargados de los cálculos de demanda de agua: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), no pueden elaborar sus estadísticas de manera exacta porque los datos que se generan son  sobre el volumen concesionado y no necesariamente del consumido.  Esto debido a que hay pozos y manantiales de los que se extrae el agua sin ser reportada a las autoridades.

Con respecto a las normativas legales, el documento detalla que existen regulaciones sobre el uso del agua pero que no hay una política orientada a la formación y aplicación de leyes.

El informe denuncia la falta de controles y un escaso seguimiento de los reglamentos establecidos. Se habla de la existencia de 115 decretos ejecutivos y leyes que no se adaptan a la situación actual como la Ley de Aguas, vigente desde 1942.



PROPUESTAS



El costo de toda la inversión para mejorar el sistema hídrico nacional de manera integrada es alto y asciende a más de $1440 millones, en 20 años, que deberá ser asumido por el gobierno mediante la deuda pública, según explicó el Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, el día de la presentación del documento.

El estudio plantea la creación de un sistema de manejo de cuencas con visión a largo plazo, capacitación de la ASADAS y municipalidades por un costo cercano a los $12 millones.

La rehabilitación y ampliación del acueducto existente en la zona del Área Metropolitana necesita de una inversión de $842 millones durante los 20 años y eso se suma a $574 millones que costaría crear servicios de alcantarillado en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales.

Otros proyectos se refieren a las campañas educativas, la creación de instrumentos de gestión y administración y la creación de políticas y planes que permitirían la participación de la sociedad civil, organizaciones y universidades dentro de la formación de una nueva cultura de protección del agua.

Mantos acuíferos
La contaminación del manto acuífero, en las capas inferiores del Gran Área Metropolitana (GAM) preocupa a expertos del Instituto Meteorológico Nacional.

Roberto Villalobos Flores explicó a UNIVERSIDAD, a raíz de una actividad presentada en la Universidad Nacional, el peligro que corren las aguas subterráneas que se encuentran en la parte noroeste del Valle Central y que son las fuentes de agua potable consumible para el GAM.

Se trata de un área que cubre Heredia menos el cantón de Sarapiquí, el cantón central de Alajuela y el cantón de Vásquez de Coronado en San José.

Villalobos explicó que no se tiene conocimiento de la cantidad de agua que puede estar disponible en los mantos acuíferos. Pero en época de sequía éstos podrían tener problemas y no dar abasto con las concesiones y con el consumo doméstico.

Agregó que los procesos urbanísticos en las áreas de la cuenca han limitado la capacidad del acuífero de renovarse pues producen una «capa de escorrentía», esto significa que los techos de zinc y las construcciones de concreto evitan que el agua de lluvia penetre o percole en la tierra y llegue hasta el manto acuífero, las aguas van a dar a los ríos y el acuífero dura más en recuperarse.

Otro de los problemas de la urbanización y la industrialización es que los tanques sépticos -para los desechos humanos domiciliarios o industriales- no son los apropiados para evitar filtraciones y por el contrario propician la contaminación de las capas profundas de la tierra.