Sindicatos del ICE piden que se permita a la institución pedir créditos hasta por un 60% de sus activos.
En la Asamblea Legislativa se discute el monto en que podría endeudarse el ICE para financiar proyectos como los de telecomunicaciones

Los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se oponen al mecanismo que aprobó recientemente la Comisión Especial Mixta para la Modernización y Fortalecimiento de esta entidad, mediante el cual puede endeudarse a través de préstamos.
Dicha comisión aprobó el pasado 15 de junio, que la fórmula para definir el endeudamiento que podría asumir el ICE será a partir del Producto Interno Bruto (PIB) anual más tres puntos adicionales. Es decir, si el PIB fue del 3%, se le suman tres puntos más, por lo que podría contraer deudas hasta por un 6%, aunque no podrá sobrepasar el 8%.
El Frente Interno de los Trabajadores (FIT) pidió -en carta del 22 de junio- a los diputados que integran la comisión mixta, que reconsideren la decisión; el diputado Rodrigo Alberto Carazo presentó ya una moción para revisarla.
Mientras tanto, la presidenta de esta comisión -Gloria Valerín- considera que el mecanismo aprobado no es contrario a los intereses del ICE, y el presidente ejecutivo de esta institución -Pablo Cob- tampoco lo percibe lesivo.

 
Luego de estudiar la fórmula citada -llamada apalancamiento-, los sindicatos se dieron cuenta de que no era lo mejor y por eso enviaron la misiva a Valerín, en la cual argumentaron por qué no es conveniente aprobarla en definitiva.
Ellos se inclinan porque el endeudamiento sea a partir de un porcentaje -que sería el 60%- sobre los activos con que cuenta el ICE.
Esta posición fue compartida por los dirigentes Jorge Arguedas, representante del FIT en la comisión legislativa-; Fabio Chaves, secretario general de la ASDEICE; y Ricardo Segura, fiscal de la ANTTEC y miembro del Sindicato de Ingenieros (SIICE).

PIB IRREGULAR

De acuerdo con el alegato del FIT ante la comisión mixta, el PIB en los últimos años ha sido muy inestable, «lo que ocasionaría limitaciones que afectarían las disponibilidades de crecimiento del ICE, según sus necesidades de inversión».
«Se debe comprender -agregaron- que las necesidades de financiamiento del ICE son para desarrollar los proyectos de inversión, que buscan atender las demandas crecientes de servicios de electricidad y telecomunicaciones del país, y que promueven desarrollo social y económico. Además, estos financiamientos dinamizan la economía en todos sus extremos y no es conveniente afectar la gestión de una empresa, fijándole un techo por razones políticas e ideológicas».
En vista de lo anterior, plantean que se mantenga la propuesta original que le permitía invertir anualmente en forma de apalancamiento, hasta una suma equivalente al 60% del valor de sus activos, «monto aún significativamente por debajo de las cifras que en promedio manejan empresas similares en el mundo».
El FIT hizo ver también que «tenemos claro que pese a los esfuerzos patrióticos de tres o cuatro señores diputados y diputadas, incluyendo a la Presidenta y la Administración Superior del ICE, el proyecto original permeado por los sentimientos y los hechos políticos del «combo», se ha trocado en otro más cercano a la filosofía de que no habrá más fortalecimiento sin apertura y viceversa, y por tanto, más cercano al TLC».
Lamentan además que «la indecisión de los diputados del PLUSC y del Presidente Abel Pacheco, para discutir el futuro del ICE bajo la perspectiva de la solidaridad social más acorde con el pasado inmediato de conquista sociales y de bienestar, sacó de esta Comisión la discusión y dejó como únicos interlocutores -frente a los diputados y diputadas con sentido patriótico- justamente a los principales enemigos del ICE y del Estado de bienestar».
Al respecto, los sindicalistas Jorge Arguedas y Ricardo Segura coincidieron en que los gestores de esta fórmula de apalancamiento fueron los miembros del equipo económico del gobierno, y su iniciativa nunca les fue consultada.
Para Arguedas, si se toma en cuenta que al ICE se le aplica la metodología del Fondo Monetario Internacional -que no permite contabilizar los préstamos como activos- y si se aprueba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el futuro es poco alentador.
Agregó que tampoco el mecanismo del 60% es la panacea, ya que la mayor parte (cerca del 80%) de los activos del ICE están en el sector de energía. Esto porque en el de telecomunicaciones se ha siguido en los últimos años el esquema de alquiler de equipos con opción de compra («leasing»), como ocurre con el contrato de líneas celulares con Alcatel. Entonces, al estar en alquiler, dichos equipos no pueden ser contabilizados como activos y el monto para pedir préstamo disminuye.
Fabio Chaves -de ASDEICE- explicó que los planes del ICE se proyectan de manera  quinquenal (cinco años), por lo que una fórmula como esta complicará los esquemas financieros hacia el futuro. Añadió que estudian -con asesoría de economistas- una alternativa de apalacancamiento para presentarla a la comisión legislativa.

DIVERGENCIA

Tanto para Arguedas como para Segura, el tema del apalancamiento es primordial dentro del proyecto de fortalecimiento del ICE, aunque éste último puntualizó que también han hecho otras observaciones importantes ante la comisión.
Arguedas piensa que si se mantiene la decisión de financiar a partir del PIB, no valdría la pena que sea aprobada la ley de fortalecimiento. Mientras tanto, Segura enfatizó en que de ninguna manera el fortalecimiento está concebido para una apertura de servicios, pues esa idea «ha sido descartada políticamente por el FIT».
Consultada al respecto la presidenta de la comisión mixta -Gloria Valerín-, sostuvo que el mecanismo financiero acordado sería «una buena solución», si se toma en cuenta que ahora el ICE tiene que gestionar permiso a varias entidades para solicitar préstamos y que depende de la voluntad de quienes estén en el poder.
Aceptó que quizás el ICE eventualmente requiera de un monto mayor al estipulado por la referida fórmula, pero para ello puede buscar la autorización de las autoridades financieras del país.
Valerín aclaró que no está en discusión la apertura de los servicios, sino el fortalecimiento del ICE, aunque no descartó que en el futuro eso pueda ser planteado por los grupos interesados, los cuales deberán justificarlo.
No mostró oposición a que se revise el acuerdo, pero sí estima que para cambiarlo debe haber una propuesta mejor y ser negociada con el equipo de gobierno.
Por su parte, el presidente ejecutivo -Pablo Cob- dijo compartir «no completamente» la posición del FIT y  considera que no es conveniente revisar en la comisión lo acordado, porque «esto nos hace retroceder en el camino avanzado».
Asimismo, en caso de mantener el mecanismo de financiamiento aprobado, cree necesario no rechazarlo, ya que hay otros componentes importantes dentro del proyecto.