Con casi cinco semanas de haber iniciado funciones, Manuel Antonio González Sanz, ministro de Comercio Exterior, afirma que aunque el Tratado de Libre Comercio es «el proyecto» de esa cartera, será el presidente Abel Pacheco, quien dirá la última palabra sobre cuando será enviado al Congreso para ser ratificado o rechazado por los legisladores.

Este licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y con una maestría con énfasis en Derecho Comercial y Financiero por el Columbia University Law School, cree también que si se han cometido errores anteriores por parte de COMEX, es hora enmendarlos para «no  tapar ningún error».



UNIVERSIDAD dialogó con él sobre su vinculación con el reconocido bufete Facio & Cañas, los posibles conflictos de intereses en la gestión comercial del país, sus expectativas sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el  pago de salarios a negociadores del COMEX por parte de PROCOMER y la Fundación CR-USA. La entrevista se realizó el miércoles 17 de noviembre, en su despacho.





Según su currículum y la página web del Bufete Facio & Cañas, usted es socio de esta empresa. También es socio de esta firma Rodrigo Arias Sánchez, hermano del  aspirante a la presidencia de la República y exmandatario , Óscar Arias. Tanto él como su hermano se han pronunciado a favor del TLC con Estados Unidos en los términos en que ha sido negociado y firmado. Entre los servicios que brinda el bufete, según su página, está el de «maximizar oportunidades y resolver dificultades que puedan encontrarse en el sistema legal costarricense», y entre las áreas de servicios que ofrece el bufete están: «concesión de obra pública y servicios, energía y telecomunicaciones, medio ambiente, propiedad intelectual, asuntos laborales e impuestos». Ahora Ud. es el Ministro de Comercio Exterior. ¿No lo coloca esto en una situación de conflicto de intereses?



-Yo, efectivamente, desde que estudiaba Derecho en la UCR, iba a trabajar como asistente legal al bufete. Empecé desde el año 87, a hacer mi carrera profesional allí, y en el año 89, cuando terminé la carrera y presenté mi tesis como abogado, me incorporé como miembro del bufete. Y desde esa época desarrollé mi actividad profesional en esa oficina. Me siento muy orgulloso de lo que aprendí, del tipo de asuntos en los que me pude involucrar. Realmente fue un ejercicio profesional muy activo y muy continuo, de manera permanente, hasta que en el 2002 el gobierno del presidente Pacheco me ofreció la oportunidad de representar al país como embajador de Costa Rica ante los organismos especializados de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Nunca había tenido un cargo que requiriera dejar a tiempo completo el ejercicio profesional. Mi campo de acción profesional siempre había sido el área financiera y corporativa.



A partir de junio del 2002, dejo el ejercicio profesional completamente. Desde ese momento, mi participación como miembro, como socio en el bufete existe, pero es una participación societaria absolutamente suspendida e inactiva, como se hace en casi cualquier club social al que uno pertenece y dice: «Bueno, me voy a ir del país por un tiempo y no me cobre las cuotas», y ese tipo de cosas.



Pero no descarta volver a ejercer profesionalmente en el bufete.



-Bueno, mi machete de batalla, como dicen, mi arma en el ejercicio profesional es mi título de abogado, a eso pienso regresar y uno no puede decir qué vueltas le trae a uno la vida. Cuando asumí la responsabilidad de involucrarme en la función pública, como embajador de Costa Rica, jamás imaginé que a la vuelta de dos años iba a surgir la oportunidad de ayudarle al presidente Pacheco como su Ministro de Comercio Exterior, así es que uno nunca puede decir «de esta agua no beberé» ni tiene una bola de cristal para saber las vueltas que le da la vida. Eventualmente, sea allí, sea en otro lugar, pues lo que sé hacer es de bogado, en eso tendré que desempeñarme.



