¿Ha habido tráfico de influencias en la ejecución del contrato de Alterra para modernizar el aeropuerto Juan Santamaría? Esta es una de las dudas que surgen de la maraña de relaciones empresariales que se dan en torno a este proyecto.
La población costarricense ha sido ampliamente informada de las relaciones cruzadas de empresarios, políticos, abogados y funcionarios públicos de alta jerarquía, con las contrataciones para ejecutar obras públicas mediante licitación.

En el proyecto a cargo ee la empresa Alterra Partners de Costa Rica, para modernizar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se puede percibir esta red de vinculaciones de figuras de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, sin que esto implique que sean ilegales.

Por eso, no extraña entonces que un bufete que asesora a una instancia del Estado, también asesore a una empresa que es socia de un consorcio que le entabla una demanda legal.

Las razones para que las mismas personas o empresas se repitan en el sector público y el privado, se podrían originar en que Costa Rica es un país pequeño y de poca población, o porque los intereses económicos se han globalizado para las partes.

Un caso en el que los intereses parecen diluirse, tiene que ver con la posición asumida recientemente por el Ministro de Hacienda -Federico Carrillo Zürcher-, quien forma parte de una comisión que renegocia el contrato de Alterra.

Como se recuerda, la compañía que administra dicho aeropuerto perdió el mes pasado un litigio por $79 millones contra el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), órgano que funciona como contraparte estatal en el contrato firmado para mejorar las instalaciones aeropuertarias.

Dicha firma reclama al Estado el pago de reajustes financieros que según la Contraloría General de la República exceden a lo pactado en el contrato y por lo tanto no procede su cobro.

Días antes de conocerse el fallo del tribunal arbitral que rechazó la demanda, funcionarios de la Corporación Financiera Internacional -que le prestó $90 millones a Alterra- visitaron Costa Rica, para expresar que para desembolsar más fondos, se le debía garantizar equilibrio financiero a esta compañía.

Fue en ese momento cuando el ministro Carrillo Zürcher -quien fue además presidente del CETAC-, dijo que los bancos «con toda razón están preocupados por la negligencia con la que el Gobierno ha manejado este tema» (La Nación, 12-11-04).

El jerarca agregó que «nosotros tenemos que darle seguridad jurídica a instituciones de renombre internacional (los acreedores) que han invertido casi $100 millones en el país».



SER O NO SER…



A Carrillo este Semanario le planteó varias preguntas acerca de estas manifestaciones y otros aspectos ligados a Alterra, pero se limitó a dar una respuesta lacónica: «Como ministro, yo trabajo en función de los intereses del país y de lo que más les conviene a los costarricenses».

Una de las interrogantes se refería a las citadas declaraciones. «¿Cree usted que esto sea un adelanto de criterio en favor de la empresa Alterra y en contra de los intereses gubernamentales que representa?», fue una de las preguntas que no respondió.

Tampoco quiso aclarar si existía algún conflicto de intereses, al tener que tomar decisiones en la renegociación del contrato y ser parte del bufete «Zürcher, Montoya y Zürcher», el cual se fusionó recientemente con el de «Odio& Raven», que asesora tanto al CETAC como a la empresa costarricense asociada a Alterra en la remodelación del Juan Santamaría: CORMAR S.A., firma que pertenece a José Rossi, exministro de Comercio Exterior y exmiembro de la junta directiva de la Corporación Fischel.

El Ministro es hijo de la diputada Joyce Zürcher Blen, integrante de la comisión especial legislativa que investiga licitaciones y contrataciones del Estado, incluida Alterra. Carrillo Zürcher afirmó que desde 1990 no tiene relación con el citado bufete que lleva el nombre de parientes suyos, aunque en la página en Internet del grupo aún aparece como asociado.

La legisladora Zürcher -junto con sus compañeros de la comisión- votó en días pasados en contra de la moción para «exigir al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al Órgano Fiscalizador de la Gestión Interesada y al Consejo Técnico de Aviación Civil, en el lapso perentorio de dos semanas, resolver de conformidad con lo dispuesto por la ley y el Contrato de Gestión Interesada, en cabal cumplimiento y concordancia con todo lo dispuesto hasta la fecha por la Contraloría General de la República».

Respecto al bufete Odio&Raven, entre sus miembros está Sergio Artavia Barrantes, quien ha asesorado al CETAC, a CORMAR, y últimamente fungió como juez del tribunal arbitral del Centro de Resolución de Conflictos en Materia de la Propiedad.

Integrante de Odio&Raven es también el abogado Claudio Donato Monge, asesor del CETAC cuando se negoció con la Corporación Financiera Internacional en Washington, el reconocimiento de los incrementos de costos alegados por Alterra y el traslado -en calidad de préstamo- a esta empresa de ingresos que le correspondían al CETAC.



OTRAS RELACIONES



Por otra parte, el bufete que atiende algunos asuntos de Alterra es el «Facio y Cañas», del cual forman parte reconocidas figuras políticas, como Rodrigo Arias Sánchez, exministro y hermano del exmandatario Óscar Arias; Gonzalo Facio, excanciller; Rodrigo Oreamuno, exvicepresidente de la República; y Manuel González Sáenz, Ministro de Comercio Exterior.

Asimismo, la directora ejecutiva de Alterra es la abogada Mónica Nágel, del bufete «Feinzaig, Scharf y van der Putten». Ella también fue ministra de Justicia en la administración de Miguel Ángel Rodríguez y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros.

Uno de los socios principales de este bufete es primo de Eliécer Feinzaig Mintz, expresidente del CETAC en el gobierno anterior. Durante su gestión aceptó los reajustes de costos de obras que planteó Alterra y avaló Miguel Ángel Rodríguez, acción que fue cuestionada por la comisión legislativa que indagó el contrato en la administración anterior, así como por la Contraloría General de la República.

Mientras tanto, el bufete «Daremblum y Asociados» fue el encargado de representar los intereses de la firma AGI que inicialmente obtuvo el contrato para mejorar el aeropuerto y que después traspasó sus acciones a Alterra. Su principal socio, Jaime Daremblum, se desempeñó durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y hasta hace poco, como embajador en Washington.

El actual director legal de Alterra Partners, Uri Rudelman, pertenecía al bufete Daremblum y Asociados.

Entrevistado sobre este tema el parlamentario Rodrigo Alberto Carazo -miembro de la comisión que estudia el contrato de Alterra- confirmó que hay una reiteración de bufetes -como el de Odio&Raven- en la prestación de asesorías al CETAC,  en la interpretación de incumplimientos al contrato por parte de Alterra y en el juicio arbitral.

En relación con lo expresado por el ministro Carrillo en torno a «la negligencia con que el Gobierno ha manejado este asunto», Carazo criticó sus aseveraciones y añadió que el funcionario no tiene ningún conflicto de intereses para estar en la comisión que renegocia el contrato, siempre y cuando actúe en su calidad de ministro y que «asuma su responsabilidad a la hora de actuar en nombre del Estado costarricense».

Todo este tipo de relaciones e influencias entre el sector público y privado posiblemente se ajuste al marco de lo legal. La conveniencia que se den  pareciera ser más bien una discusión de carácter ético.

La «Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública» podría ser un arma para combatir este tipo de relaciones, en las que se mezclan los intereses públicos, los privados y los personales.

En el artículo 52 se dice que: «Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro».