Diputados insisten en que exnegociadores del TLC deben indicar de dónde sale dinero para campaña “Por Costa Rica”.
Manfred Kissling, exgerente general de PROCOMER y dueño de la empresa “Uno a Uno”, no respondió a las llamadas de este semanario para saber por qué fue él, y no la junta directiva de esa entidad, la que aprobó las alzas salariales del ex equipo negociador.
La Contraloría General de la República objeta los aumentos salariales que en junio del 2003 otorgó la junta directiva de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), al entonces equipo de negociadores del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (TLC-RD) con Estados Unidos.
La gestión de aumento fue hecha por la exviceministra del ramo, Gabriela Llobet, lo cual también será investigado por varios diputados, entre ellos, Luis Gerardo Villanueva, presidente de la Comisión de Gasto Público. El cuestionamiento se conoce en momentos cuando el legislador liberacionista Sigifredo Aiza presentó una carta ante el Jefe del Ministerio Público, Francisco Dall´Anese, para que el caso se investigue con profundidad. (Ver nota aparte: “Hasta las últimas consecuencias”). En igual sentido han solicitado información los integrantes del Partido Acción Ciudadana (PAC) dirigidos por la jefa de esta bancada, Martha Zamora. UNIVERSIDAD reportó en su edición del 27 de mayo anterior sobre presuntas irregularidades que la auditoría interna de PROCOMER encontró sobre las mencionadas alzas salariales con base en los memorandos GAF-215-2003 del 21 de noviembre del 2003 y el A/I-144-2003 del 10 de noviembre de 1993.
 
APELARÁN INVESTIGACIÓN
Consultada sobre el caso, la actual Viceministra Amparo Pacheco, manifestó a este Semanario que las alzas salariales, y lo que sobre ellas dice el ente contralor, son sujetas a revisión y por tanto, se procederá a hacer este procedimiento. En el oficio 4491 del 22 de abril de 2005, la Contraloría asegura que dichos aumentos deberían haber estado sujetos a “los lineamientos y disposiciones de la Autoridad Presupuestaria” y “por las disposiciones del Código de Trabajo”. Añade que podría utilizarse una encuesta salarial para elevar esos sueldos “pero entendida en comparación con otros de similar naturales (entes públicos no estatales)”. Sin embargo, el exequipo negociador se basó en un estudio privado de la firma Price WaterHouse Coopers, que consultó los salarios de gerentes y otros ejecutivos de la empresa privada para equiparar cuánto podrían cobrar esos exfuncionarios por la naturaleza de su obligaciones. En esta apreciación coincide el Bufete Cervantes & Asociados, cuando advierte que “se alerta a la junta directiva (de PROCOMER) que al proceder a convalidar aquellos actos, siendo que era la competente original para haberlos dictado, ahora se haría responsable del contenido de los mismos”. La conclusión quiere decir, al igual que la emitida por la Contraloría, que la junta directiva al darse los aumentos salariales –cuando Manfred Kissling era el gerente general de PROCOMER– fue indebida porque delegó esa función cuando le correspondía a ella misma. Con Kissling se quiso conversar desde la semana anterior y se le dejaron mensajes con su secretaria en la compañía “Uno a Uno”, pero no respondió. Sobre las observaciones hechas por las dos investigaciones, la Viceministra Amparo Pacheco, contestó por escrito a este periódico que “la Asesoría Legal de PROCOMER estima que hay aspectos que permiten sustentar una solicitud de revisión de dichas conclusiones, entre otros aspectos por cuanto PROCOMER nunca ha recibido transferencia por norma o partida contemplada en un Presupuesto Ordinario o Extraordinario de la República, razón por la que se procederá en ese sentido”. Al consultarle sobre la coincidencia en los resultados de las indagaciones hechas por la Contraloría y el Bufete Cervantes & Asociados manifestó que “no voy a referirme a sus otras consultas dado que el Ministro Manuel González ya se las respondió telefónicamente”.
EXTRAÑOS PROCEDIMIENTOS
La investigación de Cervantes & Asociados estima que los aumentos fueron “poco claros”. El estudio de este bufete la solicitó el actual Ministro Manuel González, y debido a las conclusiones nombró una comisión especial de tres directores de PROCOMER para que indaguen más profundamente sobre el tema. Esta la integran Álvaro Sáenz, Federico Font y Sergio Navas. Los demás miembros que conforman la directiva de PROCOMER son González –quien la preside–, Víctor Raúl Odio, Max Jiménez, Chester Zelaya, Mónica Araya y Rónald Jiménez. Algunos son representantes del gobierno y otros pertenecen a las cámaras empresariales. Al preguntarle al jerarca qué hará con respecto a las conclusiones a las cuales llegará dicha comisión, manifestó que no quiere adelantar criterio. “Le digo con toda firmeza que no escatimo ninguna vía para sentar responsabilidades con el objetivo de que la institución vea resguardado su patrimonio”.

