La empresa Alterra Partners debe invertir $180.2 millones a lo largo de 20 años en el aeropuerto Juan Santamaría, para cumplir con el contrato firmado con el Estado.
Después de cuatro años de haber firmado el Estado costarricense un contrato multimillonario a 20 años plazo para desarrollar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, las obras para mejorarlo se encuentran estancadas y el proyecto no «aterriza»: existe un serio desacuerdo contractual entre las partes, y las consecuencias para los usuarios podrían volverse caóticas en los próximos meses.

Autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) encabezadas por su jerarca, Alex Solís, realizaron la semana pasada un recorrido por la terminal, en donde verificaron el incumplimiento de las obras pactadas en el contrato.

Debido a un diferendo de carácter financiero entre la empresa encargada del desarrollo del Juan Santamaría -Alterra Partners- y la contraparte estatal -Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)- las construcciones se encuentran paralizadas desde agosto del año pasado.
 

La inspección de la Contraloría corroboró que el avance del proyecto es de apenas un 36% y por eso existe preocupación de que el aeropuerto entre en una fase crítica de operación, ante la cercanía de la temporada alta de turismo.

Mientras unos le echan la culpa a los otros por el retraso de las obras, los usuarios continúan sin poder disfrutar de un aeropuerto cómodo y moderno, acorde con las necesidades que demanda el creciente tráfico de personas y carga.

El cumplimiento de este contrato ha sido problemático desde que ambas partes lo firmaron en el 2000, aparentemente debido a la complejidad de sus términos contractuales.

Una prueba de su enrevesamiento son las constantes renuncias de las personas designadas como inspectoras generales del contrato; la última fue la de Arnoldo Camacho, quien abandonará ese cargo a partir del 1 de diciembre venidero, tras estimar que la gestión del contrato está en una fase legal y es poco el aporte que podría hacer en materia financiera y técnica.

Al consultársele acerca del entrabamiento, Camacho aseguró que «solo con una resolución al nivel más alto o de tipo legal, se puede trabajar en el contrato. La alternativa es la resolución legal, vía arbitraje en un tribunal, o una renegociación, y veo que está difícil la situación en cualquiera de los dos campos».

Cabe mencionar que algunos aspectos financieros pactados en el contrato,  podrían ser modificados por el fallo de un tribunal arbitral al que acudieron las partes y que estaría por pronunciarse en las próximas semanas.

Tanto la Contraloría General como el exdiputado Guillermo Constenla, han criticado la decisión de llevar estos asuntos a un tribunal arbitral, ya que el fallo podría anular las potestades del órgano contralor y modificar el contrato en contra de los intereses del país.

Vale recordar que Constenla fue el presidente de la comisión especial legislativa que investigó el contrato con Alterra Partners, mediante el cual se llevaría a cabo una inversión por $180.2 millones en el aeropuerto durante 20 años.

El mencionado informe legislativo de mayoría -presentado días antes de que asumiera la presidencia Abel Pacheco- detectó serias irregularidades en el desarrollo y cumplimiento de esta contratación, y por ello recomendó imponer sanciones morales y políticas a funcionarios del gobierno anterior.

Entre estas personas se encontraban el entonces mandatario Miguel Ángel Rodríguez; el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Castro; el presidente del CETAC, Eliécer Feinzaig; el contralor general, Luis Fernando Vargas; y miembros del CETAC.



CONTRATO POCO VIABLE



En cuanto a la viabilidad técnica y legal del llamado Contrato de Gestión Interesada para la administración del aeropuerto Juan Santamaría, se le preguntó al renunciante inspector general -Arnoldo Camacho- si este proyecto nació mal diseñado.

Según Camacho, este es un texto complejo y de distintas interpretaciones, una primera experiencia para el país con un acuerdo de este tipo. «Hubo algunas modificaciones introducidas en la redacción final del contrato, que tal vez lo hacen de difícil implementación».

Para el inspector general, este proyecto es vital para el país y el gobierno debe entrar a revisar el contrato para determinar si es posible restablecer su equilibrio financiero.

Por su parte, el abogado y director legal de Alterra Partners, Uri Rudelman, negó -acompañado de la directora de asuntos corporativos,  Andrea Benavides- que el proyecto naciera mal, aunque sí aceptó que sufre de algunos problemas.

Uno de ellos -dijo- es que «quizás en Costa Rica no haya suficientes consensos en relación con la concesión a privados de servicios».

Por otro lado -agregó-, «me parece que para un país con tan poca experiencia en concesiones -que es una forma más amplia que incluye la gestión interesada-, haber empezado con este proyecto -que es tan complicado y que tiene tantas partes involucradas- es muy complicado».

Respecto de las renuncias de los inspectores generales del contrato, Rudelman lo atribuyó a que no debe ser fácil para funcionarios técnicos estar sujetos a presiones políticas y rechazó que hubiera presiones por parte de esa empresa, dado que «nosotros tenemos una relación contractual; entonces, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo».

