La Isla del Coco está negociada en el TLC de República Dominicana sin que se dé cuenta el presidente y la mayoría de los diputados.
Linneth Saborío, Primera Vicepresidenta de la República, asegura que desconoce si la Isla del Coco fue incluída dentro de las negociaciones del TLC.
La presentación por parte del Movimiento Libertario (ML) del proyecto de ley para tramitar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que marcará el futuro del país, es inconstitucional y fuera de todo lugar, coinciden expertos consultados por UNIVERSIDAD.
 
 
Paralelamente, el Presidente de la República, Abel Pacheco y la mayoría de los diputados desconoce que la Isla del Coco -estratégica tanto por su riqueza natural como geopolítica- está incluída dentro del TLC con República Dominicana.
 
El hecho de que los libertarios presentaran el 3 de febrero el documento numerado 15.805 a consideración de la secretaría de la Asamblea Legislativa sería igualmente improcedente para cualquier otro proyecto legislativo, asegura Manrique Jiménez, exmagistrado suplente de la Sala Constitucional y profesor de Derecho Público en la Universidad de Costa Rica.
 
También opina lo mismo Alejandra Castro, quien es experta en derecho constitucional y es profesora en el Sistema de Estudio de Posgrado de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
 
 
 
LO DEBIDO
 
 
 
El primer paso como con todo trámite de este tipo es que el Poder Ejecutivo envíe refrendado el proyecto para que, posteriormente, el Legislativo le dé trámite, discusión y aprobación o no según considere.
 
Pero el ML se «brincó» ese procedimiento y se arrogó la potestad de manejarlo en una forma distinta, como no se ha visto en las últimas décadas.
 
Federico Malavassi, presidente de esa fracción legislativa consideró que la presentación del proyecto es ante la urgencia nacional de que una iniciativa de este tipo se discuta rápido en vista de que podría perderse la oportunidad única que tiene el país de abrirse al mercado mundial más importante del mundo.
 
Pero para Pacheco lo actuado por los libertarios «se puede presentar en sesiones extraordinarias. Lo hecho por ellos es solo por procurarse un poco de espectáculo. Presentaron una ocurrencia».
 
Sin embargo, los especialistas consultados manifestaron que en ninguna etapa de las sesiones parlamentarias -ordinarias o extraordinarias- se pueden quebrantar los principios que establece la Carta Magna para presentar un proyecto de la forma descrita.
 
Siempre temperamental, Pacheco manifestó el 8 de este mes que «hay algunos ricos que no quieren que se apruebe el Plan Fiscal como está. Pero yo no aflojo», en referencia a que él ha supeditado el refrendo del TLC hasta que se apruebe el mencionado proyecto fiscal.
 
Para Samuel Yankelewitz, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) es poco relevante la presentación del TLC a la corriente legislativa por los libertarios.
 
Él considera que si el Poder Ejecutivo no presenta el tratado antes de abril, poco será lo que se pueda adelantar en la discusión del mismo con los consecuentes riesgos.
 
En el resto de las naciones centroamericanas el convenio comercial podría ser aprobado antes de marzo. En Costa Rica se iniciaría la discusión en mayo.
 
 
 
NADIE SABE NADA
 
 
 
Sobre la contemplación de la Isla del Coco como parte del concepto de territorialidad que se maneja dentro del tratado tanto en Centroamérica como con República Dominicana, resulta sorpresivo que en este último convenio bilateral aparece incluída.
 
Pero resulta aún más alarmante que al menos en Casa Presidencial y en la Asamblea Legislativa nadie haya hecho una advertencia sobre este territorio casi único en el mundo, con una enorme biodiversidad y muy estratégico militarmente para Estados Unidos.
 
Esto último se debe a que por esa zona se trasiega mucha droga y existe pesca ilegal de especies animales en extinción.
 
UNIVERSIDAD al consultar a los diversos especialistas que han tratado todos los diferentes aspectos que tocan el TLC, pudo contactar con Milton Ruiz, abogado quien maneja el tema de territorialidad para el diputado Rodrigo Alberto Carazo, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
 
Él confirmó que en el anexo 2.1 del convenio suscrito con Costa Rica se excluye el sócalo insular en el que se encuentra excluída la Isla del Coco.
 
Sin embargo, en el mismo anexo del TLC con Dominicana sí viene incluída. Por tanto, «al quedar la zona como tierra abierta entre las partes que negociaron, cualquier buque estadounidense puede tener la potestad de entrar en esas aguas» y hacer lo que desee.
 
Ruiz destaca que esta parte tan importante para los costarricenses se metió en una nota al pie de página en la que se expresa como una salvedad: «para una mayor claridad del texto se entiende que el territorio costarricense comprende la Isla del Coco».
 