Ahora, sí le digo una cosa. No me consta, honestamente, lo que está en la página web y qué tan actualizada esté, porque hace más de dos años que no reviso la página web de la oficina, pero sí le puedo decir que hay estándares éticos muy altos, que hay una política muy clara para cuidarse de conflictos de intereses, no solamente entre clientes sino entre lo que es el ejercicio privado de la profesión, y la vida pública y la vida política del país. Ud. menciona un nombre que es connotado y que adquiere un relieve importante en la vida política actual, sobre todo por el tema de la posible reelección de don Óscar Arias, y es la membresía de don Rodrigo Arias en el bufete, pero allí hay otra serie de figuras también muy connotadas que han estado en la vida pública del país durante muchísimos años, de un partido y del otro. Independientemente de su afiliación política, precisamente por ser una oficina de abogados que tiene más de 60 años de existir, que tiene más de 40 abogados, uno no puede pretender ni especular en el sentido de que todo seamos igualiticos y estemos en la misma línea y que todos somos como hermanitos. Cada uno de nosotros tiene que acatar los estándares éticos de la oficina y por supuesto que además , para efectos del ingreso como miembro, sean socios, asociados o asistentes, lo que se busca siempre es gente con muy altos valores y también con una ética acorde con los estándares de la institución.



No estoy cuestionando la ética del bufete. Lo que pasa es que a los bufetes les interesa atraer empresas porque intermedian esa relación, y de eso viven, y probablemente lo hacen con todas las normas éticas del caso. Pero, entonces, Ud. se encontraría en una posición incómoda porque, por ejemplo, tendría que terminar el proceso del TLC con Estados Unidos, al sector de los bufetes le interesaría que el TLC sea promovido y aprobado en la medida que obtendrían más negocios pero, por otro lado, hay sectores del país que cuestionan una serie de puntos de ese tratado porque lo consideran lesivo a sus intereses. ¿Cómo hará Ud. como Ministro del COMEX para considerar el interés nacional?



-Bueno, la objetividad con la que uno actúe desde la función pública es indispensable. Aquí a mí no me corresponde defender los intereses de un grupo en particular, sea este un grupo económico o un grupo social. Lo que me corresponde es precisamente ver con un ojo la parte económica y con el otro la parte social, desde una perspectiva de país, con absoluta integridad y objetividad.



Ud. menciona un punto importante, por ejemplo en el tema del TLC, pues efectivamente hay grupos tanto sociales como económicos que están a favor, como hay grupos sociales y económicos que han manifestado abiertamente su oposición. Yo creo que esto es parte del juego democrático, del sistema abierto, transparente y libre en el que vivimos en este país, donde todos tienen absoluta libertad de manifestarse. Aquí no se trata de imponer al país un modelo de vida, ni un tratado per se, porque se haya considerado que es bueno. La etapa que sigue es diferente. La parte técnica, en la que yo no participé, ya está concluida. La etapa que viene no es más difícil o fácil, es simplemente diferente a la que se ha dado hasta el momento. Este continúa siendo un proyecto de esta administración. Se negoció en esta administración, y lo que le corresponde al Poder Ejecutivo es someterlo a la discusión del país…



¿Lo van a enviar?



-…Someterlo a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento en que el presidente considere que es oportuno. Él ya se ha manifestado, que el requisito para dar ese paso es tener, primero, el Plan Fiscal, garantizarle al Gobierno mayores ingresos, mejores recursos, precisamente para que pueda focalizar la ayuda que necesitan ciertos sectores sociales que se han quedado rezagados.



En esta sociedad no podemos desconocer que el índice de pobreza es alto, que si bien es menor que el de muchos otros países de Latinoamérica y de Centroamérica, Costa Rica no puede sentirse indiferente ni orgullosa de mantener índices de pobreza que superan el 20%, no podemos olvidar los miles y miles de familias y de costarricenses que además viven en la extrema pobreza. Si esa es la realidad y si el avance que ha tenido el país en los últimos años, lo que ha demostrado es que hay un grupo importante de compatriotas que está rezagado, que necesita focalización y programas de asistencia directos, a nivel del sustento más básico y elemental: el arroz y los frijoles, y el Gobierno no tiene la capacidad en este momento, por tener una estructura tributaria que no le est* generando los recursos necesarios para hacer inversiones y atacar esos problemas, pues lo justo es que primero se prepare… Primero no, por lo menos paralela o simultáneamente, para no poner un orden de las cosas, para tener mejores ingresos y mejores ingresos. La calidad del ingreso también es importante. No puede ser un ingreso que sea especulativo, que sea variable o que esté sujeto al vaivén de factores que el gobierno no pueda controlar. Entonces, allí hay una injusticia tributaria importante.



