Modificarían Ley sobre Zona Marítima Terrestre para permitir el desarrollo turístico.

La isla Caballo es una de las ocho del Golfo de Nicoya contempladas en los proyectos; las otras don Chira, Bejuco, Venado, Jesusita, Cedros, Alcatraz, y Talolinga (foto: E.Ramírez).

Habitantes de las islas del Golfo de Nicoya sienten temor por dos proyectos de ley que promueven diputados del Movimiento Libertario para «impulsar el desarrollo económico, social y turístico», porque si bien les podría dar títulos de propiedad sobre las tierras que ocupan, después podrían perderlas a manos de grandes inversionistas en turismo.
«Después de todo lo que hemos logrado con poca ayuda de la municipalidad, algunas personas presentaron ante la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley basándose, según ellos, en la pobreza que nos rodea, sin tomar en cuenta la opinión de los habitantes de las Islas y proponen que pasen a tutela de las municipalidades, para garantizar una vida digna, cuando nunca antes necesitamos de ningún proyecto similar para promover el desarrollo y para tener todo lo que hoy tenemos».
Así reza un pronunciamiento reciente de vecinos de la isla Venado, una de las ocho ínsulas contempladas en los proyectos de ley No.15.651 y 15.665, cuyos textos se encuentra en estudio de la Comisión Permanente Especial de Turismo de la Asamblea Legislativa. Este temor también lo expresaron varias personas que visitaron las oficinas de este Semanario, para exponer su oposición al plan.
Las iniciativas libertarias buscan reformar algunos artículos de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) -No.6043-, para que las concesiones de terrenos en dichas islas no tengan que ser autorizadas por la Asamblea Legislativa, sino por la municipalidad de Puntarenas; y en el caso de la isla Chira las personas puedan obtener un título de propiedad.
 
 
En las otras islas, con la reforma a la ZMT  se persigue construir obras de desarrollo turístico en esa franja, sin que el permiso deba pasar por el Poder Legislativo.
Aunque en la presentación del proyecto se menciona que éste «no pretende llevar a cabo concesiones que pudieran afectar aún más las condiciones ambientales  del área marina alrededor de las islas o dentro de ellas», sus pobladores temen que el verdadero interés sea construir megaproyectos turísticos que afecten los territorios insulares y los intereses socioeconómicos de ellos.
Cabe destacar que la Universidad Nacional en Heredia (UNA) y la de Costa Rica (UCR), impulsan un programa integral con vecinos de esas islas y por eso la Rectoría de la Universidad de Costa Rica se pronunció en contra del plan libertario, según se lo hizo saber a la respectiva comisión legislativa el pasado 6 de julio.

RECHAZO

En la justificación del proyecto -impulsado por el legislador libertario Peter Guevara y representante de la provincia de Puntarenas- se dice que pescadores del Golfo de Nicoya y habitantes de las islas viven una crisis económica, y que la pesca no es una actividad que los pueda sacar de esa situación.
En este contexto, se considera que «es impostergable la búsqueda de soluciones», mediante nuevas opciones «que les aseguren una vida de calidad, para lo cual presentamos este proyecto de ley que les permitirá trabajar en otras actividades, destacando dentro de ellas la actividad turística en armonía con la naturaleza».
Roberto Bolívar Barahona, Gustavo Díaz y Jesús Bolívar Bolívar -vecinos de la isla Venado-, en visita a este Semanario dijeron no creer en las promesas de los libertarios, pues piensan que lo que se busca es construir gran infraestructura turística -incluidos casinos-, lo cual nos los beneficiará, ni tampoco al entorno ambiental.
«Después de los proyectos en el Golfo de Papagayo, lo que siguen son las islas del golfo de Nicoya, algunas de las cuales disponen de agua potable, carreteras y teléfonos», comentaron.
En criterio de los isleños, el desarrollo turístico que se busca requerirá de personas preparadas académicamente y ellos quedarían por fuera, ya que el colegio de isla Chira apenas tiene ocho años de creado y el de Venado cinco, por lo que las posibilidades en este sentido serían muy limitadas.
En cuanto a la posibilidad de que con el proyecto se les pueda conceder títulos de propiedad y no permisos de uso de suelo -como hasta ahora lo permite la ley de ZMT-, la preocupación es que después las propiedades sean acaparadas por los inversionistas y los lugareños se quedarán sin un sitio donde vivir, con el consecuente  incremento de la crisis socioeconómica.
Lo que desean es trabajar en pequeños proyectos comunitarios de agroturismo -tal como están empezando a hacerlo con ayuda de la UCR y la UNA- y ambientalmente sostenibles.
Advirtieron que muchas islas están cubiertas de bosques con especies en extinción y si se levanta infraestructura turística deberán cortar muchos árboles, lo cual pondría en peligro a la flora y a la fauna.

INCONVENIENCIA

Las inquietudes de los vecinos de Venado fueron respaldas por la socióloga de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR -Rosemile Ramsbotton Valverde-, quien coordina el programa interinstitucional (UCR-UNA) «Aula Móvil», en ejecución desde hace cinco años en dichas islas.
Aula Móvil está orientado a capacitar a los pobladores insulares en el manejo de desechos sólidos y en ecoturismo. En este último campo asesoran a algunos grupos de mujeres, jóvenes y a niños en el área de la educación ambiental.
«Para nadie es un secreto que las islas tienen un gran potencial de desarrollo turístico, por la belleza escénica que tienen, y no tanto quizás por sus playas o recurso hídrico», aseguró Ramsbotton.
Respecto del proyecto citado, detalló que hay una conjunción de esfuerzos entre la UCR, la UNA, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), para asesorar a la comunidad.
La socióloga confirmó el malestar de los isleños porque no han sido informados acerca del plan para modificar la ley de ZMT. «Ni siquiera se tomó en consideración que ellos ya están impulsando -con muchos esfuerzos y con la poca ayuda que les podemos dar a través de los proyectos de investigación de las universidades y otras organizaciones-  sus propios proyectos comunitarios de turismo».
Fue a raíz de este desconocimiento que los lugareños comenzaron a acercarse al programa Aula Móvil para pedirles asesoría, y fue así cómo iniciaron la organización de foros, a los cuales invitaron además a vecinos de comunidades cercanas: Lepanto, Cóbano, Jicaral.
Ramsbotton instó a que mientras la Municipalidad de Puntarenas no tenga un plan regulador para las islas, no debería pensar en dar alguna concesión a empresas o personas ajenas a ellas.
Mientras tanto, en el pronunciamiento de la UCR sobre los proyectos, se señala que estos no contemplan los problemas antes descritos ni posibles soluciones, y solo «se limitan a facilitar el otorgamiento de concesiones en estas zonas».
Por su parte, el diputado Peter Guevara defendió los proyectos, los cuales -según indicó- se encuentran todavía en borrador; el relacionado con isla Chira es el que está más avanzado en su redacción y podría empezar a ser consultado en agosto próximo.
Agregó que están preparando las consultas comunales y afinando los borradores de los proyectos y por eso no pudo asistir a una mesa redonda sobre dichas iniciativas, realizada el pasado 8 de julio, en la Sede de Puntarenas de la UCR.
Calificó como «percepción totalmente errónea» la de los isleños que afirman que se realizarán megaproyectos turísticos, pues las características y ecosistemas de las islas no lo soportarían y tampoco contarían con el visto bueno de las instancias que se encargan de los permisos ambientales.