La organización estadounidense «LightHawk» tiene 17 años de facilitar en Costa Rica vuelos de monitoreo ambiental.
El cultivo de piña en los cantones de Guácimo, Pococí y Siquirres, muestran desde el aire una impresionante expansión (foto: Gottfried Schmelzer).

Las preocupaciones de instituciones y organismos por la deforestación, la expansión del cultivo de la piña, la contaminación de ríos, la minería a cielo abierto, el secamiento de humedales, y los problemas urbanos , son algunas de las razones por las cuales se realizan cada año monitoreos aéreos del territorio nacional, gracias a un programa de la organización ambientalista estadounidense «LightHawk».

Recientemente concluyeron los vuelos sobre el suelo costarricense, los cuales se efectuaron entre el 1 de febrero  y el 20 de marzo, y se extendieron de frontera a frontera y del Mar Caribe al Océano Pacífico, para un total de 30 recorridos.

Estos sobrevuelos son gratuitos y participaron en ellos funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Universidad Nacional, Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, y varios grupos ambientalistas.

Este Semanario participó -junto con el programa «Era Verde» del Canal 15 de la UCR- en un recorrido por la costa caribeña, desde Barra del Colorado hasta el río Sixaola, en busca de focos de tala ilegal del bosque.

Según detalló Isabel Macdonald -representante por Mesoamérica del «Programa de LightHawk»-, esta organización en el 2004 cumplió 25 años de realizar vuelos, con más de 120 pilotos que prestan servicios en forma voluntaria.

La mayoría presta su propia avioneta en Estados Unidos para llevar a cabo monitoreos ambientales, mientras que para la región mesoamericana LightHawk (www.lighthawk.org) dispone de una avioneta monomotor Cessna 206.

Panamá, Nicaragua, Belice, Honduras, México y Guatemala, son otros países beneficiados con estos vuelos que se realizan desde hace 17 años. Si se contratara a una empresa comercial, el costo de estos rondarían los $300 por hora.

En Costa Rica, cada viaje duró un promedio de cuatro horas y participaron seis pilotos, algunos de ellos con muchos años de venir al país. La permanencia y los vuelos de la aeronave están cubiertos con una póliza del Instituto Nacional de Seguros.



ÚTIL SERVICIO



Macdonald explicó que cada año -aproximadamente en noviembre- coordina con las instituciones u organizaciones que podrían interesarse en los sobrevuelos, para que llenen un formulario y se lo hagan llegar ([email protected]).

Uno de los criterios que aplican para declarar como elegible al solicitante, es que sean entidades activas y que lo que se va a monitorear solo es posible hacerlo desde el aire.

En el vuelo en el que participó UNIVERSIDAD también iba Juan Sánchez, funcionario del SINAC, quien quería verificar algunas denuncias recibidas, acerca de tala ilegal en la zona de Barra del Colorado. Aunque allí no fue posible observar lo denunciado, en otras áreas ubicadas entre el Valle de la Estrella y Cahuita, y en los alrededores de Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, sí se pudo observar parches de deforestación que deberán ser investigados después en una labor de campo.

Uno de los aspectos más valiosos de estos recorridos, es que permiten filmar y tomar fotografías que luego pueden servir como pruebas en tribunales o como referencias para comparaciones futuras.

De igual manera, las coordenadas de los sitios de interés pueden ser precisadas geográficamente por medio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés). Esta tecnología satelital permite posteriormente visitar el sitio y determinar si hay alguna situación anómala desde el punto de vista legal.

La utilidad de este programa de LightHawk fue destacada por Carlos Arguedas, quien por segundo año consecutivo sobrevoló la zona entre Guápiles y Siquirres -en la provincia de Limón-, para monitorear el impacto de las actividades agrícolas.

Arguedas es el encargado de salud ocupacional y ambiente del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) y el año pasado el control fue sobre la actividad bananera.

Este año el interés estuvo enfocado hacia la expansión del cultivo de piña en los cantones de Guácimo, Pococí y Siquirres, en donde -según Arguedas- lo visto desde el aire es preocupante, ya que afecta fuentes de agua, cauces de ríos y bosques.

Dijo que ya presentaron denuncias contra las empresas productoras de piña y con las fotografías tomadas ahora prepararán un informe y otra queja, ya que dichas compañías cambian a su conveniencia el recorrido de los ríos y les provocan sedimentación, entre otros daños.



OTRAS PREOCUPACIONES



Los vuelos de LightHawk atendieron otras preocupaciones, como las de la Asociación para la Protección de los Recursos Naturales de Caño Negro.

El reporte de esta última indicó que el área de humedales sobrevolada de este refugio de vida silvestre en la zona norte, «no reporta signos de recuperación y más bien se están ampliando año con año las áreas afectadas».

Por su parte, el programa «Fronteras» de la Escuela de Geografía de la UCR aprovechó para enriquecer sus estudios sobre el impacto de la expansión de la frontera agrícola en la zona norte, por causa de las plantaciones de piña y naranja.

Mientras tanto, la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental del MINAE evaluó la contaminación de la cuenca del río Grande de Tárcoles, con miras a imponer cánones a las industrias que la contaminan.

Los funcionarios de la Estrategia de Control de Tala Ilegal del MINAE volaron sobre áreas con alto grado de deforestación ilegal, como Sarapiquí y Guápiles. Allí monitorearon los cambios en el uso del suelo, y sincronizaron sitios con equipos de GPS, para tener referencias geográficas en futuros controles.