Unificar el sistema de atención y no experimentar con varios es lo que proponen estudiosos de esa materia.

Marcela Román, coordinadora del XI informe del Estado de La Nación.
Personas expertas ligadas al sector de salud pública consideran conveniente cambiar el actual organigrama de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para mejorar la calidad de la atención a los pacientes.
El deterioro, según Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), se inició en forma marcada desde inicios de los años 80, especialmente en el gobierno de Luis Alberto Monge.
A principios de la década de los 90 se promovió la movilidad laboral y los préstamos sectoriales con el Banco Mundial, uno de los cuales fue específicamente para reformar la estructura y funcionamiento de la salud.
«Desde allí se profundizó la preferencia de traspasar los servicios públicos a los privados. Comenzó un proceso de reducción del Estado y se le negó a la Caja la extensión de mayores servicios o darlos más cerca de las comunidades, lo cual estancó el desarrollo de la entidad», dijo Chavarría.
La economista Marcela Román, coordinadora del XI informe del Estado de La Nación, aseguró que en general el sector de salud en Costa Rica está bien si se le compara con el resto de países latinoamericanos.
No obstante, aseguró que si los grandes datos se desagregan, se nota que la calidad de atención en ciertas comunidades es deficiente.
 
 
El hecho de que la población costarricense tienda a envejecer más que antes, hace que el sistema de seguridad social deba hacer una mayor inversión monetaria, ya que en la edad adulta mayor se da la mayoría de enfermedades serias o crónicas.
«Como la población va cambiando, los retos en salud también», argumentó la especialista, quien aseguró que el promedio de vida en las mujeres está en los 81 años y el de los hombres en 76,5 años.
Román aseguró que en 1997 la Caja vivió un proceso interno de compra de servicios externos que llegó casi al 3% de su presupuesto total, lo cual representó unos ¢15 mil millones.

PROFUNDO AVANCE

La experta explicó que antes de darse la reforma de los años 90, ya en 1987 se convirtió al Ministerio de Salud en el ente rector en la materia y la CCSS pasó a ser la encargada de brindar los servicios médicos.
También dijo que se debe tomar en cuenta a otras instituciones ligadas a la salud pública y que pasan inadvertidas, como Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo Nacional de Rehabilitación (CENARE), la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
También, según su criterio, se debe establecer un nuevo modelo de asignación de recursos para las clínicas, los hospitales y los EBAIS ; estos últimos llegan a 871 para diciembre del año anterior.
Dijo que en el país se han experimentado diversas formas de atención médica, pero hay que definir cuál es la mejor para la población.
«El manejo de recursos sigue siendo poco transparente y uno de los mayores problemas», enfatizó.
«El déficit infraestructural tiene una fuerte explicación, en parte por la compra de servicios que se hace a terceros cuando, con los altos precios que se cobran, puede adquirirse el equipo que brinde el servicio».
Para ella, a lo largo de los últimos 10 años se fue desorganizando el organigrama de la CCSS al crearse estructuras paralelas de control del uso de empréstitos de salud, especialmente con las unidades ejecutoras.
«Aquí cabe preguntarse qué hizo la Gerencia de Modernización, la cual tenía a cargo estas unidades y el proceso de cambio en la entidad».
Para Guido Miranda, expresidente de la Caja, se debe reforzar más el primer nivel de atención como son los EBAIS.
«El proceso de cambio en el sector de salud ha sido desordenado y poco conveniente. Se pasó del sistema de unidades ejecutoras en la época del presidente José María Figueres mientras que la administración Rodríguez Echeverría se centralizó todo en la gerencia de modernización», dijo el exfuncionario.
Luego vinieron los escándalos con los empréstitos hechos con Finlandia y España, y las licitaciones con las que se vio favorecida la Corporación Fischel.
El exfuncionario lamentó estos hechos, porque a su criterio constituyen parte de robos y despilfarros de recursos que pudieron utilizarse para construir infraestructura, mejorar los servicios y comprar medicinas.
Además, destacó como lamentable que el dinero previsto para construir 16 obras el año pasado no se utilizara por negligencia.