País se endeudó en $200 millones y luego de 10 años se desconocen resultados en el sector de salud

Las autoridades de Salud aseguran que no existen recursos para mejorar la infraestructura como el Hospital CalderÛn Guardia, pero el aÒo pasado no se invirtieron ¢120 mil millones en obras.

País se endeudó en $200 millones y luego de 10 años se desconocen resultados en el sector de salud.
La desconcentración de hospitales -por la cual se habilitaron otras unidades de salud en la prestación de servicios- se hizo desde 1994 como parte de un préstamo sectorial, pero aún se desconocen los resultados y no se le ha hecho un seguimiento con una debida planificación.
Así se concluye de estudios hechos por académicos que han analizado los hechos concernientes al sector salud entre el 2003 y el 2005.
Juliana Martínez, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), de la Universidad de Costa Rica, junto con Carmelo Mesa-Lago, publicaron, bajo el aupicio de la Fundación Ebert, el libro «Las reformas inconclusas: salud y pensiones en Costa Rica».
También Martínez elaboró el estudio «Régimen de Bienestar y Salud en Costa Rica: Diez años de mercantilización de servicios» publicado este año para la Universidad de Toronto (Canadá).

 
¿EN QUÉ SE INVIRTIERON MILLONES?

En esta publicación la especialista concluye que el porcentaje del gasto privado destinado a salud pasó del 23% en 1991 al 29% en el 2001.
El hecho es paradójico si se toma en cuenta que el país suscribió un préstamo con el Banco Mundial por $200 millones a inicios de los años 90, el cual se comenzó a ejecutar en 1994.
A esta misma conclusión llegaron los autores de «Gasto y financiamiento de la salud en Costa Rica: situación actual, tendencia y retos», elaborado por Gustavo Picado, Edwin Acuña y Javier Santa Cruz, un estudio publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Sobre estos temas se intentó tener una cita con el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Alberto Sáenz, pero no se pudo obtener, pese a varias gestiones hechas por este Semanario. Tampoco contestó las preguntas que se le hicieron mediante correo electrónico sobre la desconcentración hospitalaria.
Sobre este tópico, Juliana Martínez considera que se efectuó dicha desconcentración sin impulsar la otra mitad de la reforma que era fortalecer la capacidad de planificar de la Caja.
«Faltó informar cuáles eran las necesidades específicas de la población, cuánto costaba atenderlas y luego evaluar los resultados. Lo que la Caja hizo fue soltar amarras sin que se diera seguimiento a lo que se desconcentraba», manifestó la experta.
Asegura que a pesar de que el país se endeudó en $200 millones, «estamos peor que antes; no tenemos lo viejo ni lo nuevo. De lo último solo poseemos fragmentos».
Los compromisos de gestión que supuestamente iban a mejorar los hospitales, según la reforma, tenían que ser producto de una planificación de la CCSS como sistema único de salud. «Pero más bien lo que se inició fue una fragmentación del sistema».
La experta consideró muy grave que cada vez que ocurre una emergencia como el incendio de un edificio del Hospital Calderón Guardia o casos de ineficacia del sistema «se sale corriendo a adquirir servicios o artículos al sector privado».
Las compras del Estado también se desconcentraron y en lugar de negociar en grande la compra de medicamentos, se hace en pequeña escala, lo cual encarecen las compras.
En este sentido coincidió con Marcela Román, investigadora y economista del Estado de la Nación.
A falta de rendir cuentas se adquirió un sistema de información a un grupo español que «duerme el sueño de los justos».
«En este país no podemos seguir haciendo tanto loco, aseguró Martínez. Tenemos que hacer un alto en el camino para revisar la estructura del sistema de salud». Ciertamente el director del Hospital Calderón Guardia tiene responsabilidad en lo que sucedió, pero también es cierto que existe una lógica perversa que vulnera a la Caja diariamente.
Cabe destacar que la diferencia entre ingresos y egresos efectivos del 2004 arrojó un superávit total de ¢147.674 millones, de los cuales ¢26.218 provienen del seguro de salud, ¢119.805 del seguro de pensiones y ¢1.651 del régimen no contributivo.