«¿Cuál es el punto de fondo? -pregunta Ruiz-. Que según mi opinión al existir una temática que afecta la territorialidad, tendría que ser de una mayoría supracalificada al momento de tramitar el tratado, con 43 votos diputadiles, no 29 como muchos de ellos dicen».
 
Sobre este tema se le quiso consultar al mandatario, por aparte, al final de una conferencia de prensa que dio el 8 de este mes pero se limitó a decir que «todas las preguntas ya fueron contestadas».
 
Sobre lo mismo se le consultó a Linneth Saborío, Primera Vicepresidenta de la República, quien dijo que «algunos de los temas que usted menciona yo no los conozco. Preferiría que le haga la consulta directamente al Ministro de Comercio Exterior», Manuel González a quien no se le pudo consultar sobre el tema al cierre de esta edición.
 
 
 
¿CUÁL ISLA?
 
 
 
Al preguntarle a los principales representantes de las bancadas legislativas dijeron desconocer lo dispuesto sobre la Isla del Coco.
 
Federico Vargas, quien lidera a los diputados socialcristianos, aseguró, sin saber lo firmado en el TLC con República Dominicana, que este tópico «no podría entrar. Lo que habíamos planteado y habíamos firmado no incluía la Isla del Coco.
 
El jefe de los liberacionistas, Luis Ramírez -quien en la actualidad obtiene un doctorado en comercio internacional- aseguró que la isla «no entra como objeto de comercio, pero como es territorio nacional toda actividad que se realice alrededor de la isla tiene que estar cubierta por el TLC». (Ver nota aparte: «Libertarios insisten en someter TLC a discusión).
 
Malavassi asegura que no sabe nada sobre el tema y que le parece un «planteamiento extraño. Como territorio nacional entran las aguas territoriales según dispone el TLC. Podría ser que con este tratado alguien logre una licencia para poner algún tipo de empresa sin afectar el parque nacional, eso está bien, y si se presta para el libre comercio tendríamos que aceptarlo».
 
Únicamente Epsy Campbell, jefa de la bancada del PAC, conoce el tema. «El grupo de negociadores fue tan hábil que irrespetó las definiciones de territorio de la Constitución de la República y en algunos casos no hicieron explícitas la incorporación de la Isla del Coco, pero por interpretación la que fue jefa negociadora -Anabel González- dijo que estaba incorporada».
 
Siguen las sorpresas …
Repasando el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos (TLC) y Costa Rica salta otra sorpresa inesperada: una vez suscrito el convenio comercial entre esa potencia mundial y uno de los países centroamericanos (El Salvador ya lo aprobó), y también hasta que el senado norteamericano ratifique al menos este acuerdo, existirán dos años como plazo máximo para que el resto de naciones se decidan a suscribirlo.
 
 
 
* Por lo pronto ese tiempo no corre, pero nadie sabe tampoco en qué consiste este tema, especialmente los jefes de fracción. La Primera Vicepresidenta de la República, Linneth Saborío, aseguró que este lapso «es lo usual».
 
* Federico Vargas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) aseguró desconocer el tema; Luis Ramírez (PLN) sí maneja el tema y explicó que existen dos años pero que son renegociables, lo cual exactamente dice el artículo 22.5 del TLC denominado «Entrada en vigor» en sus apartados 1 y 2.
 
* Epsy Campbell, del Partido Acción Ciudadana (PAC) asegura que estas cláusulas constituyen una «estrategia de terrorismo en torno al TLC», para crear miedo y presión como hizo en diciembre del año antepasado el equipo negociador.
 
* «Tengo que ver esas cláusulas. No las conozco», confesó por su parte Federico Malavassi, del Movimiento Libertario (ML).
 
 
 
Buscan «brincarse» al presidente
 
 
 
Libertarios insisten en someter TLC a discusión
ALONSO MATA BLANCO
 
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PAC denuncia acción como inconstitucional y truco publicitario para introducir nuevamente el tema
Mientras en Estados Unidos crece el escepticismo y las críticas contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre esa nación y Centroamérica, en Costa Rica el Partido Movimiento Libertario (ML) presentó, pasando por encima del Poder Ejecutivo, dicho convenio a la corriente legislativa.
 
Esto despertó fuertes críticas y denuncias por parte de otros partidos quienes califican la acción como un rompimiento al orden constitucional y como un truco publicitario por parte de los libertarios.
 
Lo anterior porque el artículo 140, inciso 10, de la Constitución Política indica que la celebración y promulgación de los convenios y tratados públicos son atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo.
 
A pesar de esto el Directorio de la Asamblea Legislativa no solo aceptó el proyecto sino que le asignó un número de expediente: 15.805.
 
Posteriormente fue devuelto debido a que se presentó en disquete cuando la normativa exige, entre otras cosas, 16 fotocopias de cada proyecto.
 
 
 
UN ASUNTO DE PRESIÓN
Epsy Campbell, diputada y presidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC) argumentó que el Movimiento Libertario simplemente  trata de generar una presión social y política para que se inicien las discusiones del tratado.
 
