Le llaman «Beijing + 10» porque se realizará una década después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizada por las Naciones Unidas y celebrada en Beijing, en 1995.

La cita reúne, en Nueva York, desde el 28 de febrero y hasta el 11 de marzo, a representantes gubernamentales de alto nivel de más de 100 países, y a personas de organizaciones no gubernamentales, que tienen por tarea evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la ciudad china para acabar con la subordinación de las mujeres.

Según una nota de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), «se prevé que los gobiernos reafirmen su compromiso de promover la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer», porque, a pesar de todos los esfuerzos, «la violencia contra la mujer, la falta de oportunidades económicas y las violaciones de los derechos humanos, siguen siendo desafíos clave.»

La evaluación se hará a partir de la información recogida por una encuesta aplicada a 135 países sobre los logros y los problemas que aún encaran en relación con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Plataforma de Acción de Beijing.

Las «doce esferas de especial preocupación» que arrojan los resultados de la encuesta son: la mujer y la pobreza, la educación, la salud, la violencia contra la mujer, los conflictos armados, las oportunidades económicas, el poder de decisión, los derechos humanos, los medios de difusión, el medio ambiente, la niña y los mecanismos establecidos por los gobiernos para promover la igualdad entre los géneros.»

En su momento, la Plataforma de Beijing buscó ser mediatizada por las fuerzas más conservadoras del planeta, que discrepan en cuanto a si «Dios» se llama «Cristo» o «Mahoma» y si el «enemigo principal» se apellida «Bin Laden» o «Bush», pero que concuerdan plenamente en que para preservar el orden establecido, es esencial mantener un férreo control sobre la sexualidad de las mujeres, y sobre cualquier elección sexual que no garantice la hegemonía masculina.

Cuando se espera que estas poderosas fuerzas intenten nuevamente derribar las torres de lucha y esperanza que levantan quienes ocupan el lugar feminizado de las relaciones de poder en el mundo, la ministra de la Condición de la Mujer, Georgina Vargas Pagán, jefa de la delegación oficial costarricense en esa cita, dijo a UNIVERSIDAD que el país expondrá los principales avances logrados, pero también reconocerá la importancia de trabajar más intensamente por «el cambio sociocultural» que «marque la diferencia».

La titular también reconoció que llegó la hora de que el Estado asuma «de manera directa» su papel de garante de los derechos sexuales y reproductivos de la población costarricense. (Ver entrevista: «Estamos construyendo el cambio»)

Ministra Georgina Vargas:

«Estamos construyendo el cambio»
Georgina Vargas Pagán, Ministra de la Condición de la Mujer, dijo a UNIVERSIDAD que si bien el país ha dado pasos importantes a favor de la realización de los derechos humanos de las mujeres, aún persisten desafíos importantes, principalmente en cuanto a sus oportunidades de lograr autonomía económica.

Además, enfatizó en la necesidad de que el Estado participe de manera más activa y directa en promover el «cambio socio-cultural» que erradique la desigualdad entre los sexo.



¿Será un balance positivo el que se llevará a New York?

-A lo largo de una década Costa Rica ha realizado esfuerzos  importantes en la lucha por los derechos de las mujeres, que constan en el Informe presentado en mayo de 2004 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing.

En este damos cuenta de los avances y desafíos logrados en todas las esferas de especial preocupación establecidas en la Plataforma, entre las cuales están pobreza, salud, educación, trabajo.

Otro aspecto que se destaca en estos diez años, son los avances en materia de legislación nacional. En 1995, mismo año en que se establece la Plataforma, Costa Rica ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem do Pará.

Asimismo, se implementaron reformas en el artículo 95 del Código de Trabajo, para otorgarles el derecho a una licencia remunerada por maternidad y por adopción de una persona menor de edad. Se modificó también la Ley 7532, donde se reguló la unión de hecho, para efectos patrimoniales; y se reconocieron en el Código de Familia, los derechos de las parejas que viven en unión de hecho.

Un año después, en 1996, la Ley de Pensiones Alimentarias surgió debido a la necesidad de agilizar los trámites en procesos alimentarios, e integrar prácticas judiciales. Se suman a este esfuerzo los cambios aplicados en el Código Electoral para garantizar una participación y representatividad de las mujeres en el escenario político.

Durante los años siguientes se creó la Ley de Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza, otra para proteger a las madres adolescentes, una Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, la de Violencia Doméstica y la Ley Contra la Explotación Sexual de las Personas Menores de Edad.

De igual manera, en el 2001 se ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas. Con ello, el Estado costarricense reafirmó su voluntad de propiciar condiciones que eviten la discriminación por género.