PELIGROSO CONTUBERNIO

Para Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el sistema de seguridad social refleja que es víctima de una conspiración silenciosa, sostenida, sistemática, «para minarlo desde adentro, despreciarlo, anquilosarlo e irlo descalificando ante la población».
La Caja siempre ha estado en la lista de potenciales negocios que la ANEP llama «la alianza de negocios del Grupo PLUSC» (Partido Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana) que se ha visto envuelta en escándalos como el del préstamo finlandés y el favorecimiento que se dio a la Corporación Fischel.
«La compra de servicios a terceros es parte de un incipiente negocio de la salud pública bajo la tutela del PLUSC», aseveró el dirigente sindical.
Para él, el PLUSC «ha copado las juntas directivas hospitalarias, las gerencias médicas que se prestan para la facilitación de negocios privados, mientras que otros guardan un silencio cómplice».
Por supuesto se trata de un proceso de corrupción -destacó Vargas- que promueve el desmontaje del sistema de seguridad social y el estado de derecho en el país.
«La corrupción tiene sus tropezones, pero no se le puede ver como hechos aislados de malos individuos, sino como parte de una estatización para facilitar los negocios privados con la salud pública».
Sobre el argumento de que no existe dinero para hacer mejoras en el sistema hospitalario, Vargas dijo que la lógica fiscalista, el concepto de salud como un gasto y no como una inversión, es parte de un marco que se construye para el mercado financiero y eso «implica el sacrificio de la inversión social y hospitalaria».

Progresivo deterioro
La baja en la calidad de los servicios en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es un hecho comprobable.
Al revisar el último lustro de informes anuales de la Defensoría de los Habitantes se nota el señalamiento de estas deficiencias.

* 1999: Este informe se centra en los problemas en el servicio provocados por la falta de mantenimiento de los equipos y su lenta renovación.
Detalla los inconvenientes en los servicios de Cardiología, Gamacámara y resonancia magnética. También menciona el desabastecimiento de medicamentos y reseña el caso de los pacientes sobreirradiados con una bomba de cobalto en 1997.
* 2000: Uno de los temas más importantes para este año fue la compra de servicios por parte de la CCSS. Queda claro que el costo del servicio privado cuesta más del doble de lo que valdría si la Caja lo brindara.
El mismo informe señala que la compra de ese equipo requeriría solamente el 5% del superávit de la institución, que en 1998 fue de ¢15 mil millones.
* 2001: En este año la Defensoría hizo un llamado a la ética en el personal de la Caja ante los casos de los «biombos», el ausentismo, el robo de medicamentos y hace un especial énfasis en el buen trato al paciente.
* 2002: Se detallan las necesidades de los tres hospitales más importantes del país: el Calderón Guardia, el México y el San Juan de Dios.
En cuanto al primero, además de las necesidades de equipo, se dice que requiere el acondicionamiento físico para las diferentes especialidades, pero el administrador del hospital señala la imposibilidad de crecer en cuanto a la infraestructura.
El caso del San Juan de Dios es el más preocupante, ya que se trata de un edificio muy antiguo y además de las necesidades de equipo, se necesita del acondicionamiento físico para las diferentes especialidades, pero el administrador también puntualiza sobre la imposibilidad de crecer infraestructuralmente.
Además, al haber sido declarado patrimonio nacional debe contar con el permiso del Ministerio de Cultura para efectuar cambios de infraestructura.
Existe un índice denominado Margen de Compensación del Recurso Físico. Con este se cuantifica el desgaste que sufre la infraestructura anualmente, y la inversión que compensa ese desgaste.
En el San Juan de Dios la suma de ese indicador entre el 2000 y el 2002 arroja un resultado negativo de ¢1.334 millones, contra ¢874 millones de inversión.
* 2003: Nuevamente el tema de la corrupción y los biombos son objeto de análisis. Se evidencia el grave perjuicio que reciben los pacientes y la institución con estas prácticas, ya que se limita el derecho humano a la salud.
* 2004: El último informe retrata la problemática del control sobre la calidad de los medicamentos.
Básicamente puntualiza sobre la preocupación por el surgimiento de una brecha entre quienes conocen los mecanismos para acceder a los medicamentos de mayor calidad – vía recursos de amparo para la compra directa- y los que no.