Abel Pacheco, Rafael Angel Calderón y Miguel Angel Rodríguez enfrentan hoy un resquebrajamiento del PUSC que parece difícil de superar. (Foto:Archivo)
Los principales líderes políticos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) habrían creado desde hace varios años «plataformas de acción» con allegados que obtenían licitaciones y grandes negocios para cobrar millonarias comisiones que se repartían entre sí, estiman expertos consultados por UNIVERSIDAD.

Entre ellos se sospecha que estarían el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón y el también exmandatario Miguel Ángel Rodríguez quienes  habrían tenido importantes colaboradores en instituciones del Estado relacionadas con significativas empresas privadas.

Algunas de estas instituciones son la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

El presunto tráfico de influencias entre un grupo de altos personeros de dichas instancias y el sector privado habría quedado en evidencia como han denunciado la prensa y el Poder Judicial.
 

Un ejemplo es el caso de Eliseo Vargas, expresidente de la CCSS, quien confesó haber recibido comisiones por $105.000 de la Corporación Fischel para facilitar y tramitar la aprobación «relámpago» del Proyecto Finlandia mientras era diputado por el PUSC. También habría recibido $470.000 de Alcatel.

Otro de los que refleja este tráfico de influencias y obtención de comisiones es el caso de la firma Alcatel con el ICE, en el que salta a relucir el exdirectivo del ICE, José Antonio Lobo quien al parecer recibió $2,4 millones provenientes de esa empresa de origen francés.

El exfuncionario confesó a la Fiscalía General de la República que el exjefe de Estado Rodríguez le pidió el 60% de ese monto. (Ver en detalle los diferentes casos en el diagrama adjunto: «Red de influencias bien montada»).



MUY ORGANIZADOS



Tanto Óscar Aguilar, miembro fundador del PUSC, el exvicepresidente de la República, German Serrano, Olga Marta Mena, penalista, Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), el sociólogo Ronald Solís y uno de los líderes del Frente Interno de los Trabajadores del ICE (FIT), Ricardo Segura, coinciden en que las mencionadas estructuras existen incluso desde antes de darse el pacto Figueres-Calderón en 1994.

En ese año se oficializó un nexo entre los dos partidos mayoritarios que a la postre derivaría en una especie de «repartición de bienes», que se podrían obtener de instituciones públicas o aprovechamiento de ellas para negocios privados. En aquella oportunidad salió a la luz pública la división que habrían hecho del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) los partidos Liberación Nacional, al mostrar su interés por participar en el negocio de la energía y la Unidad Socialcristiana (PUSC), por quedarse con las telecomunicaciones.

No en vano el escándalo ALCATEL-ICE muestra el claro interés que tuvieron prominentes figuras del PUSC en la licitación de 400 mil líneas de telefonía celular, la mayor otorgada en el sector de telecomunicaciones de esta institución.

Para ello se nombrarían funcionarios de alto rango con amplia participación en el sector privado.

Sobre este tráfico de relaciones que involucra la movilización de capitales de millones de dólares –como se reveló en las últimas semanas por investigaciones judiciales y declaraciones dadas por imputados– se ha especulado sobre una posible participación del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Supuestamente esta entidad habría brindado información crucial a la Fiscalía General de la República sobre dichas transacciones financieras, lo cual niega tanto la Embajada Americana como el fiscal Francisco Dall’Anese.

La agregada de prensa de dicha embajada, Elaine Samson aseguró ante una consulta hecha por UNIVERSIDAD que «la DEA no tiene nada que ver con el caso que se presenta ahora porque se preocupa solo por asuntos ligados al narcotráfico, lo cual es diferente a lo que se ha investigado».

Dijo que «la DEA indaga sobre asuntos de lavado de dinero, pero siempre y cuando un asunto esté vinculado a las drogas. Para los casos de corrupción asociada a crímenes financieros el encargado es el Departamento del Tesoro, pero no hay una representación directa en Costa Rica para consultarlos directamente».



TENTÁCULOS QUE CRECÍAN



Para Óscar Aguilar no solo se debe ver «la corrupción campeante que existe en el PUSC, sino la que se da en lo que llamo el PLUSC porque también debe incluirse al Partido Liberación Nacional» (PLN).

«Los que formaron el PLUSC nos sacaron del PUSC. Hay que ver cómo manejaron el sistema financiero desde principios de los años 90» para su favorecimiento.

Incluso, aseveró que ya desde entonces se hablaba en las cúpulas políticas del tema de la reelección presidencial que se hizo una realidad en 1994.

«Hay que ver en las casas de quienes se impulsó el pacto Figueres-Calderón. El mismo Julio Rodríguez, columnista y encargado editorial de La Nación, fue quien escribió el texto del pacto oficializado en 1994. Él reconoció en su columna que estuvo en la reunión donde se fraguó este y se creyó el dedo de Dios», puntualizó el exlíder socialcristiano.

Para él, los ricos crean el PLUSC «porque conciertan los negocios» y al establecerse este contubernio se pierde un «asunto fundamental y determinante en una democracia que es la labor de fiscalización política que tiene un gobierno».

«Los que dimos una batalla en 1984 y 1985 contra el líder Rafael Ángel Calderón -a sabiendas de que no teníamos alguna posibilidad de ganar una lucha contra él- detentábamos una visión diferente de partido y ahora se están viendo las consecuencias de no haber cambiado las cosas».

Los antecedentes de lo que Aguilar denominó «una enorme sorpresa para los costarricenses» dados los arrestos que se dieron a los exmandatarios Calderón y Rodríguez se dieron con las aperturas institucionales en la banca, los apoyos al Tratado de Libre Comercio (TLC) y el citado pacto de mediados de los 80.

