El Ministro Manuel González anunció que investigarán alzas en sueldos y pagos a exnegociadores
Manuel González: «El derecho de respuesta que la Viceministra de Comercio Exterior, Amparo Pacheco, envió a UNIVERSIDAD no es la posición oficial de COMEX; es un asunto de ella antes de que yo llegara».
Presuntas irregularidades que se habrían cometido durante la gestión de los exnegociadores del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (TLC-RD) con los Estados Unidos, serán analizadas por una comisión especial que nombró la junta directiva de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), que preside el Ministro del ramo, Manuel González.

La importante alza salarial que fue aprobada cuando ellos ejercían como funcionarios públicos, la cual incrementó, en promedio, un 41% sus salarios y las decisiones estrictamente discrecionales de contratar asesorías millonarias, entre otros estipendios, serán objeto de estudio por el mencionado órgano.

El Ministro reconoció a UNIVERSIDAD que en abril pasado llegaron cuatro funcionarios del Departamento de Delitos Económicos de la Fiscalía General de la República para incautar la información que tenía la exempleada pública Irene Arguedas, quien fue Directora de Negociaciones Comerciales, en el disco duro de su computadora. Posteriormente, los funcionarios del Ministerio Público optaron por llevarse el mismo aparato.

Además, relató que el Ministerio pagó «bajo protesta» unos ¢31 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por los contratos de servicios profesionales, los cuales eran pagados entre otros a la exEmbajadora Comercial para las Negociaciones, Anabel González. Esta última, aunque no era funcionaria pública, ejercía funciones de este tipo como representante comercial del gobierno costarricense para negociar el TLC.

Como no está claro si se debió pagar las cuotas obrero-patronales a la Caja o solo los impuestos de renta como es lo común en los contratos de este tipo, el Ministerio interpuso una demanda contra la CCSS que se dirime en el Juzgado de Trabajo en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea.

El jerarca del COMEX se siente insatisfecho con las explicaciones que sobre estos temas le han dado por escrito el Oficial Mayor, Froylán Quesada, y a pesar de varios informes que le envió, el Ministro le solicita de nuevo que detalle quién autorizó el pago por los servicios de la  contratación del bufete Sidley, Austin, Brown & Wood.

Manuel González dijo sentir que este Oficial y el Representante Comercial ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Rónald Saborío, se «pasaban la bola» junto con otros funcionarios del Ministerio para brindar informaciones específicas que él solicita.

Un resumen de una extensa entrevista hecha con el Ministro se ofrece a continuación.



¿Qué se ha podido determinar sobre la factura por $30.000 que se descubrió en el escritorio del exnegociador Fernando Ocampo por servicios profesionales contratados a la firma de abogados Sidley, Austin, Brown & Wood?



-Le he pedido al Oficial Mayor en repetidas ocasiones que me dé un informe sobre el tema y me ha dado varias respuestas, pero no me satisfacen. Simplemente para mí es muy claro lo que necesito: que me den el contexto en que se autorizó esta contratación.

Le he insistido al Oficial Mayor, Froylán Quesada, que entreviste a exfuncionarios. Él me ha informado que no obtiene la colaboración de ellos para aclarar las circunstancias en que esta contratación se dio. La documentación que tengo está dirigida a la señora exviceministra, doña Gabriela Llobet, entonces tiendo a pensar que ella fue la que hizo la autorización.



¿Y cómo interpreta usted que tenga que pedir varias veces, siendo Ministro, un informe en el que el Oficial Mayor, por un deber insoslayable, debería darle la información completa de una sola vez?



-Le digo que no me satisface, me deja un sabor que no me gusta. Entonces cuando se pasan un poco la bola entre el Oficial Mayor y otras dependencias del Ministerio, así como la Misión en Ginebra, y que ahora nadie sabe nada, me deja una sensación desagradable, que no me gusta y que estoy enmendando.



¿Piensa que hubo tal manejo discrecional de fondos que ahora no se puedan justificar?



Se lo pregunto porque en uno de los informes de auditoría interna de PROCOMER se advertía a los altos funcionarios que estuvieron antes de usted que no podían proceder a subirse los salarios como después hicieron.

