Muy pocos estudiantes logran completar la carrera en la UCR.
Karina Ramírez es una de las 115 personas con discapacidad que cursan estudios en la Universidad de Costa Rica (UCR). El año pasado estudiaba psicología pero la falta de materiales de apoyo para la lectura, como grabaciones de buena calidad, impresiones en lenguaje Braille y comprensión del cuerpo docente, la obligaron a buscar otra carrera en la que estos obstáculos no se presentaran de manera tan frecuente.
 

Como persona no vidente, Karina eligió llevar inglés. «Pensé que por ser una carrera más oral y auditiva, se facilitaría mi condición, sin embargo algunos profesores no aceptan que yo escribo más despacio y en las pruebas de comprensión oral, donde se repite una grabación dos veces, no me da tiempo de escribir las respuestas completas», afirmó.

El caso de Karina ilustra la realidad de las personas con discapacidad en las universidades estatales y reabre la discusión sobre facilitar el acceso amplio a la educación superior.



SE VENCIÓ EL PLAZO



A siete años de la promulgación de la «Ley General para el Desarrollo, Integración y Promoción de la Persona con Discapacidad en Costa Rica» ( Ley 7600), las instituciones públicas y privadas de educación están obligadas a realizar todas las adaptaciones en materia curricular con el fin de proporcionar igualdad de oportunidades para este sector de la población.

Oscar López Arias, asesor presidencial en esta materia en la administración Pacheco, puntualizó que las universidades están obligadas a adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad y no a la inversa.

«Los siete años de plazo se cumplieron en mayo del 2004; ya se venció el plazo para el transitorio 1, por el cual el Ministerio de Educación debía hacer los arreglos curriculares. Si las universidades no lo han hecho, cualquier recurso de amparo sobre exclusión curricular ante la Sala Constitucional lo declararían con lugar,» subrayó López.

En materia de infraestructura, según la Ley 7600 el plazo para realizar adaptaciones físicas como rampas, ascensores, iluminación, es más largo. Algunas obras dentro del campus de la Sede Rodrigo Facio ya se han hecho.

Desde el 2000, la UCR reinició un proceso de apertura y accesibilidad de la educación superior para personas con discapacidad por medio del Centro de Asesoría y Servicios para Estudiantes con Discapacidad (CASED), encargado de proporcionar todos los servicios de apoyo para la población estudiantil con discapacidad.

Según explicó Lisbeth Alfaro, orientadora e integrante del equipo de apoyo de CASED, el centro brinda tutores, intérpretes del Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO), lectores que realizan grabaciones de textos en audio, y acompañantes para la toma de apuntes en clase y  transcripciones en Braille.

Agregó que desde el 2002 existe un convenio entre este Centro, la Oficina de Orientación y el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) que proporciona a la población con discapacidad equipos técnicos especializados para facilitar el acceso a la información.

El Semanario realizó un recorrido por las bibliotecas de Salud, Derecho, la Carlos Monge Alfaro y  la biblioteca Luis Demetrio Tinoco, y comprobó que cuentan con lentes telescópicos y lupas electrónicas, escáner parlante, impresora Braille, el programa parlante de grabación digital Llave Yos   y el teléfono TTY para la discapacidad auditiva, así como personal de asistencia sobre su utilización.

Sin embargo, en el caso de Karina este soporte técnico no estuvo a su disposición hace dos años cuando estudiaba psicología y a menudo no recibía las grabaciones a tiempo, lo cual le impedía realizar las tareas.

A veces los voluntarios que debían hacer las grabaciones  no habían tenido tiempo de hacerlo, o no leían claramente ni hacían la puntuación correcta, lo cual imposibilitaba la comprensión.

En mayo de 2004, el Consejo Universitario publicó el acuerdo para tomar las medidas presupuestarias requeridas con el fin de adquirir las ayudas técnicas y brindar los servicios de apoyo de acuerdo con la Ley 7600.

«Yo no culpo a CASED, porque más bien hace una buena labor tomando en cuenta los recursos disponibles, pero sí a la UCR que por ley tiene la responsabilidad de ser accesible para todas las personas. El Consejo tardó mucho en asignar presupuesto para dotar de las herramientas a las bibliotecas», manifestó Karina.

Carlos Villalobos, Vicerrector de Vida Estudiantil afirmó que efectivamente, de acuerdo con la misión de la universidad que es asegurar la equidad, es preciso hacer todo lo posible para certificar no sólo la accesibilidad, sino la permanencia de las personas con discapacidad dentro del sistema de educación superior.

Villalobos rescató la labor que realiza el CASED, el cual busca que el acceso a la información sea lo más igualitaria posible para que las personas con discapacidad puedan terminar sus estudios.



CUMPLIR LA LEY



Luis Fernando Astorga, Presidente del Foro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y miembro de la Red Iberoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) considera que el principal obstáculo para el cumplimiento de la Ley 7600 se centra en las instituciones que deben hacer que se cumplan los plazos predeterminados.

En su criterio, el Centro Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CENARE), fue creado en 1973 como ente rector de la educación especial y rehabilitación, con la misión de velar porque las políticas públicas fueran adecuadas para las personas con discapacidad.

