Monserrat Sagot Rodríguez,comentarista; Rodrigo Rivera Fournier, moderador; y Enrique Obregón Valverde, panelista.
«Nuestros políticos gobiernan hacia arriba. Le robaron la fe al pueblo en la democracia. Si fuera Presidente de la República pediría que se aplicara pena mayor para los delincuentes que ejerciendo la función pública  y abusando del poder político que tenían se han enriquecido», aseguró Enrique Obregón Valverde, exministro de gobierno, durante su participación en el panel «Etica pública y privada: hacia  una transparencia necesaria», realizado el pasado viernes 5 de noviembre en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Obregón planteó la necesidad de hacer la diferencia entre ética y moral pues considera que no son esencialmente conceptos intercambiables. «De lo que se está hablando es de una mala administración pública, es decir de actos inmorales, por eso es posible que sea más acertado solicitar que se determinen las causas y los retos de la falta de moralidad en la función pública con la actividad privada, o sea, de la inmoralidad».

Agregó que cuando se pisotean los objetivos sociales que persigue la democracia también «marginamos los fundamentos morales, pero la causa primaria es política y no moral. El gobierno democrático solo tiene razón de ser y justificación si se ejerce en beneficio de las grandes mayorías populares. «Si olvidamos estos fines y constituimos un gobierno para los empresarios, como ha sucedido en el transcurso de al menos los últimos 25 años, estamos distorsionando los objetivos democráticos», aseguró.

Sus planteamientos sobre la ética y la moral fueron retomados por la comentarista del evento, Monserrat  Sagot Rodríguez, socióloga integrante del Consejo Universitario y única mujer en la mesa principal, integrada por siete personas.

Para Sagot, «la supuesta norma de la objetividad,  con la que se ha movido muchísimo de nuestro sistema legal  y público, lo que ha hecho es perjudicar a quienes son más vulnerables y desprotegidos. Es decir, se ha tratado como iguales a lo que en la práctica es desigual. Por algo nuestro pueblo siempre ha dicho  que las cárceles están llenas de pobres», aseguró.

Agregó que «las personas que están en la función pública deben  ser juzgadas y castigadas, lo más  severamente posible, porque lo que hicieron no fue solamente ilegal sino también inmoral, porque pervirtieron el sentido de su función pública, traicionaron la confianza de la ciudadanía y contribuyeron a desprestigiar la política y lo político».

Entre algunas de las causas de esta ilegalidad e inmoralidad citó, en primer lugar, el cambio que se dio en  la concepción de la empresa privada,  donde «de repente se le empezó a definir como suprema y casi como sagrada, la cual consideramos como lo mejor, lo más fácil y lo más justo  para la distribución de la riqueza nacional, sustituyendo de esa manera al Estado redistributivo por la empresa y el mercado, lo que abrió espacios para la corrupción y la perversión del sentido de la función pública. Es decir, le asignamos un grandísimo poder a la empresa privada y a las transnacionales, el cual le quitamos a la ciudadanía al quitárselo al Estado, con lo cual creamos las condiciones para la corrupción» y a partir de ahí se crearon mecanismos perfectamente estructurados para hacer aparecer  la corrupción como lo normal, lo natural, lo esperable, enfatizó.



REMOVER LOS POLÍTICOS



Por su parte, Edgar Roy Ramírez, filósofo y  profesor de la Facultad de Letras, afirmó que los servidores de la patria se dedicaron a servirse  de ella. «El que cualquiera pueda ser presidente en una democracia no quiere decir que el presidente  tenga que comportarse como un cualquiera. Si no podemos elegir a los mejores al menos hay que establecer los mecanismos para que nos hagan el menor daño posible», expresó.

Propuso como medidas contra la corrupción, reducir la campaña política a un mes para que pueda ser financiada por el Estado y generar mecanismos  para remover a los políticos cuando no cumplan adecuadamente su función.

En el panel también participó Mario Carazo Zeledón, director de Transparencia Internacional, quien planteó promulgar la  ley de acceso a la información, que debe ser un derecho efectivo pues es un elemento esencial de transparencia y gobernante está obligado a informar y  a satisfacer la  necesidad de la ciudadanía de informarse. Esta ley tendría un segundo componente que es el  de la protección a la intimidad de las personas.

También sugirió establecer una auditoría ciudadana, promover la transparencia  en todas las actuaciones y relaciones sociales, fortalecer la justicia y los controles y generar una cultura de rendición de cuentas, pues es el momento preciso para ello.



REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA



Roger Churnside Harrison, economista, profesor  del Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, propuso reinvertir la carga de la prueba para los jerarcas, que actualmente les permite despreocuparse de la función en las organizaciones que dirigen ya que no se sienten presionados  a  supervisar y exigir normas  de comportamiento adecuadas a sus subalternos.

Se trata de la presunción de inocencia, que les permite decir que no estaban enterados y que otros intervinieron en los acontecimientos corruptos. «Es casi imposible o sumamente caro demostrar la culpabilidad de un jerarca, la consecuencia de esa presunción es que estos solo dan la cara y  asumen responsabilidades cuando les conviene. Por tanto, se debe cambiar esa presunción para que los jerarcas en principio sean responsables y culpables de todo lo que ocurre bajo sus manos, puesto que para eso se les paga. Son ellos quienes  deben demostrar que no son responsables o culpables de lo que ocurre en su organización. Quienes creen que esa presunción es injusta deben buscar otras funciones y no ser jerarcas. Con esta presunción no estarían tantos desesperados por ser jerarcas y aumentaría la eficacia, la eficiencia y la productividad de las instituciones porque estos puestos estarían en manos de personas que ejercen la vigilancia adecuada», aseguró.

Considera que este cambio es difícil, pero a través de la participación ciudadana y de la acción democrática se puede impulsar la toma de estas decisiones. Sin embargo, señaló como lo más importante revisar  los valores, las  actitudes y las prácticas profesionales  de los jerarcas, quienes gozan de demasiados privilegios y una serie de protecciones,  tanto en la empresa pública como en la privada, que impiden que rindan cuentas.

Otras sugerencias de los panelistas fueron modernizar el Estado con el fin de fortalecer los procesos de rendición de cuentas y desarrollar la ética en la calidad pública y la necesidad de fomentar relaciones y principios de lealtad y solidaridad, de desarrollo humano y de gobernabilidad.

Este panel es parte del «Foro Nacional  sobre la Gestión Pública, Etica y Gobernabilidad: Tareas Estratégicas del Estado y Sociedad Costarricense para el siglo XXI», organizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) y la Escuela de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR.

Este continúa el viernes 12 de noviembre  con el panel «Retos y Desafíos  de una Gobernabilidad para el Desarrollo», día en que se trabajará en mesas para sacar las conclusiones sobre el tema, las cuales serán parte de un documento que la UCR elaborará sobre la temática.