La sustitución de equipo médico dejó una pérdida de ¢128 millones para la CCSS
Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que la sustitución de 34 equipos médicos que nunca funcionaron, comprados con el préstamo español, culminó con una pérdida económica para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según el informe No. DFOE-SA-15-2004 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa el en Área de servicios de Salud de la Contraloría, los equipos originales presentaron deficiencias en el funcionamiento, por lo que fue necesario sustituirlos.
El perjuicio se dio porque el material español, marca EYMASA, comprado con el dinero del crédito le costó a la Caja $416.449 (¢192 millones); sin embargo, los aparatos entregados por el cambio, marca MAICO, se valoran en $139.400 (¢64 millones).
El estudio del órgano contralor analizó los procedimientos seguidos por las autoridades y empresas involucradas con el fin de detectar irregularidades.
Además se plantea nuevamente la ineficiencia de la Unidad Ejecutora del Proyecto España (UEPE), la cual debió velar por resolver los problemas de la calidad de los aparatos.
 
 

SUSTITUCIÓN DE EQUIPO

Desde el inicio el mal funcionamiento de los instrumentos fue denunciado por los jefes de servicio de otorrinolaringología en los hospitales y por los médicos a sus respectivas autoridades, incluyendo la UEPE. Pero los equipos permanecieron sin sustitución o reparación en los centros médicos.
Las quejas continuaron por parte de varios médicos, especialmente por los doctores Julián Chaverri Polini y Martín Nassar Jacobo, del Hospital México y Nacional de Niños respectivamente. Ante ello la UEPE y la Gerencia de Modernización y Desarrollo coordinaron con la empresa española ICUATRO S.A. la sustitución de los aparatos.
El 5 de noviembre del 2002 se firmó un acuerdo entre Juan Carlos Sánchez Arguedas, gerente de la División de Modernización y Desarrollo de la CCSS y Fernando Mazarrasa, director de ICUATRO, en el que se reemplazaban los audiómetros e impedanciómetros por modelos MAICO que fueron aprobados por Julián Chaverri, quien anteriormente había recomendado los aparatos EYMASA.
El director de la UEPE, Alvaro Muñoz Fonseca, aclaró en el 2004 a la Contraloría que con el cambio de equipos se buscaba contar con instrumentos que funcionaran correctamente atendiendo al criterio técnico de Chaverri.
Sánchez declaró a la Contraloría que la UEPE «veló porque los equipos que se entregaron en sustitución de los originales fueran adecuados,» objetivo que dice se cumplió pues están en funcionamiento.
Chavarri, por su parte, dijo a la Contraloría que debido a que los aparatos españoles nunca funcionaron, podrían sustituirse con los modelos MAICO; incluso presentó una factura pro forma de la empresa costarricense Laboratorios J.R. Sánchez S.A. que incluía el costo de los equipos.

DIFERENCIA MILLONARIA

El 18 de octubre del 2002 la UEPE remitió a ICUATRO S.A. la recomendación de Chaverri para la sustitución del equipo por los de marca MAICO con la respectiva cotización de la empresa Laboratorios J.R. Sánchez.
No fue sino haste el 18 de febrero del 2003 cuando ICUATRO aparece como el comprador de los equipos MAICO a J.R. Sánchez para suministrarlos a la Caja.
Los audiómetros españoles EYMASA tenían un costo por unidad de $12.059 (¢5.571.258), mientras que los MAICO se valoraban en $4.000 (¢1.848.000). Igualmente los impedanciómetros españoles tenían un valor de $12.438 (¢5.746.356) mientras los MAICO costaban $4.200 (¢1.940.400).
En suma, los equipos EYMASA adquiridos como parte del préstamo español le costaron a la Caja $416.449 (¢192.422.538), mientras que los sustituidos marca MAICO tenían en total un valor de $139.400 (¢64.402.800). Por lo tanto la Caja debió asumir en el intercambio una pérdida de $277.049 (¢128 millones).
Para la Contraloría es inaceptable que se haya aceptado el cambio de equipos a sabiendas del perjuicio económico millonario que implicaba para la institución.
ICUATRO argumentó que la diferencia de precios se debe a las diferentes condiciones que tenían los equipos y a que los instrumentos EYMASA son clínicos y diagnósticos, mientras que los MAICO son solamente diagnósticos.
La compañía española manifestó a la Contraloría que procedió a la sustitución «en aras de arreglar un problema que no era de los equipos, los cuales cumplían a satisfacción las especificaciones técnicas, sino de operación propia de los profesionales en su manejo».
El doctor Chaverri por su parte, negó al órgano contralor que los precios fueran asunto de su competencia.
El presidente de Laboratorios J.R. Sánchez, José Raúl Sánchez Cerdas, rechazó cualquier responsabilidad, puesto que su empresa vendió el equipo a ICUATRO y no a la CCSS directamente, por lo tanto la transacción se dio dentro entre dos empresas privadas en carácter comercial.
Pero la Contraloría comprobó que la empresa nacional suministró los equipos directamente a la Caja en representación de ICUATRO, y además dio capacitación para su manejo e incluso es responsable del mantenimiento.

AUDITORÍA INTERNA

Un informe de la Auditoría Interna de la CCSS llamó la atención sobre las diferencias en los precios de los equipos sustituidos, pero finalmente determinó, según las justificaciones de ICUATRO y la UEPE, que los equipos no son comparables, por lo tanto tampoco sus precios.
La Auditoría Interna se manifestó conforme con el cambio de aparatos pues afirmó que hay aceptación general en la prestación de los servicios.

GESTIÓN DEFECTUOSA

La Contraloría General concluyó que no se agotaron los mecanismos de negociación para lograr una transacción de equipo más favorable para la Caja y denuncia una gestión «poco diligente y cuidadosa» para el beneficio del interés público.
Además, dispuso que se realice una investigación del porqué se dio la sustitución del equipo sin velar por los fondos públicos, incluida la responsabilidad que le cabría a la UEPE, a la Gerencia de Modernización e incluso a las actuaciones de la Auditoría Interna.
Finalmente se pidió anular el acta entre la Gerencia de Modernización y la empresa ICUATRO con el fin de realizar todas las acciones legales para recuperar la pérdida económica que sufrió la Caja con el cambio del equipo.

TRAS LA PISTA ESPAÑOLA
El crédito del Reino de España y el Banco Bilbao Viscaya, más conocido como préstamo español, fue promulgado por la Ley Nº 7683 del 31 de julio de 1997. Se gestionó un monto de $40 millones para la compra y renovación de equipo médico de los hospitales nacionales.
Sin embargo tiempo después se detectó la compra de equipo de mala calidad con fuerte sobreprecio y que no coincidía con las necesidades de los centros médicos.
La Junta de Notables que investigó los casos de corrupción de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) denunció «tráfico de influencias de corte político» y pidió investigar a los directores de la Unidad Ejecutora del Préstamo Español (UEPE), Alvaro Muñoz Fonseca y Mario Saavedra.
El empresario Rafael Carrillo elaboró una investigación por separado acerca del crédito y determinó que, además del sobreprecio en los equipos, hubo negligencia de la UEPE al no preparar las condiciones adecuadas para su instalación. Es por ello que los equipos vagaron durante meses y años por los pasillos de los hospitales.