Dos comisiones, una a lo interno del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y otra en la Asamblea Legislativa, realizan procesos paralelos de investigación sobre las ramificaciones del escándalo con la transnacional francesa ALCATEL y con una red de influencias que involucra a funcionarios y empresarios privados, la cual se estima opera desde hace dos décadas en la institución .

Se trata de una comisión a nivel jerárquico de la institución para investigar los casos internos y tomar decisiones. Ésta trabaja de cerca con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la República.

Paralelamente trabaja la Comisión Mixta para el Fortalecimiento y Modernización del ICE en el Congreso, cuya labor es estudiar las modificaciones necesarias a la Ley de Modernización para que pueda competir ante un eventual Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) e investiga las denuncias por corrupción que se han presentado.

La primera denuncia presentada por la Fiscalía y aparecida en los medios de comunicación, se refiere al ingeniero del área de telecomunicaciones Rodrigo Méndez Soto, quien aparentemente recibió comisiones por parte de la compañía ALCATEL, pese haber estado bajo el régimen de dedicación exclusiva.

Pero luego se conocieron los casos de los exdirectores Hernando Pantigoso y José Antonio Lobo, quienes recibieron un viaje a Praga por parte de la empresa sueca de telecomunicaciones Ericcson.

Además se investiga a Lobo y Hernán Bravo también exdirectivo, quienes confesaron recibir dinero por las licitaciones públicas de las líneas celulares de la empresa francesa. Otro paquete de investigación incluye las pesquisas que se le realizan al exdirector Joaquín Alberto Fernández, el exasesor de la presidencia ejecutiva, Guido Sibaja y recientemente al Director de Telefonía Pública Willy Arnáez por presuntamente haber recibido un vehículo último modelo marca Land Rover por parte de la empresa CONDITEL.

Sin embargo, estas sonados casos son apenas el capítulo más reciente de una gran red de aparente tráfico de influencias que se desarrolló en la institución 20 años atrás, según una denuncia de la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones (ANTTEC) con la cual se formaron empresas que participaban en las licitaciones del ICE, vinculadas a jerarcas o exfuncionarios del ICE de ese entonces (Ver UNIVERSIDAD Nº 1599, Red de influencias del ICE es de larga data). Esta red de influencias es objeto de estudio por parte de la Comisión Mixta para su estudio.



ACCIÓN INMEDIATA



Geovanni Bonilla Goldoni, director de la Dirección Jurídica Institucional, quien encabeza los procesos de investigación en el ICE, afirmó que los hechos que han salido a la luz pública y que involucran a personas físicas y jurídicas, son analizados bajo la modalidad de asociación ilícita.

«Es una maraña delictiva muy bien estructurada y organizada» comentó Bonilla. Agregó que muchos de estos casos involucran acciones de terceros externos al país o banca externa (algunas de naturaleza «off shore»), que al estar relacionados con amigos o familiares, son muy difíciles de detectar.

El jerarca indicó que cuando se dieron los escándalos por corrupción en el instituto se integró una «comisión de alto nivel», en la que además de él participan los subgerentes de electricidad, telecomunicaciones y gestión administrativa así como el coordinador de seguridad.

Con la comisión se estableció un protocolo de seguridad que opera con solo darse a conocer un hecho ilícito en la prensa o cualquier otro órgano investigador. Posteriormente, se notifica a las instancias respectivas de la institución para custodiar los expedientes de los funcionarios involucrados y luego se pone a disposición del Ministerio Público.

Al mismo tiempo el ICE hace una investigación preliminar administrativa coordinada por el Departamento de Seguridad y la misma Dirección Jurídica.

La Fiscalía y la Procuraduría General de la República tienen acceso a las bases de datos electrónicas y físicas de las actas y demás documentos necesarios para facilitar las labores de investigación.

En  el nivel de la administración del instituto se gestiona para estos casos el despido y luego una acusación penal para establecer las «acciones civiles resarcitorias» tendientes a lograr una indemnización por el atraso o la suspensión de contrataciones que eran necesarias (como las líneas celulares), e incluso por el daño a la imagen de la institución ante la opinión pública.

El ICE solicitó el embargo de los bienes a quienes se les estableció demandas civiles: José Antonio Lobo, Hernándo Pantigoso, Joaquín Fernández, Alvaro Retana, Guido Sibaja, Miguel Ángel Rodríguez, AlCATEL CIT, Edgar Valverde, Hernán Bravo, Eliseo Vargas, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Bonilla detalló que ahora se preparan las investigaciones necesarias para emprender las demandas contra los otros involucrados donde resaltan Willy Arnáez, el expresidente Rafael Ángel Calderón y la empresa Ericcson de Costa Rica.

El director jurídico explicó que la Contraloría y la Procuraduría actúan según su papel, la primera para inhabilitar a las empresas ante próximas licitaciones públicas y la segunda para resarcir del daño social que causaron.



FORTALECER AL ICE



Para Bonilla la intención del ICE en la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa es establecer las herramientas legales que ha perdido con los años y que obstaculizaron el accionar administrativo. Pero, con el Proyecto de Modernización del instituto se procura un mayor control y una efectiva rendición de cuentas.

Para Bonilla Costa Rica tiene, con el TLC, el compromiso histórico de establecer un marco regulatorio general para todas las instituciones públicas y privadas, sin olvidar que debe resaltarse los principios de solidaridad y universalidad de los servicios, como lo ha hecho esta institución a través de la historia.

El diputado Luis Gerardo Villanueva, quien preside la comisión legislativa mixta, explicó que en este momento se hace un estudio de las relaciones de Alcatel con los directivos y otras personas que tenían poder de decisión dentro del instituto.

Para facilitar este tipo de trabajo, la comisión propone fortalecer la auditoría interna y depurar la institución de personas que continúan trabajando, a pesar de que sus accionar no hayan sido el mas  transparente.

El lesgislador explicó que se debe dar una «vacunación preventiva» contra la corrupción, con el proceso de reforma a la ley, pero con una verdadera labor de concientización a los funcionarios públicos de que deben hacer un trabajo limpio. Estas acciones a su vez repercutirían en las otras instituciones estatales pues el ICE es un modelo nacional.

Villanueva comentó que el TLC obliga a legislar en varios puntos como la modernización del instituto y la regulación de los servicios públicos de telecomunicaciones, pero que aún cuando no se aprobara el TLC, la Ley de Fortalecimiento es urgente.

Para Villanueva la situación del llamado «combo ICE» en el año 2000 fue el «campanazo» de lo que hacían una red de empresas alrededor de la institución. «Al ICE lo querían desmantelar, lo querían vender», comentó el parlamentario.

Para el diputado esa situación se controló después de las manifestaciones populares contra el combo, pero algunas empresas continuaron moviendo sus influencias dentro del ICE ilícitamente como el caso de Alcatel.

Con respecto a la denuncia de ANTTEC el diputado explicó que es un marco de referencia para unir las pruebas de lo que se está investigando aunque difiere en algunos puntos con las investigaciones del sindicato.