Al menos $20 millones en préstamos incobrables o en riesgo tendría este banco según la Defensoría de los Habitantes.
La Sala Constitucional resolverá un recurso de amparo que interpuso la Defensoría de los Habitantes para que ésta pueda tener acceso a información sobre créditos de BICSA.

Las dudas aún rodean al Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), especialmente por el recurso de amparo planteado por la Defensoría de los Habitantes que solicita un informe de la auditoría interna de esa entidad bancaria en el que, al parecer, se habla de $20 millones en préstamos (¢9.260 millones) que son incobrables.
También este semanario supo de una readecuación de deuda que se le hizo a la compañía Pieles Costarricenses S.A., que pertenece al exmandatario Miguel Ángel Rodríguez, por $800.000 (¢370 millones al tipo de cambio actual).
En el informe ACI-8-2005 elaborado por la auditora de BICSA, Sonia Valverde, se detallan los empréstitos calificados como C, D y E, que en el sistema bancario quiere decir que están en alto riesgo o son incobrables.
Al respecto, el presidente de ese banco, Erick Thompson aseguró que no existe encubrimiento sobre créditos otorgados y que no puede referirse a este punto, ni al mencionado informe, por el principio de confidencialidad que se debe cumplir para sus clientes.

 

DIPUTADO EN CUESTIONAMIENTO

También la duda se sembró la semana anterior sobre aparentes presiones de los altos mandos del Banco Internacional para que no salga a relucir el citado informe de la auditoría en la megacomisión legislativa que investiga lo ocurrido en BICSA respecto de su historial crediticio y sobre si ha existido tráfico de influencias.
Se insinuó el nombre del presidente de dicha comisión, Bernal Jiménez -y de su hijo del mismo nombre- como favorecido con un crédito de $548.000, lo cual sería comprometedor para la objetividad que debe primar en esa instancia parlamentaria.
Sin embargo, el diputado negó categóricamente que tenga algún empréstito y mostró papeles del banco en el que sostiene que posee un depósito a plazo de $180.000. «Solo le debo al banco $34.637,22», explicó.
Dijo que «ninguna de mis empresas tiene préstamos con BICSA, ni Distribuidora MERCASA, ni ninguna otra». (Ver nota » Comisión investigadora estancada»)
La información salió de un correo electrónico enviado el 18 de enero por parte de un extrabajador del banco, a una funcionaria legislativa.
A pesar de la negativa de Jiménez, el legislador Federico Malavassi aseguró que tiene datos en su poder en el sentido de que un diputado de la megacomisión investigadora sí tiene conexión con BICSA mediante préstamos.
«Además, me ha llamado mucho la atención que la Contraloría General de la República no haya dado por admitido el informe de la auditora de ese banco y se lo haya devuelto, si es tan completo como el que entregó», dijo Malavassi.
Para él, como integrante de la comisión, si se sigue al ritmo actual de estudio sobre BICSA «vamos a llegar a hacerle la autopsia a un muerto».

PETICIÓN URGENTE

La Defensoría de los Habitantes interpuso la semana trasanterior un recurso de amparo -que ya fue admitido- contra BICSA Corporación Financiera S.A. en el que el Defensor Adjunto, Max Alberto Esquivel solicita el informe de auditoría sobre créditos incobrables, entre otros, para verificar si ha existido tráfico de influencias, según dijo este funcionario a UNIVERSIDAD.
El listado que se pidió, incluso directamente a la auditora interna del banco fue enviado a la Defensoría en forma incompleta, ya que se omitieron los documentos anexos donde se informaba sobre los créditos incobrables desde 1995 al 31 de octubre de 1994.
Esquivel argumenta que se está violando el derecho a la información que cualquier ciudadano o entidad tiene para conocer el manejo de recursos públicos.
Además, en el recurso de amparo menciona una resolución de la Procuraduría General de la República hecho en setiembre de 1994 donde explica que el secreto bancario tiene su alcance limitado a las cuentas corrientes.
También existen otros antecedentes en que las instituciones se han visto obligadas a dar información que entonces se consideraba de uso restringido.
La Defensoría tuvo un papel protagónico cuando presionó para que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) diera la lista de patronos morosos que existían para 2000, entre otros casos que se han dado en el país. (Ver nota aparte: «Antecedentes favorecen a Defensoría»).
El defensor fue enfático al asegurar su preocupación de que se trasladen a BICSA en Panamá los datos sobre todos los créditos otorgados y de que no haya posibilidad desde Costa Rica de fiscalizar qué sucedió con ellos.
«Nos da miedo otro caso de impunidad, de que se renuncie a la soberanía», subrayó.

