Ya son varias las propuestas que algunos ciudadanos, preocupados por el maremoto político-empresarial que sacude los cimientos de la manoseada «democracia» costarricense, han lanzado a la opinión pública por medio de este Semanario. En líneas generales, todas ellas convocan a la práctica política de la democracia participativa, derecho humano secuestrado al pueblo desde hace cincuenta años, a partir del momento en que la clase gobernante pactó su domesticación mediante refriega de carácter electoral y represión de los más leales representantes del sentir popular -los comunistas, que defendían las garantías sociales arrancadas en las calles al capital criollo y neocolonial durante los años treinta y cuarenta del pasado siglo.

La nuestra, aprobada por el Comité Cívico de Occidente y hecha circular desde octubre del año pasado bajo el título «¿Quién debe resolver el problema del saqueo a la Patria?», responde a preocupaciones planteadas por personas de bien ante el robo impune de las riquezas nacionales que durante décadas han practicado mafiosos disfrazados de políticos.
 
 

Así pues, consideramos fuera de contexto ético el discurso y las acciones emprendidas por Abel Pacheco en procura de castigo para los ladrones cuelliblancos del PLUSC, siendo él uno más de los que nunca saben o bien olvidan la procedencia de los millones que se invierten en las campañas electorales para la compra de conciencias cada cuatro años y un abanderado del modelo político neoliberal que con su demiurgo, el mercado, enriquece a pocos y empobrece continentes enteros como el latinoamericano.

Costa Rica no gasta en tanques, barcos ni aviones de guerra, no mantiene un aparato militar adicional al policiaco para la represión de su propio pueblo y, sin embargo, vive la misma pobreza que afecta a los países del último mundo y con ejército incluido.

Ligado a lo anterior, y ante la incapacidad y negligencia harto demostradas en el manejo de los destinos patrios por parte de la burguesía criolla, además de tomar en cuenta el desprecio oculto y denuesto que dicha clase profesa por la dignidad del pueblo trabajador (o productor de la riqueza que ella disfruta), planteamos la urgente necesidad de que la sociedad costarricense, articuladamente, se manifieste como voluntad de todos -según Rousseau- y haga valer su soberanía removiendo del poder al gobierno obstructor del desarrollo social. Esto sería la toma pacífica del poder (si las condiciones objetivas lo permiten) por parte de su verdadero depositario -el pueblo- y la instalación de un proceso de diálogo previo a la celebración de una asamblea constituyente que replantee el modelo socioeconómico de Estado que Costa Rica necesita actualmente y en su devenir.

Proponemos: 1. Desde las calles, exigir a las organizaciones sociales (sindicatos, asociaciones, cámaras y grupos informales) una convocatoria para que transparente, horizontal y democráticamente nos sentemos  a dialogar, analizar, reflexionar y definir el modelo de país que queremos. 2. Conformar una gran Asamblea nacional con representantes de todas las organizaciones interesadas para que se instalen mesas plebiscitarias de discusión según asuntos de Estado (educación, ciencia y cultura, seguridad alimentaria, medio ambiente, salud, seguridad ciudadana, industria, comercio interno y externo, turismo, política fiscal, obra pública, transportes, democracia participativa, política exterior, servicios públicos, etc.) y se nombren dos órganos de transición democrática: una junta de notables garantes del proceso (JNG) y los magistrados del pueblo (MP), los cuales se encargarían de organizar una magna convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente para el 2006. 3. Las mesas plebiscitarias podrían sesionar separadas cronológicamente durante el año 2005. Así todas las organizaciones tendrían posibilidad de enviar a sus mejores representantes a las distintas mesas, sin descuidar ninguna temática. En esta fase se resolvería el problema fundamental que contempla la determinación del modelo de Estado que queremos los costarricenses y las directrices de implementación a partir de su aprobación en la Asamblea Constituyente. 4. Es viable la posibilidad de que la convocatoria al proceso sea realizada por la Comisión Nacional de Enlace, ya que aquí confluyen los más diversos sectores de la comunidad nacional y su beligerancia política ha sido leal a los  intereses del pueblo honrado, humilde  y trabajador. 5. Como un gesto de reconocimiento por lo poco de institucionalidad que aún funciona, sería factible solicitar el concurso del Ministerio Público y de la Defensoría de los Habitantes para garantizar los derechos del pueblo y la seguridad del proceso.