Diputados y representantes de difentes ministerios escucharon la respuesta de los sectores pesqueros y entes de control sobre el funcionamiento de los muelles privados.
Por operar de manera ilegal, el Programa de Restauración de Tortugas Marinas de Costa Rica (PRETOMA) pidió cerrar la actividad en los muelles privados de Puntarenas, donde descargan barcos con bandera internacional que pescan en aguas internacionales.

Como chispa en gasolina cayó la solicitud de Randall Aráuz Vargas, presidente de la organización no gubernalmental, quien sostiene que la actividad contradice el artículo 211 del Reglamento a la Ley General de Aduanas que indica: «Tratandose del tráfico aéreo y marítimo, el gerente de la aduana de la respectiva jurisdicción podrá autorizar, excepcionalmente, el ingreso o salida por puertos aduaneros o en horarios no habilitados, cuando medie caso fortuito, fuerza mayor u otra causa debidamente justificada «.

Ligado al artículo anterior, el representante de PRETOMA cita el 212 del mismo reglamento, el cual enumera los muelles públicos y reitera que los privados requieren de un permiso por parte de la Dirección de Control de Aduanas para realizar las descargas.

LEY NO AUTORIZA



Omar Jiménez Camareno, Gerente de la aduana de Caldera, expresó que los muelles públicos están cerrados, ya que incumplen con los requisitos sanitarios que exige el Ministerio de Salud, razón por la cual se deben utilizar los muelles privados.

Pero, PRETOMA alega que esa ley no expresa o autoriza que ante esa falta, se deba hacer uso de esas terminales.

Según documentos en poder de UNIVERSIDAD, desde setiembre de 2004, Siria Chavarría Valverde, del Área de Salud de Puntarenas, le entregó a Marvin Mora Hernández, Director Técnico del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA), una lista con los requisitos físicos sanitarios que debe cumplir la terminal pesquera para su funcionamiento, infraestructura de la que carece este muelle público.

Algunos de los requerimientos que señaló Chavarría son, un área techada y cerrada; pisos lisos e impermeables; pilas y mesas de trabajo para que el producto pueda ser colocado y manipulado sanitariamente. A la vez, demanda un adecuado abastecimiento de agua potable, servicios sanitarios públicos y un sistema de conducción sanitaria de aguas residuales.

Además, se señala la falta de medidas de seguridad: extintores, luces de emergencia y rotulación; así como el permiso de funcionamiento de las neveras de los vehículos encargados del transporte de mariscos.

En esta carta, Chavarría le expresa al director de INCOPESCA que está a la espera de un plan de mejoras para la implementación de estas medidas, solicitud ya se la había planteado desde agosto de ese mismo año.

Asimismo, detalló en otro oficio – UPAH-S-119-04 -, que esta terminal le pertenece a INCOPESCA y aunque en años atrás sostuvieron conversaciones con personal de dicha institución con el fin de optimizar las instalaciones, a la fecha no se ha llevado a cabo ninguna acción.

Randall Aráuz, indicó que esta terminal, tiene más de ocho años de presentar deficiencias, sin que aún se dado una solución al problema. Por su parte, en conferencia de prensa realizada por PRETOMA en Centro de Investigación Marinas DE la UCR (CIMAR) para denunciar estos hechos, el representante de INCOPESCA, manifestó que se requieren de ¢50 millones para habilitar los muelles públicos.



DUDAS POR INSPECCIONES



Para el dirigente ecologista Araúz, uno de los principales inconvenientes de la operación de los muelles privados, es el acceso restringido de las autoridades para hacer inspecciones y garantizar que no se descargue producto que se halla obtenido por la práctica del aleteo.

Araúz facilitó a UNIVERSIDAD una lista donde señalaba que algunas embarcaciones que reportaron su ingreso a la Capitanía de Caldera, no aparecen como inspeccionadas en las listas de INCOPESCA y el Colegio de Biologos, entes encargados de esa labor.

