Ante una Proclama que realizó la Comisión de Enlace, en el Teatro Melico Salazar, el pasado 14 de abril de 2005, se han suscitado airadas reacciones, pero no he escuchado un análisis y una reflexión sobre las posibles causas de ésta.
He dicho que hay indicios graves que hay señales que causan verdadera alarma.  Y para hablar de causas cito solo algunos ejemplos:
– La corrupción en el sistema político.  Lo sucedido el año anterior con los casos de la Caja-Fischel e ICE- ALCATEL solo es la punta de un iceberg.  La corrupción en este país ha permeado numerosas instituciones baluartes de nuestro sistema democrático: el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones; la Sala Constitucional.  A las pruebas nos remitimos.
– El alto costo de la vida.  No puede ser que veamos con indiferencia las cifras sobre el alto costo de la vida.  Este problema está golpeando a cientos de hogares costarricenses y los partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa se aferran con todo tipo de argumentos extrarreglamentarios, a un Plan Fiscal para que paguen más los que ya pagan y para que los que evaden el fisco sigan en el reino de la impunidad. ¿Ustedes creen que el pueblo de Costa Rica no se da cuenta de estas cosas.?
– La firma de contratos leoninos fuera del marco de legalidad.  Violentado la norma, violentando la ley se firman entre otros los contratos de RITEVE y ALTERRA que han significado para los costarricenses un agravio, pues han tenido que pagar tarifas con sobreprecios muy altos.  Soy testigo y también actor de numerosos incidentes de nulidad, acciones de inconstitucionalidad y Recursos de Amparo. En estos dos contratos los caminos de la legalidad y de la constitucionalidad se han ido estrechando.  ¿Y qué me dicen de los contratos para la cogeneración eléctrica privada?
– El estado material del país.  El impuesto a los combustibles que todos los días pagamos los costarricenses ha golpeado fuertemente los bolsillos; sin embargo este no ha redundado en mejores caminos, en mejor infraestructura vial.  La inacción del Estado fomenta la idea de que el impuesto es para que algunas de las empresas constructoras y algunos funcionarios públicos se los roben.
– La elección del Contralor.  Obedeciendo a componendas y con una emboscada de antología los partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa eligen un Contralor que después debe destituirlo ante graves denuncias.  ¿Y ustedes creen que el pueblo de Costa Rica no toma nota de estas cosas..
– La elección de un Magistrado. Una diputada reveló hace unas semanas, el posible juego de influencias con que se manejan los nombramientos de magistrados y de altos cargos en la Asamblea Legislativa y el tema no mereció ni un minuto de discusión en el Plenario.  Para el pueblo no son ajenas este tipo de componendas y arreglos entre algunos partidos.
– Un Parlamento sin diálogo, sujeto a emboscadas y al gaveteo. La posibilidad del diálogo, del consenso se han cerrado en el Parlamento. Con la participación del Sr.Presidente de la Asamblea Legislativa, quien a fuerza de emboscadas y gaveteo, promueve la aprobación del 208 bis, cerrando posibilidades de arreglo político a un sinnúmero de temas y el nombramiento, sin votación de un Sr. Magistrado de la Sala Constitucional.
– La inseguridad, que vivimos los ciudadanos y el gobierno no hace lo propio por resolverlo.  Ha existido en los círculos políticos de los últimos años, una cultura de tolerancia y complicidad con actos y valores que causan dolor e indignación en los ciudadanos.
Soy profundamente respetuoso del Estado de Derecho, y creo que la gran mayoría de los costarricenses somos profundamente respetuosos de nuestro sistema democrático y buscamos las salidas institucionales. El camino de la legalidad y la constitucionalidad son las armas que utiliza el costarricense para resolver los conflictos.  Cuando la ley dice lo que dice, cuando la razón está de su parte y se resuelven las cosas contra legem, los caminos empiezan a estrecharse.
Para la historia quedan las cartas que en momentos de crisis, he enviado al Sr. Presidente de la República; las acciones de inconstitucionalidad y los amparos; las gestiones ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría, los ministerios y las instituciones autónomas.  Para la historia quedan las actas del Plenario donde he alertado y denunciado los principales problemas nacionales.
La toma de decisiones sobre asuntos claves en el momento oportuno, resulta indispensable, si queremos que Costa Rica siga por los caminos del Derecho que estoy seguro, son los que todos queremos.  Prestar oídos sordos, no tomar las decisiones que se requieren y no digo sólo el Sr. Presidente de la República, sino también la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, los Ministerios y las instituciones autónomas, están contribuyendo a gestar una atmósfera de profundo descontento social.
No es la primera vez que llamo la atención sobre estos hechos, no nos convirtamos en autistas de las necesidades y demandas de los ciudadanos, que en este momento se está jugando el futuro de la democracia costarricense.  La Asamblea Legislativa tiene la obligación de buscar las salidas institucionales e instar al Sr. Presidente de la República a tomar las decisiones que restauren la paz social.  Sino se buscan las salidas institucionales pertinentes, el pueblo debe recurrir a los instrumentos democráticos, uno de ellos es la desobediencia civil; institución reconocida en varias cartas constitucionales de países democráticos.
Lamentablemente cuando el Derecho no da solución a los problemas de los pueblos, los pueblos dan soluciones que no son del Derecho.