Nuevo estilo de desarrollo redujo capacidades del Estado
El retroceso de la inversión social por habitantes es palpable en muchos servicios públicos.

De ser descrita en 1940 como «un país de gente descalza y sin dientes», cuando su población era de apenas 700 mil habitantes y la esperanza de vida de 47 años, la Costa Rica del año 2000, con casi 4 millones de habitantes y una esperanza de vida de 77.7 años, muestra una «evolución bastante impresionante.»
Sin embargo -advirtió Miguel Gutiérrez, coordinador del Estado de la Nación-, desde los años 90, el país retrocede: la distribución del ingreso involuciona; se reduce la cobertura de la seguridad social; se deteriora la carga fiscal. Antes, el comercio exterior era la fuente del 35% de los ingresos tributarios del Estado. La reducción de aranceles le ha hecho perder el 26% de estos ingresos.
«Diseñamos una nueva economía, que cuanto mejor le va a ella, peor le va al país», enfatizó, antes de retomar su recuento.
La escolaridad alcanzada desde 1960, se mantiene estancada. Un 72% de las personas que encabezan las familias costarricenses tiene primaria completa o menos. La inversión social por persona ha caído en 18%, a pesar de que aumentó en términos absolutos y en relación con el Producto Interno Bruto (PIB, la producción total en un año).
 
 
«El país no logró forjar una estrategia de largo plazo de combate a la pobreza. Uno de los principales problemas es que estos programas no tienen continuidad», explicó.
Y continuó: el sector informal crece más rápidamente que el formal. Se expulsa trabajo del agro. Los ingresos de la población registran una pérdida del 7.4%. Este año crecerá la pobreza.
«Tenemos mayor democracia, pero menos capacidad de hacer. Hay conflictos distributivos irresueltos. Hay restricción del gasto y pérdida de capacidad del Estado. La Asamblea Legislativa dejó de ser un actor político, porque está obstruida por un grupo.»
En suma, «el país cambió en todos los órdenes. Se consolidó un nuevo estilo de desarrollo. Pero no estamos satisfechos de cómo se distribuyeron la riqueza y el poder, y la sociedad no está de acuerdo en cuanto el rumbo a tomar.»
La ministra de Salud, María del Rocío Sáenz, también habló de ello, en referencia a las condiciones que facilitaron el incendio en el Hospital Calderón Guardia: «El contexto nacional ha evidenciado las vulnerabilidades del sistema de salud. Se trata de llevarnos a una reflexión sobre cuál ha sido la inversión social. El impacto que tendrá en los servicios de salud lo ocurrido, evidencia que es necesario pensar globalmente.»
Este es el marco en el que se desarrolló el seminario de reflexión metodológica «El uso de la información local y la capacitación masiva para la gestión y la verificación regional de la política social: análisis preliminar del caso de Nosara», patrocinado por el Sector Social del Gobierno de la República, el Programa Estado de la Nación, el Ministerio de Planificación y Política Económica, el Instituto Mixto de Ayuda Social y la California State University Long Beach, realizado el 15 de julio, en la sede del Programa.
Allí se reflexionó sobre la eficacia de la política social como medio de combatir la pobreza, a partir de la experiencia piloto desarrollada en conjunto por esas instituciones, en el que es uno de los distritos más pobres del país, ubicado en la provincia de Guanacaste.
Tanto la ministra Sáenz como la viceministra de Planificación, Flora Azofeifa, resaltaron el hecho de que la administración Pacheco haya retomado la planificación regional con el propósito de «acercar  los procesos regionales a las instituciones», y hacer más eficaz a la política social, en particular a través del Plan Nacional de Erradicación de la Pobreza.
El Dr. Gary Hytrek, de la Universidad estatal de California, explicó que «la meta en Nosara fue no solo reducir el número de familias en condición de pobreza, sino cambiar las estructuras que la producen y crear las condiciones para la participación de la gente, cambiar la cultura del fatalismo», de modo que la población se convirtiera en agente de su propio desarrollo.
