Fabián Pacheco, Carlos Manuel Rodríguez, Gustavo Gutiérrez y Pedro León, fueron los expositores en la mesa redonda «Moratoria de los cultivos transgénicos en Costa Rica».
La petición para que en el país se decrete una suspensión de nuevos permisos para la siembra de productos modificados genéticamente (transgénicos), generó una agitada discusión y la iniciativa no contó con el aval de especialistas en biología, en una mesa redonda que sobre el tema se celebró el pasado 10 de noviembre en la Universidad de Costa Rica (UCR).

La  moratoria para el cultivo de transgénicos fue solicitada en setiembre por la Red de Coordinación en Biodiversidad, la cual está integrada por doce organizaciones que consideran peligroso para la salud y la diversidad biológica la siembra de este tipo de semillas.

La red está integrada por la Mesa Nacional Indígena, Frente Ecologista Universitario, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, Asociación de Ecología Social, Comité Cívico de Cañas, y Cámara Costarricense de Productores Agroecológicos y Orgánicos.

Organizado por la Escuela de Biología de la UCR, el debate tuvo lugar en su repleto auditorio, con la participación de Pedro León, biólogo y director del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT); Fabián Pacheco, ingeniero forestal y miembro de la Asociación de Ecología Social; y Carlos Manuel Rodríguez, abogado y ministro de Ambiente y Energía (MINAE). Como moderador estuvo Gustavo Gutiérrez, de la comisión de divulgación de la escuela.

Bajo el tema «Moratoria de los cultivos transgénicos en Costa Rica», los panelistas se refirieron a la moratoria pedida por la Red de Coordinación en Biodiversidad, cuyo texto será planteado al Consejo de Gobierno el próximo 24 de noviembre, según detalló Isaac Rojas, del grupo COECOCeiba Amigos de la Tierra-Costa Rica.

La petitoria de los ambientalistas y agricultores está encaminada a suspender los permisos para el cultivo de transgénicos que se darían a empresas como Semillas Olson S.A., Semillas del Trópico S.A., y Delta and Pine Land, que son las que siembran en territorio nacional este tipo de productos.



EVENTUAL PELIGRO



Quienes se oponen a estos organismos modificados genéticamente, argumentan que «los sectores responsables de aprobar la liberación de cultivos transgénicos no han evaluado a profundidad cuáles serían los eventuales riesgos o impactos sobre el ambiente y la salud humana».

La Red estima que «aprobar la introducción de cultivos transgénicos en Costa Rica no solo es una decisión que hace burla del principio precautorio, sino que demuestra la profunda deficiencia de elementos técnicos y científicos con que la Comisión Nacional de Bioseguridad realiza las evaluaciones de riesgo y otorga permisos para la introducción de organismos genéticamente modificados al país».

Las quejas contra estos organismos parten del temor de que la alteración genética que han sufrido, puedan afectar la salud de los seres vivos y su  diversidad natural. Generación de alergias, degradación de los suelos, aparición de plagas, y presentación de demandas judiciales, son algunos de los perjuicios que podrían provocar esos cultivos.

Por su parte, los sectores científicos los defienden y para ello aducen que el mejoramiento genético de las plantas son parte de un proceso en el que ha participado la civilización desde hace miles de años, ya sea mediante la selección de las mejores especies, o del cruzamiento sexual.

Es así como los transgénicos se siembran desde hace doce años, en más de 67 millones de hectáreas en 18 países del mundo, entre ellos varios del trópico: Brasil, Colombia, México, India, Filipinas, Honduras, e Indonesia.

El biólogo Pedro León rechazó con datos en mano la conveniencia de establecer una moratoria a dichos cultivos y afirmó que una de las ventajas de estos productos es que con ellos se evita el uso de agroquímicos, al ser resistentes a determinadas enfermedades. Por eso no dudó en decir que prefiere comerse un tomate transgénico, que uno tradicional fumigado muchas veces con insecticidas.

El especialista en genética reconoció que un transgénico tiene potenciales riesgos, al igual que cualquier otro organismo. Por eso, llamó a establecer y aplicar los controles necesarios, para evitar perjuicios.

León alegó que hasta la fecha no hay ningún estudio que demuestre que los cultivos transgénicos sean perjudiciales, y en esto fue respaldado por algunos especialistas de la UCR que estudiaron el citado pedido de moratoria: Marta Valdez, coordinadora de la Comisión Institucional de Biotecnología; Francisco Saborío, del Centro de Investigaciones Agronómicas; y Ana Mercedes Espinoza, del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular.



FALTA DISCUSIÓN



Lo dicho por el Director del CENAT no deja de ser válido hasta el momento, como válidas fueron también las dudas planteadas durante la mesa redonda por los opositores, quienes abogaron por una mayor cautela ante el empleo de estas técnicas agrícolas y discusión sobre el tema.

Esto fue lo que propuso el titular del MINAE -Carlos Manuel Rodríguez-, al anunciar su apoyo a la moratoria sobre los transgénicos y proponer abrir mientras tanto un periodo que no sería de prohibición, sino de análisis entre los sectores interesados.

Rodríguez criticó que al discutir acerca de este tema, muchas veces imperan los criterios netamente científicos y económicos, por lo que se deja fuera la visión social y con ello los factores que repercuten sobre los campesinos.

El Ministro dejó claro que es necesario discutir a fondo y con transparencia al respecto, ya que esto es lo que le daría la viabilidad política a la aplicación de este tipo de cultivos en el país.

En su opinión, «la moratoria es el mejor ejemplo de la aplicación del principio precautorio, que nos dice que la simple amenaza a la salud y el ambiente -aun cuando alguna relación causa-efecto no se haya establecido de manera científica-, es suficiente para detener un proceso o desacelerar la velocidad de una iniciativa».

Rodríguez expresó que «me preocupa tremendamente toda esa estructura comercial e industrial que hay detrás del manejo de los transgénicos, que son las mismas compañías que han sido enemigas del sector ambiental».

En este sentido, el representante de la Asociación de Ecología Social -Fabián Pacheco- detalló que el 100% de los productos agrobiotecnológicos está en manos de grandes transnacionales, como Monsanto, Dupont, Bayer y Syngenta.

El ambientalista aseguró que la moratoria no es una lucha entre el oscurantismo y la ciencia, sino entre el bien colectivo y el interés privado de estas grandes empresas.

Durante la discusión se habló de la conveniencia de que los productos transgénicos comercializados lleven en su etiquetado la aclaración de cuál es su origen, como un derecho del consumidor a estar bien informado. No hubo oposición a que se incluya este detalle, aunque las compañías productoras no favorecen esta distinción.

Se concluye de las exposiciones, que uno de los mayores peligros de los transgénicos es que al estar protegidos estos productos por los derechos de propiedad intelectual, si a algún agricultor le encuentran de esas plantas porque accidentalmente han crecido dentro de su finca, se expone a una fuerte demanda judicial, como le pasó a un agricultor canadiense, condenado a pagar $250.000 a la compañía Monsanto.

De acuerdo con Pacheco, Costa Rica dispone de 3.900 productos orgánicos certificados y un gran potencial de semillas criollas, lo cual le abre muchas puertas en el mercado mundial.

En vista de la anterior, cabe preguntarse: ¿podrían agricultores nacionales demandar a alguna empresa de transgénicos que invada accidentalmente con esos productos sus fincas, o que eventualmente altere genéticamente sus cultivos?