Los integrantes de Instancia Socialdemócrata consideran que debe impulsarse un nuevo modelo de desarrollo para sacar al país del estancamiento.
Un modelo de desarrollo que retome los principios socialdemócratas que buscan una distribución más equitativa de la riqueza nacional y un mayor impulso a la injerencia de la ciudadanía en las grandes decisiones del país, es lo que propone la Instancia Socialdemócrata.

Este es un grupo de 11 intelectuales y profesionales quienes desertaron la semana trasanterior del Partido Liberación Nacional (PLN) por considerar que este grupo político se alejó absolutamente de los fundamentos y el accionar de un verdadero grupo socialdemócrata.

El detonante fue su desacuerdo con el fraude electoral que se dio en las elecciones distritales de esa agrupación política orientadas hacia las elecciones nacionales.

Entre algunos de los disidentes se encuentra Josette Altman, historiadora y exprimera Dama de la República, el economista Juan Manuel Villasuso, el economista Olivier Castro, el médico y expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Guido Miranda y la socióloga Felisa Cuevas.
 

Este grupo, nacido en mayo de 2002, considera que el modelo de Estado que existe y que fue muy exitoso desde 1949 hasta finales de los años 70, ya no tiene cabida.

«Tenemos una Sala Cuarta muy fuerte que influye en la Asamblea Legislativa y un Poder Ejecutivo maniatado por resoluciones de la Contraloría General de la República», aseveró Cuevas.

Los integrantes de la Instancia hicieron énfasis en que los actos de corrupción ocurridos en las últimas décadas -junto con los recientes procedimientos judiciales seguidos a altos funcionarios públicos, expresidentes y empresarios- los hizo alejarse del PLN, al que consideran una simple maquinaria electoral.



RECOBRAR EL NORTE



Para Villasuso, luego de la pérdida de Liberación en la pasada campaña electoral se deben recobrar las banderas que siempre distinguieron al movimiento socialdemócrata.

«Se deben retomar los grandes temas como la política fiscal, la económica y la social», destacó.

El ideario de la Instancia Socialdemócrata incluye la visión de cómo se crea y distribuye la riqueza, lo cual «significa que los empresarios y trabajadores la generan y que ambos grupos sean responsables del crecimiento del país y no solo los empresarios».

«Debe haber un enlace entre estas dos agrupaciones; no puede ser que los empleados sean siempre los perdedores».

Villasuso explicó que «por supuesto debe existir una responsabilidad grande del Estado para servir a los sectores más débiles en los aspectos básicos como la vivienda, la educación y la infraestructura».

Sobre el tema ético recalcó que lo anterior debe ir complementado con un comportamiento moral en la función pública» que no se reduce solo a la legalidad, porque existen actos incorrectos que no son ilegales, pero sí inmorales».

Para cumplir con este código ético se deben aplicar sanciones específicas. «Si un presidente del Banco Central -dice Villasuso- toma una decisión en el campo monetario que beneficia solo a los ricos y perjudica a los pobres, debe aplicarse un reglamento ético que permita despedirlo.

«No se puede seguir con una tendencia tradicional de que los tribunales fallen para tomar decisiones morales» porque esto se presta para faltar a la ética, dijo.

La tendencia a favorecer a los grupos oligárquicos se da desde hace varias décadas, consideró el economista. «Cada vez quieren más, pero no podemos permitir que una sociedad se construya sobre esas bases y relaciones viciadas».



CAMPEANTE CORRUPCIÓN



Un ejemplo de lo que está mal y se debe cambiar lo antes posible, es que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no haya hecho nada respecto del fraude electoral cometido en las pasadas distritales, aseguró Villasuso.

«Ahora se quiere llevar al comité de ética a quienes denunciaron ese fraude. Es algo ridículo e increíble. Y el proceso electoral seguirá hacia la escogencia de los delegados nacionales» como efectivamente sucedió el pasado 13 de noviembre.

