La principal conclusión de la encuesta es que la gente valora positivamente la denuncia e investigación  de la corrupción  en altos niveles del gobierno y los partidos políticos.

De quienes se han presentado a la opinión pública como precandidatos a la presidencia por los diferentes partidos políticos, ninguno alcanza un porcentaje considerable para creer que cuenta con las preferencias de la población votante, según la última encuesta realizada en la Universidad de Costa Rica.

Cuando se le preguntó a la gente ¿quién le gustaría para candidato a la presidencia en las próximas elecciones? más de la mitad (57,1%) no supo señalar  alguna persona en concreto  y un 2,1% dijo que no había nadie para candidato a la presidencia de la República  para las elecciones del 2006.

El personaje que recibió el porcentaje más alto fue Oscar Arias Sánchez con apenas un 11,2%, seguido de Antonio Alvarez Desanti con un 8,3%, ambos del Partido Liberación Nacional (PLN). Sin embargo, la directora del IIS, Ciska Raventós Vorst,  dijo que debe tomarse en cuenta que al momento de realizar la encuesta aún no se conocía de las comisiones recibidas por personeros del PLN, entre quienes está el expresidente José María Figueres Olsen y la exsecretaria general del partido Carmen Valverde.

El tercer lugar fue para Otón Solís Fallas, del Partido Acción Ciudadana (PAC), con un 4,5%  y el cuarto para Otto Guevara Guth del Partido Libertario con un 3,6%.

Del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) no se menciona como posible candidato ninguna persona.

Además se hizo referencia a Francisco Dall»Anesse, Fiscal General de la República,  con un 2,6% y a Rodrigo Madrigal Nieto con un 1,2%, mientras un 1,9% dijo que le gustaría fuera alguna mujer.

Así mismo, se le preguntó a la gente sobre la disposición a participar en las próximas elecciones  nacionales y un  37,7% dijo que votará, un 39,2% expresó que lo está pensando y un 23,1% manifestó que no lo hará,  porcentaje que en una encuesta realizada en febrero del 2003 fue de apenas un 7,1%. Entre las razones aludidas para no votar o estarlo pensando, se mencionó la pérdida de confianza y la decepción por los casos de corrupción denunciados, la desconfianza en los políticos y las opciones políticas.

Respecto a la responsabilidad de la corrupción, un 80,7% señala a dirigentes del PUSC y  59,3% a los del PLN, pese a que a esa fecha no había sido «involucrado el expresidente Figueres en la recepción de premios por parte de ALCATEL, en tanto que tuvieron mucho protagonismo los casos de los expresidentes Calderón y Rodríguez, lo cual incide en las calificaciones de los partidos mayoritarios», reza el documento entregado a la prensa el jueves 4 de noviembre.

También un 77,1% endilga esa responsabilidad a los directivos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 67,1%  a los diputados, 63,6% a empresarios privados, mientras  30,2% dijo que todos somos responsables y 24% indicó a votantes del PLN y el PUSC.

La encuesta fue hecha por Ciska Raventós Vorst, Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, Olman Ramírez Moreira y Raúl García Fernández del Instituto de Investigaciones Sociales  (IIS), entre el 20 y el 27 de octubre, mediante un  sondeo telefónico. Esto para conocer las opiniones de la ciudadanía respecto  de los escándalos  de corrupción denunciados por la prensa nacional, en los cuales se habían visto involucrados dos expresidentes de la República del PUSC, Rafael Angel Calderón Fournier y Miguel Angel Rodríguez, quienes actualmente guardan prisión preventiva.



DENUNCIA ES POSITIVA



Mediante la encuesta también se midió la percepción de la gente del efecto  para el futuro del país de las denuncias de los actos de corrupción y un 82% lo consideró positivo. Casi dos terceras partes opinan que la exposición pública  de los actos de corrupción  contribuirá a que se evite en el futuro, en la medida en que los políticos tendrán más reparo en involucrarse. Una cuarta parte destacó que es importante que se esté investigando y que la ciudadanía esté enterada. Menos de la décima parte identificó  razones asociadas  al fortalecimiento  de la democracia y al estado de derecho.

Para quienes realizaron la encuesta, es interesante que las personas depositen más confianza en el «escarmiento» que en la posibilidad de consolidar el estado de derecho. Sin embargo, para Mario Carazo Zeledón, Director de Transparencia Internacional, esto es muy grave pues «la corrupción no se corrige sancionando, aunque la impunidad no debe prevalecer, se debe pensar en la necesidad de una reforma del Estado y de las actitudes, así como de las instituciones políticas». El citó la encuesta durante su participación en el panel sobre «Etica pública y privada: hacia una transparencia necesaria», realizado al día siguiente de publicada la encuesta (5/11) en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas (ver nota aparte).

También se preguntó  sobre la actuación de algunos sectores que han tenido protagonismo en las denuncias de corrupción, donde la mejor calificación (8,30) fue para los medios de comunicación. Por su parte, Dall»Anesse recibió una nota promedio de 7,80, mientras al Presidente de la República, Abel Pacheco, le dieron solo un 6,16.

Además se midió la confianza en que el Poder Judicial enjuicie adecuadamente a los responsables de los actos de corrupción, pero esta apenas fue del 37,10%. También se mostró poca confianza en  que los partidos políticos controlen a sus representantes (38,30%)  o tomen medidas para evitar que se vuelvan a repetir estos hechos (36,70%).

En cuanto a la empresa privada, solo un 18,10% confía en que esta deje de pagar sobornos a los funcionarios.

Respecto a quien puede resolver la corrupción del país, el 44,5% manifestó que nadie. Las demás respuestas a esta interrogante son interesantes pues reflejan diferentes concepciones socioculturales de la población. Un 12,4% dijo «nosotros, todos, el pueblo»; 12,1% afirmó que la justicia, la ley y los controles;  8,8% lo adjudicó a Dios y la iglesia; 8,1% a líderes, gobernantes y dirigentes mientras otro tanto respondió que no sabe.

Otra variable del sondeo fue el grado de sorpresa ante las denuncias de corrupción y el 55% dijo que fue mucha, por los políticos  involucrados, mientras un  27% manifestó no haberle sorprendido. Las más sorprendidas fueron las personas  de menor nivel socioeconómica y educativo, mientras quienes tenían mayores niveles lo hicieron menos, dado que se sabía que se venía dando, pero lo novedoso es que se esté investigando, manifestaron.

Carazo dijo que este grado de sorpresa es grave porque la corrupción es cosa de todos. «Es un proceso degenerativo de normas, costumbres, compromisos y valores que se manifiesta de muchas formas», desde los pequeños pagos para recibir favores, aunque se aplica con mayor énfasis a las actuaciones del sector público, pero no es exclusiva de éste.

Es de destacar que quienes  tienen menor nivel socioeconómico  refieren más la noción de robo, en tanto las personas de mayor nivel  le dan mayor peso  al aprovechamiento  de cargos públicos

Sobre el grado de afectación  que tiene la corrupción en distintos ámbitos, la gente refirió con un alto porcentaje  los ámbitos sociales comunes (la cultura, los valores y la vida política) con más del 92%, así como el desarrollo de negocios en el país (82,9%) y la vida personal y familiar (64,5%).

La encuesta también permitió saber qué entiende la población costarricense  por corrupción en la coyuntura de los actuales escándalos. El concepto está fuertemente asociado al robo, desfalcos y fraudes (44%); actos contra la ley, la moral y la honestidad (30%); y aprovechamiento de cargos públicos (20,2%).