Minae suspendió la concesión de agua de la empresa Rogumeca mientras se investiga
En las manifestaciones del 20 de enero del 2005 los vecinos impidieron con su cuerpo el paso de la maquinaria. (Foto Manrique Logan)
Bajo la consigna de proteger el agua los habitantes de Monteverde se opusieron a la extracción de agua de dos de sus quebradas principales y eso les mereció una acusación de motín a los 17 dirigentes comunales.
Aunque la historia se remonta al 2003 los hechos desencadenantes sucedieron en diciembre del 2004 y enero del 2005, cuando cientos de vecinos se opusieron al zanjeo que la empresa Sociedad de Usuarios de Agua Rogumeca S.A. hizo para pasar el agua desde las zonas de captación de las quebradas hasta las fincas. Los vecinos, preocupados por la extracción de gran cantidad de agua investigaron la situación y encontraron que la empresa no tenía todos los permisos para romper las vías. La empresa Rogumeca alegó que esta lucha es de unos pocos «revoltosos» y no de toda la comunidad. Durante la manifestación algunos dirigentes atravesaron carros y busetas por donde iba a pasar la zanja y otros incluso se colocaron frente a la pala de la retroexcavadora que realizaba las actividades; sin embargo, la policía intervino para que la empresa continuara sus actividades. A raíz de estos hechos que fueron dados a conocer por la prensa nacional, que Rogumeca interpuso una acusación por motín y solicitaron ante los tribunales una medida cautelar para que estas 17 personas no se pudieran acercar a sus obras. Al día de hoy la zanja de más de 6 kilómetros de largo que atraviesa el pueblo fue terminada, aunque la concesión de uso del agua fue suspendida por el Ministro de Ambiente y Energía (MINAE), Carlos Manuel Rodríguez, por no tener los estudios de impacto ambiental necesarios.
MOTÍN Y MEDIDAS CAUTELARES
El 16 de febrero del presente año, Johnny Guzmán Zamora, el apoderado generalísimo de Rogumeca, elevó a la Fiscalía de Puntarenas una denuncia contra los 17 líderes comunales. En la denuncia, Guzmán especificó que mediante la resolución R-254-2004-AGUAS-MINAE se le autorizó la concesión de aprovechamiento de aguas por diez años a la empresa. También, argumentó que para trasladar el agua se tramitaron los permisos ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Municipalidad de Monteverde para realizar los zanjeos. Guzmán indicó que para el 20 de enero los acusados «iniciaron un movimiento comunal, mediante el cual se alzaron públicamente para que mi representada pudiera ejercer los derechos que habían sido concedidos por los funcionarios públicos del Departamento de Aguas del MINAE, la Municipalidad y el MOPT». En el documento se dice que según el artículo 297 del Código Procesal Penal esto correspondería al delito de motín, que condenaría con cuatro años de prisión a los involucrados. Al mismo tiempo, Rogumeca pidió que se aplicara una medida cautelar contra las 17 personas para «que se prevenga a los imputados que de interferir en la ejecución de los trabajos de zanjeo por parte de mi representada, serán detenidos hasta que dichas labores concluyan». Según un documento en el que el Fiscal Auxiliar de la Unidad de Delitos Varios de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas solicita la aplicación de la medida cautelar, el delito de motín castiga a diez o más personas, que impidan la ejecución de una resolución del Estado, en este caso la concesión de agua que otorgó el MINAE. En tal escrito del 12 de abril, se ordena que los imputados no pueden acercarse a 200 metros de donde Rogumeca realiza las «labores propias de la concesión que le fue otorgada» con el fin de evitar enfrentamientos. Sin embargo, cinco días después, el 18 de abril, el MINAE ordenó suspender todos los trabajos relacionados con la concesión de aguas de Rogumeca hasta tanto no verifique el proceso. A pesar de esto la empresa terminó con los trabajos de zanjeo,  según consta en el documento que Juan José Andrade, de la Fuerza Pública de Puntarenas envió al MINAE denunciando un presunto desacato de Rogumeca de detener las obras. Rogumeca presentó un recurso de revocatoria que el Ministerio declaró sin lugar el 16 de mayo pasado. El 17 de mayo los tribunales de Puntarenas revocaron parcialmente la resolución de medidas cautelares contra los 17 monteverdenses y solo les prohíbe «amenazar, perturbar o agredir a cualquiera de las personas que se encuentren laborando en las rutas 602 y 620 de Santa Elena de Monteverde, o a sus mismos dueños». Para ese entonces los trabajos de zanjeo habían sido detenidos y la suspendida la concesión a Rogumeca por parte del MINAE.
LA VIDA CONTINÚA
«En la convivencia diaria la medida no afecta porque que en un pueblo tan pequeño no tendríamos opciones, yo no podría salir de mi casa por ejemplo, porque la tubería pasa por el frente», explicó Susana Salas vecina de la zona. Vera Zeledón, otra de las personas acusadas, comentó que «la figura de motín la usan para aterrarnos, intimidarnos para que nos alejáramos y no hiciéramos nada más, pero casi que ha sido lo contrario porque estamos tan seguros de que estamos con la verdad, de que estamos defendiendo la naturaleza y el agua que más bien nos ha dado más fuerza». El presidente de la Asociación de Desarrollo de Monteverde, Danilo Zamora, también se molestó con la medida cautelar: «¿Cómo es posible que si a esta gente ya les hemos probado que han hecho trabajos ilegales y están denunciados tanto por el MINAE como por la policía de Puntarenas, que existan personas que tengan que tener una medida cautelar, eso no tiene sentido». Hasta el momento los vecinos se han defendido de la medida cautelar y el proceso contra la acusación de motín apenas comienza.
UN POCO PARA ATRÁS
Rogumeca y la Sociedad de Usuarios de Agua Guzmith, ambas de los mismos dueños, lograron la concesión para extraer 12.65 litros de agua por segundo de las quebradas Cuecha y Máquina para el riego de fincas pertenecientes a ocho «pequeños y medianos agricultores» de la zona, pero los vecinos alegan que son grandes hoteleros y que tales fincas están totalmente deforestadas. Los vecinos también se cuestionan el uso del agua pues la agricultura no es una actividad primordial en Monteverde porque la alta humedad y el fuerte viento impide que los cultivos se desarrollen como lo podrían hacer en otras comunidades vecinas como Guacimal. También, denunciaron la presunta participación de las principales funcionarios de la municipalidad de la zona a quienes acusan de tener vínculos con Rogumeca. Las protestas protagonizadas semanas atrás intentaron detener las obras que, a su juicio, afectaban el turismo en momentos en que existe un incremento de visitantes a Monterverde por su enorme biodiversidad.
ROGUMECA SE DEFIENDE
Johnny Guzmán explicó a UNIVERSIDAD que la acusación de motín es justa en cuanto este grupo de vecinos se opusieron a sabiendas de que la empresa contaba con los permisos del MOPT y de la Municipalidad para realizar las obras. Guzmán aseguró que la policía no los hubiera acompañado a realizar las obras si Rogumeca no contara con los requisitos necesarios, pero que pudieron terminar el trabajo gracias a las medidas cautelares que alejaron a los vecinos del lugar. Con respecto a los permisos de Acueductos y Alcantarillados y del ICE, el representante indicó que de acueductos no se necesitaba permiso sino la seguridad de que iban a reparar en caso de que alguna tubería resultara dañada y con el ICE verificaron que no pasaran líneas eléctricas o telefónicas por la tierra. Ante las acusaciones de que el agua concedida no iba a ser utilizada para riego, Guzmán aseguró que en las fincas se están desarrollando los proyectos agropecuarios e invernaderos que justifican este proyecto. El represente manifestó su consternación ante la suspención que hiciera el MINAE de la concesión y aseguró que no logran entender por qué sucedió. Guzmán denunció que pudo haberse ejercido influencia sobre el Ministro de Ambiente, ya que en una reunión él nombró un órgano investigador y pocas horas después él mismo tomó la decisión de paralizar las obras. Rogumeca puso un recurso de amparo en contra del jerarca que todavía no se ha resuelto. El apoderado dijo que estas personas no buscan la protección del ambiente sino que se opusieron por intrigas y conflictos personales. ¿Por qué la toman contra quién sí tiene permisos y no contra quiénes roban el agua y disminuyen el caudal?, concluyó.
Los acusados:
Cristian Danilo Zamora Oliverio,

