Docentes rechazaron representación administrativa en asambleas en la UCR.
La Asamblea Colegiada rechazó el 2 de mayo una resolución del VI Congreso que garantizaba al sector administrativo una representación del 10% en las asambleas.
La Asamblea Colegiada de la Universidad de Costa Rica rechazó la resolución del VI Congreso Universitario que buscaba ampliar la democracia universitaria, al incorporar una representación del sector administrativo en las asambleas Colegiada y Plebiscitaria, así como en las sedes regionales.
Esta casa de estudios, decana de la educación superior  y benemérita de la cultura y la educación,  es la única de las cuatro universidades estatales que hasta el momento no le permite esa participación al sector administrativo, pues la propuesta fue rechazada con 139 votos contra 104.
Walter González, representante del sector administrativo ante el CU, aseguró que si bien la diferencia de 35 votos en términos relativos no es nada, significa que «todavía en la UCR hay un grupo  muy fuerte de conservadurismo academicista que no se ha dado cuenta que estamos en otros tiempos. Creo que hay algunas estrellas  de la U que tienen que irse  para que esta Institución cambie. Es lamentable que gente que ha recibido laureles gracias  al apoyo  administrativo con que contó en su trabajo, votara en contra de la resolución aprobada por el VI Congreso Universitario. Hay dobles discursos, dobles agendas y hasta manipulación», afirmó, aunque reconoció el apoyo del directorio de  la Federación de Estudiantes, así como de la mayoría del Consejo Universitario y de la Rectora.

AL CONSEJO O NADA
 

Durante la Asamblea  Víctor Sánchez Corrales (miembro del CU) presentó una moción para que la resolución fuera devuelta a ese órgano, pero esta alcanzó alrededor de 90 votos que no fueron suficientes para dejarla viva, asambleístas que entonces votaron en contra.
Al respecto Alfonso Salazar -miembro del CU- detalló que «votó por devolverla al Consejo  para  establecerle las bases legales a fin de que pueda implementarse, pues la Sala ya se pronunció contra la exigencia de un título o grado académico para la participación administrativa en órganos de elección popular en la Universidad».
«Casi 100 personas apoyamos  la moción de don Víctor, pero al no aprobarse, votamos en contra». Entre ellos cuatro integrantes de ese órgano colegiado (Corrales, Salazar, Manuel Zeledón y Margarita Messeguer)». Alegó que no hay un radicalismo en esa posición sino un interés en evitar inconstitucionalidades, aunque él está de acuerdo con una mayor representación de la que ya existe, que es a través de las jefaturas de oficina, «pero por otros medios que no sea  la elección, por cuanto  de ser así no podría limitarse a quienes tienen título como se hace en la resolución.

RESOLUCIONES DEBILES

Salazar agregó que el conflicto con estas resoluciones aprobadas en el VI Congreso Universitario es que no tienen  una adecuada base, «por eso son tan débiles, son propuestas incompletas, que vienen sin el debido sustento. La Asamblea Colegiada necesita un texto claro, que esté adecuada y debidamente planteado. Por eso la idea de devolverlo al Consejo, pero la gente que defendía la resolución no lo vio así, estaban seguros de que se aprobaría y se perdió».
Por su parte, Víctor Sánchez dijo que la resolución sobre la representación administrativa carecía de una visión más integral, pues debe leerse en  términos de competencias y funciones de las distintas asambleas, por lo que no se les puede homologar, como se hace en el texto.
«Esa propuesta no tiene coherencia integral, no es congruente en su totalidad, no tiene un análisis técnico, hay confusión entre los diferentes órganos que involucra, la Asamblea Colegiada es  un órgano legislativo, la Plebiscitaria es de elección  y las otras son de unidades académicas, pero diferentes a las de las sedes regionales», manifestó.
En la Resolución Nº 7 del Congreso, sobre la ampliación de la democracia universitaria, se aprobó una representación administrativa del 10% respecto del sector docente, tanto en la Colegiada como en la Plebiscitaria, así como en las asambleas de las sedes regionales, facultades y escuelas, todas las cuales cuentan con una representación estudiantil del 25% que es designada directamente por el estudiantado. La idea del proponente, Marlon Morales Chaves, era que el sector administrativo contara con una representación similar a la estudiantil.
Sánchez aseguró que la única manera de resolver eso es que la resolución sea analizada  dentro de la metodología  que tiene el Consejo para revisar proyectos, a fin de ver su viabilidad jurídica y política. «Todo el plenario cree en la participación  democrática, así como en una comunidad universitaria integrada por los tres sectores (estudiantes, docentes y  administrativos) como se establece en el Capítulo I del Estatuto Orgánico, pero también en una participación calificada, por eso cuando defendí mi moción para devolverla al Consejo  planteé la necesidad de rescatar el espíritu de la resolución que se discutía. Yo creí que el rechazo de la propuesta iba a ser mucho mayor y quise tender un puente, pero no obtuve los votos necesarios», confesó.

VOLVERLA A PRESENTAR

Consultado Marlon Morales sobre las críticas hechas a su propuesta, aseguró que las desconoce pues no forma parte de la Asamblea, por lo que va a revisar todo lo planteado para reelaborar su propuesta y elevarla al Consejo Universitario, a fin de que éste la mande de nuevo a la Colegiada.
Respecto a los requisitos establecidos para quienes quieran representar al sector, alegó que se hizo precisamente para respetar los cánones de dichas asambleas, compuestas mayoritariamente por el sector docente (75%).  Agregó que una representación del 10% en la Colegiada y la Plebiscitaria serían solo 30 personas y  la Universidad  tiene 800 puestos  profesionales en éste, aunque hay más de mil personas con licenciaturas y maestrías.  En las sedes regionales la representación administrativa implicaba una o dos personas, pues sus asambleas son muy pequeñas, mientras que en facultades y escuelas se podía incorporar solo a quien tuviera a cargo la jefatura administrativa.
Lamentó no poder estar en la Asamblea Colegiada para explicar las dudas y temores surgidos en su seno, aunque fue invitado por la Rectora Yamileth González García para que presentara la propuesta; dijo no poder referirse a los comentarios de las personas asambleístas por  no ser miembro, aunque es funcionario administrativo y docente de la UCR.
Sobre el rechazo de la propuesta dijo que obedece  principalmente  a que la Colegiada es un órgano bastante complejo y con problemas de comunicación. «Cada quien tiene la responsabilidad de leer los documentos que se van a conocer en la Asamblea y de no informarse adecuadamente, mi propuesta pretendía la participación del sector administrativo profesional en los diferentes órganos universitarios. Yo no asumo  esto como una derrota, pues no lo es, ya que dentro de los procesos universitarios  veo el vaso medio lleno y no medio vacío», comentó.
También Walter González alega que elevará la propuesta a otras instancias. Otra opción es meter la propuesta cuando la Colegiada discuta  la resolución del VI Congreso sobre  la modificación integral del Estatuto Orgánico. «Y si es del caso, acudiremos a la Sala IV, como hicimos con la elección del  representante administrativo ante el Consejo», aseguró.