Desde 1996 la Ley 7600 lo convirtió en el ente fiscalizador de la discapacidad, cuyo objetivo es asesorar, educar y supervisar que se cumpla dicha normativa en todas instancias gubernamentales (incluidos los ministerios) y en las cuatro universidades estatales.

No obstante, Astorga considera que esta misión de CENARE ha sido distorsionada desde que empezó a brindar atención directa de educación y rehabilitación, dejando de lado su función de fiscalizar la aplicación de las normativas vigentes; por lo no existe una institución encargada de sancionar el incumplimiento de la ley.

Agregó que la Universidad de Costa Rica tiene una política de accesibilidad bien orientada, aunque en la práctica no parece estar dando los resultados que se espera, ya que la cantidad de profesionales con discapacidad que se egresan del sistema de educación superior estatal, es sumamente reducida. (Ver recuadro)

Sobre este punto se trató de consultar la opinión de la Rectora de la UCR Yamileth González, se le dejaron varios mensajes con su secretaria quien solicitó que se le enviara un mensaje por correo electrónico, sin embargo al cierre de esta edición no se recibió ninguna respuesta.



PROFESORES NO ESTÁN PREPARADOS



Por experiencia propia Karina considera que la mayoría de profesores y compañeros se sienten intimidados o asustados cuando se dan cuenta que tienen un alumno con discapacidad en el aula.

«Los entiendo porque en realidad no saben de lo que uno es capaz; por ejemplo, en la carrera de educación no hay ni un solo curso sobre discapacidad o sobre cómo trabajar con alumnos como yo, entonces no saben cómo actuar», señaló.

Al respecto Villalobos explicó que aún falta mucho por mejorar, especialmente en la capacitación del cuerpo docente que muchas veces se encuentra en una situación difícil, pues no se sienten preparados para ofrecer el apoyo necesario a personas con cualquier tipo de discapacidad, sea física o mental.

Astorga considera que el principal problema en la UCR es el de la accesibilidad y actitud del cuerpo administrativo y académico, pues no se ha logrado establecer aún conciencia y sensibilización para recibir y apoyar el desarrollo profesional de las personas con discapacidad. Ellas no sólo deben superar innumerables barreras y prejuicios durante su carrera universitaria, sino que luego de graduadas deben enfrentarse a condiciones de acceso a un mercado laboral que las excluye directamente.

Esto por cuanto existe una tendencia generalizada a asociar la discapacidad con enfermedad, tanto así que según el Informe Regional de las Américas del Centro Internacional de Rehabilitación (CIR) de Chicago, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe es de 80%.

Así mismo, Astorga señaló que la importancia del papel que cumplen las organizaciones de personas con discapacidad radica en su capacidad de negociación y divulgación de información para concienciar a la población sobre las verdaderas capacidades de las personas que viven con cualquier tipo de discapacidad.

Villalobos aseguró que su gestión tiene gran interés por hacer que los estudiantes con discapacidad tengan las mejores oportunidades, por lo que trabajan en informar a la población universitaria e invitarla a participar en el ejercicio del derecho a la educación superior de las personas con discapacidad.

Para Karina, la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) debería involucrarse más en esta labor, «en cuatro años que he estado en la U, la FEUCR no ha mostrado verdadero interés por las personas con discapacidad, sólo nos toman en cuenta durante la campaña política para atraer más votos», aseveró.

Ella considera que la Federación podría trabajar en campañas de comunicación educativas e informativas para divulgar las capacidades de las personas con discapacidad y facilitar que reciban las mismas oportunidades de estudio.



SISTEMA EXCLUYENTE



Con base en su experiencia personal, Karina considera que el sistema educativo de la UCR es excluyente en materia curricular e infraestructural, «es como la ley del más fuerte, uno tiene que jugársela a ver cuánto aguanta y si logra salir con algún título», declaró.

Este criterio lo comparte Oscar López, quien afirmó que «la UCR es muy excluyente, no existe en este momento ninguna universidad pública ni privada que sea incluyente; se han hecho buenos esfuerzos, pero estamos muy lejos de un sistema que ofrezca realmente igualdad de oportunidades».

Por otro lado, el vicerrector Carlos Villalobos opina que la UCR no es excluyente, en la medida de lo posible se hacen esfuerzos por no serlo, tanto así que formó parte activa en la elaboración de la Ley 7600 y está comprometida seriamente con ser más accesible a todas las personas que aprueben el examen de admisión.

En ese sentido, Luis Fernando Astorga considera que es preciso ver la educación como un todo y por lo tanto analizar la exclusión del sistema desde primaria y secundaria hasta la universidad, ya que el concepto de educación inclusiva apenas se está empezando a introducir.

«El principal indicador para saber si un sistema es excluyente, es el número de personas con discapacidad en las universidades, y ese indicador lo que nos dice es que nuestro sistema de educación las excluye, pues quienes completan la formación universitaria no son la regla sino la excepción», manifestó.

La accesibilidad y permanencia en la educación superior son los mayores desafíos. Alcanzar esa meta está en manos de toda la población universitaria y su compromiso con brindar las mismas oportunidades a todos los sectores.

Número de estudiantes con discapacidad egresados de las universidades estatales desde que cada uno inició su proceso de accesibilidad
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EGRESADOS
UNED 15
ITCR  3
UCR   No existe el dato
UNA   No existe el dato

Fuente: Luis Fernando Astorga