El acceso al agua es un derecho humano que correría peligro ante la normativa del libre comercio
El agua es el petróleo costarricense y meter esta riqueza en la danza comercial que imponen los tratados de libre comecio (TLC) -como el próximo por ratificarse con Estados Unidos-, es un riesgo que el país debe evitar, advirtieron expositores en un conversatorio realizado en la Universidad de Costa Rica (UCR).
La disyuntiva de «El agua y los tratados comerciales» fue analizada el pasado 6 de mayo en el auditorio de la Facultad de Derecho, en una actividad que tuvo la participación de Martin Wagner, del organismo estadounidense EarthJustice; y Fernando Dougnac, de la Fiscalía del Medio Ambiente de Chile.
Ambos pusieron ejemplos claros de por qué la globalización comercial y sus instrumentos legales para el libre intercambio de mercancías, no protegen el libre acceso de la población al recurso hídrico y, por el contrario, tienden a convertirlo en un objeto más de enriquecimiento para las grandes empresas.
La discusión del tema – organizada por la Facultad de Derecho y el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)- contó también con el aporte de Rocío Hartley, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional; y Darner Mora, director del Laboratorio Nacional de Agua de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Expusieron también: Mauricio Castro, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); Rodrigo Alberto Carazo, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Pablo Cárdenas, de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).
Durante el desarrollo del conversatorio se escucharon quejas de Carazo, Cárdenas, Castro y Hartley contra el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), por no enviar delegados que detallaran las bondades del TLC entre Centroamérica  y EE.UU. (CAFTA, por sus siglas en inglés) y así el público tendría mayores elementos de juicio al tomar una posición frente a dicho acuerdo comercial.
 
 
Debido a esta actitud del COMEX, los foros que se realizan sobre el TLC terminan convertidos en un monólogo, sin que se escuche la posición gubernamental, advirtieron los panelistas.

TLC POR ENCIMA DE TODO

Pese a que el agua no forma parte del tratado con Estados Unidos, la normativa que se aprobaría tiende a proteger los proyectos de inversionistas extranjeros, para que en los países no les pongan obstáculos legales que impidan desarrollarlos.
En otras palabras, lo contemplado en los tratados estaría por encima de las leyes nacionales que signifiquen trabas para el libre ejercicio del comercio y la producción empresarial.
Esta situación la denunció Martin Wagner -de EarthJustice-, quien puso como ejemplo lo dicho recientemente por un empresario de la mina de oro en Miramar de Puntarenas, cuando alegó que si hubiera contaminación de las fuentes de agua cercanas, no podrían suspender su operación, al estar amparada esa compañía al TLC de Costa Rica con Canadá y ser ese acuerdo de rango superior a las leyes nacionales.
Wagner recordó que muchas personas conceptualizan el agua como un recurso que todos los seres necesitan para sobrevivir. Si embargo, en el marco de la Organización Mundial del Comercio y de los TLC, «el agua deberá ser tratada más bien como una computadora o un barra de dulce, que como la sangre de vida del planeta».
Respecto a cómo los acuerdos del CAFTA afectarán las posibilidades costarricenses de proteger la calidad y cantidad de agua para su población, mencionó la parte del convenio que impide aplicar leyes nacionales que limitan la inversión extranjera, el comercio de bienes y servicios, y el desarrollo de proyectos empresariales.
En este contexto, Costa Rica podría verse impedido de exigirle a una empresa embotelladora de agua vender un porcentaje mínimo en el país o proveerla sin costo alguno en barrios pobres, advirtió Wagner.
En su opinión, el gobierno «no debería ser parte de un acuerdo de inversión extranjera, sin que primero se establezcan las reglamentaciones que considere pueda necesitar en relación con el agua».

UN EJEMPLO PREOCUPANTE

Por su parte, Fernando Dougnac, de la Fiscalía del Medio Ambiente de Chile, describió -en un ejemplo nada halagüeño para Costa Rica- la situación del agua en aquel país, en donde este recurso ha caído en manos de especuladores mediante la figura legal de las concesiones.
Si bien el recurso hídrico chileno está en teoría en manos del Estado, a través de las concesiones se entrega al sector privado y en los derechos de aprovechamiento se otorga al titular la facultad de aprovecharlo a su voluntad de conformidad con la ley.
El Código de Aguas -detalló Dougnac- establece que las aguas son un bien nacional de uso público y corresponde al Estado regular su utilización entre los particulares. Pero, la reglamentación estatal resultó tan radical, que transformó un bien público en uno privado, al concederle a los concesionarios el derecho de aprovechar el líquido a su antojo.
Según el especialista chileno, estas prerrogativas son protegidas constitucionalmente por el artículo que dice que «la ley no podrá afectar los derechos que ella concede en su esencia, ni poner restricciones, tributos o condiciones que hagan imposible su ejercicio» (principios similares a los que promueven los TLC).
En su criterio, esta legislación convirtió la utilización del agua en un privilegio para el sector privado, el cual disfruta de un «derecho de propiedad» sobre ella, y este privilegio ha fomentado el acaparamiento de concesiones y la especulación en transacciones que tengan de por medio fuentes hídricas.
Dougnac e instó a tener presente que «el agua es un bien que no puede ser regulado por la ley de la oferta y la demanda». Por ello recomendó a Costa Rica oponerse a la instauración de un sistema como el chileno.
Mientras tanto, Pablo Cárdenas -de la FECON- criticó la normativa del TLC que protege la inversión extranjera, aun cuando los proyectos u obras dañen el ambiente. En este contexto, lo más grave es que se sacraliza el lema de «hable ahora o calle para siempre», pues una vez ratificado dicho acuerdo no se podrían elaborar nuevas leyes que afecten a los inversionistas, agregó.
En este sentido, el diputado Rodrigo Alberto Carazo planteó la duda de si la reserva que hizo Costa Rica en materia de agua será suficiente para protegerla frente a otras disposiciones que contempla ese acuerdo y por eso exhortó a aprobar cuanto antes el proyecto de Ley del Recurso Hídrico.
Por otro lado, la economista de la UNA -Rocío Hartley- afirmó que lo grave del TLC no es firmarlo, sino hacerlo con un texto en las condiciones en que está planteado.
El funcionario de AyA -Darner Mora- llamó al potencial hídrico nacional «nuestro petróleo», y de cara a las negociaciones del TLC advirtió de manera tajante: «¡cuidado con lo que viene!».