Por una valiente intervención de la diputada Gloria Valerín plasmada en una reciente publicación en el Diario Extra, tuvimos acceso a la desgarradora carta de un padre de familia cuya hija de 20 años fue violada por cuatro jóvenes hace varios meses. El atormentado padre narra paso a paso la pesadilla que esta valiente joven y su familia han vivido. Además de las irregularidades que denuncia en su caso particular, desnuda en su verdadera dimensión las atrocidades e insensibilidades de un sistema que requiere de urgentes cambios en el manejo policial, médico, judicial, etc.

En primer plano, resulta evidente que pese a los esfuerzos de sensibilización de organizaciones como la Fundación Ser y Crecer y de la Defensoría de la Niñez entre otros, nuestro sistema judicial no ha podido romper con la falta de humanidad ni patrones culturales y sociales que una y otra vez violentan y «revictimizan» a aquellos que han tenido el dolor de sufrir una agresión sexual.

Largas horas de espera para poner una denuncia sin mayor privacidad, la obligada repetición de declaraciones ante personas sin capacitación ni sensibilidad, las difíciles pruebas médicas, diligencias en las que coinciden  víctimas e imputados permitiéndole a estos últimos y sus abogados, en nombre del «derecho de defensa» intimidar o bien afectar la reputación de la víctima, son nuevas agresiones para quienes solo protección merecen.

Pero el calvario no concluye allí. La prensa, por los sinsentidos legales está obligada a proteger la identidad de un imputado, no actuando con igual o mayor rigurosidad tratándose de la víctima. Es frecuente encontrar notas periodísticas que mencionan apellidos, pormenores geográficos, u otros datos que permiten fácilmente identificar a las víctimas. ¡Una nueva agresión!

El premio mayor al absurdo es la respuesta social. Mientras la víctima trata de sobrevivir a lo vivido, debe soportar del señalamiento público, en algunos casos hasta del rechazo pues no falta el desalmado(a) que con ligereza afirme que, «la víctima se lo buscó.»

Por otra parte, la falta de rapidez de los tribunales y la debilidad en la aplicación de medidas cautelares llevan al extremo, como en el caso mencionado, de que los acusados continúan  con la complacencia pública, su vida alegre concurriendo a bares  y hasta saliendo fotografiados en reconocidos sitios de entretenimiento de Internet.

Queridos costarricenses, soy abogada y creo en el principio de inocencia, pero como abogada y madre no dejo de preguntarme cómo es que nuestro país perdió su norte al defender hasta el absurdo el derecho de los infractores y olvida por completo el derecho de las víctimas.

Hoy hago un llamado a los costarricenses para que nos sensibilicemos frente al problema e iniciemos una urgente cruzada de cambios. Un punto de partida es exigir al señor Presidente hacer un llamado a cuentas al Ministro de Hacienda Federico Carrillo por sus actuaciones con respecto a este caso.

A las autoridades policiales, médicas y judiciales, a los periodistas y medios de comunicación, les solicito que cuando les corresponda atender a una víctima de agresión sexual, piensen primero en sus hijas, esposas y madres.

También los invito a que juntos ejerzamos el repudio y rechazo público a los ofensores. Detalles sencillos pero simbólicos como que sea la misma clientela de lugares de entretenimiento la que exija se les niegue el acceso a quienes han sido vinculados a este tipo de agresión, tendrían el efecto de evidenciar censura moral, proteger a potenciales víctimas y demostrar solidaridad con la víctima.

Por último, los invito para que reconozcamos el valor heroico de tantas víctimas, quienes a pesar de las múltiples agresiones, no desisten y luchan con valentía para hacer valer sus derechos. A ellas y ellos un sentido homenaje.



*Master en Artes Liberales con énfasis en Gobierno y Licenciada en Derecho