Omar Cabezas Lacayo es el Procurador de los Derechos Humanos de Nicaragua.
«Abrigamos la esperanza de que los legisladores de este país, con sabiduría y con los ideales del siglo XXI, no hagan una ley tildada por la xenofobia». Así se expresó el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua, Omar Cabezas Lacayo, al ser consultado por UNIVERSIDAD sobre el tema del proyecto de Ley de Migración y extranjería.
Cabezas visitó la Defensoría de los Habitantes el pasado 8 de marzo para exponer una situación de violación de los derechos electorales de la organización política indígena nicaragüense Yatama. Esa procuraduría elevó el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en ese proceso recibió el apoyo de la Defensoría costarricense.
El procurador habló sobre la migración nicaragüense como un fenómeno que se ha extendido a varios lugares en los Estados Unidos, Honduras, México y Costa Rica.
Según explicó el diplomático, el papel de la institución es velar por los derechos humanos de los nicaragüenses que estén dentro y fuera del país. Para ello, recurren a las organizaciones de la sociedad civil y las procuradurías respectivas de los países involucrados.
También se apoyan en el Consejo Centroamericano de Procuradores que incluye dentro de su agenda de manera permanente el tema de la migración.
 
 

LEY DE MIGRACIÓN

Cabezas explicó que la observación principal que hace la Procuraduría nicaragüense a la iniciativa de Ley de Migración y Extranjería es que se encuentra «cargada» hacia el tema de la seguridad pública.
El procurador agregó que el proyecto debe pasar «el prisma de la legislación internacional de derechos humanos de los migrantes». En ese sentido, recordó que todo tipo de legislación que se pretenda aprobar en esta materia, debe ser acorde con los convenios firmados por la Organización de las Naciones Unidas y a otras instancias interamericanas.
Explicó que de acuerdo con un análisis hecho por la Procuraduría, habría que ajustar la ley propuesta a dichos convenios y a la propia Constitución Política costarricense.
Cabezas se mostró confiado en que los diputados costarricenses se nieguen a dar luz verde a un proyecto que tenga vicios de xenofobia y que no repita las políticas migratorias estadounidenses.
«No creo que el xenofobismo, que alimentan en el nombre del terrorismo, los Estados Unidos venga a causar estragos en el pensamiento lúcido del parlamento en Costa Rica», agregó.
El procurador comentó que tiempo atrás Nicaragua fue un lugar de prosperidad y que muchos ticos emigraron para tener una mejor vida. Comentó que hoy esa cualidad está en Costa Rica.
«Esperamos que en muy pocos años Nicaragua sea de nuevo tierra de oportunidades y estar recibiendo de nuevo a nuestros compatriotas, esta es nuestra legítima aspiración», concluyó el representante de derechos humanos.

Iglesia teme que ley suba el tono entre países

La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, por medio de la Pastoral Social Cáritas, es de la tesis de que con el proyecto de ley de Migración y Extranjería aumentarían los altercados entre naciones, especialmente entre Nicaragua y Costa Rica, debido a que podría exacerbar la xenofobia.
La visión episcopal se resume en que el proyecto carece de una política de derechos humanos y se enfoca en temas de seguridad nacional que, a fin de cuentas, «no aplacarían la coyuntura de alta inmigración».
Más que una ley de Migración y Extranjería con énfasis en el «espíritu represivo y policíaco», la Conferencia Episcopal abogó por crear políticas de integración.
El sector eclesiástico exhortó a los obispos latinoamericanos a concientizar a los sectores públicos para buscar la equidad en las leyes migratorias, con el fin de garantizar los derechos laborales, el seguro social y el cumplimiento de los convenios internacionales.
Las autoridades religiosas reconocieron el esfuerzo del gobierno por actualizar el marco normativo migratorio y a la vez presentó una propuesta de redacción para algunos de los artículos del texto.
Además analizó la condición de Costa Rica como país receptor de población migrante y refugiada, al pedir que el abordaje integral vaya más allá de una nueva ley.
La Iglesia aclaró que el respeto a los derechos humanos y la integración a la sociedad no es promover de una política de puertas abiertas.
Por otro lado, considera que el país también expulsa a poblaciones de ciertas zonas geográficas. La Conferencia instó a proteger los derechos de esas personas que salen del país y demandó programas para el desarrollo socioeconómico en las regiones de Costa Rica que presenten emigración.
En el informe presentado por los obispos se insiste en generar políticas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas involucradas en la migración.

ESPÍRITU REPRESIVO

En marzo del 2005, representantes del grupo  Cáritas presentaron la posición de la Iglesia Católica, en un foro organizado en la Universidad de Costa Rica (UCR).
En la actividad salió a relucir que la Comisión legislativa de Gobierno y Administración, de la Asamblea Legislativa, dictaminó positivamente el proyecto a sabiendas de los vacíos en materia de derechos humanos y del «espíritu represivo y policíaco» de la iniciativa.
También se denunció que los legisladores y autoridades del gobierno desecharon las propuestas que varios sectores de la sociedad civil presentaron para modificar el proyecto.
La iglesia aseguró que hay una preocupación excesiva por tratar el tema como asunto de seguridad nacional y no desde la perspectiva de interés público y desarrollo del país.
Según los análisis que Cáritas realizó, en el proyecto de ley la persona tiene derechos a la integración social y la seguridad jurídica solamente si se encuentra de manera legal en el país.
Advirtieron que en el proyecto se presume que los extranjeros son los responsables del deterioro del sistema de servicios públicos, y que en el artículo 55 se presenta discriminación a quienes padezcan o hayan sido expuestos a enfermedades que puedan significar riesgo para la salud pública.
Los expositores explicaron que aunque el Estado es el que tiene la potestad de establecer acciones reguladoras del ingreso al país, que no se deben limitar a conceptos de seguridad nacional, ni se pueden pensar en la dirección de que los inmigrantes son criminales.
La iglesia propone una construcción conjunta -entre las organizaciones y el Estado- de planes migratorios integrales en los que se pueda tomar en cuenta el desarrollo económico y social, el respeto a los derechos humanos, la pluriculturalidad, la perspectiva de género y la protección de la niñez y adolescencia.
Los representantes eclesiásticos enfatizaron en la necesidad de analizar las relaciones entre la migración y el estilo de desarrollo que se quiere de país.
Según lo expuesto por la Conferencia Episcopal, las medidas policiales y de seguridad nacional se subordinarían a los planteamientos de la estrategia integral migratoria.