Retraso de la Sala Constitucional impide aplicar recomendaciones del tribunal ad hoc.
La renuncia de los miembros del tribunal ad hoc que estudió un procedimiento administrativo disciplinario contra varios magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ha provocado enfrentamientos entre ellos y miembros de este órgano electoral.

A la situación de discordia que vive el TSE desde hace semanas, se suma el recurso de amparo que presentó la exmagistrada de ese órgano -Olga Nidia Fallas Madrigal-, a quien la Corte Suprema de Justicia no le renovó el  nombramiento el pasado 18 de abril, como era tradición hasta entonces.

Ese recurso fue acogido el 12 de mayo por la Sala Constitucional para su estudio y sería resuelto por un tribunal suplente.

Fallas Madrigal era la única magistrada que no estuvo bajo investigación del mencionado tribunal ad hoc, en torno a la indagación del contrato «Solución Integral para la automatización de la Cédula de Identidad» (SICI), que pactó en 1997 el TSE con la empresa UNISYS por más de ¢1.100 millones.

La divergencia por el trabajo que realiza el tribunal electoral se extendió incluso a la Corte Plena, pues cuando se discutió la reelección de Fallas Madrigal se escucharon fuertes argumentos, tanto en  favor como en contra del TSE y de la funcionaria.

Algunos magistrados rechazaron la posibilidad de que la decisión tomada tuviera como fin ocultar eventuales irregularidades en el TSE o de castigar a Fallas por oponerse a manejos administrativos presuntamente irregulares.

Y es que las votaciones para dilucidar su continuidad en el cargo, ante la poca información que emana de la Corte Plena, dieron cabida a una serie de dudas: ¿por qué no se le reeligió?, ¿hay deseos de encubrir las irregularidades  señaladas por la Contraloría General de la República en el contrato con UNISYS?, ¿se quieren posponer eventuales sanciones contra magistrados del TSE hasta después de las elecciones nacionales, con el fin de no complicar el proceso electoral?, ¿se le cobró a Fallas ser una funcionaria «incómoda» a lo interno del TSE?, o ¿se justificaba su remoción?

Este Semanario tuvo acceso a las actas de la Corte Plena cuando discutió y rechazó por segunda vez la continuidad de Fallas. En ellas quedó constancia de lo que argumentaron los funcionarios para tomar tal decisión.

Respecto del tribunal ad hoc, los actuales magistrados del TSE criticaron «algunas expresiones insidiosas contenidas en su nota de renuncia, que inmerecidamente afectan nuestra honorabilidad profesional y personal, así como el bien ganado prestigio del Tribunal».

Los abogados Manrique Jiménez Meza, Grettel Ortiz Álvarez y Rafael González Ballar, renunciaron el pasado 13 de mayo como miembros de dicho cuerpo, integrado hace un año por la Corte Suprema de Justicia, en protesta porque la Sala Constitucional no ha resuelto los recursos de amparo que presentaron hace ocho meses los magistrados del TSE afectados por la resolución que dictaron.

Dicha resolución recomienda la suspensión de dos funcionarios titulares, y hay que esperar a ver si la Corte Plena la acoge en todos sus alcances. Sin embargo, mientras los recursos de amparo no sean resueltos, las sanciones disciplinarias no pueden ser aplicadas.



POLÉMICA RESOLUCIÓN



El tribunal arbitral conformado -en calidad de magistrados especiales- por Ortiz, González y Jiménez, presentó su resolución el 5 de agosto del 2004, tras estudiar un informe de la Contraloría General de la República y con el propósito de determinar las sanciones disciplinarias administrativas que le correspondían a los magistrados involucrados en la contratación de la firma UNISYS.

Los funcionarios bajo la lupa eran Luis Antonio Sobrado, Óscar Fonseca, Anabelle León, Fernando del Castillo, Juan Antonio Casafont, Marisol Castro, Mario Seing, Enrique Meza, Rafael Villegas, Ovelio Rodríguez, Fernando Arias, y Álvaro Pinto.