-La sensación, insisto, es a nivel de sensación, que me queda después de este asunto, de una factura que no se ha cancelado durante tanto tiempo a una firma que, según entiendo, es muy conocida y respetable, es que tal vez en el pasado se tomaron decisiones en el marco de mucha flexibilidad y hasta cierto punto se llevó esa flexibilidad a algunos límites que no son apropiados, que debemos como jerarcas de tener la mayor rigurosidad, aún cuando en el marco legal tengamos esa flexibilidad. ¿Y a qué me refiero? En la administración pública cada vez es menos la flexibilidad.



¿Cómo fueron utilizados, según la auditoría externa de Deloitte, los dineros de COMEX y PROCOMER por parte de los negociadores anteriores?



-De lo que he leído del informe lo que se reporta es una liquidación de los fondos recibidos y de los saldos restantes. El informe lo que abarca es el marco de razonabilidad y racionalidad en cuanto al uso eficiente de esas donaciones, y no hay conclusiones que contradigan o que pongan en duda que esos recursos fueron utilizados de esa manera.

En términos generales, no se califica la bondad o no del gasto, simplemente se hace la liquidación, se hace la descripción de cómo fue cancelado y en algunos puntos menores se indica que tal vez lo que hay es la copia de un cheque, en lugar de un comprobante. Pero lo que he podido ver son situaciones menores que no levantan gran preocupación sobre el uso de esos recursos en el marco de lo que fue la negociación del tratado con los Estados Unidos. (…)

Desconozco fondos de FUCE y como se indica en el informe se hace referencia a fondos recibidos de CR-USA, de PROCOMER y del BCIE. Esas donaciones principalmente recibidas por CR-USA y por el BCIE están sujetas a liquidaciones a rendición de cuentas, por lo cual no es de sorprender que se haya generado este informe que le acabo de suministrar, va acorde con los convenios de cooperación con esas instituciones.

Adicionalmente, PROCOMER posee una auditoría interna que también tiene que fiscalizar sobre el uso de esos recursos. En este caso fueron entregados a COMEX y con mayor razón de que existe un convenio de cooperación entre las dos instituciones.

En cuanto a los salarios de los funcionarios de COMEX y los aumentos que hubo ha habido un informe de auditoría que cuestiona que esos aumentos hayan sido hechos con base en una encuesta de mercado, y no con base en un estudio.

Como parte de las acciones que ha tomado la junta directiva de PROCOMER para responder a ese informe de auditoría está la creación de una comisión nacional de análisis conformada por tres directores de la junta directiva, de los nueve que la conformamos, y también contratamos un estudio de salarios que determine la razonabilidad de los sueldos que se aplicaron en ese momento y poder así responder con una base más técnica a los cuestionamientos que ha hecho la auditoría interna de PROCOMER.

Efectivamente no es un cheque lo que se encontró en el escritor del exDirector General de Comercio Exterior, Fernando Ocampo. Lo que se halló es una factura que se adeuda a un bufete extranjero.

Esto no me fue informado cuando ingresé como Ministro en octubre del año pasado. De esto me entero en febrero o marzo de este año y tomé acciones de que la Oficialía Mayor me informe sobre el contexto en que se hizo la contratación, y a través de él a quien corresponda.

(…) Vale la pena recordar que este Ministerio fue intimado por la Caja Costarricense de Seguro Social para el pago de las cargas laborales correspondientes a la contratación de los servicios profesionales para la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos. (Ver nota «CR-USA donó ¢380 millones para negociaciones»).

Este Ministerio pagó más de ¢30 millones bajo protesta, y en este momento hay un juicio entre la Caja y PROCOMER, para determinar la procedencia o no de ese cobro. El caso se lleva en el Juzgado de Trabajo en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea.



En el informe de Deloitte hay algunos renglones que llaman la atención. Por ejemplo, la contratación de 10 asesores en estrategia, en los que se gastan ¢39.400.000 para el 2003. ¿Qué son asesores en estrategia y qué hicieron exactamente?



