La Ley de Biodiversidad permite que organismos privados puedan prestar ciertos  servicios en los parques nacionales.
Los parques nacionales requieren de 309 nuevos guardaparques.
A pesar de que no existe una política estatal planteada por escrito para privatizar los parques nacionales, sí hay una tendencia solapada de entregar al sector privado la operación de algunos servicios en las áreas protegidas.
Así lo denunciaron María Elena Fournier -presidenta de la agrupación ambientalista Yiski y representante del Foro Popular Ambiental-, y Jorge Lobo -biólogo-, expositores de la mesa redonda que sobre este tema se realizó recientemente en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.
Lo dicho por Fournier y Lobo fue refutado por Raúl Solórzano -director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). El debate fue moderado por el biólogo Alejandro Leal, de dicha escuela.
Solórzano se mostró extrañado de que se discutiera este tema, por cuanto no existe ningún plan institucional para lograr este cometido, y porque la legislación nacional prohíbe acciones en este sentido.
Sin embargo, con el desarrollo de la discusión y con los ejemplos aportados por los otros expositores, el funcionario dijo no estar tan seguro de que se dé este proceso, aunque siempre estará dispuesto a defender el carácter estatal de los parques.
 
 
Solórzano también restó valor a un documento utilizado por Fournier como prueba de que hay  interés por sacar del alero del Estado las áreas protegidas, tras explicar que la persona que firmaba esa carta no era funcionaria pública y por lo tanto eso dejaba sin valor oficial su gestión.
Lobo y Fournier, por su parte, afirmaron que la concesión de servicios es el mecanismo más empleado por los gobiernos para la sutil privatización que se da en los parques.

CONCESIONES CRITICADAS

La representante del Foro Popular Ambiental criticó la creciente entrega de concesiones al sector privado, para que brinde distintos servicios a los turistas en las áreas protegidas, lo cual constituye una privatización encubierta.
Fournier destacó la necesidad de mantener los parques bajo el control estatal, en razón de la importancia que tienen para el país por la diversidad biológica que resguardan y el valor económico que aportan por concepto de turismo, principal fuente de ingresos para Costa Rica.
De acuerdo con un estudio del SINAC, el Instituto Nacional de Biodiversidad y el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, las actividades económicas asociadas con las áreas protegidas generan un 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB); esto equivale a más de ¢325.000 millones por año.
El biólogo Lobo respaldó lo dicho por Fournier y puntualizó que las concesiones representan una preocupación real, ya que permiten una entrega solapada a empresas que se encargan de ofrecer ciertos servicios y debido a los requisitos exigidos en los contratos, grupos comunales no pueden cumplirlos, por lo que los asignan a Organizacioness No Gubernamentales (ONG) que tienen entre sus miembros a personas vinculadas con el sector conservacionista.
Por lo anterior, Marco Vinicio Marín -del Sindicato de Trabajadores del MINAE- calificó como «zánganos» que usufructúan de los parques a organizaciones como el INBio, FUNDECOR y FUNDAZOO.
Acerca de las referidas concesiones, estas se hacen en el marco de la Ley de Biodiversidad y su artículo 39, ya que la ley de parques nacionales es muy restrictiva en cuanto al manejo y aprovechamiento de estos sitios.
El artículo 39 estipula: «Autorízase al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, para aprobar los contratos y las concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro de las áreas silvestres protegidas estatales, excepto el ejercicio de las responsabilidades que esta y otras leyes le encomiendan, exclusivamente, al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, tales como la definición, el seguimiento de estrategias, los planes y los presupuestos de las Áreas de Conservación.  Estas concesiones y contratos en ningún caso podrán comprender la autorización del acceso a elementos de la biodiversidad en favor de terceros; tampoco la construcción de edificaciones privadas».
Se definen como servicios y actividades no esenciales los estacionamientos, los servicios sanitarios, la administración de instalaciones físicas, los servicios de alimentación, las tiendas, la construcción y la administración de senderos, administración de la visita y otros que defina el Consejo Regional del Área de Conservación.

A DERECHO

Al refutar que haya privatización, Solórzano explicó que las concesiones de servicios no esenciales se hacen al amparo del artículo 39 de la Ley de Biodiversidad y del  reglamento para tal fin, el cual considera positivo, pues si no se contara con esta normativa reguladora, sería peor.
Dentro de este esquema funcionan concesiones como la que tiene en el Parque Nacional Volcán Poás la Cruz Roja de San Pedro de Poás, para prestar el servicio de parqueo; y el Centro Científico Tropical, que administra la tienda.
Contra el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad hay interpuesta una acción de inconstitucionalidad que aún no ha sido resuelta por la Sala IV.
Solórzano aclaró que las concesiones no se entregan a empresas comerciales, sino a organizaciones sin fines de lucro.
El Director del SINAC mencionó como mayores amenazas para los parques nacionales, algunas proyectos que, por ejemplo, pretenden segregarle un pedazo a la Zona Protectora Tivives, traspasarle a municipalidades áreas con protección marina, o destinar ingresos de los parques para financiar municipios.
Solórzano dijo que en el momento que sepa de alguna gestión oficial para privatizar las áreas protegidas, no dudará en pedir el apoyo de aquellas personas que las defienden como estatales.
Por otro lado, Lobo llamó a que la población costarricense ponga atención a los peligros que podría entrañar para la preservación de los parques la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya que un reglamento como el de concesiones de servicios no esenciales sería de menor rango legal a los acuerdos de dicho convenio internacional.
Con el fin de fortalecer el SINAC y así reducir el riesgo de privatización, Fournier y Lobo propusieron que los fondos que se obtienen por concepto de entrada y uso de las áreas protegidas se reinviertan en las necesidades de cada una, que se les dote de planes de manejo, exigir apoyo del sector turístico, y facilitar a las comunidades aledañas la participación en la protección y administración de los parques.