Organizaciones afirman que TLC olvida al país que vive del mercado interno y sustenta cultura tica.

Mario Cespedes, Beatriz Castro y Nieves Argudo, integrantes de la Red Costarricense de Control Ciudadano.

¿Para quiénes se negoció el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (TLC)?







Un grupo de 20 organizaciones costarricenses, agrupadas en la Red Costarricense de Control Ciudadano, considera que esta es una pregunta clave en el debate acerca de la conveniencia o no de que la Asamblea Legislativa apruebe el texto ya firmado por el Poder Ejecutivo.







Ellas representan a parte del “país invisible” a los ojos del Tratado, constituido por millares de personas que desarrollan proyectos para sobrevivir y mejorar las perspectivas de desarrollo de sus comunidades, y cuya realidad no fue tomada en cuenta por quienes negociaron el TLC, pues lo hicieron únicamente en función de las grandes empresas privadas, nacionales y transnacionales.







Así lo manifestaron Beatriz Castro, de la Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas, Esmeralda Arce, de la Asociación para la Promoción del Empleo, la Salud y el Ambiente (ASEPESA), y Mario Céspedes y Nieves Argudo, del Centro de Estudios y Publicaciones “Alforja”, en una visita realizada a UNIVERSIDAD.



Castro explicó que, por esa razón, unas 20 organizaciones populares, dedicadas a trabajar por la salud, el ambiente, la igualdad de oportunidades, ven el TLC como una amenaza a sus esfuerzos para combatir la pobreza, que afecta a casi 25 de cada 100 hogares costarricenses.
 



Arce puso como ejemplo los proyectos de turismo rural comunitario impulsados por una

alianza de organizaciones que tratan de involucrar el compromiso de los ministerios de Agricultura, Turismo y Ambiente, con financiamiento del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), para incorporar a las comunidades cercanas a sitios con grandes atractivos turísticos, en la prestación de servicios a quienes los visitan.



También mencionó proyectos campesinos de tecnología basada en microorganismos, para sostener la producción agrícola sin químicos sintetizados, en vez de que quienes viven de la agricultura deban gastar el 60% de sus ingresos en pagar el paquete tecnológico que venden las transnacionales productoras de agroquímicos.



“Se trata de mejorar la capacidad de producción campesina, de recuperar el modelo de finca integrada, para garantizar la seguridad alimentaria que es fundamental para los hogares, retomar los huertos familiares, generar conciencia para ubicar los encadenamientos productivos dentro de la comunidad, se trata de recuperar todo el dinero circulante que se fuga en la adquisición de productos de fuera, de rescatar el mercado local y de reducir el gasto familiar”, explicó.



No obstante, el Tratado, “incrementa la amenaza contra el turismo rural, al modificar completamente la lógica del campo, pues privilegia y estimula la gran empresa agroindustrial, que se transforma en enclave de tipo bananero y destruye la dinámica cultural campesina, que es la que vende el turismo rural comunitario.”



Por eso para ella, el TLC implica un “problema muy serio para la cultura costarricense, basada en la pequeña propiedad. Es fundamental rescatar el mercado local, que es el más próximo. El TLC afecta la posibilidad de desarrollo por causa de productos subsidiados y amenaza la seguridad alimentaria.”



Arce dijo que si bien este peligro ya existe y es independiente del TLC, este profundizaría la política de desestímulo de la producción campesina local, por la cual ya se ha debilitado el apoyo estatal.



Puso como ejemplo que, a diferencia del pasado, cuando el Instituto de Desarrollo Agrario entregaba parcelas de unas siete hectáreas a las familias beneficiarias, “hoy son de apenas 1.000 a 2.000 metros y las llama “granjas agrícolas”, espacios en los que apenas reproducen su situación de pobreza. En el caso de la siembra de naranjas, los hogares campesinos solo tienen ingresos en tiempo de cosecha. Antes obtenían unos ¢3.000 por saca, y ahora ¢2.500, que les pagan las industrializadoras, como Del Monte. Tienen trabajo dos meses al año, el resto es sobrevivir.”



Arce reconoce que el TLC podría abrir posibilidades de mercado a ciertos productos agrícolas, “pero en la balanza, son más los daños a la dinámica del campo, que los beneficios. Es muy posible que se genere mucha más pobreza.”



Los proyectos del país invisible para el TLC, se encuentran, entre otras comunidades, en Guatuso, Upala, Desamparados (producción de plantas medicinales y cosméticos) y “se han desarrollado con las uñas. Demuestran que no es utopía acabar con la pobreza en este país.”



NO HAY EXCUSAS



En ese contexto, la Red también desarrolla la campaña focal “sin excusas”, para presionar al Gobierno a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pactados mundialmente, en el marco de las Naciones Unidas, y le exigen tomar las acciones necesarias para acabar con la pobreza extrema –que afecta a 7 de cada 100 familias ticas-, para el año 2015.



“Los países tienen la obligación de adaptar las metas del milenio a su particularidad y capacidad. En este sentido, Costa Rica puede aspirar perfectamente a metas ambiciosas. No compartimos la meta del Gobierno en cuanto a reducir la pobreza extrema en un 50%, para el 2015. Podemos eliminarla para ese año. Tenemos la capacidad política e institucional para hacerlo”, dijo Céspedes.



Argudo explicó que el año pasado, el Gobierno debía informar sobre los avances logrados en los compromisos para alcanzar las metas del milenio, pero a pesar de que le exigieron dar espacio también a las organizaciones de la sociedad civil en la evaluación de los avances y la elaboración del informe, la opinión de ésta no quedó registrada.



“El resultado es que el documento tiene muchas carencias. Informa solo sobre una parte de la  realidad costarricense. Los indicadores no reflejan la realidad nacional”, dijo.



Para Céspedes, “se desaprovechó una oportunidad de diálogo nacional. El Gobierno asumió la elaboración del Informe como el cumplimiento de una formalidad ante las Naciones Unidas, y no como una oportunidad política de diálogo nacional, de generar debate nacional sobre el desarrollo. Ahora, el informe en sí mismo sigue siendo una oportunidad de debatir”, expresó.



El origen de la Red Costarricense de Control Ciudadano fue, precisamente, un seminario realizado por las organizaciones sociales para analizar autónomamente el informe gubernamental, pero en la actualidad ha ampliado sus objetivos y busca promover y vigilar el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por el país en las distintas cumbres mundiales, no solo en cuanto a las metas del milenio.



“En el seminario se vio que el TLC amenaza la posibilidad de lograr estas metas, pues requieren un Estado fortalecido institucionalmente y que desarrolle políticas públicas, mientras que el TLC propone un Estado debilitado en sus facultades y endosa el cumplimiento de las metas de desarrollo al sector privado. El TLC y las metas del milenio son agendas enfrentadas”, agregó Céspedes.



“Desde las organizaciones de mujeres, planteamos que el TLC es regalar la soberanía a Estados Unidos. Sustituye a la iniciativa civil, para sacar al país adelante, y lo hace sin consultar a la población. Nos estamos sumando al resto de organizaciones en cuanto a que la principal amenaza está en el TLC”, concluyó, por su parte, Castro.



La Red se sumará a la campaña mundial de acción contra la pobreza, mediante un acto a realizarse en la Asamblea Legislativa, el próximo 1 de julio, que buscará impulsar acciones que interpelen a los partidos políticos sobre sus propuestas contra la pobreza y por el desarrollo. El distintivo internacional de esta campaña es una banda blanca.