Danilo Zamora Miranda

Erick Wayne Rockwell Rockwell,

Glenda Méndez Rodríguez,

Karen Nielsen Chud,

Margaret Wallace Schwab,

Ramón Wallace Schwab,

Ricardo Alonso Rodriguez Barth,

Roberth William William Carlson,

Rolando Quirós Mc Adam,

Roxana Francisca Badilla Ramírez,

Silvia Susana Salas,

Sonia Montiel Espinoza,

Vera Emilia Zeledón Pinto,

Victoriano Molina Rojas,

Windy Ann Rockwell Brownllette,

Xenia González Rojas,
Presa causa daño ambiental
Eduardo Bolaños Vargas

[email protected]
Al caminar por el cauce de la quebrada Máquina se ve algo que no es común en un bosque tan puro como el de Monteverde: una tubería plástica de varias pulgadas de ancho avanza por la orilla del río apenas sostenida con pedazos de cemento.

Por ese tubo iría parte del agua de las concesiones de no ser porque el Ministerio de Ambiente y Energía las suspendió.

Pero, es en esas estructuras de cemento, que ahora los mamíferos se apoyan para beber agua el río.

Esto es solo la antesala de un problema mayor. Más adentro está una presa de más de tres metros de largo por un metro de alto, de donde se obtiene el agua (ver la fotografía).

La bióloga estadounidense, Karen Masters, explicó a UNIVERSIDAD, que los animales de esta zona necesitan de un caudal de agua turbulento y frío para poder sobrevivir, a la vez la quebrada provee la humedad necesaria para las plantas y otros animales, como el caso de las ranitas.