En ese mismo año, se aprobó la Ley de Paternidad Responsable, que ha dado resultados positivos en la protección de los derechos de las niñas y los niños, y ayuda en el cambio de los patrones de socialización de mujeres y hombres.

Lo anterior es tan solo un ejemplo de los avances logrados en esta década y denota el compromiso por facilitar condiciones que les permitan a las mujeres disfrutar de condiciones de igualdad y equidad, en pleno disfrute de sus derechos.

Existen desafíos que nos motivan a seguir en esta lucha, como el cambio sociocultural que debemos buscar, no desde una institución, sino como bandera de las distintas plataformas sociales. Cuando hombres y mujeres logremos incorporar en nuestras prácticas cotidianas que las mujeres somos sujetas de derechos, tendremos un país con un verdadero desarrollo social, donde el género no marcará ninguna diferencia.
¿Cuáles son los puntos más débiles en la equidad entre mujeres y hombres?



– La desigualdad en cuanto a los derechos económicos, los cuales deben inscribirse en el curso principal de las políticas nacionales. Procurar el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres a los recursos productivos, eliminar toda discriminación laboral y lograr la valorización del trabajo femenino, enuncia un imperativo político y social que privilegia el desarrollo humano como eje fundamental para lograr una sociedad de mayor igualdad y equidad.

También existen grupos que históricamente han quedado desprotegidos y excluidos, tales como las mujeres migrantes, adultas mayores y mujeres indígenas.



¿No llegó ya la hora de que el Estado asuma el papel rector que le corresponde en cuanto a hacer reales los derechos sexuales y reproductivos, incluso contra la resistencia de los sectores más conservadores?



-Estoy de acuerdo en que es el momento de que todos atendamos de manera directa ese tema, por eso es que estamos construyendo, en conjunto con distintos sectores (organizaciones de mujeres, medios de comunicación, los Poderes de la República) la Política Nacional para la Igualdad y Equidad.

Deseamos empezar el 2006 con esta política para institucionalizar y «transversalizar» la igualdad y equidad de género en el conjunto del Estado. Desde esa política podremos abarcar distintos ejes como derechos económicos, pobreza, mujeres jóvenes y niñas, cambio sociocultural, y otros que harán que se termine de reconocer a las mujeres como sujetas de derechos, donde puedan ejercer su ciudadanía plena, donde exista un mecanismo nacional con un compromiso expresado en su misión y que podemos institucionalizar en el conjunto del Estado las políticas de igualdad y equidad de género.



Aunque la ley prohíbe la discriminación por sexo, es una práctica que, sobre todo las empresas privadas, paguen menos a las mujeres que realizan el mismo trabajo que los hombres, en las mismas condiciones y con igual calificación. ¿Cómo aborda esto el INAMU?



-Ese es otro problema que no solo está presente en la empresa privada. Pese a que, según lo ha demostrado el Estado de la Nación, las mujeres tenemos mayores niveles de educación y una participación con mayores niveles profesionales, persisten trabas de índole estructural, por eso seguimos más afectadas por el desempleo, subutilización, segregación laboral y currículum oculto.

La elaboración de esta Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género, ayudará también en este sentido, en el tanto que dotará de nuevos instrumentos al Ministerio de Trabajo y al INAMU para buscar políticas de empleo justas, tratando de cerrar brechas en todos los ámbitos donde impere desigualdad.



En el año que resta de su gestión, ¿cuáles serán los énfasis en la labor del INAMU?



-Me interesa seguir trabajando en el tema de los derechos económicos. Las mujeres somos sujetas de derechos y agentes activas del desarrollo del país. Por eso debemos dotar de los instrumentos necesarios que permitan la «empleabilidad», su «empresariedad» e incorporación activa a procesos productivos sostenibles.

Uno de esos instrumentos es el acceso real a fuentes de financiamiento, por eso trabajamos con el Banco Nacional de Costa Rica, para financiar proyectos de microempresarias, y vamos planes de capacitación regional en temas diversos como: innovación y microempresa, riesgos y potencialidades de la microempresa, servicios de apoyo y asistencia financiera.

Además, estamos apostando a la capacitación, por eso trabajamos en la construcción del Centro nacional de formación y desarrollo del liderazgo político y cultural de las mujeres, desde donde contribuiremos para que puedan ejercer plenamente su ciudadanía, desde un enfoque de derechos y desde las diversidades. Para ello, se programarán cursos de formación especializados en: liderazgo, derechos políticos, participación, género y ciudadanía, administración, formulación de proyectos, producción de espacios de creación y manifestación sociocultural y programas de intercambio.