COMPROMETEDORAS CONCLUSIONES
El informe de la Contraloría sustentó sus conclusiones sobre los aumentos salariales en que “un reglamento autónomo de servicio o estatuto de personal o directrices y política salarial adoptada por la junta directiva de PROCOMER, así como aquellos amparados en convenios interinstitucionales, no pueden otorgar beneficios salariales, incluyendo aumentos que sean contrarios a lo dispuesto en las directrices en cuestión”. Sobre el punto, añade que “por lo antes expuesto, la Promotora de Comercio Exterior debe someterse a la política salarial que al efecto haya determinado la Autoridad Presupuestaria para esta clase de entes, salvo que no hubiere ejercido su competencia, caso en el cual, y bajo criterios debidamente fundamentados, podría utilizar la encuesta salarial a la que se hace mención en su consulta, pero entendida esta en comparación con otros entes de similar naturaleza (entes públicos no estatales)”. El desplazamiento de la obligación de la directiva para decidir sobre los salarios, asumida por el gerente general en ese periodo, fue cuestionado también en el estudio de Cervantes & Asociados, con base en una investigación hecha por esta firma fechada 22 de diciembre del 2004. El 16 de junio del 2003 la junta directiva de PROCOMER decidió crear 10 plazas adicionales de negociadores con salarios que iban desde los ¢270.000 a ¢ 1.260.000 ($5.850). De ahí que el aumento promedio fue aproximadamente del 41%. Una carta de 23 de abril de 2004, enviada por Llobet a Kissling, asegura que los sueldos debían subirse tomando en cuenta la “formación académica, experiencia, responsabilidad, consecuencias del error, supervisión de personal y niveles jerárquicos”. En la misiva se hablaba de los puestos que se estimó debían aumentarse por estar ubicados en el percentil 50 –percentil es un valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos, de forma que un porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor–. Entre estos puestos se ubicó al Director General de Comercio Exterior, al Director de Negociaciones Comerciales Internacionales, al Subdirector de Negociaciones Comerciales Internacionales, a los subdirectores de Aplicación de Acuerdos Comerciales y Negociador Comercial 5. Los puestos ubicados en el percentil 25 del mercado fueron el Jefe de Despacho Ministerial, la Coordinadora de la Unidad de Monitoreo del Comercio y la Inversión, el Director de Informática y el Negociador Comercial 4.
Hasta las últimas consecuencias
El Ministro de Comercio Exterior, Manuel González; el presidente de la Comisión de Gasto Público de la Asamblea Legislativa, Luis Gerardo Villanueva y los diputados Sigifredo Aiza y la jefa de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Martha Zamora, dijeron que indagarán sobre al aumento de sueldos del exequipo negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC), hasta llegar a las últimas consecuencias.