De acuerdo con una resolución del mismo TSE, UNISYS tuvo incumplimientos contractuales que superaron los ¢558 millones; pero la institución no le pidió expresamente a la Procuraduría General de la República (órgano legal del Estado) la instauración de un proceso ejecutivo contra esa firma.

«Analizado objetivamente el acervo probatorio incorporado a los legajos que forman parte del expediente administrativo, este Tribunal debe concluir que efectivamente hubo una falta grave en la conducta de los investigados, desajustada a las circunstancias de hecho y de derecho imperantes», concluyó el tribunal ad hoc.

Por lo anterior, recomendaron una suspensión de tres días para Fonseca y Sobrado, por incurrir en falta grave; igual gravedad -aunque intermitente (no participaron en todas las decisiones)- le atribuyeron a Rodríguez, del Castillo, Casafont, Castro y Pinto, por lo que el castigo sería amonestación escrita sin suspensión.

En el caso de Arias, Villegas y Meza, se acogió la prescripción alegada por la defensa; mientras tanto, estimaron que si bien León cometió falta grave, no detallaron su sanción al no haberla incluido la Contraloría General como responsable administrativa.

El tribunal ad hoc tampoco pudo pronunciarse sobre la responsabilidades civiles de cada persona, al no haber individualizado la Contraloría los eventuales daños provocados al erario público.

Una vez que el citado tribunal emitió su resolución, esta fue impugnada con recursos de amparo por parte de algunos magistrados aludidos, y fue a partir de este momento que «hemos enfrentado situaciones de hostigamiento, agresión verbal y escrita, que constan en diferentes  documentos y publicaciones», relataron sus miembros tras la renuncia.

Ya en abril anterior, Grettel Ortiz había expuesto a UNIVERSIDAD («Reelección de magistrada despierta suspicacias» -edición del 7 de abril-) las amenazas de muerte recibidas y el merodeo de su vivienda desde un vehículo.

En vista de que la Sala Constitucional no ha resuelto los recursos de amparo, los magistrados especiales decidieron que el tiempo transcurrido «es excesivo y nuestra paciencia se agotó. Tenemos muchos compromisos profesionales y personales, tanto a nivel nacional como internacional, sin que podamos continuar así por tiempo indefinido».



REACCIÓN



Como reacción a esta renuncia, los magistrados del TSE reconocieron el derecho a renunciar del tribunal ad hoc. No obstante, dijeron que «no podemos dejar de referirnos a algunas expresiones insidiosas contenidas en su nota de renuncia, que inmerecidamente afectan nuestra honorabilidad profesional y personal, así como el bien ganado prestigio del Tribunal».

En este sentido, rechazaron las afirmaciones de que «aunque sin señalar nombres ni aportar prueba alguna, ellos habrían sido víctimas de una serie de ‘actos que pretendieron desmejorar y deslegitimar las nobles funciones que, como jueces, nos fueron asignadas».

Según ellos, «desde el momento mismo en que los citados abogados asumieron su cargo, se les recibió con la más absoluta cordialidad por parte de los magistrados permanentes del Tribunal y obtuvieron toda la colaboración que solicitaron».

Precisaron que «fue a partir de ese momento (la entrega de la resolución) y con motivo de las gestiones que algunos magistrados emprendieron contra la resolución dicha, por considerarla contraria a derecho, cuando seguramente los señores exmagistrados ad hoc se empiezan a sentir hostigados y deslegitimados e inician una reprochable campaña pública de victimización, en la que evidencian el error de sentirse designados como interventores del Tribunal».

Por su parte, el presidente del TSE -Óscar Fonseca- calificó como «un acto irresponsable» (según dijo al diario La Nación) la denuncia por hostigamiento expresada por los miembros del tribunal ad hoc, al no emplear los canales jurídicos establecidos por el sistema judicial.