-Usted me pregunta sobre esos asesores que fueron contratados en el año 2003, cuando asumo hasta octubre de 2004, y lo que tengo que decirle con mucha sinceridad es que no lo sé.

Lo que me interesaba era recibir las conclusiones finales de todo este manejo en el que no estuve involucrado, en una auditoría que es normal darla, tenían que rendirse estas cuentas, porque así lo exigen los donantes, específicamente la Fundación Costa Rica-Estados Unidos (CR-USA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En su caso, la auditoría interna de PROCOMER hace su propio estudio, pero esto es un elemento que le sirve también para cotejar el trabajo que ellos tienen que hacer.

Lamentablemente, no conozco el detalle.



Llama la atención también que hay gastos que no están contemplados, pero sí fueron reales, por ejemplo, cuando Estados Unidos le donó $250.000 a cada país centroamericano para que se apoyaran en la labor de cabildeo del Tratado de Libre Comercio (TLC). ¿Ese dinero dónde está?



-Eso no se contempló en la auditoría p orque no se ha gastado. No es un regalo de los Estados Unidos. Lo que he podido leer es que es un convenio de cooperación financiera no reembolsable, o sea, una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $250.000. Efectivamente su objetivo era el cabildeo.

No estoy de acuerdo con ese objetivo. Le he remitido a las autoridades del Banco la modificación del destino de esos fondos, solicitándole que se transforme hacia la promoción de lo que ha sido la política comercial de Costa Rica hasta el momento; las negociaciones comerciales en las que Costa Rica ha participado, con miras a una eventual aprobación del TLC con Estados Unidos.

Ese convenio expira el 28 de mayo de este año y en forma paralela a la solicitud del cambio de objetivo le he solicitado también al BCIE la extensión del plazo por al menos seis meses más para que esos recursos no se pierdan.

Existe el compromiso del banco de hacer la donación, pero conforme se va incurriendo en el gasto, el banco los va reintegrando. La plata no está en custodia de PROCOMER ni la podemos acceder. Habría un procedimiento que tiene que seguirse.



Sobre el derecho de respuesta que envió a UNIVERSIDAD la Viceministra Amparo Pacheco, respecto del alza de salarios que se hizo durante la gestión de los anteriores negociadores comerciales, y habiendo pertenecido ella a ese grupo, ¿qué opinión le merece a usted el tema?



-Lo que le puedo decir es que el auditor interno de PROCOMER, Alexander Arias, presentó en la junta directiva unas auditorías y lo que hemos hecho como junta es responderle las observaciones que él señalaba.

Se creó una comisión especial de análisis conformada por tres directores que contratará una empresa que pueda efectuar un estudio de salarios y la razonabilidad de los aumentos que se aplicaron tanto en PROCOMER como en COMEX.

La comisión tiene facultad abierta, sin límite, de entrevistar a exfuncionarios de la Promotora, de hacerse asesorar por expertos legales, para hacer recomendaciones en la junta directiva. Eso se le comuniqué al auditor interno y desconozco si ya él  le avisó a la Contraloría. Tiendo a pensar que sí, que es su trabajo comunicar la respuesta que recibe de nosotros como administración.



La exnegociadora Irene Arguedas, en enero pasado, le interpuso a usted un recurso de amparo en el que le pedía previsiones para la integridad de la información que ella tenía en su computadora en el Ministerio, e igualmente para sus correos electrónicos y todas las bitácoras de seguridad de dicho aparato, lo cual hace ver que allí había información importante. ¿Qué opinión le merece estos hechos?



-Hay que recordar que despido a la señorita Arguedas, creo que fue en la tarde del jueves 6 de enero pasado. Le pido que deje su oficina y que ese mismo día se retire de COMEX. En adición a eso, ella pide que se le haga un respaldo de la información y eso lo hace el Departamento de Cómputo del Ministerio.

Con posterioridad, ella alega, sin tener ninguna evidencia, que yo he girado instrucciones para que se le accese su cuenta de correos y cosas de estas. Luego interpone un recurso de amparo en mi contra y de otros funcionarios del COMEX.