DE NUEVO EN LA PICOTA

La readecuación de deuda hecha por $800.000 a Pieles Costarricenses S.A. forma parte de una fusión de una serie de créditos por $3,7 millones concedidos a diferentes empresas por las distintas oficinas de BICSA Corporación Financiera S.A. entre 1989 y 1994.
Este asunto lo estudia la auditoría interna del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), según señaló Thompson.
Un «Informe del estudio realizado en BICSA Corporación Financiera S.A. sobre diferentes aspectos administrativos y otros temas conexos» de 2004 aseguró que en 1998 el mencionado consorcio entró en crisis y fue disuelto.
Las empresas que lo conformaban debieron responder por la fianza solidaria de la deuda asumida con BICSA: dos de las empresas sí pagaron las deudas (cerca de $164.620.000), una no pagó del todo por lo que está en cobro judicial y la cuarta, luego de una serie de negociaciones, formalizó su deuda por cerca de $2.400.000.
Otro de los créditos polémicos que se efectuaron en BICSA fue el concedido al expresidente Rafael Ángel Calderón por $9 millones 400.000 para invertirlo como socio en la construcción del Hotel Crowne Plaza de Miami.
En noviembre pasado este crédito se encontraba con una estimación de incobrable del 20%, esto es, en categoría de riesgo.
Rodríguez y Calderón se encuentran en prisión preventiva mientras se les siguen diversas causas por supuesta recepción de comisiones por parte de la empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel.
Ellos, como principales líderes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) han impulsado procesos de apertura en el mercado costarricense, como el de la banca, las finanzas y apoyan decididamente los tratados de libre comercio como el que se negoció entre Costa Rica y Estados Unidos.
Se quiso conversar sobre los empréstitos incobrables de BICSA con la auditora Sonia Valverde en al menos tres ocasiones. Incluso, en una oportunidad se le visitó en su oficina pero con posterioridad avisó, mediante su secretaria, que tenía prohibición para hablar sobre el tema.
Otros créditos que han sido cuestionados desde hace varios años y que serán objeto de estudio en la megacomisión que investiga BICSA son los concedidos a las empresas Tomate Selecto, Grupo Cachí, Zona Franca del Caribe, Coopemontecillos R.L., GEFA y Cardel SawGrass, entre otros.

ACTUAR A TIEMPO

A la Defensoría de los Habitantes le preocupa sobremanera que la casa matriz de BICSA se traslade a Panamá porque sería una posible forma de evadir controles legales, económicos o contables sobre lo que se ha negociado.
En noviembre anterior la Contraloría General de la República advirtió a BICSA que «resulta necesario que tanto la Auditora Interna Corporativa como los funcionarios a su cargo formen parte de la planilla de BICSA Corporación Financiera S.A. como corresponde».
Para Erick Thompson las funciones para las que fue creado el banco en 1976 ya cumplieron su momento histórico.
En una entrevista con este semanario, Thompson aseguró que entre 1995 y 2004 la tasa promedio de incobrabilidad fue cerca de $4.500.000, mientras que la morosidad para el mismo lapso llegó a $20.000.000. Las utilidades fueron de $48.000.000, según dijo.
Mencionó que la fusión que se da entre BICSA y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) es supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la Contraloría, por lo que debe prevalecer la confianza de que no se cierra el banco para ocultar algo.
Sin embargo, lo contrario fue afirmado hace varios meses por el parlamentario Humberto Arce, de Unión Patriótica, quien manifestó su preocupación por un posible ocultamiento de irregularidades. Él también forma parte de la citada megacomisión.