Incluso aseguraron que si es necesario, llevarán el caso a los tribunales como ya lo hizo el legislador Zigifredo Aiza, quien solicitó una intervención judicial sobre lo acontecido.

El jerarca del COMEX, Manuel González, enfatizó que “no me niego a utilizar las vías administrativas o legales que tenga PROCOMER si hubo alguna responsabilidad sobre lo cometido”.

Sobre el parecer de los diputados aseguró que “tienen total libertad de tomar criterio en las acciones que consideren convenientes. Lo importante es tomar decisiones fundamentadas, no al calor del momento”.



CON DETALLE



Villanueva aseguró que los informes a los que tuvo acceso UNIVERSIDAD ya llegaron a la Comisión de Gasto Público y que, incluso, el actual ministro de Comercio Exterior pidió una audiencia, que se le concederá cuando la investigación esté un poco más adelantada. La solicitud ministerial fue hecha hace tres semanas.

El jefe de los verdiblancos aseguró que le parece desproporcionado el aumento hecho por los exnegociadores del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y dijo que si se comprueba que hubo alguna irregularidad actuarán con todo el peso que les confiere la ley.

En igual sentido se manifestó Martha Zamora, jefa de la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien aseguró que cuando estaba el exMinistro de Comercio, Alberto Trejos, y la exembajadora para las Negociaciones Comerciales del Tratado, manejaron el ministerio “como si fuera una finca donde cada uno hacía lo que quería”.

La legisladora aseguró que de comprobarse alguna irregularidad pedirán a los tribunales de justicia que sienten las responsabilidades del caso, ya que es difícil que se devuelva el dinero ganado de más y, de todas formas, eso no compensaría lo hecho.

Además, destacó que desde hace un mes el PAC le pidió al grupo “Por Costa Rica”, integrado por los citados exfuncionarios, que aclaren de dónde se origina el dinero para pagar una campaña tan cara como la que tienen al aire en favor del TLC.

“Alberto Trejos y el exdirector General de Comercio, Fernando Ocampo, aún no rinden cuentas claras del origen de la campaña propagandística millonaria”, dice Zamora y añade que “Costa Rica tiene derecho a conocer quiénes son los promotores económicos de la campaña a favor del TLC”.

“La frecuencia fatigante de la campaña demuestra que detrás de esos anuncios reduccionistas que insultan la inteligencia de las y los ciudadanos, hay muchos millones de colones. Sólo pedimos saber quiénes son los generosos contribuyentes”, recalcó Zamora.

La fracción del PAC solicitó la información el 27 de mayo pasado.



DURA ARREMETIDA



El diputado liberacionista Sigifredo Aiza, asegura que PROCOMER es un ente público no estatal que, por su naturaleza jurídica, se ha prestado para “facilitar algunas cosas del TLC. (…) Se está demostrando que esta gente lo utilizó para pagarse un sobresueldo”.

Dijo que de comprobarse este hecho, sobre el cual no tiene prueba, “roza la Ley de Enriquecimiento Ilícito que prohíbe que alguien tenga dos salarios. Hay que investigarlo. Es algo lamentable”.

“Me parece que trataron de servirse con una cuchara grande, pero en forma solapada”.

El legislador destacó que es muy cuestionable “que se hayan equiparado los salarios sin haber tomado en cuenta las leyes de la administración pública que las de la privada. Esto debe ser investigado por el Ministerio Público”.

Añadió que está planteando que se haga una indagación judicial y legislativa porque las acciones de Trejos no eran vigiladas por nadie, ya que desde hacía dos años no tenía auditor interno.

“Tengo copia de una entrevista que le dio al programa Eco News en la que dijo que él había gestionado donaciones internacionales de los Estados Unidos y las había desviado a instituciones privadas para el TLC”.

Aiza asegura que para él la actual campaña del grupo Por Costa Rica se lleva a cabo con los dineros de esos fondos internacionales, que “en lugar de pasarlos a las arcas nacionales, los metieron en una entidad privada para evadir controles”.