A esta acusación y ante su amenaza de llevarlos a los tribunales, Manrique Jiménez le respondió en una carta: «haga lo que quiera; están en su derecho. Pero le aclaro que estamos en la mejor disposición de enfrentarnos, con las pruebas de rigor». De paso invitó a Fonseca a un debate público, «en aras de la transparencia y la rendición de cuentas en un Estado democrático».

Jiménez advirtió a este Semanario acerca del peligro de que algunas de las sanciones recomendadas prescriban, debido al tiempo que transcurre.

Consultado al respecto Jorge Enrique Romero -especialista en derecho administrativo y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica-, defendió la potestad de la Corte Plena de no renovarle el nombramiento a Olga Nidia Fallas, y de la Sala Constitucional de pronunciarse sobre un caso cuando lo tenga resuelto.

En su opinión, lo recomendado por el tribunal ad hoc «es una sanción muy pequeña, muy suave, con relación con lo que los magistrados ad hoc indican en el documento. Cualquiera diría que de acuerdo a la investigación que hicieron, la sanción recomendada debió de ser de varios meses o incluso podrían haber pedido la destitución inmediata».

Para Romero, la aplicación de las sanciones no afectaría el clima electoral, porque el TSE seguirá funcionando con magistrados suplentes». Esta podría ser -añadió- la primera vez en que un magistrado electoral sería castigado, así como la primera que una magistrada no es prorrogada en su nombramiento.

Dijo también que llama la atención que al ser Fallas la única excluida de los funcionarios citados por la Contraloría de supuestas anomalías, no le extiendan el nombramiento, mientras que a otros involucrados sí. «Esto da para que se piense una serie de cosas: unas con fundamento y otras sin él. En nuestro país el TSE ha ido perdiendo legitimidad y su presencia se ha debilitado».



OPINIÓN DE LOS MAGISTRADOS



En relación con estas polémicas situaciones, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia manifestaron posiciones encontradas, las cuales quedaron en evidencia cuando discutieron la renovación del nombramiento de la entonces magistrada del TSE, Olga Nidia Fallas Madrigal.

Uno de los que la defendió -al igual que la labor del tribunal ad hoc- fue José Manuel Arroyo, quien reconoció que «hay una fractura importante no solo a lo interno de la cúpula de ese Tribunal (TSE), sino entre esta e importantes mandos medios».

Luego de insistir en el respeto que siente por los magistrados del TSE, aclaró que «lo que no puedo dejar de considerar son las implicaciones de no ventilar, con la amplitud necesaria, la existencia de posibles errores en la gestión pública -riesgo al que por cierto cualquiera de nosotros está expuesto- pero que de ninguna manera se resolverán adecuadamente si pretendemos -de antemano- decretar que no está ocurriendo nada o, peor aun, si pretendemos deshacernos de las personas que nos señalan esos posibles errores y la necesidad de investigarlos con toda transparencia».

Por su parte, el magistrado Luis Fernando Solano aunque defendió la trayectoria y la integridad de Fallas, hizo ver que la decisión de la Corte acerca de su reelección, no era un asunto de simpatías o antipatías hacia una persona.

Así, destacó que «estamos frente a una cuestión que atañe directamente a la validación de nuestras instituciones, cuya resolución -adecuada o inadecuada- traerá consecuencias y nos colocará -según sea el caso- en la Costa Rica respetuosa de la institucionalidad, que puede ver más allá de las pequeñas pasiones y controversias individuales o, por el contrario, nos acercará a una democracia de fachada, cuyo destino no está definido por el derecho y la equidad, sino por la arbitrariedad y el subjetivo interés de quienes detentamos circunstancialmente el poder».

Ustedes dirán si estas delicadas decisiones de este Pleno ayudarán a la credibilidad y fortalecimiento institucional costarricense o si, por el contrario, lo dañarán de manera irreversible, sentenció Solano.