«El fraude en más de 300 mesas electorales está reñido con las bases del PLN. Esto nos hace ver que dentro del partido no hay espacio para los ideales de una redefinición política», opinó Guido Miranda.

De ahí que ellos consideran fundamental en la formación de este nuevo grupo socialdemócrata rescatar la Carta Ideológica que se definió en 1994 en el Congreso Nacional «José Figueres Ferrer» y que se aprobó en 1998, según dijo Josette Altman.

«Estoy segura que la mayoría de los líderes de Liberación no saben cuáles son los principios socialdemócratas que deberían regir su quehacer político por el bien del país».

Altman aseveró que por eso se retiró del PLN, ya que percibió que no hay espacio «para hacer cosas buenas. Se abandonaron los principios más importantes, la visión de largo plazo para el beneficio de una gran clase media y de los más pobres para convertirse en una maquinaria electorera que por sí misma no tiene sentido».

Para ella, un debate que urge, dada esa desorientación ideological, es si se debe pasar de un régimen presidencialista a uno parlamentario, lo cual también ha sido motivo de discusión en otros grupos políticos.

Asegura que una de las más grandes frustraciones de la Instancia Socialdemócrata fueron las luchas que dieron internamente en el PLN para seguir los fundamentos ideológicos que dieron origen a la agrupación, porque siempre fueron desoídos.

«La libertad, la igualdad y la solidaridad son valores que deben llevarse de nuevo a la práctica en una forma urgente y de allí que hablemos de un nuevo modelo de desarrollo acorde con las necesidades de los costarricenses».



PLATAFORMAS DE ACCIÓN



Para ejecutar un nuevo modelo de desarrollo, de acuerdo con Altman, se debe en primera instancia redistribuir el poder político con una mayor participación ciudadana.

Esto implica -amplió Felisa Cuevas- un control de la población sobre las acciones de quienes detentan el poder mediante auditorías ciudadanas que se hacen en puestos especiales distribuídos por todo el país. Esto, dijo, se ha hecho con buenos resultados en Bolivia y algunos países europeos.

Una segunda plataforma para actuar es establecer un nuevo esquema de producción respaldado por una política económica renovada y dirigida a mejorar la calidad de vida de toda la población, especialmente aquella en desventaja social.

El tercer ámbito para accionar es que la educación esté enfocada en el aprendizaje de nuevas tecnologías y nuevas formas de enseñanza.

«Deben superarse las formas obsoletas educativas, en un siglo que será el del conocimiento», destacó Altman.



PROPUESTAS PARA MEJORAR



En tiempos cuando la globalización es inevitable, el modelo de desarrollo propuesto por la Instancia implica una visión estratégica de mediano y largo plazos en el campo económico-financiero, político así como social.

«Considero que como país debemos tener objetivos específicos en la seguridad social, la vivienda y la educación, por poner algunos campos específicos».

«Con un concepto de planificación concertada, no como un grupo cerrado de sabios, se puede obtener a través de la participación de distintos grupos sociales, como las organizaciones de base. No considero conveniente la planificación vertical, sino de una forma que tanto los niveles altos como los bajos tengan un punto de encuentro», explicó.

En este aspecto resulta fundamental el buen manejo del presupuesto nacional que ha sido un desastre -mencionó Villasuso- junto con una política fiscal más justa «para que sean los más ricos los que contribuyan más».

Sobre este tópico, resaltó que en el sistema no hay equidad. «Las tres cuartas partes de los impuestos que se cobran son regresivos, indirectos, pero se debe establecer uno sobre el patrimonio de las empresas para darle más recursos al Estado».

En criterio de este especialista hay gastos que no se están haciendo bien y áreas que el Estado no administra bien.

«Una buena parte del presupuesto se transfiere. No hay un control de la gestión, ni sobre los resultados que se obtienen. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) no tienen contabilidad de costos. Entonces, ¿cómo saber si lo que se gastó es lo correcto? Hay que establecer otra forma de administrar».



