¿Por qué la Iglesia y las mismas personas que se indignan en contra del aborto o, incluso del control de la natalidad, no levantan sus voces contra una sociedad que no protege la maternidad como una experiencia social fundamental? ¿Quién grita por los miles de niños que con tres meses de edad deben ser destetados y separados de sus madres para que ellas trabajen y los mantengan? ¿Quién llora por los miles de mujeres que deben velar por sus hijos, en lo económico, en lo emocional y en lo social, sin más apoyo que sus propias fuerzas?
¿Quién las apoya cuando estas fuerzas se les agotan, cuando quedan desempleadas, cuando son desahuciadas de una casa alquilada o cuando son abandonadas por un padre-progenitor que no deja rastro? ¿Qué apoyo, que recursos especiales les ofrece nuestra sociedad o el Estado costarricense a las mujeres para que puedan ejercer la maternidad de forma digna, segura y responsable? Me refiero a las mujeres, porque la crianza y el sostén de los hijos siguen cayendo de una forma todavía abrumadoramente desigual sobre las madres. ¿Será que la responsabilidad de engendrar, parir, alimentar, proteger, criar y educar a los hijos no quiere ser vista como una responsabilidad social, colectiva y compartida? ¿Si las condiciones de vida materiales, sociales y emocionales de una mayoría del pueblo costarricense no están permitiendo que los padres y sobretodo las madres de familia cumplan con sus responsabilidades básicas, no será necesario denunciar esta «cultura de la muerte» como una amenaza cotidiana contra la vida?
 
 
¿Pro vida, cuál vida, la vida de quién, los cuerpos de quién se están defendiendo y protegiendo al condenar el aborto, incluso el terapéutico? No seamos ingenuos. La vida de un embrión, no puede valer más que la vida de su madre, ya que éste no tiene vida propia, se engendra, alimenta, crece y nace del cuerpo de ésta. Solo ella le puede dar vida. Si la vida de la madre corre peligro, si su salud está en riesgo y ella puede morir, el aborto terapéutico no solo es legalmente posible en Costa Rica, sino que es moralmente legítimo. No obstante, el cuerpo de la madre debe ser protegido, no sólo porque alberga o contiene al embrión, sino porque es un ser humano autónomo, con una historia y vida propias.
La maternidad debe ser un derecho de las mujeres, no un deber. La maternidad debe ser una elección consciente, mediada por la capacidad de autodeterminación, autorrealización y autoconsciencia de las mujeres en tanto sujetos de derecho. Al mismo tiempo, la maternidad debe ser protegida por el Estado costarricense, en toda su amplitud. Las madres adolescentes, las madres de los sectores sociales más empobrecidos de la sociedad y las madres «trabajadoras» tienen derecho a contar con las condiciones básicas para criar a sus hijos. Alimentación, vivienda, salud integral, empleo, guarderías infantiles, educación propia y para sus hijos, etc. Las condiciones laborales de las madres que trabajan en el espacio público, deben contar con derechos más integrales, que les permitan realmente contar con las condiciones necesarias para ejercer ambas funciones: ser madres y dedicarse a labores fuera del ámbito doméstico. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres acompañados de una maternidad segura no son una cultura de muerte. Esta surge más bien de la violación sistemática de estos derechos, violación que debe ser denunciada, para poder detenerla en función de la vida humana, de la vida de todas y todos.