Ley de hidrocarburos e intentos de autonomía dividen a la población.
Las protestas se acentúan en La Paz, donde los movimientos sociales piden la renuncia del mandatario Carlos Mesa y el cierre. del Congreso
La situación política en Bolivia se tornaba más grave a cada minuto, sin que nadie se atreva a predecir si el presidente Carlos Mesa podrá sobrevivir a la creciente ola de protestas y a la confusión reinante en el país.

Tres grandes temas presiden el debate: la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a una asamblea nacional constituyente y el proyecto de autonomía de la provincia de Santa Cruz, la más rica de la nación.

Sin apoyo político ni un proyecto viable para el país, el presidente Mesa se tambalea en el cargo que asumió hace menos de un año, después de que su antecesor, Gonzalo Sánchez de Losada, fuera depuesto por una asonada popular que intentó reprimir, con un saldo de unos 70 muertos.

Mesa, quien ocupaba la vicepresidencia, lo reemplazó en al cargo, al prometer una nueva ley de hidrocarburos, más acorde con las demandas populares. Pero al final no quiso firmar la ley aprobada por el congreso hace algunos días, que elevaba a 50% de sus ganancias los impuestos que las transnacionales deberán pagar al Estado. La ley fue finalmente promulgada por el presidente del congreso, pero ahora los grupos opositores exigen la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria inmediata de una asamblea constituyente.

Mientras en La Paz se vive el bloqueo de calles y carreteras, al otro lado del país, en Santa Cruz, grupos de pobladores han autoconvocado un referéndum para decidir la autonomía de la región.

Dirigentes cívicos y parlamentarios de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija ratificaron el 24 de mayo, en la localidad de Trinidad, la demanda de que el referéndum por la autonomía se realice el 12 de agosto, junto con la elección de prefectos.

Esa decisión podría llevar el país a una guerra civil, según diversas fuentes bolivianas. El ejército emitió un pronunciamiento contra cualquier intento de dividir la nación, pero dijo también que no se opone al referéndum sobre la autonomía.

Desde el 23 de mayo habitantes del popular barrio de El Alto, centro de las protestas de los últimos meses, realizaron una multitudinaria marcha hacia La Paz para exigir la renuncia de Mesa y el cierre del Congreso. Pero expresaron también su repudio al referéndum en la provincia de Santa  Cruz, considerada el pulmón económico.



¿AMENAZA DE GOLPE?



En ese clima, no sorprendió que dos militares de alta graduación, los tenientes coroneles Julio Herrera Pedrazas y Julio César Galindo Mendizábal, salieran en público pidiendo la dimisión de los gobernantes.

Sin embargo, la maniobra no solo fue repudiada por las organizaciones populares, sino denunciada por el alto mando militar.

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), el diputado Evo Morales, uno de los principales dirigentes de las protestas, rechazó «cualquier intento de interrumpir la democracia, venga de donde venga. A partir de este momento, convocamos a todas nuestras bases a movilizarse para impedir cualquier intento de golpe militar», dijo el 25 de mayo, poco después de conocerse el llamado de los dos teniente coroneles. Al mismo tiempo, pidió al gobierno que tomara posesión de los campos petroleros, «señalando que «los contratos con los que el Estado otorgó concesiones a las petroleras son ilegales porque no fueron aprobados por el Parlamento».

Por su parte,  el comandante en jefe de las fuerzas armadas, contralmirante Luis Aranda, negó que «existan aprestos de golpe de Estado» debido a la ola de protestas sociales. Acompañado del ministro de Defensa, Óscar Arredondo, Aranda calificó de «irresponsable e inoportuno» el pronunciamiento de los militares.

Poco después el ejército anunciaba que los dos habían sido dados de baja. Pero también se revelaban antecedentes de ambos. Galindo fue procesado y condenado por extorsionar y estafar por $150 mil a un grupo de oficiales; pero el Tribunal Constitucional dispuso su reincorporación al ejército a raíz de una solicitud de amparo que contemplaba una supuesta violación de sus derechos. El segundo oficial, Julio Herrera, también fue acusado por la Justicia Militar del robo de una pistola de nueve milímetros en el Batallón de Infantería Andino y el posterior asalto a un cajero militar, en 1987, aunque un año después fue absuelto, respaldado por favores políticos. Posteriormente fue sancionado por intentar asesinar a su esposa.

Todo esto hace pensar que este llamado, más que objetivos políticos, pretendía añadir otro elemento de incertidumbre a la ya confusa situación.



GRAVEDAD



Pese al desmentido del intento de golpe militar, los comentaristas reiteran que la situación es de «gravedad extrema».

El Gobierno argentino dijo seguir de cerca la «delicada situación institucional» que vive Bolivia y que analiza la posibilidad de colaborar, junto a Brasil, con el presidente Mesa, si este último así lo solicita. «Bolivia tiene un muy buen presidente, que es Mesa, y me preocupa porque es un país hermano que quisiéramos ver con un orden institucional y una democracia consolidada», expresó Néstor Kirchner, en medio de la crisis.

Puede ser muy tarde para salvar el mandato del presidente boliviano. Lo que pasa es que tampoco se ve alternativas claras en medio de la crisis. Los propios sectores populares han mostrado sus discrepancias sobre los objetivos de las protestas.

Algunos estiman, inclusive, que el MAS, del diputado Evo Morales, pierde el control de los manifestantes que, desde las calles, exigen la nacionalización de los hidrocarburos, en vez de la ley que cobra un 50% de los beneficios del gas. Ellos exigen también la celebración de la constituyente antes del referéndum autonómico de Santa Cruz, mientras Morales estimaba que ambas iniciativas podrían darse de forma simultánea.

Han quedado en evidencia también las discrepancias de Morales con el Secretario general de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, con quien había firmado un «pacto antioligárquico».

Solares y el dirigente social de El Alto, Roberto de la Cruz, pidieron el cierre del Congreso, la renuncia de Mesa, la nacionalización de los hidrocarburos y la expulsión de las transnacionales petroleras. Morales, por su parte, acusó a Solares de alentar un golpe militar y lo llamó «paramilitar» y «payaso».

Mientras la tensión crece y Bolivia no encuentra salida para la crisis, la situación económica se agrava, afectando inclusive las remesas que los inmigrantes envían a sus familias desde países vecinos, como Brasil y Argentina, o desde Estados Unidos y España.

La situación boliviana representa el primer desafío de esa naturaleza para el nuevo Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien asumió el cargo el pasado 26 de mayo. Bolivia no ve con buenos ojos la presencia de un chileno en esa Secretaría, pues ni siquiera tiene relaciones diplomáticas con Chile, país con el cual mantiene un litigio por las tierras que perdió durante la Guerra del Pacífico, en el siglo XVIII, y que le costó su acceso al mar.