Sin embargo, en una reunión sostenida en la sala de Beneméritos de la Asamblea Legislativa, entre algunos diputados de la Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario, representantes del los Ministerios de Hacienda, Agricultura y el propio Ministro del Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, con funcionarios de Aduanas, el Colégio de Biologos, INCOPESCA y la Cámara de Palangreros, los entes encargados manifestaron que han realizado el 100% de las inspecciones sin problemas.

UNIVESIDAD tuvo acceso a la base de datos que en conjunto aún elaboran en conjunto el Colegio de Biólogos e INCOPESCA, y pudo corroborar que barcos que aparecen sin inspección en la lista de PRETOMA, sí fueron inspeccionados y se tienen todos los datos se dicha inspección en esta base.

Marco Bolaños, Fiscal Auxiliar del Colegio de Biólogos y supervisor de los regentes que realizan las inspecciones, aseguró que, si bien en el pasado hubo muchas deficiencias en los controles, con la participación del Colegio en la inspecciones desde octubre del 2003, pueden garantizar con pruebas documentales que se han realizado todas las inspecciones.

Tanto Bolaños como Oscar López, Director de la Oficina de Control y Registro de INCOPESCA, manifestaron no haber tenido ningún impedimento para realizar las inspecciones del caso.

Rodolfo Salazar, presidente de la Cámara de Palangreros(palangre es un tipo de pesca con anzuelos en línea), manifestó su preocupación porque se cierre la actividad de los muelles privados, ya que esto significaría el retiro de toda la flota internacional a otros países y por ende la pérdida de todos los beneficios económicos que esto acarrea.

Según Salazar, cerca de 200 empleos directos se estarían perdiendo con el cierre de estos muelles, lo que perjudicaría notablemente a la ya empobrecida ciudad de Puntarenas y obligaría a una mayor explotación del Golfo de Nicoya por parte de los desempleados, con graves consecuencias para el ambiente.

Salazar agregó que su actividad ha sido «satanizada» por los ecologistas, lo cual es injusto ya que asegura que todos los controles se cumplen y Costa Rica tiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo.

El diputado Federico Vargas, jefe de Fracción del PUSC, señaló que solicitarán otra reunión para escuchar a ambas partes para tener un panorama más claro.

PRETOMA SE DEFIENDE
Cuestionado sobre la credibilidad de la lista que emitió PRETOMA, Randall Araúz afirmó que si realmente se realizan todas las inspecciones, entonces «nos están escondiendo información, aunque debería ser pública».

Añadió de que tienen más de un año de pedir los datos completos a INCOPESCA, y si esta información la dan de manera incompleta, entonces cuestiona qué tan cierto es que el 100% de los barcos son inspeccionados

«La información que brindamos a UNIVERSIDAD es la fotocopia de los datos que se supone tiene INCOPESCA, y si ahora dicen que tienen otros, entonces no los tenían cuando nos dieron esta información, ¿cómo sé yo cuando está completo o no?», indicó.

Ante la pregunta, de si no sería más prudente haber esperado que la base de datos estuviera completa antes de darla a la opinión pública, Aráuz respondió que «¿entonces cuándo terminan ellos de poner al día la base de datos?, ¿por qué no se ahorran trabajo y nos dan la hoja de excel con los supuestos datos definitivos?»

Enfatizó que aunque se diga que el 100% de las embarcaciones son revisadas, esto no hace que la actividad sea más legal, porque lo único que dice la Ley  en el artículo 111 y 112, es que las flotas internacionales deben hacer uso de los muelles públicos y que solo en caso excepcional -que ocurre rara vez-, es decir cuando una embarcación se encuentre en peligro, puede permitirse el paso a las terminales privadas.

«No es cuestión de justificarlo, la Ley no dice nada de eso…una justificación es que se permita descargar a un barco en un muelle privado, pero cuando esto es la norma, ya no es excepcional, y aunque se den todos los controles es ilegal», explicó.

Aseguró que es imposible proteger el interés público en estos muelles, pues en varios ocasiones se prohíbe incluso la entrada de los guardacostas al lugar.

PRETOMA llevó el 3 de febrero de este año ante a la Sala Constitucioal el caso de Omar Jiménez Camareno, gerente de la Dirección de Control de Aduanas, por los supuestos «delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato» y aún se espera la resolucción.