Sobre el informe de la comisión legislativa, el abogado lo calificó de sesgado. «No trató de llegar a la verdad de los hechos, sino que interpretó la verdad que más le convino. Pero, lo acepto y lo respeto como control político».



¿CUMPLIMIENTO?



Al defender el cumplimiento del contrato, Rudelman sostuvo que la empresa «ha cumplido plena y cabalmente con sus obligaciones, en el tanto su contraparte contractual se lo ha permitido».

En torno a las críticas que planteó en un informe de marzo del 2003 la Contraloría General por el incumplimiento de obras, manifestó ser respetuoso de lo que este órgano dice, pero no lo comparte. «Técnicamente no creemos que esté sustentado y una vez que sale dicho informe los bancos que financian el proyecto consideran que hubo un cambio de interpretación por parte del Estado, y que eso va a impedir que se produzcan los ingresos necesarios para repagar el crédito; por eso nos informan que suspenderían los desembolsos, que son los fondos que se utilizan -junto con los aportes de capital de los accionistas- para realizar las obras».

Entonces -agregó-, «si el Estado de Costa Rica -a través de una de sus instituciones- genera un informe que viene a cambiar el entendimiento de las partes del contrato -incluyendo el acuerdo expresado con los bancos en su oportunidad- y a raíz de eso se suspenden los desembolsos nosotros detenemos las obras hasta que se aclare la situación».

Vale mencionar que el diferendo surgido entre las partes, se debe a que el Consejo Técnico de Aviación Civil le aprobó a Alterra un modelo de  proyecciones financieros con cambios y correcciones que elevaban los gastos de desarrollo y financiamiento de $3.4 millones -estipulados en el contrato- a $18.6 millones.

De igual manera, se le concede un préstamo de $12.4 millones con fondos que le corresponden al CETAC para el mejoramiento de  aeropuertos. Rudelman desmintió que esta cifra fuera un préstamo y la atribuyó más bien a un «diferimiento» hacia esa empresa de los ingresos del CETAC.

En un informe de marzo del 2003, la CGR detalla una serie de errores e inconsistencias en la fijación de diversas tarifas aeropuertarias, las cuales deben ser corregidas por la administración de la terminal aérea.

Rudelman explicó que a febrero del 2003, los desembolsos de los entes financieros alcanzaron la suma de $90 millones, más $32 millones aportados por los accionistas, para una inversión total de $122 millones.



CETAC CUESTIONADO



«Si el CETAC -que es nuestra contraparte- o la Contraloría -como órgano máximo de fiscalización- hubieran dicho en el 2001 que no aprobaban el plan financiero o esa resolución del CETAC, entonces  tal vez los accionistas y los bancos hubieran dicho no corremos el riesgo y no invertimos», reclamó.

Su queja apunta hacia el CETAC, como instancia en alguna medida culpable de los conflictos contractuales que se han dado en la ejecución del contrato con Alterra, pues algunas decisiones se tomaron bajo criterios políticos y en contra del criterio técnico del Órgano Fiscalizador de la Gestión Interesada (OFGI), encargado de vigilar el cumplimiento de los términos en que se pactó el acuerdo.

Estos señalamientos los ha hecho la Contraloría y el informe legislativo, el cual censuró algunas de las acciones tomadas y que lo lleva a afirmar que el CETAC «pareciera más interesado en ver cómo le mejora las condiciones financieras del negocio al Gestor,  en vez de velar por el interés público, por el interés de los usuarios del aeropuerto, que en última instancia son los que pagarán tales excesos a favor del Gestor».

El malestar de dicha comisión quedó de manifiesto al recomendar «sancionar moral y políticamente  a Eliécer Feinzaig en su condición de Presidente del CETAC, por haber suscrito con  la «International Finance Corporation» (IFC) del Banco Mundial, ente acreedor del Gestor, un documento denominado ‘Memorandum de Entendimiento’, comprometiendo al CETAC, sin haber contado con la autorización previa de dicho órgano colegiado para tal acto, tal como es lo atenido a derecho».

En relación con el papel del CETAC como contraparte, opinó que este «ha convertido el órgano fiscalizador (OFGI) en un brazo ejecutor, en otra Dirección General de Aviación Civil, y eso ha deslegitimado la función de fiscalización».

Precisó que el OFGI solo ha vigilado el cumplimiento del contrato por parte de Alterra Partners, pero no el del CETAC.

Por otro lado, el director legal de Alterra Partners rechazó que en algún momento esa firma pagado comisiones de algún tipo a funcionarios, durante la implementación del contrato.

Reclamó que quedan pendiente de cumplir algunas obligaciones contractuales por parte del Estado, como permitirle a la empresa recuperar sus inversiones a través de las tarifas, las cuales no han variado desde el 2002 unas, y desde diciembre del 2003 otras.

Mientras se resuelven las diferencias entre el Estado y Alterra, las únicas inversiones que se realizan son en seguridad del aeropuerto, detalló Rudelman.