Y la evaluación de este proceso, resaltó la ministra Sáenz, está permitiendo «verificar la calidad de la gestión de los programas en este distrito.»
El coordinador del proyecto, Miguel Sobrado, explicó que la experiencia  buscó «generar capacidades en la población de Nosara y con ello trascender el ámbito de la asistencia social.»
Sin embargo, los resultados se vieron limitados por lo que calificó como «las inercias institucionales», que incluyen tanto políticas contradictorias como conflictos y estilos personales, que terminan por constituir importantes obstáculos para el éxito de la política social.
Un ejemplo de lo anterior estuvo en que si bien la comunidad planteó la necesidad de impartir 33 cursos de capacitación técnica, finalmente solo se incluyeron 18 de los sugeridos por esta, debido a que la dirección regional del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) «consideró que esas poblaciones no son fértiles, porque en Nosara no hay empleadores grandes, como hoteles turísticos, sino gente que debe generar sus propias empresas. Pensar así es condenar a los pobres a ser pobres».
También se solicitó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) introducir ocho preguntas en la ficha de los Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud (EBAIS), para poder determinar el impacto de las acciones tomadas en la erradicación de la pobreza, pero por razones similares esto no se concretó. (Ver: «Generamos poder ciudadano»)

«Generamos poder ciudadano»
UNIVERSIDAD conversó con Miguel Sobrado, coordinador del informe sobre el proyecto piloto de Nosara.
¿Cuál es el resultado más relevante que ha dejado la experiencia en Nosara?
-Desde luego que la política social requiere de recursos frescos. Pero, hay recursos -y no son pocos-, que bien administrados permitirían resultados mucho más eficientes. En este proceso se hizo un censo que ubicó a todos los pobres del distrito y los tipos de pobreza. Eso permitió reorientar la acción institucional, focalizando la asistencia y universalizando la formación de capacidades, que son los dos grandes problemas.
Pero, esto no ocurrió totalmente. Por ejemplo, de las 450 familias pobres, hay 41 familias de ancianos mayores de 75 años, 85 que tienen personas con discapacidad y 240 aproximadamente, que tienen jefas de hogar. Nosotros propusimos a la CCSS enfrentar directamente a los dos primeros grupos, pero quitar todo el papeleo que piden, y que incluye desde certificado de la propiedad, hasta casi la vacuna de la lora. Porque a un viejito que viene de Santa Marta a Nicoya, le piden eso, se devuelve. Y de hecho, las estadísticas señalan que las pensiones no contributivas se quedan en los centros urbanos, en los pobres de clase media.
La CCSS se comprometió a ello, eliminaron esos papeles, pero tal medida chocó con otra disposición. Esa misma Junta Directiva que aprobó, me imagino, el préstamo finlandés fue, sin embargo, muy meticulosa con los pobres, porque estableció una norma por la cual nadie puede tener una pensión no contributiva si tiene propiedades mayores a 500 metros cuadrados. Esta disposición hizo que de los 41 solo calificaran 16, que son pobres minifundistas, que están arañando la tierra para sacar unas mazorcas de maíz. Y los dejan por fuera.
Si bien con la pensión no contributiva no se sale de la pobreza, por lo menos comen y salen de la pobreza extrema, que en Nosara es el doble del promedio nacional. Esto hubiera sido un bazucazo a la pobreza extrema porque la hubiéramos reducido considerablemente, al nivel del promedio nacional.
¿La política social se enreda en trabas institucionales?
-Sí. Otro ejemplo es que la comunidad planteó 33 cursos de capacitación, pero se dieron 26; 18 pedidos por la comunidad y el resto, los que el INA quiso dar, algunos con criterio y otros sin él. Esto es un problema institucional. Por ejemplo, algunos cursos fundamentales que la comunidad había pedido, como reparación de motores fuera de borda, o inglés, no se dieron porque se consideró que esas poblaciones no son fértiles, porque en Nosara no hay empleadores grandes, como hoteles turísticos, sino gente que debe generar sus propias empresas. Pensar así es condenar a los pobres a ser pobres.