Pero realistamente, ¿Ud. cree que en lo que queda de Gobierno, que sería un año, aproximadamente, les dará tiempo de que se apruebe la reforma fiscal y enviar el TLC a la Asamblea?



-Mire, yo creo que la discusión del Plan Fiscal ha sido ya bastante prolongada. Tiene más de dos años y medio de estar presentado, ha sufrido muchas variaciones y discusiones, muchas trabas. Hay que ubicar dónde está el problema. Lamentablemente, es una fracción de la Asamblea Legislativa la que mantiene una oposición acérrima al Plan Fiscal, donde no hay posibilidad ya, prácticamente, de dialogar de buena fe, con las cartas sobre la mesa, sobre la conveniencia o inconveniencia del proyecto, donde hay un torpedeo masivo de mociones que impiden la discusión del proyecto.



Yo no estoy diciendo que el Plan Fiscal tenga que aprobarse per se, lo que sí me parece que tiene que tener este país, como democracia que es, como país libre que es, tiene que tener la posibilidad de que se discuta. La discusión no garantiza que ese plan se vaya a aprobar. Perfectamente los diputados pueden decir: «No al Plan Fiscal». Se votó, se pasó la hoja y seguimos adelante. El Gobierno tendrá que ver cómo trae a su molino esos nuevos recursos que necesita. Lo que no es posible es que a través del uso abusivo de ciertos trámites legislativos, se impida la discusión de proyectos que son importantes para Costa Rica, y este demuestra ser uno de esos que es importante. Sea bueno, sea malo, sea mejorable o no, sobre esos adjetivos podemos discutir, pero ese es  otro capítulo. Lo importante es que las cosas se puedan discutir.



Volviendo al tema de los conflictos de intereses. La Asamblea Legislativa pasada aprobó una Ley de Negociaciones Comerciales, para regular estos conflictos. Pero se incluyó un Transitorio que indica que todo seguirá igual hasta que el COMEX elabore el Reglamento respectivo. Esa ley busca impedir que una persona que haya ocupado un cargo de este tipo en el COMEX, pueda pasar a ocupar de manera inmediata cargos en empresas relacionadas con su área de gestión mientras ocupó la función pública. El ministro anterior no hizo nada al respecto. ¿Abordará Ud. este tema?



-Le agradezco que traiga a mi atención ese tema. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Pero le voy a poner atención porque honestamente no conocía de la circunstancia de ese Transitorio y de que estuviera pendiente la elaboración de ese Reglamento. Pero en adición a eso déjeme decirle que ya hoy tenemos una nueva Ley sobre el enriquecimiento ilícito, que no solamente trata sobre los conflictos de intereses sino sobre un concepto mucho más amplio, que es el denominado «tráfico de influencias», pues es sumamente rigurosa, muy apropiada para el entorno que está viviendo el país en este momento, y que inclusive abarca con mayor rigurosidad inclusive a nivel de delito, el tema de tráfico de influencias.



El concepto de conflicto de intereses tiene una cierta ambigüedad también, y que en este país requiere una mayor definición y claridad. Por ejemplo, cuando se está en el ejercicio legal de la profesión en temas que podrían ser hasta más evidentes siempre hay sutilezas, siempre hay zonas grises. ¿Qué es lo más claro? Bueno, en un juicio Ud. no puede defender a un cliente, tomar la posición actora y a su vez ser abogado del que está demandando. Allí evidentemente los intereses son contrarios. Al menos en el campo legal se aplica cuando hay intereses encontrados, no cuando hay intereses concluyentes, para un mismo propósito, que es lo que podría abarcar más el concepto de tráfico de influencias: hacer, inducir o dejar de hacer algo para favorecer un determinado interés.



Yo en este momento, para serle completamente honesto, independientemente de los trámites en el bufete que yo ejercí la profesión hasta junio del 2002, al igual que cualquier otro bufete de abogado y cualquier otra compañía que preste servicios a la inversión nacional o extranjera, al sector privado o público, en lo que compete a este Ministerio hay trámites muy establecidos. La mayoría de esos trámites se hacen a través de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), un campo en el que yo ni me involucro en el día a día, ni pienso involucrarme ni pienso favorecer o perjudicar a nadie que haga su actividad de manera lícita y dentro de lo que los reglamentos y las leyes determinan.