«Las ranitas requieren mucho oxígeno y turbulencia para su propio metabolismo y para el desarrollo de los huevillos y las larvas que tienen que escapar de los depredadores en las turbulencias», comentó.

Sin embargo, esta presa interrumpe el movimiento normal del río y ha provocado cierto calentamiento del agua en detrimento de las especies.

Por otro lado la presa detiene el cauce de los sedimentos y sustratos que la quebrada arrastra, eso provoca problemas para los animales acuáticos que viven ahí.

De esta manera, la función de corredor biológico que cumple un río dentro de un bosque queda aminorada y las poblaciones animales se dividen antes y después de la presa, provocando la reducción de especies y la degeneración genética de los mismos.

Queda una esperanza pues en el tiempo que la presa no ha operado, el mismo río ha llevado los sedimentos hasta casi la altura de la presa y el cauce corre de forma casi normal. Si no se usa la presa, el río podría taparla y convertirla en una pequeña catarata e incluso reestablecer el equilibrio de la zona.

Masters afirmó que los científicos investigaron sobre la fragilidad de este bosque nuboso y encontraron que hay 38 especies de animales y plantas que son protegidos mundialmente por estar en peligro de extinción.
«No queremos decir que estos proyectos vayan, necesariamente, a dejar seca la quebrada. Pero cuando un ecosistema depende tanto del agua tenemos que tomar muy en cuenta la historia natural de esos animales y de esas plantas», concluyó.
«Motín para intimidarnos»
UNIVERSIDAD conversó con algunos de los principales dirigentes de la zona, Zeledón, Salas y Zamora también están acusados de motín y llevan a cuestas una medida cautelar. Masters se encontraba fuera del país cuando se dieron las manifestaciones y por eso no fue acusada.



Vera Zeledón, costarricense:



«¿Qué es lo que les hemos hecho a los concesionarios? Absolutamente nada. ¿Qué es el miedo si más bien los agredidos hemos sido nosotros? Yo personalmente fui agredida por uno de los concesionarios. Otra mujer también fue agredida cuando uno se acercaba a ellos para ver que era lo que estaban haciendo».

«La medida cautelar es un absurdo para mi, no la vamos a necesitar porque somos personas sumamente pacíficas».

«Si no nos han detenido las acusaciones físicas contra nosotros mucho menos una acusación por motín».



Susana Salas, argentina:



«La medida cautelar es más una cuestión de daño emocional. El hecho de que por tratar de defender el ambiente te pongan una medida cautelar es triste, pero nos compensa mucho saber que el ministro puso una medida cautelar para proteger la quebrada y que no se saque el agua».

«Uno ve que en el país han bloqueado carreteras que queman camiones y esa gente nunca han sido declarados como amotinados. Todos los líderes de la comunidad y la gente que es conocida en la zona somos amotinados, eso no es correcto y más que nada para una concesión que se ha demostrado que no reúne los requisitos».

«El agua que estamos defendiendo no es por que la queremos para nosotros, la defendemos porque pensamos que no hay derecho de que se hayan conservado esas cuencas, privadamente, por tantos años para que después se destruya la forma de vida de Monteverde».



Danilo Zamora, costarricense:



«No es posible que 8 personas puedan, en un día con esa concesión, gastar el agua que una familia en Monteverde gastaría en casi dos años».

«De parte de nosotros no se agredió de palabra o físicamente absolutamente a nadie y esto consta en los registros de la policía de Santa Elena».

«La noche del 19 de enero hubo siete u ocho arrestos, incluyendo mi persona y un hijo mío. Nos arrestaron, nos sentaron a un lado sin esposas ni nada, a las 4 horas de estar ahí yo me paré y dije que no me iba a quedar más (…). En ese momento, cuando se les pidió que nos hicieran un parte ¿porqué nos iban a hacer un parte? Estábamos en una vía pública, yo no estaba agrediendo a nadie ni le estaba hablando mal a la policía, nada más nos estábamos oponiendo como ciudadanos a un proyecto que nosotros sabíamos que estaba haciendo la ruptura de la calle en forma ilegal (…) la policía solo nos dijo que nos fuéramos pero que no nos acercáramos a ellos y les hicimos caso».

«¿Cómo es posible que si la concesión está suspendida tanto por el ministro de ambiente como por el de obras públicas estos jueces no nos van a quitar a nosotros la medida cautelar?»



Karen Masters, estadounidense:



«Pensábamos que iba a ser fácil prevenir el proyecto simplemente no dándoles permiso de cruzar las propiedades, pero estábamos muy equivocados, esta gente tenía toda la intención de seguir adelante».

«La razón por que nosotros hicimos un grupo muy activo y dedicado a esta causa es basada en la ecología pues la base económica de la zona es el ecoturismo».

«No se puede disminuir el caudal de la quebrada drásticamente, aunque es cierto que fluctúa mucho por el clima, pero siempre tiene que haber agua».

«No estamos en contra de proyectos de riego, lo que estamos en contra es de perjudicar un ecosistema frágil del que dependen no solo los seres humanos de esta zona sino de miles de organismos que tienen algún valor en este mundo».