Apoyaron también la reelección de Fallas la magistrada Julia Varela y Rolando Vega, quien adelantó que al no reelegirla, la Corte «probablemente cometerá uno de los errores más serios que pueda haber hecho en más de 50 años de historia».

Por otro lado, se opusieron -entre otros-, la magistrada Ana Virginia Calzada, quien al justificar su decisión la criticó «porque me parece que no tiene estrategias hacia el futuro».

Similar parecer externó Ernesto Jinesta, al detallar que durante las entrevistas con Fallas no respondió algunas preguntas y demostró no tener una «visión macro» del Estado y «menos de la función electoral», lo cual «ya de por sí me denota que no tiene idoneidad». Este mismo reclamo fue planteado además por Óscar González, Alfonso Chaves, y Román Solís.

Al final de la discusión, doce magistrados decidieron no renovarle el nombramiento por seis años más, y diez apoyaron su reelección. Olga Nidia Fallas Madrigal trabajó en el TSE hasta el pasado 6 de mayo.

Queda pendiente el fallo de la Sala Constitucional sobre los recursos de amparo y la decisión de la Corte Plena acerca de la resolución del tribunal ad hoc, la cual podría acoger las sanciones en forma íntegra, parcial o rechazarlas.

Olga Nidia Fallas:

«Me siento engañada»

Antes de la elección, más de quince magistrados nunca le expresaron ninguna crítica a su labor y más bien la entusiasmaron a continuar adelante. «Por eso es que estoy  dolida, porque siento que fui engañada», aseguró la exmagistrada del Tribunal Supremos de Elecciones (TSE) -Olga Nidia Fallas Madrigal- acerca de la decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia de no renovarle el nombramiento.

En su criterio, lo que la Corte Plena supuestamente realizó con tal decisión, fue lo que en derecho se llama «una desviación de poder». «En el caso concreto mío,  lo que hizo fue arbitrar -pudiendo tomar partido por una de las partes- un conflicto interno de carácter eminentemente administrativo del TSE».

Entre otras cosas -agregó- me parece que no hubo la imparcialidad, la objetividad ni la neutralidad que el caso ameritaba, ya que tenía pleno conocimiento solo de una parte del conflicto.

A Fallas Madrigal le dieron una audiencia y cinco días para presentar un informe de rendición de cuentas, «en un procedimiento insólito hasta ese momento -porque era la primera vez que se aplicaba-, sin reglas claras ni procedimientos previamente establecidos».

La exmagistrada recordó que presentó un informe de 122 páginas, en el que describe sus actuaciones en el TSE y donde resaltaba que una de las mayores debilidades de esta institución era la gestión, ejecución y preparación de las contrataciones administrativas: poco análisis, ligereza, poca profundidad.

Frente a esta coyuntura, Fallas explicó que debió recurrir al «voto salvado» cuando se discutieron contrataciones administrativas con las que no estaba de acuerdo, y algunas de sus decisiones fueron avaladas por la Contraloría General.

En cuanto a su comparecencia ante la Corte Plena, afirmó que ninguna de las preguntas cumplió con los fines que persigue el artículo 11 de la Constitución Política -referido a rendición de cuentas- y más bien pareció un examen de grado.

«Haber sido colocada en esa condición me produjo una gran decepción. Fueron tres horas y media, en las que una siente que se falta a la dignidad del magistrado y que todo iba dirigido a lastimar la dignidad de la persona, de la mujer», dijo dolida.

En ese momento -añadió- «sentía como si me cobraran -y aún lo siento- haber cumplido con mi deber, haber disentido de mis compañeros, de lo que es la costumbre en el TSE: allí no se discute, no se debate, no se disiente, se vota unánimemente, y esto me parece grave».

Fallas sostuvo que la resolución del tribunal ad hoc que estudió el contrato del TSE con la empresa UNISYS y su remoción como magistrada, están «íntimamente relacionadas».