Autores afirman que si se aprueba el Tratado se perjudicaría al país.
Desde que la administración Pacheco inició la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), un grupo de intelectuales se dio a la tarea de analizarlo en detalle con el propósito de comprender sus alcances e implicaciones.
Con el nombre de «Pensamiento Solidario», el grupo participa en foros y discusiones en los cuales existe interés por escuchar diferentes puntos de vista sobre un Tratado que, se simpatice o se reniegue de él, existe coincidencia en que no es inocuo, y de ser aprobado por la Asamblea Legislativa, influirá de manera importante en el curso del país.
Desde su  perspectiva, las consecuencias del Tratado no serían otras que funestas, como transmite el título del libro que reúne sus reflexiones: «Tratado de Libre Comercio EE.UU-Centroamérica-República Dominicana: Estrategia de tierra arrasada.»
«Este libro es un resultado momentáneamente culminante del esfuerzo que ha realizado nuestro grupo por abordar en profundidad diferentes aspectos del Tratado,» explicó el economista y profesor de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Luis Paulino Vargas, quien se encargó de estudiar el capítulo sobre inversiones.
Además, el libro contiene el examen de las posibles consecuencias en lo laboral, por la economista y consultora María Eugenia Trejos; en la agricultura, por Mario Fernández; en cuanto a propiedad intelectual y biodiversidad, por Silvia Rodríguez; y en la institucionalidad y los servicios, por el abogado José María Villalta.
En una entrevista realizada el pasado 7 de julio, Vargas sostuvo que la estrategia de atracción de inversiones iniciada en el país, de la cual este TLC forma parte, no está generando beneficios de calidad y advirtió sobre el trato desigual que se pretende dar a las empresas foráneas, en desmedro de las nacionales (ver: «Impacto de inversión extranjera se nulifica»).
 
 
 

 
Luis P. Vargas:
«Impacto de inversión extranjera se nulifica»
 

 
El discurso a favor del TLC convierte en «sentido común» la idea de que el Tratado aumentará las inversiones, principalmente estadounidenses, y esto, a su vez, generará empleo. ¿Por qué sostiene Ud. que el capítulo del TLC sobre inversiones es peligroso para el país?
 
-Hay que diferenciar tres cosas importantes. Primero, ver si la inversión extranjera es tan beneficiosa como se dice. Segundo, si aprobar el TLC efectivamente tendría la consecuencia de que vengan mayores inversiones. Y, tercero, ver los contenidos específicos sobre inversiones, es decir, el Capítulo X, y sus implicaciones y consecuencias para el Estado, la institucionalidad e incluso para la democracia costarricense.
 
¿Es la inversión extranjera tan beneficiosa como se afirma, por ejemplo, que ayuda a equilibrar las cuentas externas?
 
– Dentro del esquema de políticas de atracción de inversiones de Costa Rica, la inversión extranjera (IE) en nuestro país está lejos de tener los beneficios que se dice que tiene y más bien, parece tener perjuicios. Si uno revisa con lupa las cuentas de balanza de pagos, se da cuenta de que pareciera ser un factor de agravamiento de los desequilibrios de esta balanza, es decir, totalmente al contrario de lo que se dice.
Un razonamiento muy usual, que incluso es muy popular entre los economistas, es decir que la IE atrae divisas que permiten financiar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (esto es, obtener suficientes dólares por exportaciones, para costear las importaciones y otros pagos en dólares). Lo que no dicen es que una parte muy importante de este déficit se explica por las remesas de utilidades, lo que las estadísticas del Banco Central llaman «rentas de inversión», que es simplemente exportación de utilidades de la IE. Entonces, decir que la IE viene a financiar ese déficit es afirmar algo que es, básicamente, falaz. En realidad, hay una especie de círculo vicioso que se autorrefuerza: la IE impacta negativamente en la cuenta corriente y ese balance negativo se usa como justificación para traer inversión extranjera. Ella genera el problema y luego se usa para justificar que venga.
Aparte del efecto negativo tan fuerte, sobre todo de los años 1997-98 para acá, de las remesas de utilidad, hay que recordar que la IE, y sobre todo la IE llamada de «alta tecnología», pero también la maquila textil, generan una producción que tiene un altísimo componente importado. Exactamente cuánto, no se sabe, porque el Banco Central no da la información, pero está claro que es muy alto. Entonces, gran parte de las exportaciones que la IE genera, en términos netos, se cancela con las importaciones a que da lugar. El remanente que queda es poco significativo. Y si a eso se suma la alta incidencia de las remesas de utilidades, se encontrará que al final, la IE tiene un efecto nulo sobre la balanza de pagos, («empatado»), pero yo tiendo a creer que es un efecto más bien negativo.
 
