Piden más de ¢800 millones por terreno con «barro de olla», útil para 2.200  ceramistas en Guaitil, Guanacaste.
Mas de 2.200 familias viven en las comunidades de Guaitil y San Vicente -cantón de Santa Cruz, Guanacaste- de la elaboración de cerámica con motivos chorotegas.
La a veces despreciada arcilla rojiza, que en algunos casos se convierte en un componente que favorece los derrumbes de cerros o en atolladeros para los vehículos en las carreteras en mal estado, es para los artesanos guanacastecos de Guaitil y San Vicente el valioso material con que elaboran -desde hace varias décadas- bellas vasijas adornadas con motivos indígenas.

Esta tradición artesanal y cultural de ceramistas del cantón de Santa Cruz -Guanacaste-, hoy está en peligro de extinción -y con ello la estabilidad económica de numerosas familias-, debido a que la fuente que los abastecía del «barro de olla» se agotó, y les cobran más de ¢800 millones  por un terreno aledaño.

El lamento por esta situación lo expresaron el presidente de la Asociación de rescate y conservación de la cerámica chorotega de Guaitil y San Vicente -Bernardo Vega- y la integrante de esta agrupación -Nury Marchena-, quienes reclaman que ni los diputados de la provincia han hecho algo por ellos.

Miembros de dicha asociación mostraron el sitio donde extraían la arcilla para sus piezas artísticas en cerámica y expusieron las dificultades socioeconómicas que viven, durante la visita reciente de un grupo de periodistas a la zona, organizada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Cabe mencionar que la cerámica artesanal de Guaitil es quizás la más reputada del país por su calidad artística, razón por la cual es buscada por compradores nacionales y también por turistas extranjeros, especialmente ahora que hay vuelos directos de excursiones al aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia.

Según explicó Vega, la propiedad de la cual extraían el barro desde hace más de 30 años pertenece al Estado y ahora que se acabó el material han realizado diversas gestiones para conseguir un terreno contiguo, propiedad de un finquero que pide ¢884 millones por 15 hectáreas (150.000 metros cuadrados), aunque ellos necesitan solo tres hectáreas.

Con el dueño de esa finca -de apellido Solórzano- tratan de negociar la venta de la porción que requieren, pero eso ha sido infructuoso, pues no muestran interés y más bien estaban gestionando obtener una concesión minera, para así venderles el material arcilloso por kilos, aseguró Vega.

Detalló que la explotación del material  de las tres hectáreas podría alcanzarles para casi un siglo. Según sus cálculos, el precio de mercado de cada hectárea en la zona oscilaría entre los ¢250.000 y ¢1 millón.



NO ES RENTABLE



El dirigente de la Asociación dijo que para los 2.200 artesanos no es rentable comprar el barro por kilos, debido a las condiciones económicas en que viven. «Nosotros sacamos apenas para sobrevivir», puntualizó.

Vega agregó que una carretada la cobrarían en ¢20.000, y esta cantidad equivale a aproximadamente 50 kilos; desde el punto de vista comercial, no es beneficioso», insistió. No obstante, afirmó que la asociación de artesanos podría hacer un aporte de ¢5 millones para la compra del terreno que requieren.

En la fabricación de sus vasijas, platones, y otras piezas, ellos utilizan materiales naturales para pintarlas con otras tonalidades, que los extraen de otros tipos de arcillas mezcladas solo con el mencionado barro, con el que han trabajado por décadas.

Según Vega, el ministro de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD) -Guido Sáenz- invitó en varias ocasiones al dueño de la finca para negociar su venta, pero no hubo un resultado positivo

Consultado al respecto el ministro Sáenz, reconoció que la comunidad está frente a «un problema legal muy serio, para cuya resolución debe haber buena voluntad de ambas partes; ambas fuerzas deben congeniar».

El titular del MCJD destacó los productos culturales de la zona como «un ejemplo de calidad y belleza», al tiempo que se comprometió a «meter el hombro» en todo lo que como Ministro pueda hacer.

Por su parte, Alexandra de Simone, a cargo de la Dirección General de Cultura, comentó que la situación «es de altísimo interés, tanto para esa Dirección como para el Ministro», al tiempo que reconoció que los artesanos de Guaitil llevan mucho tiempo en busca de una solución permanente a la escasez de materia prima.

«La artesanía de Guaitil no sólo es una pequeña empresa clave para la supervivencia de la comunidad; también tiene un enorme valor artístico y cultural», agregó.

Resaltó que hasta hace un tiempo el dueño de la finca donde se encuentra la veta regalaba la arcilla, pero luego empezó a venderla y ahora por el terreno pide un precio «inadmisible».

La funcionaria detalló que fue en ese momento cuando Sáenz entró a negociar y mantuvo tres reuniones con la familia propietaria de la finca, gestiones que no fructificaron, pues «ésta no mostró ningún interés, a pesar de que se les invitó a participar del rescate de un patrimonio cultural invaluable».

Aunque de Simone explicó que existe la expropiación como segunda opción, reconoció que también es complicada, dado que los dueños del terreno lograron una concesión del recurso minero de la zona, «así que además de la expropiación, habría que pagar una indemnización».



ESFUERZOS INÚTILES



En cuanto a los esfuerzos realizados para apoyar a la comunidad, de Simone detalló que Guido Sáenz ha mantenido reuniones con representantes de instituciones como la Procuraduría General Agropecuaria, el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cuya intervención es necesaria en caso de expropiación.

«En ninguno de los dos planos, el de la expropiación o el económico, el ministro puede hacer nada más que presionar», reconoció la funcionaria, al tiempo que consideró que en estos momentos se debe volver a iniciar todo el proceso, a pesar de que «el dueño no quiere negociar».

Con el fin de indagar acerca del malestar de los artesanos porque los diputados de la provincia no han hecho nada por ayudarles, se consultó a varios legisladores.

Sigifredo Aiza, del Partido Liberación Nacional, declinó opinar sobre el tema, tras reconocer que los propietarios de la citada finca son primos hermanos suyos.

Dijo que la expropiación no procedería, ya que favorecería a una empresa privada (la asociación de artesanos), independientemente de que la actividad sea de interés público.

Interrogada al respecto la diputada María Lourdes Ocampo -del Partido Unidad Social Cristiana-, explicó que ella y Aiza se han dividido sus gestiones cantonales entre la llamada «altura» y «bajura» guanacasteca; por ello, se limita a respaldar el trabajo que realiza su colega y por lo tanto su posición sobre el tema es la misma.

Se intentó conocer el nombre del dueño -Solórzano- de la referida finca en la Municipalidad de Santa Cruz, pero no supieron precisar el dato y aunque dieron un número telefónico, este resultó ser propiedad de otra familia.

Pese a los inconvenientes que enfrentan, los ceramistas esperan que se les resuelva el problema, pues de lo contrario podría desaparecer este legado de la cultura chorotega que ellos han rescatado, advirtió Bernardo Vega, presidente de la Asociación de rescate y conservación de la cerámica chorotega de Guaitil y San Vicente.