UNIVERSIDAD ha dado a conocer que en el COMEX se han producido aumentos salariales que no guardan proporción con el resto de funcionarios públicos. También hay cuestionamientos porque PROCOMER, que tiene representación del sector privado, y fundaciones privadas como CR-USA, financien o hayan financiado los salarios de funcionarios del COMEX o del equipo negociador del TLC. ¿Qué puede decir a esto?



-No me consta, le soy sincero, que haya habido ingresos de la Fundación CR-USA para el pago de salarios ni para los negociadores. Lo que entiendo es que hay el caso de dos negociadores, que fueron doña Anabelle González y don Roberto Echandi, que han recibido sus salarios con fundamento  en un convenio de cooperación que existe entre PROCOMER y COMEX, pero no por parte de CR-USA. Esta fundación ha dado facilidades, ayudas a COMEX, pero no para el pago de salarios, hasta lo que a mí me consta.



Sobre los aumentos salariales, efectivamente he visto las publicaciones del Semanario UNIVERSIDAD. Casualmente el jueves pasado tuvimos la primera reunión de Junta Directiva de PROCOMER, en la que, por disposición de ley, al Ministro, y en su defecto al Viceministro del COMEX, le corresponde participar. Analizamos un informe de Auditoría que hacía mención a la política salarial que se ha aplicado en la institución hasta el momento. La duda legal de fondo que existe es si la Junta Directiva tiene la autoridad para delegar en la administración la definición y la aplicación de la política salarial, como ha sido la práctica hasta el momento. Lo que pudimos constatar en esa reunión, según las explicaciones dadas por la Auditoría y por la Administración, es que las medidas que se han tomado hasta el momento han sido consecuentes con la política salarial existente. Ahora, desde mi punto de vista, eso no quiere decir que no debamos continuar aclarando si esa delegación por parte de la Junta Directiva a la Administración, para la aplicación de la política salarial, es correcta o no.



Yo no estoy diciendo que eso no se pueda revisar. De hecho, uno de los acuerdos que se tomaron es insistir ante la Contraloría y la Procuraduría General de la República para que nos contesten consultas que se hicieron ya hace bastante tiempo, hace más de un año, precisamente sobre la definición de la política salarial y si es posible delegarla en la Administración o es de reserva únicamente de la Junta Directiva. También solicitamos un criterio legal independiente mientras no tengamos esta respuesta, sobre la procedencia de esa delegación.



Ud. comprenderá que, en virtud de que PROCOMER tiene un gerente que acaba de iniciar sus funciones, tiene escasos dos meses, y que este servidor asumió como nuevo Ministro del COMEX  hace cuatro semanas y media, si se han cometido errores y si hay temas que enmendar, o por lo menos aclarar para que no se presten a ninguna suspicacia, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo y no tengo interés de  tapar ningún error. Al contrario, el interés es que las cosas estén sobre la mesa, la flexibilidad que existe en virtud de la ley, por el giro que tiene y por la manera en la que actúa PROCOMER y por las disposiciones legales que también le son aplicables a COMEX, no podemos hacer un uso abusivo de esa flexibilidad. Esa flexibilidad le ha permitido a PROCOMER estar y aplicar estándares sumamente elevados en cuanto a su profesionalismo, la calidad de sus servicios y de sus trámites, competir con agencias de igual naturaleza en países como México, Chile, Argentina y muchos otros, y eso tiene que preservarse porque se ha hecho un muy buen trabajo, no solo en la atracción de esas compañías, sino en la tramitología de las necesidades, de la documentación y de las solicitudes de ingreso a los distintos regímenes por parte de las compañías que le corresponde supervisar a PROCOMER. Bueno, pero de esa flexibilidad no se puede abusar. Esa flexibilidad debe ser reforzada, debe ser transparente y debe mantenerse, pero para que no haya sospechas y suspicacias, precisamente todas las cosas tienen que estar sobre la mesa.