¿Pero, estas inversiones serían positivas al menos en términos de crear empleo?
 
– La industria de alta tecnología genera poquísimo empleo. Una sola empresa, por ejemplo, genera alrededor de una quinta parte (20%) de todo lo que el país exporta y, sin embargo, crea el equivalente a un 0.18% o 0.20% del empleo total del país. Es decir, que genera esa producción contratando a 1 de cada 500 empleados de Costa Rica. Es completamente insignificante y desproporcionado. De esa forma los problemas de empleo no se pueden resolver. Y el asunto es más problemático si se considera que estas empresas incorporan un bajísimo valor agregado nacional -casi todo el valor agregado es importado-, y que para hacer eso demandan un esfuerzo muy grande de parte del país. El sacrificio fiscal que Costa Rica hace, en términos de proveerles servicios de muy alta calidad, a costos muy bajos, como tarifas eléctricas excepcionales, es muy alto, para generar un valor agregado tan bajo y un empleo tan insignificante.
Otro ejemplo es la maquila textil, donde las condiciones de trabajo son extenuantes, con un alto nivel de explotación y presión laboral asfixiante. Lo mismo puede decirse de la IE de plantación, de la piña por ejemplo, donde los niveles de explotación son terribles. ¿Es eso lo que Costa Rica quiere para sus trabajadores y trabajadoras? Costa Rica debería aspirar a empleos de alta calidad.
 
¿Debería apoyarse más a las empresas que producen para el mercado interno, que generan la mayor parte del empleo en el país?
 
-Sí. Por más que las estadísticas oficiales hablan de más de 200 mil empleos directos ligados a las exportaciones y otro tanto de empleos indirectos, para terminar con una suma de 480 mil empleos vinculados directa o indirectamente a las exportaciones, estas cifras me resultan desconfiables cuando otros datos muestran que el 97.4% de las empresas formalmente establecidas, no agrícolas, no son exportadoras. Es decir, que solo un poco más del 2% de las empresas formales no agrícolas, son exportadoras. Si sumáramos las empresas no formales, que obviamente no son exportadoras, y las agrícolas formales e informales, nos daría que entre el 98% y 99% de las empresas no son exportadoras. No es creíble decir que el empleo de Costa Rica depende de las exportaciones. El empleo fundamentalmente depende de pequeñas y medianas empresas, que no son exportadoras.
 
¿Por qué sostiene en el libro que el marco jurídico sobre inversiones que introduciría el TLC es peligroso para el país?
 
-Básicamente, la segunda parte del Capítulo X, llamado «Régimen inversionista-Estado», genera la posibilidad de que las empresas extranjeras -eufemismo aparte, las grandes transnacionales estadounidenses-, puedan demandar al Estado costarricense ante tribunales de arbitraje internacional, que funcionan en el marco de un organismo que es parte del Grupo Banco Mundial, con sede en Washington, y que no tiene ninguna obligación de tomar en cuenta las leyes de Costa Rica.
Son tribunales que funcionan extraterritorialmente, al margen de la legislación costarricense. Entonces, estamos hablando de un régimen que tiene varias consecuencias. Primero, en un aspecto muy importante, anula la vigencia de las leyes nacionales con respecto a la IE, pues puede saltarse nuestra legislación para defender sus intereses frente al Estado de Costa Rica. En segundo lugar, la IE tiene la posibilidad, cada vez que se sienta afectada en sus intereses -conforme a una definición muy amplia y arbitraria de sus intereses, pues no se define lo que llaman «expropiación indirecta»- de dejar «pintados en la pared» a los tribunales de arbitraje costarricenses, al disponer de un régimen jurídico de privilegio, mientras las empresas comunes y silvestres de este país, las empresas costarricenses, no tienen acceso a ese régimen, solo los inversores extranjeros.
Hay aquí una contradicción con el llamado «trato nacional». El TLC exige que se dé al inversor extranjero el mismo trato que al inversor nacional, pero en este aspecto no hay tal, sino un régimen de privilegio y de excepción para el inversor extranjero. Esto es grave para la institucionalidad del país y el funcionamiento de la democracia. Se supone que esta no puede funcionar si los tribunales de justicia carecen de una potestad debidamente establecida y respetada. Aquí esa potestad, y la propia democracia costarricense, son socavadas.