Al igual que Campbell, tanto Luis Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), como Federico Vargas, su homólogo en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), expresaron que la acción de los libertarios no tiene ninguna validez y que esperarán a que el directorio legislativo la rechace.
 
El PAC envió una carta al directorio de la Asamblea pidiendo una explicación sobre los fundamentos legales por los cuales había recibido el proyecto, sin embargo aún no ha recibido una respuesta.
 
Del mismo modo le pidió al Presidente Abel Pacheco que tomara las medidas correctivas correspondientes y aunque el mandatario dijo en conferencia de prensa el 8 de febrero anterior que ya había respondido, Campbell expresó que no ha recibido respuesta alguna.
 
 
 
INTERPRETACIÓN
 
 
 
Federico Malavassi, jefe de fracción del Movimiento Libertario, expresó que existe un vacío en el artículo 140, inciso 10, pues no dice a quién le corresponde la iniciativa. Debido a este vacío se tiene que recurrir a una interpretación, en la cual, como si fuera cualquier otro proyecto, la iniciativa es compartida entre el Ejecutivo y Legislativo, añadió.
 
«¿Puede negársele a un diputado el derecho a la iniciativa?», preguntó Malavassi, quien narró que hicieron un estudio constitucional y más recientemente pidieron un dictamen a la Procuradoría General de la República.
l diputado independiente José Miguel Corrales considera que existe una serie de contratos que por disposición expresa de la Carta Magna debe ir al parlamento y si el Poder Ejecutivo no los envía, los diputados tienen la facultad para hacerlo.
«La iniciativa de los tratados internacionales le corresponde solo al Ejecutivo, pero la constitución también le da el poder de control político al Legislativo. Aún así, los libertarios se adelantaron a lo que le corresponde al Poder Ejecutivo», señaló.
 
Consultado al respecto, Manrique Jiménez, profesor universitario especialista en derecho público y exmagistrado suplente de la Sala Constitucional calificó de inconstitucional la medida tomada por el Movimiento Libertario, ratificando que la presentación de tratados comerciales  es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. Agregó que cabe la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad.
 
Del mismo modo, Alejandra Castro, Doctora en Derecho Constitucional y profesora de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), señaló que la jerarquía de norma establece que solamente el Poder Ejecutivo puede presentar el TLC, debido a su rango de convenio comercial.
 
 
 
IMPUESTOS POR TLC
E
 
El Movimiento Libertario dijo que presentó el TLC debido a que el Poder Ejecutivo lo está retrasando al condicionar su convocatoria con la aprobación del Plan Fiscal. «Eso es chantaje del ejecutivo, es su TLC, fue el que ellos negociaron, ahora defiéndanlo. El Ejecutivo es miedoso», dijo.
 
Los libertarios visualizan y «venden» el TLC como una manera de combatir el desempleo y la pobreza; sin embargo, el pasado 9 de febrero en un debate efectuado en Washington, Mickey Cantor, exrepresentante comercial demócrata, predijo que el Congreso estadounidense no aprobará ese tratado porque no protege lo suficiente a los derechos laborales y que los legisladores de su partido se oponen de forma unánime a dicho convenio.
 
Por su parte, Karla Hills, exrepresentante comercial republicana, confesó que la Casa Blanca tendrá que gastar capital político para la aprobación del TLC.
 
 
 
Denuncia ANEP por supuestos intereses en común
 
 
 
¿Arias y libertarios de la mano?
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El gran interés y movilización a favor de la aprobación, o al menos discusión legislativa, del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica que tienen tanto el precandidato liberacionista Oscar Arias Sánchez como el Movimiento Libertario (ML), hacen considerar la  posibilidad de que exista una alianza estratégica entre estos.
 
Así lo señala la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) que referencia al citado convenio como un TLC «libertario-arista».
 
Al ser consultado por UNIVERSIDAD, Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, denunció que existe una alianza estructurada entre Arias y el Movimiento Libertario.
 
Agregó que ambos tienen la misma ideología y que comparten el respaldo y la presión de un sector empresarial oligárquico que persigue la aprobación del TLC.
 
A pesar de reconocer que tienen ideas en común, Federico Malavassi, diputado del ML, negó cualquier vínculo entre su partido y Arias Sánchez. Del mismo modo enfatizó que durante los últimos tres años han «peleado» constantemente contra este líder liberacionista.
 
«No nos gusta que quiera gobernar el congreso por fuera, que practique el tráfico de influencias, que quiera reformar el reglamento para su conveniencia», expresó.
 
Arias dijo que no tiene ningún tipo de alianza con el Movimiento Libertario y que la acusación de la ANEP no tiene fundamento.
 
«Don Otto Guevara -presidente del ML- va a hacer su campaña con este partido y yo en Liberación. No veo cómo nos podríamos unir», concluyó.