El Ministerio de Comercio Exterior asegura que el empréstito es necesario para implementar el convenio comercial.
Juliana Martínez es una investigadora quien considera que en la agenda complementaria subyace un gigantesco préstamo que comprometerá la institucionalidad del país.
La denominada «agenda complementaria» que en los últimos días ha estado en la boca de los funcionarios de Casa Presidencial y, por tanto, en toda la prensa implica que el país se endeude con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en $437 millones (¢205.000 millones al tipo actual de cambio).

Este empréstito representa un endeudamiento mayor que el que Costa Rica contrajo con el BID en la última década.

Es también el primer préstamo de ajuste estructural en más de 10 años.

Así se desprende del estudio «El `paquetazo´: Los préstamos de competitividad del BID, TLCAUSA y el futuro del consenso político en Costa Rica», efectuado por un grupo investigador estadounidense llamado InterAction y el grupo costarricense Fundación Acceso.



HURGANDO CON LUPA



El documento, publicado en diciembre anterior, forma parte de un programa denominado Iniciativa del BID con la Sociedad Civil. Se hace una evaluación de las ventajas y desventajas que el citado crédito y las políticas que conlleva pueden impactar a Costa Rica.

Como uno de sus puntos más destacables señala que dicho empréstito pone como condición primaria la aprobación del Pacto Fiscal, una propuesta con lo que ha estado de acuerdo el presidente Abel Pacheco.

Sobre este tema se quiso conversar con el Ministro de Comercio Exterior, Manuel González, pero su representante de prensa Ana Jiménez, manifestó que se encontraba fuera del país.

No obstante, el jerarca ha manifestado en las últimas semanas que los préstamos y agendas adjuntas al proyecto del TLC servirán únicamente como un apoyo técnico para llevarlo a cabo.



ALGO MUY SERIO



Una de las estudiosas ticas involucradas en el citado trabajo fue Juliana Martínez, quien labora como asesora independiente e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica.

Para ella, este préstamo híbrido es inconveniente porque va «empaquetado» al TLC, esto es, no disocia un tema del otro con, de por sí, un impacto negativo que se daría en diversos sectores productivos y las políticas públicas del país.

El estudio llega a la conclusión general de que el BID y los actuales funcionarios de gobierno sobreestiman los riesgos relacionados con el préstamo de competitividad para Costa Rica como está diseñado.

«Si el Banco y Costa Rica quieren utilizar sus recursos eficientemente para desarrollar políticas de largo plazo que incrementen el crecimiento y la equidad, necesitan detener los préstamos multilaterales, particularmente los basados en políticas, hasta que se hagan revisiones al contenido y los procedimientos involucrados en las actuales relaciones de financiamiento entre los gobiernos y el BID», cita el estudio.

Los investigadores de InterAction y la Fundación Acceso hicieron ocho recomendaciones al país para que no se apruebe este préstamo de competitividad a menos que se hagan cambios significativos de contenido y procedimiento.

Por ejemplo, habría que «desempaquetar» el préstamo, esto es, desvincular el componente basado en la política del componente de inversión.

Otra propuesta es que los elementos específicos del préstamo merecen una evaluación independiente y por ello no deben ser enviados a la Asamblea Nacional de Costa Rica en paquete junto con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos para las Américas (TLCAUSA, por sus siglas en inglés). (Ver cuadro adjunto: «Enderezar el rumbo»).



CARO Y DIFUSO



Para Mauricio Castro, abogado laboralista de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la agenda complementaria del TLC y el empréstito que conlleva es algo muy difuso.

«Entre los mismos partidos políticos no han llegado a una definición de lo que es o debe ser la agenda complementaria aparte de la posición que ya sentó el BID. Es claro que los compromisos económicos están estructurados», puntualizó.

El especialista dijo que como parte de la agenda complementaria no se plantea el fortalecimiento o cambios positivos de entidades claves para el desarrollo del país como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o el Instituto Nacional de Seguros (INS).

«Qué debería para Costa Rica contemplar esta agenda es un punto en discusión. Hay diferentes puntos de vista como los que tiene el Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana o la ANEP», mencionó.

También asegura que existe una agenda de competitividad inserta en la antes mencionada la cual es preocupante porque no contempla el potencial desarrollo de los sectores más vulnerables de la sociedad como las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPymes), el trabajo no capacitado, la agricultura, las Pymes no exportadoras, los pueblos indígenas y las mujeres.

Para Castro el concepto de desarrollo que maneja el Banco, igual como se señala en el estudio mencionado, es de crear un Estado paralelo manejado por el sector privado mediante consultorías pagadas con este empréstito.

El Banco asume que competitividad es sinónimo de libre comercio e integración y que ese proceso debe ser conducido por un grupo privado de líderes latinoamericanos en el campo empresarial o de otra índole, excluyendo la participación del Estado.

Esta visión de desarrollo -destaca el estudio- se da a través de los llamados préstamos «híbridos» para la integración comercial y la competitividad como el que está experimentando Costa Rica.

Tanto Martínez coma Castro consideran que este tipo de créditos se parecen a los concedidos al país desde 1982 con los Programas de Ajuste Estructural (PAE), los cuales obligaron, por ejemplo, a sectores agricultores a reconvertirse.

Luego, cuando pasaron de sembrar papas -por poner un caso- a producir flores, tenía que llegar la etapa de apoyo técnico con los préstamos complementarios para enseñarles a exportar y mercadear, pero los políticos de turno en la década de los 80 utilizaron el dinero para otros asuntos, con la consecuente quiebra de miles de trabajadores del campo.

«Es cierto que la ineficiencia en el Estado existe, pero las causas tienen mucho que ver con políticas que se han dictado para reducir o deteriorarlo deliberadamente», aseveró Castro.

Dijo que, incluso, la banca de desarrollo existente aún a principios de la década de los 80 se perdió y si bien es cierto al abrirse el mercado de cuentas corrientes hubo una competencia en la que ganó el público en cuanto a servicio, dejó de existir el principio de solidaridad.

Enderezar el rumbo

La investigación «El empaquetazo»: Los préstamos de competitividad del BID, TLCAUSA y el futuro del consenso político en Costa Rica» llega a algunas conclusiones específicas sobre los $437 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dará al país si el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos es aprobado.



* Se encontraron problemas de procedimiento:



* Transparencia: Las condiciones del préstamo no serán hechas públicas hasta después de su aprobación por el directorio del Banco y de que las reformas fiscales sean aprobadas.

* Participación: El público costarricense conoce poco sobre el préstamo si bien se consultaron algunos legisladores.

* Evaluación: Los indicadores de desempeño son demasiado imprecisos para permitir un eventual monitoreo y evaluación.

* Rendicíon de cuentas: El proceso de este préstamo deja sin tocar las relaciones clienterales entre el Banco, el gobierno y el sector privado.



* Problemas sustantivos



* El préstamo de competitividad reabre un espacio más amplio de políticas, pero saca de éste al Estado.



* Favorece un modelo de desarrollo que tiende a equiparar competitividad con integración económica.



* La mejorada estructura de «empaquetado» del préstamo de competitividad para Costa Rica está diseñada para fallar. No refleja prioridades nacionales a largo plazo, sino más bien un puñado de programas pulverizados que reproducirán islas institucionales y crearán un Estado dirigido con recursos extranjeros.



* El préstamo de competitividad no ayudará a la aprobación de reformas significativas en Costa Rica.



FUENTE: Informe de diciembre de 2004 entregado al BID por InterAction y la Fundación Acceso sobre una evaluación del préstamo de $437 millones que se daría a Costa Rica con el TLC.