Las presidencias ejecutivas, como la que tiene el INS, podrían ser eliminadas para evitar la injerencia política desde el Poder Ejecutivo.
La eliminación de las presidencias ejecutivas en todas las instituciones del país es un tema prioritario para eliminar la inconveniente influencia que el Poder Ejecutivo pueda transmitir a través de ellas.

Así lo concluyen varios políticos y académicos universitarios consultados por UNIVERSIDAD quienes basan sus criterios en un proyecto que en tal sentido creó la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR).

De hecho, la mayoría de las entidades autónomas del Estado se encuentran concentradas en este momento por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). (Ver gráfico aparte: «Oficialismo entronizado»).

Como un aporte al cambio de una realidad institucional que debe ser modificada con la mayor prontitud, esa unidad académica elaboró una propuesta a principios del año pasado basada en un profundo estudio hecho por el especialista en administración, Max Gutiérrez.

En su estudio «Restauración del modelo de empresas autónomas del Estado» explica cómo el regimen de instituciones autónomas se vieron seriamente modificadas desde la promulgación de las leyes 4646 (conocida como la «Ley 4-3») del 20 de octubre de 1970 y la legislación 5507, del 19 de abril de 1974.

Para Gutiérrez, al darse este cambio se perdió la visión de largo plazo que los gerentes de cada entidad tuvieron desde 1949 según un Estado empresario que desarrolló los servicios públicos, la electrificación, las telecomunicaciones, la salud, la vivienda y los ferrocarriles, entre otros ámbitos.

Con la promulgación de las citadas leyes se abrió un nuevo espacio para el protagonismo de los partidos políticos en las instituciones autónomas.



APOYO POLÍTICO



La bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) fue la primera en apoyar desde el año pasado la iniciativa de la UCR. La encargada de estudiar el tema ha sido la diputada Ruth Montoya quien presentó un proyecto legislativo para derogar la ley 5507 que crea las presidencias ejecutivas.

En su propuesta, fechada 20 de noviembre del año anterior, hace ver que se mantendrán en el cargo los actuales presidentes hasta que termine el presente gobierno. Posteriormente esos puestos desaparecerán.

«Lamentablemente hay un gran porcentaje de algunos directores de instituciones autónomas que responden al clientelismo político. Se les nombra porque contribuyeron en la campaña de algún candidato presidencial o hicieron algún favor y esto no puede ser más», destacó Montoya.

La iniciativa parlamentaria de la legisladora permite que la juntas directivas sigan funcionando «porque es obvio que son necesarias para conducir una institución».

Además, el proyecto establece modificaciones para que desde el presidente hasta los directores de cada directiva tengan los atestados -académicos y la honorabilidad- necesarios para ocupar cada cargo.

Montoya asegura que una empresa especializada en selección de ese tipo de puestos podría ser una opción para lograr la idoneidad de los escogidos en cada entidad autónoma.

«El proceso de selección deberá ser público para que cualquier persona vigile y proponga sobre la escogencia. Tendrá que ser un proceso transparente y no una nueva forma de favorecer mediante la empresa privada a ciertas personas».



CON VARIANTES



Federico Vargas, jefe de fracción del PUSC dijo estar de acuerdo en que el proyecto de Montoya vaya a la Comisión de Gobierno y Administración, aunque prevé que presentarán una moción de la cual no quiso entrar en detalles.

«Será algo que no cambiará el fondo de la propuesta. La mayoría de nuestros diputados está de acuerdo en que debe cambiarse la ley 4-3, que en principio estaba basada en la alternabilidad del poder en las juntas directivas por cada cambio de gobierno», puntualizó.

Sin embargo, en los últimos años se ha roto la alternancia en el poder de los partidos tradicionales -el PUSC y el Partido Liberación Nacional (PLN)-, particularmente del gobierno del exmandatario Miguel Ángel Rodríguez al actual presidente Abel Pacheco.

De ahí que para Mayela Cubillo, directora de la Escuela de Administración Pública en la UCR, lo importante es mantener la visión de largo plazo con proyectos y objetivos muy claros en la función pública, «algo semejante a lo que hacían los gerentes antes de 1970» cuando se dio un gran progreso infraestructural y humano en el país.

Informó que los jefes de relaciones humanas en diversas instituciones estatales establecen una red de apoyo a este proyecto para despolitizar el trabajo en la función pública.

Además, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) nombró algunas comisiones para hacer encuestas sobre el tema cuyos resultados serán dados a conocer en la Asamblea Legislativa.

«Es muy importante cambiar esa figura central para que no tome represalias por asuntos de clientelismo político o creencias ideológicas», dijo Cubillo.

Otras jornadas de trabajo complementarias a la propuesta universitaria inicial se harán el 12 y 19 de este mes bajo la coordinación del Centro de Investigación y Capacitación de la Administración Publica (CICAP).

Los resultados se le darán a conocer a la Primera Vicepresidenta de la República, Linneth Saborío.



FILTRAR INCONVENIENCIAS



«En principio es necesario un cambio pero se debe revisar bien cómo se dará el control ciudadano para la escogencia del presidente y los directores de una junta directiva», consideró Luis Ramírez, jefe de la fracción liberacionista en el parlamento.

«No podemos hablar de una participación abierta y pura, abstracta. No es cualquier grupo el que debe participar, tiene que ser el que posea poca relación política con los seleccionados. Ese mecanismo es el que queremos definir».

También los integrantes del Movimiento Libertario (ML) consideran conveniente especificar el mecanismo de escogencia de las directivas.

Carlos Salazar, el jefe de los libertarios, considera que se debe «buscar un esquema de participación entre actores políticos y no políticos. Habrá que establecer una comisión para los nombramientos que opere a través del Poder Ejecutivo y que se ratifique en el Legislativo».

Pese a la observación, el representante dijo que el proyecto legislativo presentado por Ruth Montoya contará con el apoyo del ML.

UN PASADO MEJOR
Antes de las reformas legislativas hechas en 1970 el funcionamiento institucional de las entidades autónomas –pilares del sector público– era muy eficiente y progresista.

Según un trabajo hecho por docentes y estudiantes de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) desde 1949 hasta 1970 predominó una visión estadista  “que concibió una forma particular de organizar aquellos recursos del Estado destinados a garantizar la efectividad de las políticas públicas a largo plazo”.

En el fascículo ”Restauración del modelo de empresas autónomas del Estado”, el especialista en el tema, Max Gutiérrez, asegura que el Estado empresario, representado por la acción de las instituciones autónomas creó en los primeros 25 años una inversión en infraestructura, logrando “las condiciones que requería la iniciativa privada”.

De manera que en el lapso supracitado estas instituciones lograron desarrollar un papel protagónico en diversos campos como la electrificación, las telecomunicaciones, la salud, el agua potable, el alcantarillado sanitario, la educación y la vivienda.

También se cuenta los ferrocarriles, la distribución de la tierra, la banca, los puertos y la compensación de precios entre otras actividades estratégicas para superar las profundas carencias que en materia de desarrollo padecía el país.

Pero Gutiérrez asegura que con la promulgación de las leyes 4646 (”Ley 4-3”) y la 5507 ”se lesionó severamente la autonomía administrativa de las instituciones autónomas y desapareció la visión a largo plazo inherente a este modelo”.

Considera que “colocar en manos de un funcionario que depende para todas sus actuaciones del Consejo de Gobierno, la ejecución de los acuerdos de la junta directiva de una institución autónoma constituyó claramente la enajenación real y efectiva de la independencia administrativa, último reducto constitucional de la autonomía estipulada en el artículo 188 de la Constitución Política”.