La amplia agenda de temas por reivindicar en la pasada manifestación contra el TLC, pudo haber influido en la poca participación.

Fuertes diferencias de intereses entre los sindicatos dificultan el trabajo conjunto por la defensa de los derechos.

Las diferencias entre las diversas organizaciones sindicales empezaron a subir de tono, luego de que los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) avalaran las reformas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y al resolverse una acusación penal de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) a favor de la Unión de Empleados del Instituto Nacional de Seguros (UPINS).

Esos conflictos quedaron al descubierto tras la pasada manifestación social del 16 de abril, convocada por los gremios como parte de la jornada de protestas contra el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos.
 

De hecho quienes dieron mayor empuje a la marcha fueron los empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La actividad de ese día, originalmente pensada para oponerse a la ratificación del TLC , se disipó con los pedidos de derogar la reforma de pensiones, expulsar al controversial monopolio de revisión técnica vehicular (RTV) y alzar la voz contra el incremento acelerado en el costo de la vida.

En suma, se evidenció una agenda demasiado amplia que algunos dirigentes sindicales importantes no terminaron de aceptar.



RENCILLAS ETERNAS



Los grupos sindicales se han acusado, entre ellos, de favorecer los intereses de sus mismos dirigentes sindicales y eso provocó el distanciamiento de los gremios.

El secretario general de la Unión de Empleados de la Caja (UNDECA), Luis Chavarría, dijo que ha mermado la pluralidad de ideas y la capacidad de convocatoria de los grupos, pues algunos no aceptan otras ideas que no sean las suyas.

Rencillas entre los principales dirigentes, como es el caso de la ANEP y la UPINS dificultan la posibilidad de que una organización agrupadora, como la Comisión Nacional de Enlace (CNE), pueda cumplir a cabalidad sus propósitos de lucha sindical conjunta.

Edgar Morales, secretario adjunto de la ANEP,  explicó a UNIVERSIDAD que cuando se participa en grupos tan grandes es difícil trabajar de manera conjunta, en especial con un grupo tan nuevo como el CNE.

Luis Salas, secretario general de la UPINS,  enfatizó que las fuertes rencillas históricas entre los grupos hacen imposible que se realice dicha unión.

Luis Chavarría, de UNDECA, dijo con respecto a este tema que la diversidad de pensamiento e ideologías entre los sindicatos complica las posibilidades de que se pongan de acuerdo.

El dirigente indicó que muchos grupos pequeños se aprovechan de la coyuntura para defender a ultranza sus pensamientos radicales. Afirmó que la diversidad de intereses existe pero que deben fundamentarse en los efectos reales sobre la política económica y el interés nacional.

«Lo que no es válido es tomar la agenda cotidiana para tratar de resolverlo todo», agregó Chavarría.

El secretario general de ANEP, Albino Vargas,  agregó que es importante trabajar por la unidad sindical sin que eso implique opacar los intereses propios de cada gremio.



DENUNCIA PENAL



El 9 de setiembre del 2002, la UPINS publicó un comunicado que terminó de caldear los ánimos entre dicha organización y los dirigentes de la ANEP, hasta el punto de llevar el problema a los tribunales.

El documento la UPINS titulaba «eternos rumiantes» refiriéndose a las acciones de Albino Vargas y Rafael Mora en los movimientos sindicales. El 3 de octubre se presentó la querella contra el sindicato del Instituto.

Vargas enfatizó al respecto que en los movimientos sindicales la diversidad de pensamiento es una virtud, pero que las diferencias se deben discutir con razones y no con insultos, infamias o calumnias.

Edgar Morales dijo que dentro de las diferencias sindicales debe reinar el respeto.

«Usar ese vocabulario vulgar deja mucho que desear de un dirigente sindical», aseveró.

Rafael Mora, uno de los directamente involucrados, dijo que se considera injurioso, difamatorio y calumniante el documento y criticó de «vividores del sindicalismo» a quienes lo hicieron.

El juicio fue recientemente ganado por UPINS,  pero Mora dijo que no comparte la sentencia y, por lo tanto, irán al Tribunal de Casación Penal para «defender el respeto a las personas como seres humanos»

Luis Salas, de la UPINS, explicó a este Semanario que las diferencias vienen desde años atrás y se han acrecentado con el tiempo.

Salas dijo que el problema se desarrolló debido a tres causas principales.

Primero, dice el sindicalista, que en la campaña política para el 2002 Ottón Solís habló de apertura del INS. En ese entonces, UPINS se manifestó en contra y según él, Vargas a favor de la posición de Solís.

El segundo problema fue en el 2002, con el cambio de gobierno y la rápida renuncia de Mónica Nagel de la presidencia ejecutiva de la institución. Mientras que la UPINS negaba que ella se hubiese ido por haber descubierto problemas, la ANEP insistía en presuntas situaciones de corrupción dentro del instituto.

El punto culminante se dio cuando la Comisión de Gasto Público de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) condenó al expresidente ejecutivo del INS, Cristóbal Zawadsky, por gastos excesivos.

Vargas acusó a Salas de haberse beneficiado con unos viajes a Cuba y Salas publicó el conflictivo documento con facturas donde Vargas se participaba en una onerosa cena con Zawadsky.

Este sindicalista también dijo que la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), la Federación de Trabajadores de Limón (FETRAL) y la Central General de Trabajadores (CGT) declararon «non grato» a Vargas e impedirán en la medida de lo posible una alianza entre el CNE y la ANEP.

UPINS pertenece al Consejo Unidad Sindical y Magisterial (CUSIMA) que, con 137 organizaciones aglomeradas, es la más entidad más fuerte dentro del CNE.



PENSIONES EN VILO



Otro de los problemas que han caldeado los ánimos son las fuertes diferencias por el tema de la reforma al sistema de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja (IVM).

ANEP y UNDECA defienden la reforma pues consideran que un resultado positivo de los muchos meses de estudio con diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Mientras que grupos pertenecientes a CUSIMA (entre ellos la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza -APSE-, Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica -SINDEU- y los sindicatos de los hospitales) cuestionan que sea verdaderamente beneficioso.

Juan Carlos Durán del Sindicato de Empleados del Hospital San Juan de Dios explicó que las organizaciones presentaron un recurso de nulidad ante la Junta Directiva de la Caja para que se revise la reforma y se elimine.

Este grupo apoya los estudios del jefe de actuarios y profesor de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Arias López, quien había concluido que el mal manejo histórico del IVM había producido un desfinanciamiento millonario del régimen.

«No sé que ideas le vendieron a UNDECA», agregó Mínor Solís,  Secretario General del SINDEU al referirse al tema.

Por su parte, Albino Vargas y Luis Chavarría dejaron claro que esta reforma es beneficiosa para los trabajadores y que se trabajó durante un año con diferentes grupos sociales para llegar al acuerdo. Dijeron que quienes se oponen no tuvieron nunca planteamientos ni propuestas claras.