Exnegociadores del TLC podrían ser procesados penalmente ante aparentes irregularidades denunciadas por auditoría del COMEX.

El Ministerio de Comercio Exterior se realiza una ampliación de una auditoría interna por aumentos salariales aprobados al anterior equipo negociador del TLC con Estados Unidos.

Estrechas relaciones profesionales y de amistad que predominaron en el trabajo efectuado por el anterior equipo negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, junto con funcionarios que trabajan en el exterior, podría llevarlos a un proceso penal ante supuesto tráfico de influencias y manejo inconveniente de dineros públicos.
Un pequeño trozo de estas irregularidades sería un cheque por $30.000 que el Ministro de Comercio Exterior (COMEX), Manuel González, dijo recientemente a UNIVERSIDAD que se halló en el escritorio del exnegociador comercial Fernando Ocampo.
Esta aparente pesquisa llevó aparentemente a la Fiscalía de Delitos Económicos del Poder Judicial a incautar el cheque, al igual que una computadora con información que perteneció a la exdirectora de Negociaciones, Irene Arguedas.
En principio se había informado a este Semanario que el encargado del operativo fue Carlos Meléndez, Fiscal de Delitos Económicos, pero él destacó que el secuestro de documentos no estuvo bajo su orden, ni de ninguno de seis fiscales a su cargo.
En total son 24 los investigadores que se encargan de estudiar los delitos de este tipo.
Fabián Barrantes, vocero del Poder Judicial, aseguró que oficialmente no se conoce de que se esté haciendo investigación alguna.

 

ESTRECHAS RELACIONES

Aún se desconoce quién autorizó la compra de servicios del bufete Sidley, Austin, Brown & Wood que dio supuesto apoyo logístico al COMEX para resolver problemas respecto de la crisis bananera de precios desplegada en el mundo con especial fuerza en los últimos años.
Lo anterior se debe a que la Unión Europea quiere a partir del próximo año establecer un arancel único de 230 euros por tonelada de banano para todo exportador, lo cual perjudicaría a los productos latinoamericanos.
El jerarca del COMEX mantiene una posición firme de no pagar los $30.000 hasta que no se esclarezca cómo fueron utilizados esos dineros.
Esa es una buena pregunta si se toma en cuenta que ese monto es peccata minuta a la par de los ¢470 millones que el anterior ministro, Alberto Trejos, confesó que le llegaron a la entidad mediante la Fundación Costa Rica-Estados Unidos (CR-USA). (Ver cuadro «Un cheque revelador»).
De ese monto, ¢380,7 millones fueron orientados a apoyar al equipo de negociadores en las diversas rondas que sobre el TLC se llevaron a cabo en Costa Rica, Centroamérica y Estados Unidos.

MISTERIO POR RESOLVER

Se desconoce aún con certeza el exacto uso de esos y otros dineros dados por el gobierno estadounidense -aún siendo Costa Rica contraparte negociadora-, más lo brindado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Es posible que quien tenga muy claro el panorama sea el ministro González, quien desde hace un mes tiene en sus manos un detallado informe de la firma auditora externa Deloitte, el cual podría detallar cómo se utilizaron los fondos del COMEX y de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).
Aunque UNIVERSIDAD en dos ocasiones le ha solicitado el informe, dijo que lo enviaría primero a los diputados como una deferencia y en otra oportunidad manifestó en su despacho que no lo tenía allí.
Sin embargo, se le pidió por escrito, la semana anterior, que nos proporcionara una copia del informe porque se trata de información pública, además de que se le envió un cuestionario con preguntas sobre el caso citado, pero al cierre de edición no contestó las solicitudes. Manuel González viajó junto con el presidente Abel Pacheco a la cita en Washington, convocada por el presidente George Bush para hablar sobre el TLC.

¿COMPADRAZGO?

Si de puestos y bufetes en el COMEX se trata, los encuentros entre conocidos no se hacen esperar.
Al menos Roberto Echandi, quien fue Director General de Tratados Internacionales para el exministro de Comercio Exterior, Samuel Guzowki, fungió también como asesor comercial durante la gestión de Trejos y de la exembajadora Comercial para las Negociaciones del TLC, Anabel González.
Él llegó a recibir un salario mensual de $8.200.
Pero también ha trabajado para el bufete Sidley, Austin, Brown & Wood, donde fungió como consejero legal de la Secretaría de Apelaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, según indica el sitio Web de la firma.
Este tipo de relaciones tan cercanas también se reprodujeron en el equipo local de exnegociadores.
Para el 16 de junio de 2003 la junta directiva de PROCOMER decidió crear 10 plazas adicionales de negociadores con salarios que iban desde los ¢270.000 hasta ¢1.260.000 o los $5.850.
Pese al criterio adverso de la auditoría interna del COMEX, los más altos funcionarios decidieron aprobar en promedio a todos un incremento de sus salarios cercano al 41%. En consecuencia, subieron desde ¢948.000 a los ¢1.560.000.

OTROS NEXOS

En noviembre de 2003, Esteban Agüero, funcionario del COMEX, dijo que se formó un panel de abogados que serían los encargados de resolver las controversias surgidas entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos.
Entre ellos se encuentra Francisco Chacón, exviceministro de Comercio Exterior -quien labora en el Bufete Zürcher, Odio & Raven- y es esposo de Anabel González.
También es abogado de AMCHAM (Cámara de Comercio Americana) la cual tiene claros intereses de que el TLC se apruebe.
En ese momento, Chacón dijo a UNIVERSIDAD que «si yo fuera gobierno y tuviera que escoger una persona apta para el puesto sinceramente hubiera pensado en alguien como yo, porque no somos muchos los especialistas en esta materia en el país».

NADIE ESCAPARÁ

Pablo Barahona, abogado constitucionalista con especialidad en corrupción e impunidad, asegura que si una auditoría interna del COMEX, hecha el año pasado, presentó una serie de irregularidades ante la Contraloría General de la República se podría, eventualmente, acusar y castigar con base en el Código Penal.
Coincidió con el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Rafael González, en que la Ley de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito Nº. 8422 -que rige desde el 29 de octubre del 2004- no se podría aplicar si existen hechos cuestionables ocurridos antes de esa fecha.
«Está la figura del cohecho -sea propio como impropio- que conlleva, respectivamente, cárcel de 2 a 6 años con la inhabilitación de 10 a 15 años por ejercer en la función pública, y de 6 meses a 2 años en el segundo tipo», explicó Barahona.
Para González, lo importante es denunciar esta relación de hechos a la Contraloría para que proceda a hacer un estudio exhaustivo y determinar si hubo un presunto tráfico de influencias o aparentes malos manejos financieros.
«La figura del tráfico de influencias, contenida en el Código Penal, incluye malversación, peculado, consecuencias civiles de enriquecimiento ilícito, entre otros delitos», dijo.
El decano aseguró que si hubo irregularidades luego de la instauración de la nueva ley, se podría aplicar el artículo 57 que habla de la influencia contra la hacienda pública.
Al puntualizar sobre el tema, aseveró que la legislación es muy clara en el sentido de castigar al «funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la hacienda pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin».
Se conversó con Yanory Obando, periodista de la Contraloría General de la República, para conocer el curso que lleva el informe presentado por los auditores del COMEX y dijo que «el tema se valoró a raíz de una denuncia. Luego se trasladó a la auditoría interna de ese ministerio para hacer una investigación que aún no ha concluido».

* Colaboró en esta información Alonso Mata Blanco