Mayor exigencia en el cumplimiento de las leyes sobre trabajo, ambiente y educación son algunos aspectos contemplados en dos investigaciones.
El editor del libro «El TLC en discusión», Jorge Arturo Chaves, considera que el TLC tiene aspectos inconvenientes para el país como la legalización de las medicinas genéricas, en la propiedad intelectual.
El respeto a la legislación nacional y una mayor exigencia del cumplimiento de ésta en campos como el trabajo, el ambiente y la educación, son algunas de las conclusiones a las que llevan dos minuciosas investigaciones académicas recientemente presentadas a figuras nacionales relevantes en el campo intelectual, económico-productivo y de lucha social.

Así se desprende de los estudios «El TLC en discusión» surgido de la Cátedra Víctor Sanabria de la Universidad Nacional -cuyo editor es Jorge Arturo Chaves- así como «Aportes para el análisis del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos».

En una actividad efectuada el 5 de abril en el auditorio del Edificio Franklin Chang -Rohrmoser- los editores de estas obras hicieron las presentaciones en que destacaron los impactos que sufriría el país en diversos ámbitos productivos y de la vida nacional, los «pros» y «contras» del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Costa Rica.

En la actividad estuvieron como comentaristas Jorge Máttar, Director Adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de México; Rodrigo Arias, presidente de la Comisión Nacional de Rectores y Miguel Gutiérrez, director del Programa Estado de la Nación.

En una exposición hecha ante una gran concurrencia, Chaves disertó sobre el TLC y la propiedad intelectual en la que se evidenció de nuevo la gran preocupación que existe «sobre el eventual impacto que tendría la legalización de la propiedad intelectual de patentes e información no divulgada de medicamentos -específicamente los genéricos-«.

También se plantea la preocupación «por el eventual encarecimiento de las compras de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)».



ASPECTOS POLÉMICOS



Uno de los puntos que se augura como de gran controversia es el que se refiere a la propiedad intelectual sobre las diversas formas de vida.

Estados Unidos desea que Centroamérica se adscriba a la Convención Internacional para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV), «descartando así la prerrogativa de escoger un sistema de sui generis de protección de las obtenciones vegetales».

En la investigación se incluye una cita de la estudiosa del tema, Silvia Rodríguez, en el que menciona que «cinco cultivos esenciales para la alimentación -arroz, trigo, maíz, soya y sorgo- han sido patentados en algunas de sus variedades o rasgos genéticos».

Relata que «seis multinacionales -Aventis, Dow, DuPont, Mitsui, Monsanto y Syngenta- controlan casi el 70% de estas patentes».

Otro de los temas en discusión fue el ambiental, en el que, según Chaves, se debe dilucidar si se trata simplemente de un tratado comercial o se cuestiona por qué se incluyen aspectos como el ambiente sin contemplar un proyecto de desarrollo regional.

En el escrito editado por él se asegura que «esta distinción se vuelve más oscura en un tratado que trasciende transversalmente su carácter de tratado comercial para incorporar una serie de aspectos más típicos de un tratado de inversiones y de un acuerdo de cooperación internacional y que, en esa medida, legitima las preocupaciones más amplias por el tema ambiental».



¿RUPTURA DE MONOPOLIOS?



Tampoco podía faltar el tema de las telecomunicaciones en las que se asegura que no parecen estar claras las ventajas sobre la apertura del sector.

«El TLC en discusión» asegura que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), si se compara con el de otros países de la región, es una entidad que cumple satisfactoriamente con su labor, pero aún le falta modernizarse más.

Tanto lo dicho por Chaves como por la investigación misma asegura que el TLC impone modificaciones a la legislación que, a través de los mecanismos institucionales existentes en el país, no cuentan con el consenso social ni político suficiente.

«De esta manera -señala- se burlan aspectos esenciales del procedimiento parlamentario para la aprobación de leyes, derivados directamente del principio democrático, tales como el ejercicio del derecho de enmienda por parte de los diputados y la publicidad de los proyectos, previo a que se encuentre definida su redacción final».

Sobre el tema de seguros, la apertura se plantearía en todo tipo de seguros menos en los de riesgos profesionales y obligatorio de vehículos.

El estudio en mención llega a la conclusión que se dé o no el TLC una prioridad nacional es que exista un ente supervisor del mercado de seguros.

En lo referente al tema laboral se asegura que es secundario porque el Tratado busca regular el vínculo entre el comercio y el empleo.

«Las normas del TLC -dice la investigación- no alteran otras regulaciones de mayor profundidad sobre el tema laboral, contenidas en los convenios internacionales y la legislación nacional sobre la materia».

En lo referente al acceso a mercados se concluye que «los resultados de la negociación, al menos en el corto plazo, darán origen a cambios menores en las condiciones de acceso, tanto al mercado de Costa Rica como al de Estados Unidos. Ello obedece a que antes de entrar en vigencia el TLC, ya ambos países han realizado una apertura amplia de sus mercados».

El libro llega a la gran conclusión de que la apertura supone problemas de competitividad para empresas locales y la posible desaparición de algunas de ellas.

Los plazos de apertura obtenidos para los productos sensibles oscila entre los 12 y los 20 años, que se consideran insuficientes para la reconversión de los productores nacionales.

«Preocupa también la posibilidad de ´triangulación`desde los demás países centroamericanos como elemento adicional que pueda afectar la competencia para la producción nacional. Además, genera dudas el desaliento a los procesos de encadenamiento locales, el mayor beneficio a empresas exportadoras transnacionales, y no a los productores pequeños para el mercado interno, con excepciones como la producción orgánica y minivegetales».
TLC- República Dominicanaç
En el escrito «Aporte para el análisis del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos» se tocan algunos temas novedosos e igualmente delicados como el comercio de servicios financieros en nuevos términos, el comercio electrónico, la contratación pública y la cooperación internacional.

Entre otras conclusiones se llega a la determinación de que «el resultado más importante del TLC-CA en materia arancelaria es que los países centroamericanos consolidan el acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos y lo amplían».

Respecto del capítulo sobre contratación administrativa el libro indica que no se introducen cambios de fondo.

Ligado al tema anterior, se encuentra el capítulo sobre inversiones en el TLC que responde a la política de inserción en la economía mundial, la cual el país ha venido aplicando en los últimos 20 años.

En relación con la posibilidad de que los inversionistas extranjeros puedan recurrir a un tribunal arbitral internacional para la solución de controversias -contando con el consentimiento del Estado dado por adelantado en el TLC-CA ,y el hecho de que el Estado sea el demandado y el inversionista el demandante- no pudiendo ser al revés, es quizás el asunto que ha generado la mayor polémica en cuanto al capítulo sobre inversiones.

Este último estudio sobre el que disertó Eduardo Alonso llega a la conclusión de que el tratado no conlleva modificaciones a la legislación nacional.

Con respecto al comercio electrónico es un capítulo del TLC que no tiene un desarrollo exhaustivo.

En otros temas como legislación ambiental, trabajo y solución de controversias las conclusiones son similares al estudio mencionado de primero.