Mientras algunos sectores cuestionan los alcances del proyecto de Ley de Migración y Extranjería, el Gobierno insta a aprobarlo cuanto antes.
Marco Badilla Chavarría, jerarca de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Abrir nuestras fronteras indiscriminadamente equivaldría a entregar nuestro país al caos, aunque tampoco propugnamos un cierre absoluto de fronteras, dijo el jerarca de la Dirección General de Migración y Extranjería, Marco Badilla Chavarría.
Acerca de la situación migratoria del país, el funcionario afirmó con vehemencia que es urgente aprobar el proyecto tramitado en la Asamblea Legislativa (expediente No.14269: «Ley General de Migración y Extranjería».
Badilla Chavarría rechazó las críticas que algunos sectores le han hecho al proyecto, los cuales lo califican de represivo, de no ser integral y de que podría propiciar abusos contra los derechos humanos, así como violar convenios y tratados internacionales.
Defendió las bondades del plan, y en vista de que estima urgente su  aprobación cuanto antes, los eventuales roces con la legislación podrían ser señaladas por una consulta a la Sala Constitucional; o bien, elaborarse un posterior proyecto de reformas a dicha ley.
Entre los críticos se encuentra un grupo de académicos de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes hicieron ver en un documento que «si bien reconocemos la importancia de aprobar una ley que regule y gestione las dinámicas migratorias desde una perspectiva de Estado y respetuosa de los derechos humanos, constatamos que este proyecto contiene elementos muy preocupantes que nos vemos en la obligación de señalar».
 
 
El texto con estas preocupaciones lo enviaron los universitarios el pasado 14 de febrero, a los distintos jefes de fracción en la Asamblea Legislativa. Algunos de los profesionales que lo estudiaron son: Silvia Lara, Juan Manuel Villasuso, Fernando Zeledón y Luis Guillermo Solís.
También participaron Alberto Cortés, Roberto Villalobos, Alexander Jiménez, Mercedes Muñoz, Juany Guzmán, Renán Agüero, Manuel Rojas, Olimpia López, Juliana Martínez, y 50 personas más.
En una entrevista con este Semanario, el Director de Migración se refirió a los cuestionamientos de los académicos y a otros aspectos del texto.

DESTINO PREFERIDO

Para Marco Badilla, Costa Rica ocupa una posición muy particular en materia migratoria, al ser el país escogido como primer destino en América Latina. Es así como la población extranjera representa cerca de un 8% del total, y si se agregan las personas que están en situación irregular, llegaría a un 12%.
Este porcentaje, en opinión de Badilla, «representa una carga migratoria demasiado alta para un país pequeño y en vías de desarrollo». En su mayoría, este flujo migratorio proviene principalmente de Nicaragua y Colombia, agregó.
En cuanto a la regulación de estos flujos, reiteró que esta responsabilidad corresponde al Estado bajo el principio de que debe favorecer el desarrollo social, económico y cultural del país.
Aclaró que «sabemos que cuando se remarca la prohibición y represión, por otro lado se alimenta la ilegalidad y la corrupción; creemos que los flujos migratorios que se dirijan a Costa Rica deben de hacerlo de una manera ordenada, sin que conlleve un impacto inconveniente en los ámbitos socioeconómico y de seguridad, básicamente».
Badilla Chavarría explicó que la Dirección de Migración «ha enfatizado su interés por identificar -aun cuando el ‘coyotaje’ no se contemple como delito- a los integrantes de esas bandas, antes que detener a los propios extranjeros irregulares, quienes tan solo son víctimas de ese despiadado negocio».
En relación con el término «represivo» que le atribuyeron los académicos de la UCR al proyecto en discusión, refutó en forma tajante ese calificativo y argumentó que la dinámica migratoria es muy compleja y multifactorial, por lo que el aspecto de seguridad es importante, aunque no el único, pues también se contemplan derechos humanos, desarrollo y demografía.
Lo que quisimos es que hubiera un balance adecuado. Por eso, en el artículo 7 inciso b, se habla del respeto a los derechos humanos y a los instrumentos jurídicos internacionales, puntualizó.
En torno a los reproches de que se «criminalizan principios y prácticas de solidaridad cristiana y humana, tales como el derecho a dar abrigo a quien lo necesita», Badilla anunció que ante solicitud de la Iglesia ya plantearon una modificación al texto, para que se cambie la sanción a las personas que brinden ayuda humanitaria a los migrantes.
Asimismo, se dejaría sin efecto la pena de prisión de seis meses a un año, cuando un extranjero deportado reingrese sin autorización.

LEY URGENTE

También negó en forma tajante que la nueva ley aumente los poderes discrecionales de la Dirección de Migración o del Consejo de Migración -dado que estos se mantienen iguales- y de que con ellos se puedan propiciar abusos.
Badilla Chavarría enumeró una serie de ventajas que aportaría esta ley y por eso instó a aprobarla cuanto antes, ya que -por ejemplo- «somos el único país de Centroamérica que no tiene tipificado el delito de coyotaje o tráfico ilícito de migrantes».
Entre otras bondades citó la descentralización de funciones y la creación de una «Personería Jurídica Instrumental», mediante la cual una Junta Administradora podrá usar los recursos económicos que esta instancia genera, para enfrentar los requerimientos operativos: capacitación, deportaciones, albergues para inmigrantes, vehículos, documentos más seguros y trámites más eficientes.
«El departamento de Migración tiene más de 60 años de existencia; está desgastado y la infraestructura siempre ha sido centralizada, vertical. Hace cinco años tenía más personal. Este año planteamos una reestructuración y ya fue aprobada por la Oficina de Planificación, para que sea de manejo horizontal y desconcentrada, y así agilizar la toma de decisiones», detalló.
El proyecto de ley que discuten los legisladores fue propuesto como texto sustitutivo por la Dirección de Migración a inicios de este gobierno y presenta una extensa lista de reformas.
Pese a dicho obstáculo, Badilla no pierde la esperanza de que lo aprueben antes del 8 de mayo del 2006, pues «con el ritmo actual de migración, si el país no hace algo pronto, en unos cinco años entrará en una ingobernabilidad grande».
Algunas situaciones de violencia ocurridas en los últimos meses y la reforma del artículo 208 bis del reglamento legislativo, son factores que en su criterio podría aligerar la aprobación de las reformas y del proyecto en general.
Sí se mostró opuesto a que el proyecto sea enviado a discusión de una comisión mixta -tal como lo proponen los académicos de la UCR-, ya que eso «no representaría más que su sepultura».