Pero, aun así pasaron 380 personas por los cursos, impartidos por profesionales del INA. Nosotros queríamos medir los resultados de esto, pero resulta que la Caja, que se había comprometido a introducir ocho preguntas adicionales en la ficha de los EBAIS, para a final de año ver cuál es la situación del ingreso y medir si habíamos afectado o no la pobreza; en mayo nos enteramos que no lo habían hecho, por problemas entre médicos y técnicos de asistencia básica de los EBAIS.
La evaluación también permitió evidenciar cómo se distribuyó la ayuda por comunidades. Y fue también muy desigual. En el nivel local, los regionales todavía no tienen la autoridad suficiente para decir cómo se hacen las cosas, incluso hubo instrucciones que no se cumplieron.
El informe revela que la asistencia y la ayuda se dieron en comunidades donde estaban trabajando algunos de estos funcionarios y no donde hacía falta. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar en la línea del menor esfuerzo, y a veces las relaciones personales también intervienen. El informe desnuda la práctica de cómo se labora y crea un instrumento de información local que permite orientar la ayuda. Esto es lo que coloca a este informe como innovador en el campo de las ciencias sociales. Genera poder local, ciudadano, porque es crear información que permite a las comunidades participar, y controlar más adelante el presupuesto participativo, por ejemplo.

Nosara
¿Qué hace falta?
* Información fluida sobre la situación social existente y sobre los resultados de sus programas y actividades en la superación de la pobreza.
* Un inventario sobre los recursos de apoyo básicos y las actividades de cooperación interinstitucionales que se requieren para que la información necesaria para desarrollar el Plan Vida Nueva sea procesada y analizada oportunamente en las diversas instancias regionales.
* Reafirmar la autoridad rectora del regional en la aplicación del Plan.
* Solicitar a la Ministra Sáenz la elaboración de un decreto que integre los recursos humanos y materiales asignados temporalmente por las instituciones a la ejecución del Plan, bajo la dirección definida por el regional.
* Reafirmar la importancia de la evaluación anual por resultados según lo estipula la reforma al artículo 11 de la Constitución de la República e incorporar esta actividad en la programación del 2006.
* Solicitar a la Junta Directiva de la CCSS suprimir para las zonas rurales la disposición reglamentaria que condiciona el otorgamiento de pensiones no contributivas a no la no posesión de propiedades mayores de 500 metros cuadrados.
* Solicitar a la CCSS la asignación de las pensiones a los ancianos en condiciones de pobreza que calificaron.
* Solicitar a la CCSS el estudio para la asignación de pensiones de las 72 personas discapacitadas en condiciones de pobreza.
* Solicitarle al Comité Cantonal de Nicoya revisar sus acciones y actividades de asistencia social de tal forma que prioricen a las comunidades con mayores índices y concentración de pobreza.
* Solicitarle al INA retomar durante el 2005 los cursos de capacitación profesional en las comunidades más pobres del distrito de Nosara, como Las Delicias y Garza tomando en cuenta la solicitud de las comunidades.
* Solicitarle a la Universidad Nacional la elaboración de una propuesta de reorganización e integración de los programas y las acciones institucionales, y de la comunidad en la atención de las mujeres jefas de hogar.
* Solicitarle al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos que retome este año las recomendaciones para asignar bonos de vivienda a las 19 jefas de hogar calificadas por la FIS y recomendadas por el CDR.
* Recomendar la continuación de los talleres de proyectos en todas las comunidades del distrito.
Informe «Seminario de reflexión metodológica. El uso de la información local y la capacitación masiva para la gestión y la verificación regional de la política social: análisis preliminar del caso de Nosara.»