«EMPAREJAR LA CANCHA»



Olivier Castro considera que la política económica debe ir aparejada a la social y que se debe tomar en cuenta a los distintos grupos de presión -entre ellos los sindicatos y cámaras empresariales-, pero estos no deben obligar a caer en los vicios que ya se han cometido presupuestariamente en los últimos 25 años.

Por tanto, este administrador considera que el presupuesto debe estar enmarcado dentro de un Plan Nacional de Desarrollo de largo plazo, (al menos de 10 años) para que se cumpla indistintamente del gobierno en el poder.

Además, se debe contar con un Plan Operativo Anual que permita llamar a cuentas al encargado de los renglones que son contemplados dentro del mencionado presupuesto.

«Esto se desdibujó desde inicios de los años 80 con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) cuando se le pasó el poder sobre el manejo presupuestario al Ministerio de Hacienda; y el de Planificación -que surgió en los años 70- pasó a un segundo plano», manifestó Felisa Cuevas.



RENDICIÓN DE CUENTAS



Tanto Castro como Cuevas aseguraron que asignar las partidas presupuestarias a un encargado especial de alto nivel, es una buena forma de control porque así podrán saber en que se gastó el dinero.

«Una buena idea es crear quioscos de información en la zona metropolitana y en las áreas rurales para que sean los mismos ciudadanos quienes reporten el avance de ciertas obras o que denuncien el mal uso de los recursos», especificó Castro.

También será vital que las municipalidades sean un medio de denuncia o envío de información al gobierno central.

El administrador dijo que «no puede ser que la ineficiencia y el pésimo uso del presupuesto llegue a tal punto que se haga una obra y se cierra un año después».

Igualmente, la distribución del gasto en asistencia social es algo de suma importancia que se ha convertido en un canje de «qué me das, qué te doy». Un caso de este tipo es la obtención de votos que hacen los partidos tradicionales por votos durante o antes de los procesos electorales, principalmente entre las personas de menores recursos.

Altman fue enfática en señalar sobre este punto que la transferencia financiera al sector social debe ser transparente. «Un ejemplo de esto fueron los comedores escolares que funcionaban para una amplia población. Ahora no estoy segura de que este programa funcione tan eficientemente», dijo.

«Si un niño o niña llega desnutrido a la escuela, ¿cómo va a dar un buen rendimiento? Además, hay que pensar en una cobertura completa, porque los fines de semana y durante las vacaciones, ¿qué va a comer?».

Este tipo de apoyo se le debe dar a la familia de cada estudiante para que no los saquen de estudiar.

La deserción escolar es alta en quienes llegan a sexto grado de la escuela y el primer año del colegio. «En tercer año del colegio se debería orientar hacia qué carrera o proyecto de vida debe escoger cada persona», subrayó Altman.

Para los entrevistados, deberá darse un pacto político-social a pesar de que existan grupos oligárquicos que siempre, desde hace más de 50 años, se han opuesto a que las grandes mayorías obtengan amplios beneficios sociales.

Altman asegura que «mal haríamos en polarizar al país en este tipo de discusiones. (…) No se debe perder de vista que Costa Rica es un país pequeño, tomador de oportunidades y que los ticos tienen derecho a ganar buenos salarios, a vivir en paz. De ahí que dentro del actual proceso globalizador debemos pedir reglas claras y un comercio justo».



¿PARTIDO EN CONSTRUCCIÓN?



Los integrantes de la Instancia Socialdemócrata se muestran abiertos a formar un grupo político con aquellas personas que compartan su ideario.

Ellos aseguran que visitarán a distintas organizaciones políticas para explicarles su propuesta y, si se da la oportunidad, podría darse una fusión con agrupaciones similares.

Algunas organizaciones y personas a las que irán son el Partido Acción Ciudadana (PAC), el diputado José Miguel Corrales y sindicatos como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).