PUNTUAL ACLARACIÓN



El exministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, aseguró que hubo dos tipos de aumentos salariales mientras él ocupaba el cargo: uno de categoría profesional a algunos subalternos cuando otros dejaron sus cargos, y otro de personas que fueron subiendo en sus puestos profesionales por carrera profesional.

Sobre el estudio hecho por PriceWaterhouse Coopers afirmó que se hizo con base en la realidad del mercado nacional sin tomar en cuenta a las transnacionales que trabajan aquí, “únicamente se tomaron en cuenta los puestos que corresponden a pagos hechos en el sector estatal, regidos por el derecho privado como lo tiene la Promotora de Comercio Exterior” (PROCOMER).

Al consultarle sobre las conclusiones a las que llega la Contraloría y el estudio hecho por el Bufete Cervantes & Asociados, Trejos manifestó que el estudio hecho por PriceWaterHouse Coopers “se pidió con las características que corresponden por ley. Se trató de casos excepcionales en los que existe un desajuste en lo que esos puestos deberían ganar en ese momento y lo que se estaba percibiendo. Esa recomendación llegó a la junta directa de PROCOMER. Fue un asunto discutido y lo aprobé. Después, procedió en consecuencia el gerente general, Manfred Kissling”.

Trejos dijo que los estudios de la Contraloría y del bufete se podrían referir a un tipo de formalismo, ya que la aprobación de utilizar el estudio de la citada firma consultora como referente tuvo la aprobación de él siendo ministro y presidente de PROCOMER.

“Nada es perfecto, para no cometer un error formal, pero se debe tomar en cuenta que se trataba de todo un movimiento importante de salarios y puestos”, citó el exfuncionario.

Al cuestionarle que hubo una resolución de la auditoría interna de PROCOMER en el sentido de que los mencionados aumentos no podían hacerse y, sin embargo, se ejecutaron, Trejos respondió que los aumentos “se hicieron sobre la base de un dictamen técnico serio. En la junta directiva lo discutimos”.

Respecto de las opiniones vertidas por los legisladores consultados por UNIVERSIDAD, aseguró que ellos opinan sobre un tema que no es políticamente neutral, “me parece que hay una motivación política atrás de lo que hacen”. Recordó que ellos tienen el derecho de estudiar el caso desde el punto de vista técnico, ojalá no político.

Al preguntarle sobre el origen de los dineros para pagar la campaña que “Por Costa Rica” mantiene en los medios de comunicación, aseguró que “como hemos dicho varias veces, se ha pedido el dinero desde una naturaleza privada, sean empresas nacionales o extranjeras”.

Añadió que los fondos también provienen de ciudadanos contribuyentes.

Sobre las peticiones que el PAC insiste en hacer para identificar el origen de ese financiamiento, Trejos contestó que “lo que algunas personas quieren es que se dé una lista para iniciar un proceso de inquisición contra ellas, lo cual no procede”.

Al consultarle sobre la sospecha del diputado Aiza en el sentido de que hay posibilidades que los dineros recibidos por diversas entidades en PROCOMER podrían ser utilizados para la campaña de “Por Costa Rica”, aseguró que ese legislador “tiene la suerte de advertir sobre algo que no tiene pruebas. El 2 de mayo, cuando no sea diputado y ya no tenga inmunidad, le voy a preguntar públicamente si tiene esas pruebas. Dicha información es absolutamente falsa”.

“En cuanto a la naturaleza jurídica de PROCOMER, tiene una ley de negociaciones comerciales que rigen al Ministerio de Comercio Exterior y a la misma Promotora. Si al diputado Aiza no le gusta esa ley, él tiene el privilegio, junto con 56 compañeros más, de cambiarla”.

Agregó que “la afirmación de que hubo una desviación de fondos se hace sin tener pruebas, lo cual es una admisión de él bastante impresionante”.