«La corrupción se da en el sector privado y público. La mayoría de América Latina está privatizada y grandes compañías pagan sobornos. No se debe caer en la trama de decir que el Estado no sirve y que debemos privatizar».

Este académico y político considera que se vislumbran organizaciones como la Tercera República y el Partido Acción Ciudadana (PAC) nacidas del pueblo que están proponiendo otro país.

También mencionó a la Cámara de Empresarios Pro Costa Rica de la que forman parte Juan Francisco Montealegre, Román Macaya, Patricia Zamora, Cristian Tattenbach, Laura Pérez, Carlos Solís y la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Nacionales.

A pesar de la corrupción, considera que la gente le ha perdido el miedo a decir la verdad y que todavía en el país existe una base moral, porque en otras naciones por lo acontecido «ya hubiera habido muertos».



HACER CASA APARTE



Para Germán Serrano, quien hasta hace pocos meses detentó el cargo de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS) más que defender al PUSC se debe imponer el interés por el país.

«Si el partido no se regenera habrá que buscar otros aleros, ante todo por la patria. El partido queda en segundo plano. No se trata de defender a la agrupación, sea dentro o fuera del PUSC», recalcó.

Sobre las acusaciones a los dos principales líderes políticos de este grupo dijo que no los juzgará antes que los tribunales de justicia. «Pero no cabe la menor duda de que habían dos personas que jugaban con el ICE y Alcatel y quien sabe qué m*s. (…) Si son culpables tendrán que pagar sus culpas».

«Cuando el fallo venga se sabrá si ellos fueron las cabezas o no de un tráfico de influencias y de varios robos. Sin embargo, nadie debe poner en duda el tráfico de influencias que existió sobre todo tomando en cuenta las declaraciones dadas por miembros del ICE».

Para Serrano, de comprobárseles algo deben quedar fuera del PUSC.



GRANDES PARTIDOS, MUERTOS



Olga Marta Mena, Vicedecana de la Facultad de Derecho en la UCR estima que tanto el PUSC como el PLN «están muertos políticamente. La Unidad mejor que ni se esfuerce en buscar un líder».

Compartió la visión de los consultados en el sentido de que «las instituciones nacionales fueron creadas con nobles fines pero ciertos seres humanos se brincaron las reglas hasta llegar a pervertir el sistema. Se nota el abuso de las juntas directivas, lo cual nos obliga a revisarlas».

«Estas personas que han estado metidas en política, ocupando puestos de tanta importancia, se han aprovechado de ellos. Se trata de una red mafiosa», aseveró.

Con esta crisis «la Asamblea Legislativa corre, se rasga las vestiduras y si tienen que aprobar una ley contra la corrupción lo van a hacer, aunque haya un proyecto legislativo engavetado desde 1994. Lo más seguro es que no lo revisarán bien, no tomarán en cuenta las reformas que se hicieron en 1997 en el Código Penal y se aprobarán tipos penales que no son los más adecuados».

Sobre las penas que podrían asignárseles a los principales acusados explicó que con la nueva ley sobre corrupción no se les aplicará a todos los imputados, porque desde el punto de vista penal cuando se realiza la acción, la legislación que está vigente es la que se aplica.

Considera que la Fiscalía General anterior fue complaciente y no tenía una política de persecusión como la posee el actual fiscal, Francisco Dall’Anese.

Advirtió que no se debe pedir penas tan altas porque «la aflicción que se vive en la cárcel es tan grande que con pocos meses o años una persona puede cambiar. Se ha demostrado que las penas largas de prisión no van a resocializar a alguien».



«SE TRATA DE UNA MAFIA»



«Lo que ha quedado en evidencia es que ya existía una especie de mafia organizada. Sus tentáculos cubrían muchas instituciones. Se ve que era un tráfico de influencias bien organizado, un grupo relativamente cerrado en el que había gente clave en asuntos claves», interpretó el sociólogo Ronald Solís.

Puso como ejemplo a Walter Reiche, quien es el presidente ejecutivo de la Corporación Fischel, también estaba nombrado en la junta directiva de Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) desde donde presuntamente podría ejercer influencias.

Consideró que existen dos tipos de corrupción en el caso analizado: uno en el que se cobraban comisiones y otro en el que se podía traficar influencias como con instituciones que parecen muy técnicas. Entre estas citó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) o el ICE.

Para Solís, la Contraloría General de la República tiene que ser replanteada «y que no solo controle al honesto sino al sinvergüenza».

«Existe una coincidencia ideológica, de estructuras y representaciones entre los que están ahora apresados y los que han impulsado el TLC».

Por otra parte, «la Superintencia General de Entidades Financieras (SUGEF) no ha controlado nada con respecto a la banca ‘off shore’ ni los bancos privados que es donde más se han movido las influencias».

El sociólogo consideró que los nexos inconvenientes entre las empresas y el sector público comenzó con  mayor énfasis durante la gestión del expresidente Óscar Arias con el caso de la telefonía cellular Millicom».

El expresidente firmó en 1987 el decreto 268 que le permitió en Costa Rica utilizar una banda ancha para telefonía celular a la compañía estadounidense Millicom. «Él violentó la Constitución Política porque se comprobó que lo sucedido fue ilegal. Por eso Millicom se tuvo que ir del país en 1995 cuando se hizo una huelga».

Para Ricardo Segura, del FIT, se está ante una crisis muy grande de la estructura bipartidista que se va a ir fracturando cada vez más tanto en el PUSC como en el PLN.

«A los ciudadanos en general les queda llegar al poder por otras vías porque, de lo contrario, el sistema democrático va a sufrir muchísimo. La gente cada vez más se mostrará desconfiada y los partidos emergentes tendrán una gran oportunidad de ver qué le plantean a la ciudadanía ante el desastre político que ocurre».