Para la diputada Epsy Campbell el convenio de PROCOMER y COMEX debe ser regulado por la Contraloría General de la República.
La forma como se administra el presupuesto del Convenio entre la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y el ministerio del ramo, además de los últimos parámetros que fueron utilizados para subirle los salarios a los negociadores comerciales son aspectos cuestionados por el Partido Acción Ciudadana (PAC).

La diputada que presentará un proyecto para reformar esos aspectos es Epsy Campbell, quien considera que la naturaleza jurídica por la que nació PROCOMER se ha visto desvirtuada «en una serie de abusos que están permitiendo que unos pocos se enriquezcan con los recursos que la misma administra».

La legisladora afirma en dicho documento que estas personas actúan «al margen de los controles que en su momento se le sustrajeron (a PROCOMER) y que impiden hoy ejercer una adecuada supervisión de los abusos de poder».
 

Campbell y la fracción del PAC consideran que la legislación bajo la cual opera este convenio tiene todas las ventajas que reúne el sector privado y el público, pero la rendición de cuentas es débil porque el manejo presupuestario no necesita pasar por los controles de la Ley de Contratación Administrativa o de la Contraloría General de la República.

Sobre el tema la Viceministra Amparo Pacheco aseguró que la forma como se ha presupuestado es la correcta y dijo que el convenio se creó para contratar a las personas con mayor idoneidad en el manejo de asuntos delicados del comercio exterior.

Entre estos aspectos citó al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y los Estados Unidos.



LLAMADO AL CAMBIO



Al cuestionarse qué dio fundamento jurídico para que naciera el citado convenio, Campbell menciona que PROCOMER se creó «como una entidad pública de carácter no estatal, pensando en que se lograría más eficiencia si se la abstraía de los controles a los que están sujetos los demás órganos de la administración pública».

Para la legisladora resulta muy peligroso el manejo laxo que pueda hacerse de «aportes de los sectores exportadores e importadores, constituidos por las contribuciones obligatorias establecidas por la Ley 7638; el producto de créditos, donaciones o legados, sin perjuicio del aporte inicial del Estado previa autorización de la junta directiva de la Promotora».

Aseguró que después de conocer la dinámica que funciona en PROCOMER para recibir donaciones del gobierno estadounidense con el objetivo de presupuestar el cabildeo del TLC en el país, «queremos cerrar los portillos».

«Las arcas abiertas se han prestado para un uso abusivo», manifestó.

Para Campbell, ese convenio debe replantearse para que los  ministros ejerzan su libertad con los debidos controles y para el progreso económico del país.

Por tanto, su proyecto legislativo propone que se le elimine a la junta directiva de PROCOMER y COMEX la facultad de dictar las normas y reglamentos sobre la organización y funcionamiento de la Promotora.



¿POR QUÉ FUNCIONA DIFERENTE?



La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), el Instituto Costarricense del Café (ICAFE) y la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), son algunas entidades gubernamentales, no estatales, que no financian al Ministerio de Agricultura -por poner un ejemplo- pero sí poseen una coordinación de la Contraloría General de la República y la Ley de Contratación Administrativa.

Al consultarle a Amparo Pacheco cómo es que una promotora financia a un ministerio como COMEX y viceversa, sin controles de las citadas entidades -el caso contrario al citado en el párrafo anterior- aseguró que es por falta de un presupuesto suficiente para enfrentar los gastos.

Explicó que la creación de la Promotora surge como una forma de manejar en forma más holgada la obtención de presupuesto necesario para entablar negociaciones internacionales -entre otros aspectos- en medio de un sector público entrabado como el costarricense.

De forma enfática aceptó que se han recibido fondos para hacer trabajos especiales en el tema del TLC y que se han hecho contrataciones especiales de profesionales como un complemento a lo que hace el personal de planta en el ministerio.



JUGOSAS GANANCIAS



Según había adelantado UNIVERSIDAD en mayo anterior, la contratación de asesores era muy representativa hasta ese momento.

Por ejemplo, aparecía el abogado Allan Thompson con un pago mensual por asesorías de ¢700.000.

Incluso, la exEmbajadora Especial para las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Costa Rica, Anabel González ganaba $8.700 por asesorías aparte de su salario ordinario en el COMEX, según reveló un informe de auditoría interna de ese ministerio.

También aparecía como asesor comercial Roberto Echandi con una asesoría de $8.200 mensuales aparte de su salario regular en el ministerio.

Además se habían gastado ¢66 millones en tiquetes aéreos de enero a agosto de 2003, lo cual representó según la auditoría un 76% de lo que el convenio COMEX-PROCOMER adquiere por ese concepto.

El Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) donó $203.726 para la promoción y cabildeo del TLC y $250.000 adicionales fueron regalados por el gobierno de Estados Unidos a PROCOMER con el mismo objetivo.

Luego, un segundo informe de la misma auditoría fechado 1 de octubre de este año detalló los incrementos de los salarios de los negociadores del TLC entre ¢372.000 y ¢690.000, que fueron considerados como exhorbitantes por algunos legisladores del PAC como Epsy Campbell y Rodrigo Alberto Carazo.

El alza, aplicable desde el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2003 al 1 de agosto de 2004, tiene al Director de Negociaciones Comerciales, Fernando Ocampo, con un salario de ¢2.250.000 para un aumento salarial -el más alto- de ¢690.000.

El funcionario gana más que su homólogo de Relaciones Exteriores, por lo que Campbell asegura que se debe hacer un estudio completo de los parámetros utilizados por PROCOMER para ejecutar dichos aumentos.

Otras personeras que vieron su salario incrementado en forma significativa fueron Amparo Pacheco y la negociadora Irene Arguedas por ¢540.000 cada una.

Poco después de que fue publicada esta última información por UNIVERSIDAD, se supo que fueron removidos de sus cargos los representantes gubernamentales en la junta directiva de PROCOMER, Rafael Ortiz y Rodolfo Orlich.