El asesor legal del Ministerio le entrega copia de toda su información y procede a hacer un respaldo de los datos para esta dependencia. Esa información estaba en la caja fuerte del COMEX.

Hace unas dos o tres semanas (la entrevista fue hecha la semana pasada) recibo la visita de cuatro funcionarios del Departamento de Delitos Económicos del Ministerio Público. Me hacen referencia sobre este recurso de amparo, de que saben que existe este respaldo digital del Ministerio y me piden que si es posible que yo se los entregue, ante lo cual no tengo ningún inconveniente y también pidieron llevarse la computadora, a pesar de que había sido formateada y reasignada a otro funcionario.

Quien vino a cargo del operativo fue el fiscal Ólger Calvo.



CR-USA donó ¢380 millones para negociaciones
* PROCOMER lo hizo por ¢300 millones y el BCIE por $500.000



Fernando López González

[email protected]



La Fundación Costa Rica-Estados Unidos de América para la Cooperación (CR-USA) donó ¢380 millones para financiar las negociaciones que el país hizo sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (TLC-RD).

Esta donación se efectuó a pesar de que Costa Rica es contraparte de Estados Unidos en dichas negociaciones.

La cifra es revelada en un informe que la firma de auditores externos Deloitte elaboró al Ministerio de Comercio Exterior.

El estudio, fechado 10 de mayo de este año, también especifica que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) regaló $500.000 (¢237.500.000 al tipo de cambio actual) en lo que se denominan, técnicamente, un préstamo, convenio o financiamiento no reembolsable.

La investigación contempla el presupuesto aprobado por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y los dineros donados.



El eje de los gastos



En la auditoría se determina que PROCOMER hizo una donación por ¢300 millones para implementar el programa de «Participación de Costa Rica en las negociaciones del TLC entre Costa Rica y Estados Unidos».

Entre las donaciones hechas por la Promotora, CR-USA y el BCIE se llega a los ¢881.643.226.

El documento especifica que debido a la resolución No. 21-06-04 del 10 de julio del 2004, emitida por la Gerencia de la División Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante la cual se ratifica el Informe de Inspección No. 1232-02184-2003 relativo al no pago y retención de las cargas sociales sobre los montos pagados por concepto de servicios de profesionales asesores en las negociaciones del TLC, PROCOMER realizó un pago bajo protesta por ¢31.391.498 el 29 de julio del 2004.



GASTOS SIN RESPALDOS



En un apartado bajo el nombre «Comentarios y recomendaciones» se especifica que se dio un gasto de ¢3.011.846 relacionado con el evento de lanzamiento del TLC efectuado en los Estados Unidos, «el cual no se encuentra debidamente respaldado con facturas, sino con un estado de gastos de The Cosmos Club (Washington D.C.), por alquiler de sala de conferencias, alimentación, parqueo y otros» a nombre del Embajador de Costa Rica en la capital estadounidense, Jaime Daremblum.

Se especifica que «es necesario que todo desembolso se encuentre debidamente respaldado con el comprobante del cheque y facturas originales a nombre del Programa».

Además, se informa que «no se adjunta una nota, elaborada por el departamento de contabilidad de PROCOMER, que indique los montos de los salarios y cargas sociales, que corresponden al personal contratado por el Programa y que respalde el gasto por este concepto. Adicionalmente, no se elabora una solicitud para el pago de las cargas sociales relacionadas con estos salarios».

Otros puntos cuestionados son:

* «Las cantidades y características de los activos adquiridos con los fondos donados por la Fundación CR-USA, difieren con lo estipulado en el Convenio de Financiamiento No Reembolsable CR-USA-COMEX y no existe evidencia de que CR-USA haya firmado un addéndum al convenio original, realizando un cambio a esta cláusula».

* «Los negociadores pagados con presupuesto nacional y que participan en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio no elaboran un informe de labores o actividades, que evidencien su participación en el Programa».

* «Existen notas de entrega de equipo de cómputo que no se encuentran debidamente firmadas por el funcionario que lo recibió, el cual es el responsable del mismo».